Two parameter example

Sufriendo durante los años ochenta un sensible retroceso determinado, sobre todo, por una economía arruinada por excesivos gastos militares y abultados déficit comerciales y fiscales, el capitalismo estadounidense pretendió, empero, conservar su papel de potencia hegemónica a escala mundial a expensas de los llamados ‘países emergentes’; así pues, el blanco elegido fue América Latina, y el instrumento de dominación escogido, el ‘Consenso de Washington’. Orientado a preconizar la drástica reducción de los déficit fiscales, la liberalización de las tasas de interés y los procesos de apertura importadora, privatización de las empresas estatales y ‘desregulación’ de todos los mercados, ese ‘consenso’ pretendía, según Carassai (1995: 119), hacer descansar el crecimiento económico de los países periféricos latinoamericanos sobre el paradigma del ajuste estructural neoliberal: desmantelar todos los mecanismos de regulación pública de la acumulación fue, de hecho, el propósito central de un esquema ideológico pergeñado para forjar una nueva comunión de intereses entre las clases dominantes y el mercado mundial. En efecto, durante la última década del Siglo XX fue implementado un nuevo conjunto de reformas estructurales orientadas a conciliar las estrategias de acumulación de los grupos económicos nacionales

70 La neo-regulación o re-regulación (Streek y Scmitter, 1991; Leyshon, 1992; Dicken, 1992) resulta fundamental para explicar la estructura del mundo. Efectuando infundadas referencias a la simple eliminación de normas pretéritas, esa imagen simplista de la desregulación se fundamenta en la idea que las regulaciones gubernamentales constituyen un obstáculo al funcionamiento eficiente de los mercados (Silveira, 1999a: 257). Según Lanvin (1987: 118), la desregulación es un proceso con tendencia a la expansión y la exportación, retroalimentando las estrategias de la globalización.

diversificados y de los grandes capitales extranjeros; la liberalización de las tasas de interés, la apertura comercial y financiera, la estabilización y anclaje nominal del tipo de cambio, la ‘desregulación’ del mercado interno y la enajenación de los monopolios estatales productores de bienes y servicios -ventas de activos, concesiones y licencias- construyeron las bases de sustentación de un ajuste estructural neoliberal que instauró y consolidó, en palabras de Morina y Velázquez (1999: 7), “un perfil productivo social y

territorialmente excluyente”. Extendiendo esa racionalidad a los gobiernos provinciales, el

poder burocrático central procuró -durante la segunda mitad de los años noventa- afianzar la reforma laboral y ultimar el ya avanzado proceso de enajenación del patrimonio público (García Delgado, 1999: 48).

Sabido es que, de acuerdo con “la doctrina actual de la economía internacional, el mercado

interno es prácticamente ‘residual’”, de tal suerte que “la lógica del mercado mundial

acaba interfiriendo fuertemente” sobre aquél, confiriéndole una lógica global francamente

opuesta a los intereses nacionales (Santos y Silveira, 2001: 293). Instaurado so pretexto de la necesidad de un marco monetario consistente con la estabilidad de precios, el Régimen de Convertibilidad argentino fue un cabal ejemplo de ello: de cuño monetarista, ese programa diseñó un esquema de acumulación destinado a permitir el flujo irrestricto de divisas hacia los centros financieros internacionales y los acreedores externos; así pues, el denominado Plan Bonex inmovilizó -en rigor de verdad, confiscó- los depósitos bancarios, el Estado renunció explícitamente a la posibilidad de una organización monetaria independiente de la economía norteamericana, y los sistemas de acciones públicas se comprometieron ante los organismos multilaterales de crédito a no emitir dinero sin contar con el correspondiente respaldo en oro y divisas, imponiendo por ley un tipo de cambio fijo que convirtió a la moneda argentina en un mero apéndice del dólar estadounidense (Rofman y Romero, 1997: 271-272). Solidariamente, y conforme la desgravación arancelaria y la apertura comercial se hacían más agresivas, las importaciones eran subsidiadas por un tipo de cambio que, al ser fijo y sobrevaluado, les permitió expandirse vertiginosamente71; en apenas cinco años, nuestro país adoptó las pautas de la Organización Mundial del Comercio impuestas por la Ronda Uruguay72, lo cual permitió la sustitución de buena parte de la producción interna por las importaciones, alentando el desmantelamiento de la estructura industrial y promoviendo una caudalosa sangría de recursos públicos. Otro baluarte de la globalización de la economía, el MERCOSUR, supuso una ‘desaparición’ de las fronteras nacionales determinada por la libre movilidad de capitales, mercancías y personas y la supresión de aranceles aduaneros entre los países-miembro; explotando los beneficios de operar en ese bloque comercial como si de una única nación se tratara, el capital usufructuaba la constitución de un marco jurídico apto y eficaz para ensayar una circulación a escala supra-nacional.

