Antes de los sucesos del Once de septiembre, la existencia de estos Estados
Delincuentes -que incluían a Corea del Norte, Libia, Irak e Irán- fue el recurso más utilizado a favor de un rearme estadounidense, cuyo proyecto estrella era el Programa Nacional de Defensa Antimisiles -NMD, National Missile Defense- a la sazón todavía en mantillas. La ejecución de esta modalidad de escudo antimisiles -que ya había sido aprobada por la Administración Clinton en julio de 1999- cuyo coste se calculaba en unos 30 millardos de dólares -casi unos seis billones de ptas.- suponía tanto un paso de gigante en la escalada del gasto militar de Estados Unidos como un suculento bocado para las empresas contratatantes, encabezadas por Boeing y Raytheon.
Los argumentos utilizados para justificar el desarrollo de este proyecto -cuyo
presupuesto parecía estirarse indefinidamente y reclamar incluso la colaboración de los aliados europeos, a los que se intentó convencer de que también ellos estaban
amenazados- no podían ser más delirantes en su evocación de los tiempos de la Guerra Fría. Se decía, por ejemplo, que Corea del Norte podía alcanzar el territorio
estadounidense con misiles intercontinentales. Exactamente el mismo falsario
argumento del que se sirvió Kennedy en su campaña electoral de 1971, sólo que entre la URSS de principios de los setenta y la empobrecida Corea del Norte de 1999, la
diferencia en términos de capacidad militar era ciertamente abrumadora. En la historia del armamento nuclear, el gran desafío tecnológico lo ha constituido siempre la capacidad de proyección de la carga -convencional, química o nuclear- sea mediante aviones, submarinos o plataformas de lanzamiento de misiles. Por ello, hoy por hoy,
pertenece al subgénero de la política-ficción que un país como Corea del Norte, sujeto a periódicas crisis alimentarias, posea o llegue a poseer en un futuro cercano o lejano la capacidad tecnológica para proyectar una carga nuclear al otro lado del Océano Pacífico.
Por lo demás, la amenaza esgrimida de los misiles de los Estados Delincuentes parecía ciertamente extemporánea, ya que actualmente existen en el mundo menos programas de misiles balísticos en marcha que los que había hace quince años, y de los treinta y tres Estados con capacidad para fabricarlos, solamente seis podrían desarrollar por sí mismos misiles con un alcance superior a los mil kilómetros. Pero lo curioso del caso es que después de los atentados del Once de septiembre, que demostraron en la práctica la inanidad de un escudo antimisiles -de haber estado ya construido, de nada habría servido para evitarlos- la administración Bush ha continuado defendiendo el proyecto, que hasta la fecha ha venido consumiendo un presupuesto anual de unos 8 millardos de dólares. Las razones hay que buscarlas tanto en los suculentos contratos en juego como en el renovado keinesianismo militar al que está recurriendo la administración
republicana. En su Discurso sobre el estado de la Unión, pronunciado en enero de 2002, George W. Bush no vaciló en justificar recientemente el enorme aumento del gasto militar para combatir los síntomas de recesión que venía arrastrando la economía estadounidense desde el año anterior.
En sintonía con el empuje de este discurso maniqueo de los “Estados Delincuentes”, y varios años antes de los atentados del Once de Septiembre, el gasto militar
estadounidense había empezado a exhibir un renovado vigor tras la resaca provocada por el final de la Guerra Fría. Si los noventa fueron años de vacas flacas para los programas de armamento, dada la desaparición del secular Enemigo Soviético con la disolución del Pacto de Varsovia en 1990 y de la propia URSS en 1991, la tendencia a la baja del gasto militar mostró señales de invertirse en los umbrales de la nueva década. El tímido repunte de 1999, hacia el final del último mandato del presidente Clinton, marcó el fin de una etapa de descenso en picado que se remontaba a 1987; un repunte al que sin duda contribuyó tanto la aprobación del propio proyecto del Escudo Antimisiles como la intensa campaña de bombardeos realizada por la OTAN en Serbia y Kosova. Para entonces, y en sustitución del antiguo Enemigo, ya había comenzado a abrirse paso un abigarrado imaginario conformado por una auténtica galería de ellos: desde los “Estados Delincuentes” hasta una singular percepción del islam -groseramente
asimilado y reducido a sus versiones más fundamentalistas y agresivas- pasando por el narcotráfico o la presunta amenaza que suponían las migraciones del Sur para los ricos países del Norte. Coincidiendo con el final de la Administración Clinton, un documento público oficial elaborado por la CIA, el Informe Tendencias Globales 2015, preveía un escenario muy semejante al “mundo peligroso” en el que tanto hincapié haría George W. Bush durante la campaña electoral del año siguiente:
“(...) estados desafectos, terroristas, proliferadores [de armas de destrucción masiva] y criminales organizados se aprovecharán del nuevo entorno de la información de alta velocidad y de otros avances en tecnología para integrar sus actividades ilegales y combinar sus amenazas contra la estabilidad y seguridad en todo el mundo”.
El informe se ocupaba de señalar asimismo que Rusia, China y Corea del Norte estarían en condiciones de alcanzar territorio estadounidense con sus misiles balísticos, en un claro guiño a los poderes impulsores del proyecto del Escudo Antimisiles. Pero lo que
dio un empuje definitivo a este discurso de la amenaza fueron los atentados del Once de Septiembre, al acabar de golpe con el sentimiento de invulnerabilidad que desde siglos atrás habían disfrutado los Estados Unidos. Unos atentados para los que, por cierto, no fueron necesarios misiles intercontinentales ni tecnología especialmente sofisticada, como sostenían los expertos de la CIA. En cualquier caso, a partir de este momento el lenguaje de la administración estadounidense exhibiría casi miméticamente los antiguos códigos del de la Guerra Fría. 6