Pero don Juan, desde luego, no fue un gobernante como los que le precedieron. Dominante y autoritario, el nuevo primer ministro, al menos, conocía la realidad española en toda su variedad y sabía tanto de sus muchas miserias como de sus liberalidades. Fue educado en medio de una cultura del arbitrio y del remedio y, llevado de una cierta preocupación reformadora, se aplicó, no sin interés partidario, a mejorar el mal estado de algunos negocios públicos.
El primero de ellos, quizás el más necesitado, residía en el estado de corrupción que, cualquier observador atento, podía descubrir en la administración de la propia monarquía. La dinámica política ejercida desde los validos y favoritos había producido, como consecuencia, que los cohechos y los sobornos se generalizaran disfrazados de servicios. La fuerte presencia en la corte de la aristocracia, con sus séquitos de prebendados, había provocado un uso arbitrario de la gracia y la merced regia. Parecía evidente que la falta de honestidad en el ejercicio de los oficios reales anidaba, también, en el seno de los Consejos. Don Juan conocía de sobra tal situación y como concibiera su ministerio con pretensiones innovadoras, creyó oportuno satisfacer, de algún modo, el programa de algunos arbitristas que confiaban en su persona.
Además esto le daba posibilidades para marcar distancias con la aristocracia palatina y asegurar mucho mejor su posición cerca del Rey. En consecuencia don Juan presentó, en la primavera de 1677, recién asentada su posición, el Decreto para la reforma de la Administración. Don Carlos, que naturalmente sancionaba el documento y servía de voz a su hermano, justificaba aquella decisión arguyendo que la indignación divina ante tales arbitrariedades era extrema. Dios, Nuestro Señor, decía, se ha irritado por los pecados de tantos oficiales que gobiernan contra el bien común y su santo servicio. Por lo mismo todos los oficiales de la monarquía habrían de comportarse como «cristianos y ministros míos», escribía el Rey recordando que, ambas entidades, eran la misma cosa. Concluía, Su Majestad, amenazando muy severamente con el «más ejemplar escarmiento»; y, en un requiebro demagógico propio de la personalidad efectista de don Juan, terminaba el escrito indicando que en la advertencia no habría excepción alguna de modo que «... si Don Juan, mi hermano, fuere capaz de incurrir en la fealdad de esta culpa [la corruptela] será el primero que quejosos" y llega al poder violentamente...» en F. Tomás y Valiente, Los validos en la monarquía española del siglo XVII: estudio institucional. Siglo XXI de España, Madrid, 1982. Vol. II, p. 455.
lo experimente»142. Palabras retóricas, naturalmente, pero palabras que, alejadas un
tanto de su estilo inocente, han de ser comprendidas en toda la intencionalidad política que, sin duda, tenían.
En cualquier caso don Juan sí fue, entonces, capaz de concebir un proyecto de reforma tan deseado por unos como denigrado por otros. Se trataba, en primer lugar, de conseguir imponer criterios de austeridad. Y si don Juan pecaba por soberbio y altanero en muchas cosas, en el asunto de la austeridad dio muestras inequívocas de ella. Conocedor del despilfarro generalizado en la corte, decretó un recorte radical en el gasto de la Casa Real que, desde luego, habría de servir de ejemplo para las diversas casas de la gran nobleza, impelidas a un derroche suntuario que, sin duda, las endeudaba totalmente. No puede decirse que la disminución de los gastos de Su Majestad fuera tan radical, como se afirmó en un principio, pero fue verdad que muchas partidas superficiales desaparecieron del presupuesto.
Otra cosa fue cuando se pretendió que los ministros renunciaran a sus múltiples prebendas y a otras ayudas de costa, y se conformasen con un salario. Aquí de poco sirvió que se justificase la medida acudiendo al principio de que, «a vista de las necesidades públicas», el buen ministro debería renunciar a las «muchas manos» que le permitía su autoridad, y aceptar la justicia de que sólo sus méritos deberían ser honestamente retribuidos. Resultó muy difícil, imposible de todo punto, conseguir tal objetivo; empero don Juan perseguía otra cosa: un efecto populista; y esto, a no dudarlo, lo consiguió, porque el pueblo se alborozó al instante. Más allá de eso no hubo nada, o muy poco.
