The Security Delegation Client

Ligado a la movilización social, hay que valorar la existencia de la CICIG como un experimento que generó polémica en la sociedad guatemalteca, desde la perspectiva jurídica hasta la de ideología política. El primero de los ámbitos entró en disputa desde los posicionamientos de la creación de un ente externo y ajeno al ordenamiento interno del país, lo que provocó discusiones, especialmente en el nivel mediático.

Luego de una resolución favorable de la Corte de Constitucionalidad, máximo ente jurídico nacional, entró en vigor la CICIG, con los lineamientos y objetivos enunciados en el mandato, el cual fue de mutuo entendimiento entre la ONU y el Estado de Guatemala. Así pues, se buscaba fortalecer el aparato de justicia nacional con la cooperación técnica, financiera y profesional de especialistas extranjeros, pero operacionalizados por la instancia nacional competente, el Ministerio Público.

Mientras la CICIG no generó casos tan escandalosos ni mediáticos, las críticas hacia la comisión eran más por su “inoperancia” o pocos resultados obtenidos, pero luego de 2015, las críticas y oposiciones encontraron una buena caja de resonancia en los discursos de ideologías políticas, encarnándose en el fantasma del comunismo que según algunos analistas y columnistas, se escondían detrás de dicha entidad.

Sumado al clima de indignación y derivado de que la CICIG había tocado no solo a funcionarios públicos sino a empresarios, un sector de la población guatemalteca se volcó hacia el discurso anti comunista para desacreditar y movilizarse en contra de la CICIG, señalando que dicha entidad era una herramienta política y judicial de la izquierda mundial. Muchos de los detractores de la Comisión eran conocidos en el ámbito político nacional por tener nexos con algunos de los acusados. Así es como algunas organizaciones no gubernamentales (ONG´s) como Fundación Contra el Terrorismo (FCT), fueron de las que más criticaron y emprendieron acciones legales contra la Comisión.

Si bien, la aparente parsimonia de la CICIG en sus primeros años, fue cuestionada, es necesario comprender la lógica bajo la cual fue diseñada. La comisión no era el ente perseguidor en Guatemala, esa función es constitucionalmente reservada para el Ministerio Público, al cual le brindarían el apoyo técnico para depurarse y hacer más eficiente sus mecanismos de acción, según hace constar en el mandato de fundación.

Es con el transcurso del tiempo y el acomodamiento institucional, político y financiero la CICIG logró acumular fuerza y apoyos para emprender la formulación de casos que persiguió el MP posteriormente. Si bien es cierto, los comisionados presentaban características diferenciadas en sus carismas, incluso algunos con mayor capacidad que otros, la CICIG representó un experimento social y jurídico que abonó elementos favorables para la comprensión de la configuración público-estatal en Guatemala.

Es indiscutible el valor histórico que dicha entidad dejó, al revelar de manera lógica, coherente y empírica la forma en que el entramado político del país promovía la corrupción y la impunidad, o al menos permitía su existencia. La Comisión no descubrió la corrupción en Guatemala, ya que desde 1985 la prensa nacional había documentado, con mayor o menor rigurosidad, muchas de las redes de corrupción que subsistían en el país.

Ese es el saldo histórico favorable de la CICIG, haber sistematizado de manera detallada la forma de operar de algunas redes de corrupción, o al menos algunos nodos de esas redes, personalizando las responsabilidades, bajando de la abstracción conceptual de la corrupción hacia la personalización de responsables de tráfico de influencias, malversación de fondos y actos anómalos. Es decir, tener la posibilidad de concretar un fenómeno tan etéreo, a percibirlo a través de pruebas empíricas (escuchas telefónicas, documentos, videos, chats, etc.) de las acciones o inacciones de los responsables de beneficiarse de fondos y bienes públicos.

Es indiscutible que la CICIG será un referente importante en la historia reciente de Guatemala, como uno de los esfuerzos de mayor envergadura para sanear la estructura pública gubernamental, de los grupos criminales que se han enquistado en el Gobierno desde mucho antes de la era democrática. Aunque no estuvo exenta de errores y críticas, la CICIG encarnó ese esfuerzo por la consolidación de una institucionalidad pública democrática, transparente y operativa.

Fue tal la importancia de la CICIG, a nivel político y mediático, y derivado de la semejanza de contextos con países vecinos a Guatemala, específicamente Honduras y El Salvador, que ambos países gestaron también esfuerzos similares a la CICIG, específicamente la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH), y la Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador (CICIES), ambas con el apoyo

y acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque con diferencias en función de los marcos jurídicos internos de cada nación.

Estos esfuerzos cobraron relevancia en sociedades marcadas por conflictos armados, pobreza y desigualdades históricas, y cuyo accionar buscan consolidar sociedades más democráticas, que apuesten hacia la institucionalidad y legitimidad de sus gobernantes, que a través del quehacer político logren satisfacer las necesidades de sus sociedades en el marco del respeto a los derechos humanos y el desarrollo humano.

Después de realizar un recorrido por algunos de los momentos más importantes de la democracia guatemalteca, la necesidad de la creación de la CICIG por la corrupción dentro del Estado y Gobierno de Guatemala, la participación activa del MEU en pro de la defensa y fortalecimiento de la democracia y de las experiencias precedentes a #UsacEsPueblo, procederemos a realizar el análisis del caso en concreto en el siguiente capítulo.