No obstante, la más cruda prueba de la mercantilización de la métrica burocrática residió en la enajenación de la inmensa mayoría de las empresas estatales. Nadie ignora que el contexto económico-político desempeñó, en tal sentido, un papel determinante: los grupos económicos nacionales pretendían la preservación de los distintos tipos de subsidios estatales legados por la fase anterior, en tanto que los acreedores externos, el capital financiero concentrado y la banca internacional reclamaban al Estado el reestablecimiento del pago de los servicios e intereses de la deuda externa; la privatización de los monopolios estatales productores de bienes y servicios fue, pues, la ‘prenda de paz’ que concilió las estrategias de acumulación de unas y otras facciones hegemónicas (Azpiazu, 2003: 8-9 y 11). So pretexto de recuperar la disciplina fiscal, sanear las finanzas públicas y reducir la pesada carga de la deuda externa, el Estado argentino se desprendió rápidamente de sus principales empresas: una primera etapa (1989-1991) contempló la venta de la telefónica estatal (ENTel) y la aerolínea de bandera (Aerolíneas Argentinas) mediante el rescate de bonos de la deuda externa y la subvaluación de los activos; a partir de 1993, los estados provinciales y municipales comenzaron también a enajenar sus empresas (Forcinito y Nahón, 2005: 4), forjando el prolegómeno de la segunda fase, signada por la privatización del sector energético, con énfasis en la producción, el transporte y la distribución de petróleo, gas natural y electricidad; acerías, petroquímicas, refinerías y siderúrgicas estatales, astilleros, rutas de mayor tránsito, segmentos rentables del

71 Véase, por ejemplo, que las exportaciones experimentaron, entre 1991 y 1993, un crecimiento limitado, situado en el orden del 9%, mientras que las importaciones, en contrapartida, habían superado, en igual lapso temporal, la barrera del 200%. Entre el año base y las postrimerías de la década del noventa, las importaciones se triplicaron, en tanto que las exportaciones acumularon una expansión mucho menor, inferior al 98%.

72 El GATT ha metamorfoseado el comercio mundial, mediante las Rondas Tokyo y Uruguay, en un gran sistema dominado por las regulaciones internacionales, los intercambios intra-firmas, los carteles, los acuerdos multilaterales y las integraciones regionales, de tal suerte que las cuotas de exportación y las normas arancelarias de raigambre planetaria participan fuertemente del rediseño del mapa mundial, contrastando la necesidad de fluidez de los capitales hegemónicos con la rígida regulación de los intercambios de productos agrícolas, mercancías y servicios (Dos Santos, 1993: 62; Silveira, 1999a: 248).

sistema ferroviario, puertos y aeropuertos, servicios de agua corriente y cloacas, bancos públicos, canales de televisión, correos, transporte marítimo y compañías de seguros fueron objeto de enajenación, al igual que parte del sistema previsional de jubilaciones y pensiones.

Los controles de precios en el mercado interno fueron suprimidos; el tipo de cambio real para las exportaciones, incrementado; los trámites burocráticos, simplificados; y los costos indirectos de producción, reducidos. Y, al otorgar al capital concentrado -sobre todo extranjero- la libertad de estipular precios y cantidades y delegando en manos de las empresas más poderosas la potestad y la capacidad de regulación del funcionamiento de los mercados petroleros y siderúrgicos, entre otros (Mancebo, 1995), la fábula de la desregulación completó la mercantilización de los sistemas de acciones públicas; así pues, los capitales de la globalización se apoderaron de los mecanismos de regulación de la producción, la circulación, el consumo, la fuerza de trabajo, los precios, los salarios y los calendarios productivos y laborales, pasando a comandar, en síntesis, todos los resortes de la economía doméstica. Se afianzaba entonces el papel jugado por “la neo-

regulación y la neoburocratización” como “vehículos que garantizan la velocidad necesaria a

los diversos sectores de la economía” (Silveira, 1999a: 441) Arribados al país en un marco

de ‘seguridad jurídica’ y generosos beneficios fiscales fundados, sobre todo, en sendos Tratados Bilaterales para la Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras (TBI) rubricados con los países de origen de esos capitales, los flujos de IED fue la variable- clave que hizo posible tal proceso.

Sabido es que, procurando limitar la ‘tradición latinoamericana’ de la estatización, la mayor parte de los TBI son una práctica jurídica ‘celebrada’ entre naciones subdesarrolladas y países centrales (Arsen, 2003: 3-4; Peyrou, 2005: 2). Esos acuerdos, al brindar protección jurídica a inversiones extranjeras, garantizar la no discriminación del trato según el origen del capital, permitir la absoluta e inmediata libertad de remisión de capitales hacia el exterior, asegurar inmunidad respecto de cambios en la legislación nacional y suprimir los riesgos de expropiación y denegación de justicia, equiparan jurídicamente al capital extranjero concentrado con un país soberano; de ahí que, bajo el amparo de tales convenios, las controversias surgidas entre uno y otro sean dirimidas en tribunales internacionales73, donde el primero encuentra el rigor imperial necesario para incumplir las normas legales domésticas y disciplinar a las naciones ‘insubordinadas’ o disfuncionales a sus intereses. Desde 1989, Argentina ha rubricado unos 58 TBI, tornándose pionero y líder en ese inequívoco proceso de erosión y resignación de soberanía jurídica (Thwaites Rey y López, 2004: 126-127; Azpiazu, 2005: 48; Peyrou, 2005: 1), todo lo cual alentó la llegada, entre 1990 y 2000, de 154.000 millones de dólares, de los cuales el 88,1% correspondía a los Estados Unidos, España, Francia, Chile, Italia y Gran Bretaña (Argentina, 2002a). Alentando la reestructuración de las ramas agrícolas y extractivas y la modernización de determinados segmentos industriales, esas inversiones consagraron un indudable retorno a un modelo primario de producción y exportación: cultivos globalizados, agroindustrias, energía, minería e industria automotriz representarían, desde entonces, más de la mitad de las exportaciones argentinas.