Sin embargo el populismo demagógico del primer ministro no debe ser una sombra que elimine los esfuerzos sinceros que hizo por recuperar un tanto el tono económico del país, desfondado desde hacía muchas décadas. Y en este sentido, don Juan era uno de los pocos hombres públicos del país preparado para esa tarea. Conocía muy bien los problemas y participaba, como se ha dicho, del espíritu reformador y arbitrista que entonces gozaba de mucho predicamento en círculos académicos o en tertulias del mismo estilo.
Básicamente el ideario arbitrista coincidía con la mayor parte del pensamiento económico dominante, entonces, en Europa. Este pensamiento partía del principio de que la riqueza primera de un país era su propia población; cuantos más efectivos de ésta estuviesen aplicados a tareas productivas, más satisfacción en el consumo podría ofrecerse a todo el conjunto. Aumentar las exportaciones y, en cuanto fuera posible, elevar, a su vez, los aranceles aduaneros para obstaculizar la entrada de productos extranjeros, eran máximas esenciales de aquella política mercantilista. Obviamente aplicar estas medidas tan elementales exigía disponer de un sistema tributario moderado y de unas leyes penales eficaces, de manera que la tentación de defraudar tuviese sus riesgos. Ninguna de estas dos cosas existía entonces en España.
Todos los observadores de aquel tiempo coincidían en que la carga fiscal era 142 Decreto Real, primavera de 1677. A.H.N., Consejos, Lib. 1474, n° 9. publicado en J. Castilla Soto, Don Juan José... op. cit., p. 265. También en J. Bermejo Cabrero, Estudios sobre la administración central española (siglos XVII y XVIII). Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1982. Apéndice documental, pp. 210-215.
enorme y, además, tenía tantos compromisos institucionales y sociales que rebajarla supondría, a buen seguro, una auténtica rebelión social que, ni don Juan ni ningún otro ministro podían permitirse.143 El gravoso servicio de millones y su sistema de
recaudación basado en sisas y repartos, cuya naturaleza y control definían las elites municipales, suponían una auténtica losa sobre las economías domésticas y sobre las manufacturas artesanales. Varios fueron los proyectos que los arbitristas presentaron a don Juan para acabar con los millones, y todos coincidían en la idea de organizar un gravamen directo sobre la producción eliminando la intermediación de las autoridades locales. Naturalmente el remedio podría ser más justo y además más rentable, pero políticamente era inviable porque ponía en pie de guerra a las oligarquías municipales. Por otro lado las medidas que habrían de tomarse para garantizar el nuevo sistema, no estaban muy definidas y tampoco se decía nada sobre cómo atajar el fraude.144
Porque el fraude era, en verdad, el verdadero problema. Los millones podían ser gravosos, era cierto, pero se sabía que entre el volumen estimado de la carga y el total recaudado, la diferencia podía ser abismal: más del 80 por ciento. Y en efecto, en aquella sociedad defraudaban todos; principalmente, los que disponían de cierta autoridad y podían usar la ley en su beneficio. Defraudaba la nobleza grande y pequeña, los regidores de las ciudades, las órdenes religiosas, los monasterios y, desde luego, también los propios productores directos, aunque, en este nivel en el que las gentes no tenían jurisdicción, el daño era menor. Desde luego que don Juan no eliminó el fraude ni tampoco desaparecieron los odiados millones, pero, al menos, se aprestó a tomar algunas medidas que aliviaron un tanto la situación.145 Mas
empero en aquellos años, los de su mandato, parecía como si la naturaleza mostrase despiadada su peor rostro. En efecto, en aquel tiempo hubo desgracias naturales sin cuento: sequías largas, heladas terribles, inundaciones y pedriscos. También hubo epidemias. En tales condiciones, cuando la carestía de los alimentos era tal que los precios se disparaban, totalmente descontrolados, aplicar severidad en las cargas tributarias podía resultar temerario. Don Juan lo comprendió y determinó que el Consejo de Hacienda aplazase el pago de las deudas de muchas ciudades, con sólo presentar planes y arbitrios adecuados para pagarlas en su día.146
Naturalmente tales aplazamientos suponían que el erario de la Real Hacienda no podría hacer frente tampoco a sus acreedores; y esto era particularmente problemático porque, entonces, la política exterior exigía hacer frente a la agresividad militar de Francia. Pagar a los ejércitos en Flandes, devolver a los 143 La preocupación de don Juan por estudiar las posibilidades de conseguir una única contribución ya se expresó en 1669, cuando influyó en la conocida Junta de Alivios constituida el 26 de marzo de aquel año. Véase . Sánchez Belén, «La Junta de Alivios de 1669 y las primeras reformas de a Regencia» en Espacio, Tiempo y Forma (n° 4,1989), pp. 639-667.
