The situation in Greece

Según el censo de 1940, el cual tomamos como referencia, la provincia de Murcia durante la posguerra contaba con 719.701 habitantes –población de hecho-.

Según las rectificaciones del “Padrón Municipal de Habitantes, 1940-1995”, en 1945 la población de derecho de la provincia ascendía a 740.258 destacando notablemente el porcentaje de la población rural (43’6%), sobre la urbana (29’8%) y la intermedia (26%)90, siendo asociado el alto índice de ruralismo a un control social fuerte y a determinadas actitudes conservadoras y tradicionales, acompañadas de bajos niveles de instrucción, lo cual no va a determinar un comportamiento pasivo y de resignación de la población (caracterización tradicionalmente esgrimida a la hora de estudiar al campesinado) como quedará reflejado en el análisis de la tipología delictiva. El área de poblamiento más importante se articula en torno al eje del Segura y sus principales afluentes (Argos, Quipar, Mula, Guadalentín), que delimitan las principales comarcas (Vega Alta, Vega Media, Vega Baja, Comarca del Noroeste, Altiplano, Campo de Cartagena y costas), tratándose de una zona que desde la Edad Media ha presentado las mayores densidades humanas, el índice de urbanización más alto y, hasta el freno que supone el período autárquico, los cultivos más intensivos y la agricultura más comercializada. Otro polo importante de población lo constituye Cartagena, la cual suma a su carácter de puerto y plaza militar, su actividad industrial, minera y agrícola centrada en la comarca de la Sierra y el Campo de Cartagena. Tan sólo tres municipios superan los 50.000 habitantes, Murcia (193.731), Cartagena (113.468) y Lorca (69.639), es decir, aquéllos que constituyen la cabecera del área de poblamiento murciana91, agrupando el 52’3% de la población regional, y los que van a registrar un mayor número de delitos. Hay que tener en cuenta el hecho de que estas ciudades cuentan con un amplio término municipal, sobre todo en el caso de Lorca, que abarca numerosas pedanías donde la agricultura es la actividad profesional más destacada, lo cual determina que la población urbana cuente con una escasa representatividad en estas fechas, diluida por una población rural e intermedia, que vive a caballo entre la huerta y la ciudad. El resto de la población se agrupa en 19 municipios de entre 10.000 y 30.000 habitantes, que suponen el 32% de la población, y en núcleos de 1.000 a 10.000, el 15’6%.

La distribución espacial de los procesados va a seguir este esquema, concentrándose la mayoría en los principales núcleos de población, lo cual aunque a

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BEL ADELL, C., GÓMEZ FAYRÉN, J., y ROMERO HERNÁNDEZ, M.J., “Urbanización y modernización demográfica en Murcia”, en GONZÁLEZ PÉREZ, V. (Coord.), Los procesos de urbanización: siglos XIX y XX, Alicante Diputación de Alicante, 1991, pp. 137-152.

priori no debería corresponderse necesariamente con el índice de delincuencia de la zona, si como tal entendemos el número de actuaciones judiciales llevadas a cabo en los distintos partidos judiciales, lo cierto es que, salvo casos puntuales, los partidos que presentan mayor número de procesados coinciden con las comarcas con mayor número de habitantes. En todos ellos el clima propicio para el desarrollo de una delincuencia ligada a la subsistencia guarda una estrecha relación con la configuración espacial y la actividad económica de estas zonas.

Para proceder al estudio y clasificación de los encausados se ha ubicado a cada uno en función de su lugar de residencia o vecindad y el lugar donde comete el delito, espacios situados en sus respectivos partidos judiciales, nueve en total. Éstos son, por orden de importancia en proporción a los delitos registrados: Murcia, como cabeza de partido, y su término que comprende la capital (dividida en 12 parroquias) junto con las pedanías de huerta92 y de campo93, a los que se unen las localidades con Ayuntamiento propio94 como Alcantarilla, Torre Pacheco, Beniel, San Javier y San Pedro del Pinatar. Le siguen en importancia los partidos judiciales de Cartagena95, Lorca96, Mula97, Caravaca98, Cieza99, Totana100, Yecla101 y La Unión102 en último lugar.