El neoliberalismo se revelaba, asimismo, como un perverso y despiadado sistema de poder; para esa ideología hegemónica, la expansión del desempleo constituye un mecanismo

“connatural” y “necesario” del desarrollo de una economía de mercado racional y eficiente

(Sante Di Pol, 1987: 41; Anderson, 1997: 20). No es extraño, pues, que en apenas algunos años los niveles de desocupación se incrementaran rápida e implacablemente en el país: la tasa de desocupación abierta, que en 1991 no superaba el 6%, alcanzó el 17,4% un cuatrienio después, rebasando el 18% hacia finales de la década (Morina, Velázquez y Gómez Lende, 2004: 101). Entre 1990 y 2001, el desempleo creció casi un 350%, incrementándose un 40% en el trienio 1998-2001. Suprimiendo los mecanismos de indexación salarial, modificando el régimen de vacaciones vía su fraccionamiento según las necesidades de las empresas, reduciendo los aportes patronales a la seguridad social -pensiones, jubilaciones, obras sociales, etc- y los montos de las asignaciones familiares, y permitiendo la vigencia por tiempo indeterminado de contratos temporarios, la nueva legislación laboral fomentó el empleo precario, pues tornó menos onerosos los despidos, generando un ostensible descenso de los costos laborales para los empresarios. Obediente a un nutrido conjunto de factores - la lisa y llana sustitución de fuerza de trabajo por capital; las crisis de las economías ‘regionales’; las repetidas racionalizaciones del aparato burocrático (jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios); la expulsión de obreros de las firmas privatizadas; el cierre masivo de pequeñas y medianas empresas; la importancia de actividades económicas de escasa capacidad de generación de empleo (agricultura, minería, petróleo, petroquímica); la

73 Entre otros, se destacan el Centro Internacional sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial y la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL).

crisis y / o reestructuración de las ramas industriales de menor densidad de capital por trabajador ocupado (textil, siderurgia); la modernización de actividades primarias tradicionales; la terciarización y externalización de la fuerza de trabajo; y el desmantelamiento de los mecanismos de control e intervención estatal sobre el mercado laboral (Morina, Velázquez y Gómez Lende, 2004: 201)-, la desocupación no hizo sino devenir un auténtico flagelo social.

El salario involucionó y, por tanto, la distribución del ingreso se deterioró sustancialmente, conduciendo a la expansión de la pobreza: mientras la productividad global del trabajo se incrementaba un 40% y la ocupación manufacturera retrocedía un 34%, los salarios industriales reales disminuían un 10%; la cantidad de horas trabajadas caía un 35%, la productividad horaria se incrementaba un 60% y la productividad según salario real aumentaba más de un 55% (Basualdo, 2003: 42-83). No es extraño entonces que el 20% más rico de la población -que en 1975 se apropiaba del 41% de la riqueza generada- pasara a concentrar en 1998 el 53% de los ingresos; paralelamente, el quintil más pobre -que antaño representaba el 7,2%- apenas percibía el 4,3%, en un marco en el que el 10% de la población de mayores recursos -que otrora concentraba el 24% del ingreso- ya acaparaba el 37% de dicha masa de recursos: todo ello explica que, a finales del Siglo XX, las cifras de la pobreza sextuplicaran los valores registrados en 1974 (3,2%) y duplicaran los niveles verificados en 1980 (Morina, Velázquez y Gómez Lende, 2004: 103). Si la pobreza creció un 31% entre 1998 y 2001, la indigencia hizo lo propio un 89%; en contrapartida, el Estado nacional drenó, entre 1991 y 2001, unos 52.332 millones de dólares hacia los grupos económicos vernáculos y el capital extranjero en concepto de privatizaciones, reducción de aportes patronales y transferencia de aportes jubilatorios hacia las AFJP’s (Basualdo, 2003: 42-83). He aquí, pues, las dos caras de la perversidad del proceso. Y conforme el endeudamiento privado crecía sin límite (504%)74, el peso de la deuda externa alcanzaba los 140.000 millones de dólares; la fuga de capitales resultante dio a luz a la peor crisis económica y social jamás desatada en la historia argentina.