144 B. Cárceles de Gea, Reforma y fraude fiscal en el reinado de Carlos I: la sala de Millones (1658- 1700). S. Estudios del Banco de España, Madrid, 1995.
145 Sobre la represión del fraude fiscal en J. Sánchez Belén, La política fiscal en Castilla... op. cit., pp. 126-189.
146 Real Decreto de 7 de agosto de 1677, «(...) el Presidente del Consejo de Hacienda, conde de Humanes, recibe el encargo de transigir con las ciudades, villas y lugares del reino todas sus deudas con el erario anteriores a 1673, después de averiguar su población...», en J. Sánchez Belén, La política fiscal en Castilla... op. cit., p. 219.
hombres de negocios parte del importe de sus préstamos (asientos) y, además, reembolsar los bonos o juros de los pequeños y medianos ahorradores eran las obligaciones inmediatas que la Corona habría de abordar; pero todo ello no era posible; por eso el primer ministro presionó al Consejo de Hacienda para realizar una suspensión de pagos encubierta. Y así ocurrió que, por un decreto de noviembre de 1678, la Real Hacienda suspendía el pago de su deuda anterior a 1677 con la excepción de la contraída con algunos prestamistas y con aquella que estaba vinculada a los gastos militares. Una vez más, una parte importante de los tenedores de papel de deuda (los juros) se vieron postergados.147
Mas con todo, los problemas de la Real Hacienda no acababan con las miserias estructurales de la economía española. Y una de estas miserias, muy importante, era la gravísima inflación de precios, no por las oscilaciones del mercado, sino por el envilecimiento de la moneda. Es conocido que la moneda de uso ordinario era el real de vellón, es decir, una pieza de una aleación de cobre y plata. Pero ocurría que, en dicho real, las sucesivas acuñaciones venían disminuyendo la parte de plata, de modo que la moneda tenía cada vez menos valor intrínseco. Era obvio que el vellón tenía cada vez menos valor, lo que obligaba a constantes acuñaciones que inundaban el mercado de moneda de cobre, con poca o ninguna parte de metal precioso. En términos de precios las mercancías «exigían» ser valoradas en grandes cantidades de moneda. Era la terrible inflación monetaria que llevó, en determinados momentos, a que el real de cobre se estimase, no por su valor intrínseco, sino por su peso. La relación entre el valor del cobre y de la plata, en estos años del mandato de don Juan, lo que entonces se llamaba premio, llegó a ser escandalosa, casi del 275 por ciento. Los desequilibrios y las irregularidades de este fenómeno provocaron una situación caótica a la que don Juan hizo frente con gran acierto político.148
En efecto, contando con informes previos de varios arbitristas, el hermano del Rey venía considerando los modos para acabar con aquella situación. El objetivo era volver a recuperar el valor de la moneda y eliminar las grandes cantidades de vellón. Ello suponía una devaluación muy fuerte que hacía temer profundas distorsiones en los mercados, hasta el punto de que no podía descartarse la aparición, en algunas zonas, del comercio del trueque. La Junta que se creó a tal efecto estudió todas estas posibilidades y no encontró ocasión adecuada para llevarla a cabo. Cuando pareció que la coyuntura era más propicia, en la primavera-verano de 1679, otros asuntos de enjundia política más inmediata suspendieron la bajada de la moneda. Uno de los miembros de la famosa Junta, el duque de Medinaceli, principal valedor, además, del proyecto, explicaba por qué razón la profunda reforma de la moneda habría de posponerse: «(...) hoy es mala coyuntura —decía— porque la mayor novedad es la ocasión del feliz casamiento de Vuestra Majestad. La bajada ha de ejecutarse — continuaba— tres o cuatro meses después del arribo de la flota y galeones»149.