No obstante, antes de entrar a desmenuzar la actividad delictiva en cada demarcación, es conveniente dejar constancia del número total de procesados por la Audiencia en función de la población del partido judicial correspondiente. Hay que advertir que los datos aquí recogidos poseen un valor indicial, ya que se han calculado únicamente en relación al censo de población de 1940. Del mismo modo, la actividad

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BEL ADELL, C., Datos básicos para el estudio de la población en la Región de Murcia, Departamento de Geografía Humana, Universidad de Murcia, 1985 y BALLESTA GÓMEZ, M. (coord.), Estadísticas Históricas de población de la Región de Murcia, Murcia, Consejería de Economía y Hacienda, 1995. 92

Esparragal, Guadalupe, Ñora, San Benito, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Albatalía, Arboleja, Rincón de Seca, Nonduermas, Espinardo, La Raya, La Puebla, Era Alta, Aljucer, Alberca, Santiago y Zaraiche, Flota, Puente Tocinos, Churra, Monteagudo, Llano de Brujas, Raal, Alquerías, Zeneta, Torreagüera, El Palmar, Algezares, Beniaján, Santomera, Sangonera, Los Garres y Lajes.

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Barqueros, Carrascoy, Sucina, Los Martínez, Gea y Truyols, Balsicas, Avileses, Matanzas, Corvera, Jurado, Valladolises, Cañadas de San Pedro, Lobosillo y Baños y Mendigo

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El déficit de Ayuntamientos existente en la provincia ha sido considerado como uno de los factores clave en la desarticulación de la protesta y conflictividad campesina, impdiendo el desarrollo de relaciones sociales entre los pequeños municipios y la configuración de un sentimiento de colectividad y de solidaridad ante los problemas comunes, LUCAS PICAZO, M., “La conflictividad en el proceso de modernización de la huerta de Murcia”, Áreas, nº 1, 1981, pp. 55-62.

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Cartagena, Fuente Álamo, El Algar, Escombreras. 96

Comprende esencialmente Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras. 97

Mula, Albudeite, Pliego, Bullas, Alguazas, Lorquí, Molina, Archena, Cotillas, Ceutí y Campos del Río. 98

Caravaca, Cehegín, Calasparra, Moratalla. 99

Cieza, Abarán, Abanilla, Ricote, Ulea, Blanca, Fortuna, Ojós y Villanueva. 100

Totana, Librilla, Alhama, Mazarrón y Aledo. 101

Yecla y Jumilla. 102

desarrollada por este tribunal, no permite medir con total exactitud el índice de delincuencia en cada zona, dado que no se incluyen las infracciones tipificadas como falta, aunque sí marca una tendencia clara sobre la evolución a largo plazo del fenómeno delictivo.

CUARDRO VI: Tasa de procesados por partidos judiciales (1939-1949)

Partido judicial Población total de hecho

(1940) Procesados por 1.000 habs.

Murcia 233.155 8’6 Cartagena 122.738 8’2 Lorca 84.805 7’4 Mula 63.185 6’6 Caravaca 62.839 6’3 Cieza 57.723 6’6 Yecla 43.536 4 Totana 41.641 6 La Unión 10.079 15’3

Fuente: AHPM. Libros de Sentencias. Elaboración propia.

A falta de un estudio más pormenorizado que incluya las cifras aportadas por los juzgados municipales y de instrucción, así como la evolución anual de sus actuaciones, se antoja arriesgado llegar a una conclusión definitiva. A pesar de todo, a tenor de los datos manejados, se puede apreciar la reducida tasa de procesamiento registrada en la década, lo cual, como se verá, no implica una menor presencia de delitos.

GRÁFICO II

Fuente: AHPM. Libros de Sentencias. Elaboración propia.

GRÁFICO III

Fuente: AHPM. Libros de Sentencias. Elaboración propia.

L u g a r d e p r o c e d e n c i a d e l o s p r o c e s a d o s 1 . 8 3 9 9 8 1 6 0 5 3 9 8 3 7 5 3 6 3 2 2 8 1 6 0 1 4 7 3 6 2 3 3 '7 % M u r c ia 1 8 % C a r t a g e n a 1 1 '1 % L o r c a 7 '3 % M u la 6 '9 % C ie z a 6 '6 % C a r a v a c a 4 '1 % T o t a n a 2 '9 % L a U n ió n 2 '7 % Y e c la 6 '6 % O t r a s p r o v in c ia s

Lugar de comisión del delito

2.025 1.013 631 421 401 384 254 174 155 37'1% Murcia 18'5% Cartagena 11'5% Lorca 7'7% Mula 7'3% Caravaca 7% Cieza 4'6% Totana 3'2% Yecla 2'8% La Unión

