En el caso de Shushufindi, aparece claramente un sesgo entre la política llevada a cabo por el municipio y las reivindicaciones de las organizaciones sociales. Tal fue el caso del acuerdo de remediación firmado con Texaco: “El municipio de Shushufindi, por ejemplo,
llegó a acuerdo con la compañía Texaco extrajudicialmente y ese dinero se lo destinó íntegramente para la construcción del alcantarillado sanitario de la ciudad de Shushufindi [...] Sin embargo el problema ambiental no se lo tocaba en ninguna parte y se hacía un alcantarillado sanitario para otro, es decir para poner una medicina no donde está la herida
sino en otra parte. Entonces cuestionamos fuertemente eso.”90
Lo mismo se dice del proyecto PATRA, implementado en el periodo 1999-2001:
“supuestamente era rehabilitación ambiental pero [...] este proyecto estaba orientado a lugares o zonas donde no hay la problemática ambiental por actividades petroleras y las zonas afectadas no se las tocaron, entonces había ahí una cuestión que no compartíamos nosotros y cuestionábamos esa actividad también [...] En esta parte de acá, se trabajó con los actores sociales de grupos de indígenas, juntas parroquiales, de mujeres, de jóvenes, empresas agroindustriales y petroleras, donde estábamos nosotros por supuesto y el gobierno municipal. Se hizo una comisión de gestión ambiental que trataba de más que de conocer de analizar y profundizar el problema y de proponer alternativas de solución a los
problemas ambientales que teníamos acá.”91
Sea lo que fuere y a pesar de los destacados esfuerzos para rehabilitar las zonas de poblamiento en el casco urbano de Shushufindi, la promiscuidad con las instalaciones petroleras genera un sentimiento difuso de inseguridad, que contribuye notablement a empeorar las relaciones con la empresa y sus contratistas: “Hace unos, si no me equivoco,
diez años más o menos hubo un incendio, una línea de flujo de gas explosionó aquí [...] En este caso, entonces, hemos exigido que se de una solución, que se reubiquen esas líneas. Pero realmente es difícil, no digo imposible, pero es muy difícil porque la empresa Petroproducción, de lo que estoy yo en esta actividad, siempre ha rehuido. O sea, no quiere aceptar el error, no quieren aceptar el problema que existe. Ellos, lo que dicen es que no hay problema, que todo está bien, que no hay por que preocuparse... Cuando uno sabe que
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está la preocupación ahí [...] La empresa siempre rehusó a eso, luego llegó a un acuerdo con el Municipio de dejar la línea allí y que a cambio de eso le daban agua para la ciudad. ¡Por Dios! ¿A qué estamos? ¿Cómo es posible que continúen con ese problema allí y nos den otra cosa? Queremos el agua, es verdad, queremos el agua, pero esa agua que nos dan tampoco es purificada, primero, y segundo nos tratan de arreglar un problema pero el problema sigue ahí mismo otra vez. O sea no hay solución al problema, hay unos acuerdos con el municipio, a veces, que es cuestionable por la ciudadanía, por la gente, en qué
términos se logran esos acuerdos.”92
Esta situación oscurece aun más la imagen negativa por el contraste entre el nivel de vida de los empleados de la empresa estatal y la calidad de las instalaciones ubicadas al margen del centro urbano, y la precariedad en la cual vive la mayoría del pueblo: “aquí,
Petroecuador en lo que es la zona de Shushufindi, al menos para la población, denominamos como dos pueblos diferentes: después de una malla hay un pueblo que tiene varias comunidades, servicios básicos de óptima calidad y al otro lado de la malla está la población que vive en miseria [...] Petro está en la localidad pero viven entablados detrás de sus corrales, de sus construcciones muy bonitas. No dan la cara, no van a las comunidades, no hay mayor contacto con las personas. Esto es lo que Petro ha hecho o sea muy, muy aislados, en su jaula de oro. No tienen necesidad de salir a participar con las personas, a
conversar, a cooperar con la gente.”93
Al fin y al cabo, más allá de la conflictividad cotidiana, la situación de desconfianza hacia la empresa estatal puede ser percibida como una violación de los derechos humanos, como ya lo denunciaron las ONG ecologistas a medianos de la década del noventa: “El
problema está ahí y como actores de derechos humanos, decimos: “Todos tenemos derechos, pero esos derechos no sirven para prender nada más que la cocina, la estufa, para ir al baño, si no hacemos algo para que se respeten”. El problema que existe es que primero la ley de gestión ambiental dificulta un poquito eso [...] Segundo, los trámites judiciales son muy lentos aquí y muy riesgosos. O sea si no hay buen dinero para hacerlo no se puede llevar adelante y un campesino difícilmente puede mantener una demanda legal solo. Lo que pasa es que generalmente los funcionarios de Petroproducción no dan atención óptima a los problemas. No reconocen el problema. Y segundo procuran hacerle cansar al campesino para que no reclame más. Hay muchos campesinos, mucha gente que también tiene su visión únicamente en cobrar. Quiere la plata y ¡punto! Y el problema sigue allí. Entonces también la empresa abusa de ese elemento. No hay una conciencia ambiental ni
de la empresa ni de muchos campesinos.”94
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