Medinaceli calculaba bien el tiempo. No podían deslucirse los fastos previstos para la boda del Rey, porque, en efecto, se preveían tensiones muy serias 147 Archivo General de Simancas (A.G.S.), Consejos y Juntas de Hacienda, Leg. 1009.
148 C. Sanz Ayán, Los banqueros... op. cit., p. 258.
por causa de la devaluación de la moneda. La primera y principal de las tensiones sería la desaparición real del dinero circulante; por eso el duque hacía mención, en su carta a don Carlos, de la necesidad de esperar a la llegada de la flota, con sus anhelados cargamentos de plata.
Finalmente todo se pospuso, porque la crisis política en aquel momento era muy aguda. Don Juan estaba ya enfermo de muerte y las ambiciones surgieron en palacio con tanta mayor fuerza cuanta mayor había sido la presión para contenerlas. De repente y casi sin notarse, todo el sistema que don Juan había levantado se empezaba a derrumbar; y esto, como acontece siempre, comienza por el lado más débil. Ocurrió, sin embargo, que para sorpresa de todos este lado fue la propia salud de don Juan. Preocupado siempre por no perder ni un milímetro de la cercanía respecto del Rey, su hermano el Príncipe se veía obligado a hacer frente a jornadas agotadoras. Divertir y distraer a don Carlos de día, y trabajar de noche despachando asuntos y pergeñando reformas. Y si la tarea de gobernar resultaba muy pesada, mucho más lo era la primera, porque don Carlos era indolente de modo incorregible y aquella juventud tan desvaída nunca lograba saciar su infantilismo curioso y egoísta.
Los ministros de los Consejos, los grandes que estaban al acecho en palacio y los embajadores, también, todos supieron pronto de esta situación. Sir William Godolphin, representante del Reino Unido, fue el más explícito en su opinión: Don Juan era infatigable de día y de noche, decía el embajador, y de tal actividad se apreciaban «... indicios más que evidentes en su semblante, algo quebrantado»150. Por
entonces don Juan tenía ya cincuenta años. Empezaban a faltarle las fuerzas, y sus entusiasmos disminuían porque era consciente de que el círculo estrecho que le unía al Rey no podía mantenerse así por mucho tiempo.
Don Carlos, de carácter bondadoso, era entonces un joven atolondrado al que —ya se ha dicho— costaba mucho centrar su atención en algún asunto de gobierno. Si en su infancia estuvo aislado, en la juventud que ahora vivía le halagaba ser el centro permanente de la lisonja; y, sensible hasta el extremo, no podía ocultar su dependencia afectiva de la madre. Desde luego que doña Mariana, encerrada en Toledo, no renunció nunca, en su aislamiento, a hablar con su hijo. Su persistencia fue constante y nunca faltaron personas de su entorno que lograron llegar hasta el oído del Rey para transmitirle el dolor de la madre abandonada. Don Juan lo sabía y, pese al férreo control que siempre tuvo del acceso a su hermano, tampoco podía evitarlo. Como decía un comentario anónimo que corría por Madrid, el primer ministro, hábil y sutil en tantas cosas, era como una navaja de barbero que podía cortar un cabello, pero en este asunto de las relaciones con doña Mariana, la navaja se embotaba «al partir una rebanada de pan».151
150 A este respecto también el veneciano Girolamo Zeno se hacía eco del celo en el trabajo de don Juan. Ver A. Graf von Kalnein, Juan José de Austria... op. cit., p. 429, nota 47.