Existe un predominio de aquéllos que residen y delinquen en su entorno más inmediato, con unos porcentajes casi idénticos en la mayoría de los casos, hecho que se aprecia claramente en municipios con amplia extensión geográfica y población elevada, donde los procesados son mayoritariamente oriundos de esa localidad. Este dato es indicativo de un período, en el cual el movimiento migratorio total de la población, no sólo murciana, sino también española, sufre un drástico retroceso con respecto a décadas anteriores y posteriores103, viéndose restringidas las migraciones interiores por la recesión económica generalizada, la precariedad de los medios de transporte y impedimentos burocráticos reflejados en el requerimiento de salvoconductos que autorizaran cualquier traslado (norma no siempre acatada, como queda reflejado en los frecuentes casos de falsificación castigados por la Audiencia). Según Encarna Nicolás, la obsesión por el control social convirtió cada pueblo en un entorno carcelario del que era imposible salir sin salvoconducto. Así los gobernadores civiles prohibieron la venta de billetes en las estaciones de ferrocarril o de autobuses si no se llevaba el permiso correspondiente, un medio eficaz para reprimir la libertad de movimientos. Esta medida se mantuvo mientras estuvo vigente la ley marcial, desde 1939 hasta 1947.104 Por su parte las emigraciones al extranjero encontraban el obstáculo de la Segunda Guerra Mundial y del aislamiento tras la derrota del Eje, una vez que habían sufrido una fuerte desaceleración tras la depresión de los años treinta. Por ello se puede intuir cómo la escasa movilidad que se registra durante estas fechas, incidió en una mayor presión de la población sobre los escasos recursos existentes en la fase más dura de la autarquía,105 lo cual se va a dejar sentir en un aumento muy significativo de los delitos contra la propiedad, principalmente hurtos y robos, cometidos en el mismo lugar de residencia.

103

Véase VILAR, J.B., BEL ADELL, C., GÓMEZ FAYRÉN, J., EGEA BRUNO, P.Mª, Las emigraciones murcianas contemporáneas, Murcia, Universidad de Murcia, 1999, p. 237; VILAR, J.B.,

Murcia: de la emigración a la inmigración, Murcia, Realidades, 2002. Resulta significativo observar en cifras el desplome que sufre la emigración total española (interior y exterior), ya que de un 36’3% de emigrantes registrados en 1930, se pasa a un 9’4% en 1940, el número más bajo de salidas a lo largo del periodo comprendido entre 1885-1993. Las cifras no vuelven a recuperarse hasta 1944 y, sobre todo, 1946. REHER, D.S., “Perfiles demográficos de España, 1940-1960, BARCIELA, C. (ed.), Autarquía y mercado negro. El fracaso económico del primer franquismo, 1939-1959, Barcelona, Crítica, p. 21, coincide en caracterizar la primera década después de la guerra civil de parálisis migratoria.

104

NICOLÁS MARÍN, E., “Los gobiernos civiles en el franquismo: la vuelta a la tradición conservadora en Murcia (1939-1945)”, J. Tusell y otros (ed.), El régimen de Franco (1936-1975), Madrid, UNED, 1993, pp. 135-149.

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La emigración ha sido considerada tradicionalmente como una “válvula de escape” y como un factor que contribuye a la estabilidad social al evitar focos de conflictividad social como el paro y la penuria económica, VILAR, J.B., GÓMEZ FAYRÉN, J., y otros op. cit., p. 207.

A pesar de ello es posible detectar variaciones de cierta importancia, fundamentalmente en el caso de Murcia, donde la diferencia entre una y otra es de cerca del 4%. Ello obedecería a la capacidad de atracción de la capital desde el punto de vista regional –el partido judicial de Murcia es el único que arroja un saldo migratorio positivo en el periodo comprendido entre 1941-50, con un total de 9.640 individuos-106 al ser aquí donde se concentran la mayoría de servicios, establecimientos y buena parte de la actividad económica. Sin embargo, el espacio urbano por sí solo no constituye un polo de atracción determinante, ya que en estos momentos la capital murciana se encuentra indisolublemente unida a sus pedanías de huerta, donde se venía desarrollando desde finales del siglo XIX y, sobre todo, desde el primer tercio del siglo XX, una agricultura de regadío, intensiva, orientada al mercado y la exportación, basada en cítricos, frutales, hortalizas, pimentón... localizada en la huerta periurbana.107 Paralelamente al crecimiento de esta actividad se había configurado una importante industria agroalimentaria y de conservas, centrando su radio de influencia en otros municipios de la Vega Media –Molina de Segura-,108 que bordeaban la capital, así como en Alcantarilla. Con la llegada de la autarquía, el autoconsumo se impone a la comercialización y estos sectores sufren un importante retroceso, al conceder el régimen prioridad a los cultivos tradicionales, a actividades de transformación igualmente tradicionales como los molinos y a industrias como la sericícola, cuyo largo proceso de decadencia se ve interrumpido durante los años cuarenta.

