Como se mencionó anteriormente, Colombia cuenta con condiciones institucionales que facilitan la implementación de esquemas de pagos por servicios ambientales. Por lo tanto, una de las principales recomendaciones para ampliar la aplicación de los esquemas de PSA en Colombia es tratar de recoger estas fortalezas y canalizarlas para que su implementación sea exitosa.
Particularmente, se podrían explorar las siguientes estrategias:
1. Realizar una alianza estratégica con una Corporación Autónoma Regional para utilizar parte de los recursos recaudados por la tasa retributiva o las transferencias del sector eléctrico en una cuenca, que sirva para financiar un esquema de PSA relacionado con regulación hídrica o sedimentación en dicha cuenca. De esta forma se podría demostrar una utilización efectiva de los recursos y poder replicar el esquema en las demás autoridades ambientales.
2. Proponer una modificación del CIF de conservación para aplicarlo regionalmente. El CIF de conservación brinda una base importante para poder realizar un pago directo a la conservación de bosques
naturales. Si se logra que el CONPES regionalice la aplicación de los recursos y que las Corporaciones puedan financiar el CIF en sus regiones, el esquema podría ser probado en áreas donde la deforestación es una problemática real.
Así mismo, si se desea identificar una cuenca piloto donde establecer un esquema de PSA relacionado con el recurso hídrico, la principal recomendación es que el sitio cumpla con los prerrequisitos enunciados en las conclusiones, particularmente el que la problemática ambiental sea real y cuantificada y que se pueda establecer una relación directa entre la los cambios de uso del suelo deseados y la generación de la externalidad. Por último, los esquemas que se propongan tienen el reto de superar las dificultades encontradas en los casos referenciados en el estudio, en particular establecer un esquema de pago condicionado a la provisión del servicio y monitorear su efectividad, como el mejor soporte a los beneficiarios en que realmente están adquiriendo un servicio ambiental real.
Referencias
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Normas citadas:
Decreto – Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”. Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.”
Agradecimientos
Los autores de este estudio agradecen la información proporcionada por las siguientes personas que sin su colaboración, no hubiese sido posible la realización de este estudio: Enrique Murgueitio de CIPAV; Francisco Ocampo de Procuenca; Oscar Tose del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Inés Cavalier y Jean Carlo Rodríguez del Instituto Humboldt; Maria Clemencia Sandoval de la CVC; Gustavo Medina de la Asociación de Usuarios de la Cuenca del Rio Frayle, Patricia Tobón de Cornare, Ruben Dario Estrada y Marcela Quintero del CIAT-Condesan, Heidy Valle de Proaves y Marta Echavarría de Ecodecisión.