En medio de las escándalos de corrupción en la contratación de obras públicas presentados durante la Alcaldía de Samuel Moreno, se presentaron las elecciones en el año 2007, en la cual terminó siendo electo Gustavo Petro con 723.157 votos (Registraduría Nacional del Estado Civil).
Inicialmente, el plan de desarrollo como objetivo general se plantea “mejorar el
desarrollo humano de la ciudad […] Se buscará que en Bogotá se reduzcan
34 […] también buscará aliviar la carga del gasto de los sectores más pobres y la
promoción de políticas de defensa y protección de los derechos humanos.[…]
El Plan contribuirá al ordenamiento del territorio alrededor del agua, minimizando las vulnerabilidades futuras derivadas del cambio climático y protegiendo en forma prioritaria la estructura ecológica principal de la ciudad,
[…] también fortalecerá lo público como principio del Estado social de Derecho,
mediante el fomento de la participación y decisión de la ciudadanía[..]”
(Concejo de Bogotá, 2012, pág. 19). Concretamente, el plan de desarrollo se fundamenta en tres ejes que son: Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación, Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua, y por último, una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público (ibíd.).
En este sentido, dentro del primer eje se hace alusión a los servicios públicos domiciliarios, en especial, el artículo 20 del plan de desarrollo menciona el fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos. En esta administración, a partir de lo consagrado en el plan, se puso en marcha el consumo del mínimo vital del agua, que tiene como finalidad subsidiar seis metros cúbicos a usuarios de estrato uno y dos, con lo cual se pretende mejorar “la disponibilidad de ingreso de las familias más pobres”
(Concejo de Bogotá, 2012, pág. 76).
Ahora bien, en materia de vivienda, se reconoce por primera vez de manera tácita desde un enfoque diferencial la prioridad de incrementar la oferta de vivienda a víctimas del conflicto armado, a los hogares en condiciones de riesgo no mitigable, a las mujeres cabeza de hogar, hogares de bajos ingresos y particularmente niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad, grupos étnicos afrodescendientes, palenqueros raizales, indígenas y Rom o gitano, y mujeres cabezas de hogar, beneficiarias de familias en acción. (Concejo de Bogotá, 2012, pág. 77).
Así como, se había venido presentando desde el plan de desarrollo “Bogotá sin indiferencia”, el actual plan tiene en cuenta el marco normativo internacional
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vivienda, “Bogotá Humana” hace alusión al Pacto de derechos sociales,
económicos y culturales en el programa “vivienda y hábitat humanos”, el cual
prioriza tres proyectos que tienen relación con la producción de suelo y urbanismo para la construcción de Vivienda de Interés Prioritario, así como también, la puesta en marcha del subsidio a la oferta, arrendamiento o adquisición con derecho de preferencia, en donde se pretende “Reformular la política de hábitat del Distrito y dentro de ella las modalidades y formas de operación de los subsidios, en el sentido de hacer efectivo el acceso a la vivienda para la población de menores ingresos” (Concejo de Bogotá, 2012, pág. 79).
Como tercer proyecto priorizado en esta materia, se encuentra el mejoramiento integral de barrios y vivienda, el cual ha sido un programa que viene desde la administración de Peñalosa, y que ha sido enfocado a los barrios que tuvieron
un origen ilegal, buscando adelantar “acciones de titulación predial,
reconocimiento de edificaciones, legalización de barrios y mejoramiento de
vivienda” (ibíd.).
Si bien lo social se mantiene en el actual plan de desarrollo, se le adiciona el enfoque de ecourbanismo; el eje dos (un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena a alrededor del agua), tiene en cuenta la articulación de las políticas de ordenamiento territorial, así como también, las políticas en gestión ambiental y gestión del riesgo. A su vez, se priorizan estas políticas en asentamientos informales en zonas de riesgo. (Concejo de Bogotá, 2012, pág. 182).
En este sentido, se plantea el agua como un componente de la planeación urbana y del desarrollo. En este orden, en el actual plan se introduce el término gobernanza del agua, el cual constituye un derecho para todos, y se basa en tres principios. El agua se entiende como “un bien común y público de interés general, que debe ser preservado y administrado de manera responsable”
(EAAB, 2014).
En segundo lugar, se consagra el derecho de los ciudadanos a ejercer el derecho a participar en la identificación de las problemáticas, aportando en pro
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de solucionarlas en relación con los cuerpos de agua como quebradas, ríos y humedales (ibíd.). Finalmente, el tercer principio hace alusión al deber que tienen que asumir los ciudadanos, las entidades, y en general, todos los actores involucrados en el tema para ejercer un cuidado y mantenimiento del agua (EAAB, 2014). Esta estructura de la gobernanza resulta ser ambiciosa por cuanto pretende no sólo la planeación y el desarrollo, teniendo en cuenta el recurso hídrico, sino porque busca una nueva manera de relacionamiento entre la ciudadanía y el Estado, desde la participación de las comunidades para planear el territorio y administrar áreas definidas como estratégicas. Todo ello girando en torno a la realidad del cambio climático (Concejo de Bogotá, 2012, pág. 190).
Por último, es importante resaltar la intención que se encuentra en el plan con respecto al fortalecimiento de la participación comunitaria y las organizaciones comunitarias para que contribuyan a la implementación de procesos de mitigación del riesgo frente al cambio climático.
9. Análisis de la incidencia de los Planes de Desarrollo Locales de