Con todo, el serio retroceso que sufre el que hasta ahora había sido un motor de desarrollo y crecimiento, no va a afectar a la preeminencia del sector primario dentro de la economía regional, es más, se va a asistir a una ruralización, detectada a nivel nacional, que desembocará en la superpoblación el campo español y murciano.109 De esta forma, se inicia un proceso en el que existe una abundante y barata mano de obra agrícola, lo cual disuade a los propietarios de invertir los capitales necesarios para

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Los datos han sido extraídos de la obra clásica de BARBANCHO, A.G., Las migraciones interiores españolas, Madrid, Estudios del Instituto de Desarrollo Económico, 1967, p. 93 y ss.

107

MARTÍNEZ CARRIÓN, J.M., PÉREZ PICAZO, Mª.T., PÉREZ DE PERCEVAL, M.A., “El modelo histórico de crecimiento económico (1780-1939), COLINO SUEIRAS, J. (Dir.), Estructura económica de la Región de Murcia, Madrid, Civitas, 1993, pp. 27-67.

108

MARTÍNEZ CARRIÓN, J.M., “El uso del suelo y la producción agraria en la Región de Murcia, 1890-1935”, Cuadernos de Economía Murciana, nº 4, 1989, pp. 94-112. Sectores como el del pimentón ven reducida su actividad en un 50%.

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LÓPEZ ORTÍZ, I., “Los efectos de la autarquía en la agricultura murciana”, Revista de Historia Económica, nº3, 1996, pp. 591-618. La escasez y la carestía de los alimentos básicos y el estancamiento industrial hicieron que buena parte de la población que había emigrado de las zonas rurales – principalmente de las áreas de secano- para emplearse en otras actividades, retornara al ámbito rural como forma de asegurar siquiera la subsistencia.

modernizar sus explotaciones, ya que resultaba más rentable acudir a los excedentes del mercado laboral.110 A este excedente de mano de obra no le va a acompañar una ampliación de la superficie cultivada, fundamentalmente en lo que se refiere a productos de gran demanda como los cereales, leguminosas y olivo, ya que el valor de éstos en un contexto caracterizado por la carestía movió a los propietarios a no dedicar un mayor número de hectáreas a estos cultivos. El aumento de la mano de obra agrícola unido a un estancamiento en la ampliación de los cultivos se tradujo en una mayor presión social, marcada por la necesidad de subsistencia en los años del hambre, con la agravante de la drástica reducción de los flujos migratorios hacia otras regiones con mayores posibilidades de empleo. Esta presión social y la necesidad de sobrevivir día a día pronto derivó en un notable aumento de los delitos, en general, y de hurtos y robos, en particular, y a ello contribuyó decisivamente el carácter de agrociudad que poseía Murcia: la alternancia entre un amplio término de huerta y campo, con predominio de las primeras, y una ciudad en la que se centralizaba el tráfico de mercancías, la actividad comercial, la existencia de tiendas, establecimientos, lugares de esparcimiento y también las llamadas “casas de lenocinio”, todo lo cual situará a este municipio como el punto de mayor actividad delictiva de la región. La ciudad y su término se constituyen así en un observatorio de estas prácticas al reproducirse en ella la totalidad de la tipología delictiva, desde las sustracciones de en la estación de ferrocarril o en el rosario de huertas que rodean la ciudad, hasta la sustracción de importantes cantidades de productos agrícolas, sobre todo cereales, en las zonas de secano ubicadas en las pedanías “de campo”, pasando por las frecuentes riñas, estafas de diferente cuantía y los comportamientos considerados deshonestos.

Más allá de las cifras ofrecidas por la capital, la asimetría entre el lugar de procedencia y el de comisión del delito en el resto de partidos judiciales es imperceptible.

El partido judicial de Cartagena, con su ciudad homónima como máximo exponente, se erige en el segundo gran escenario de la delincuencia común de este período, aunque presenta unos porcentajes bastante discretos en relación con la entidad poblacional y económica de la comarca y la evolución seguida por ésta en los años precedentes. Es un caso que se presenta atípico e incluso paradójico, ya que dicho espacio reúne las condiciones necesarias para registrar altos índices de delincuencia: en primer lugar, Cartagena, como segunda ciudad en importancia de la provincia,

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constituía un polo de atracción notable, con una actividad económica sustentada por el tráfico comercial a través de su puerto, una consolidada industria naval y química, una amplia comarca (Campo de Cartagena) dedicada a la agricultura de secano y una explotación minera que, aunque de forma paulatina, incrementó sus rendimientos durante los años cuarenta.111 En segundo lugar, como base naval, contaba además con una guarnición militar permanente lo cual aseguraba la presencia de tropa y una extensa población flotante, cuya relación con el delito es proverbial. Por último y centrándonos más específicamente en la ciudad de Cartagena, no hay que olvidar que se trata de una plaza de tradición izquierdista especialmente castigada durante la guerra civil, siendo sometida a frecuentes bombardeos por parte la aviación “nacional”, y la posguerra, durante la cual la represión franquista alcanzó altas cotas.112 Todo ello se materializó en la existencia de una alto índice de marginados y represaliados políticos, relegados ellos y sus familias a la pugna diaria por la supervivencia, una situación que invitaba a la transgresión del orden en todas sus facetas, incluida la ideológica –en Cartagena se concentran la mayoría de los delitos con matíz político, como los de propaganda ilegal-. Los escenarios para la delincuencia estaban pues servidos: un entorno urbano, marcado por la presencia del puerto, la estación ferroviaria, las lonjas, tabernas y prostíbulos, favorable por tanto para la aparición de una delincuencia de naturaleza económica y moral, y otro rural caracterizado por extensos cultivos de cereales y la existencia de graneros y molinos, en torno a los cuales giraba el mercado negro de harina más importante de la provincia. A lo dicho había que añadir el crecimiento significativo que experimentó en la posguerra el número de huérfanos e indigentes.113 A pesar de todo, la comarca no alcanza una representación mucho más destacada que la presentada por Lorca. La explicación a esta aparente falta de adecuación de las cifras con respecto al

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VILAR, J.B., EGEA BRUNO, P.Mª. y FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, J.C., La minería murciana

contemporánea (1930-1985), Madrid, Instituto Tecnológico Geominero de España, 1991, p. 80. El

crecimiento de este sector durante los años cuarenta no debe llevarnos a error, ya que se apoya en una minería marginal y coyuntural –demanda provocada por la Segunda Guerra Mundial- desarrollada en torno a pequeños y dispersos yacimientos poco rentables, situación que no se invierte hasta la década de los cincuenta.

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Entre 1939 y 1945 se organizaron un total de 57 juzgados militares –número considerable si tenemos en cuenta que Alicante, provincia incluida, contaba con 22- los cuales dictaminaron el fusilamiento de 176 procesados, con tan sólo 20 conmutaciones, de los cuales el 31’9% eran obreros. Paralelamente a esta represión física, se pusieron en marcha mecanismos de castigo que indujeron a incrementar la miseria y el hambre reinantes en todo la zona, se trataba de una revancha de los vencedores hacia una localidad de marcada tradición izquierdista. Véase EGEA BRUNO, P.Mª., La represión franquista en Cartagena (1939-1945), PCPE, Murcia, 1987, p.52.

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EGEA BRUNO, P.Mª., “Hambre, racionamiento y mercado negro: algunos aspectos de la posguerra cartagenera (1939-1952)”, Cuadernos del Estero, enero-junio 1991, pp. 115-145, el autor estima en 4.400 el número de pobres inscritos en el padrón de pobres de la beneficencia municipal en 1940.

contexto socioeconómico, podríamos hallarla en un aspecto puramente administrativo: la presencia de La Unión, cuya ubicación geográfica y actividad económica está íntimamente ligada a la ciudad portuaria, como un partido judicial independiente de Cartagena. Sin embargo, la hipótesis que mayor peso adquiere es la del destacado protagonismo que la jurisdicción militar habría de desempeñar en el control social de una plaza que se destacó como bastión de la República hasta el final de la guerra.

El caso de Lorca resulta más predecible. Al igual que Murcia, la ciudad de Lorca es el centro de un extenso término municipal, el mayor de España, en el cual destacan las pedanías ubicadas en la zona de regadío situada en la comarca de Valle del