En un país como Colombia hablar de impunidad pareciera ser la constante; se dice que esta es la regla y la justicia en cambio es la excepción. Y si no se tiene cómo pagar un abogado para demostrar la inocencia, la complejidad aumenta. Las instituciones al parecer son las que más impunidad generan. En 2004 surgió la ley 906 que buscaba mediante un sistema penal oral acusatorio agilizar trámites, pero la verdad es que la realidad de muchos crímenes no pueden medirse bajo esa norma.
Como bien lo refirió Ariel Ávila, exinvestigador de la fundación Nuevo Arco Iris para esta investigación, este tipo de sistema está funcionando muy bien para pequeños casos, los robos y casos menores, pero en los que se topan directamente con los derechos humanos y la vulnerabilidad de las víctimas de la guerra la cosa no parece estar funcionando.
Es cierto que frecuentemente desde la opinión pública atacamos porque la justicia toma medidas y también porque no lo hace. Sin embargo, la búsqueda por la celeridad podría estar sacrificando investigaciones más profundas, como también pasando por encima casos tan difíciles en materia de derechos humanos como los conocidos falsos positivos, amparados en nuestra jurisdicción como “homicidio en persona protegida”.
La respuesta a la conflictividad social que vive el país es en parte la paz anhelada que han buscado distintos gobiernos. No garantizar justicia es generar impunidad y se ha dicho ampliamente que esta última es generadora y partera de nuevas violencias.
Pero habría que ir más allá en esta materia. La impunidad considerada como la mera ausencia de castigo podría darnos luces sobre una sintomatología social mucho más compleja. Aparecen entonces cuestionamientos sobre por qué no hay justicia y quiénes estarían detrás de que ese tipo de procesos no avancen, se dilaten o no lleguen a ninguna concreción.
Luis Hernando Barreto Nieto, columnista en el portal Razón Pública,podría dar luces sobre una
realidad que va mucho más allá de cuestiones técnicas para el mejoramiento del aparato judicial, o de la inclusión de un mayor número de jueces para que sancionen. Es realmente un cuestionamiento por la base de la sociedad lo que debe interesarnos.
¿Qué hacer para que no haya más falsos positivos en Colombia? Barreto habla de voltear la mirada hacia la familia. Y esa es la solución que para los investigadores de esta tesis es viable, no como una mirada excluída, pero sí como un entramado que encuentra valor cuando se edifica. ¿Qué clase de valores y educación tiene un militar que asesina a mansalva a un civil en estado de indefensión?
¿Entienden los militares de derechos humanos, su proyecto de vida es tan pobre que no les importa cometer este tipo de hechos? Probablemente estas preguntas despierten sensibilidad en muchos sectores. Pero es importante hacerlas. Porque esas respuestas incómodas para la sociedad podrán hacer que por fin nos veamos al espejo, aceptemos los errores y no tratemos de cambiar el espejo.
La consecuencia del problema es generar justicia, que los casos cometidos no queden en la impunidad, pero el llamado real debería ser para que los falsos positivos no se vuelvan a presentar, uno, dos o tres. Ninguno. Sería bueno que el Estado viera las políticas públicas no como un conjunto de métodos para aplicar soberanía o poner paños de agua tibia a las crisis, sino como formas sólidas de unificar la sociedad. Hay que invertir en educación, no podemos permitir que la formación de nuestros ciudadanos se modere a través de la guerra, del lente de la sangre y la barbarie, y que ese sea el lenguaje por el que respondemos.
Y el señor Barreto define de forma clara este hecho: “la impunidad es el reflejo de que la ve- locidad con la que se generan conflictos es mayor que la velocidad con la que el Estado los atiende”.
Debemos entender la realidad colombiana como lo que es y no en la utopía de la justicia perfecta. Hoy ni siquiera hay suficientes cárceles para tantos criminales. Los problemas de hacinamiento llegan a tal punto que ya se han empezado a gestar proyectos donde se elimine la privación de libertad para delitos menores, por lo menos en centros de reclusión como los entendemos hoy en día.
Ese es un claro ejemplo de que la solución no es hacer más cárceles; la solución está en reinsertar estas personas a la sociedad con un proyecto de vida estable y digno. También debemos hacerlo con los posibles y latentes criminales, que en su gran mayoría son personas que han tenido condiciones de vida indignas, pobres, desconocedores del real valor de la vida del otro.
En términos sencillos, la búsqueda es por encontrar caminos hacia la reconciliación y convivencia de la sociedad. El Estado debe garantizar que haya espacios de diálogo entre sus ciudadanos, que se respeten, disminuir las barreras culturales, las barreras ideológicas, ese es el gran reto que ha enfrentado Colombia desde el principio de su proyecto democrático.
Pero el país lejos de intentar escuchar la divergencia, la ha aplastado. El ejemplo son las guerrillas, los grupos al margen de la ley, que claro, hoy ya han prescindido en gran parte de su ideología para convertir el aparato criminal en un negocio, pero la aceptación de quien piensa diferente y la tolerancia harían que este tipo de hechos no tuvieran cabida.
Amenazas y renuncia al proceso
Las madres de Soacha, quienes tienen sobre sus hombros los ojos del mundo, han sido amenazadas, vulneradas. Si ellas que son de alguna manera víctimas visibles para organizaciones de derechos humanos, para el propio Estado, son amedrantadas aún, cinco años después del suceso, para que desistan en su tarea por esclarecer la verdad ¿pueden imaginar qué sucede con personas que desde el anonimato y la invisibilidad de su proceder intentan denunciar?
Ese es un agravante para la impunidad, estamos ante una realidad difícil. Organizaciones como el CINEP y la fundación Nuevo Arco Iris, algunas de las más prestigiosas en esta materia, han visto cómo muchas víctimas no denuncian, prefieren dejar a sus hijos muertos con el nombre de guerrilleros encima a añadir un nuevo problema a la tragedia que viven.
La impunidad social como la definen algunos autores es un agravante para los falsos positivos. Si bien es cierto que hoy las denuncias entre el momento del escándalo y la actualidad bordean los 3000 casos, cifra no unificada, también es claro que muchos no han hecho su labor de encontrar sanción punitiva por miedo a enfrentar una retaliación del Estado. Las víctimas temen entrar en una discusión con la Nación. En términos coloquiales, “pelea de tigre con burro amarrado”. Los derechos humanos también tienen su propia definición de impunidad, y esta logra ser entendida allí incluso como la falta de acceso a la justicia, que en el caso colombiano es alta. Hoy ya no sabemos si hablamos de riesgo de impunidad o si podemos entrar propiamente a hablar de impunidad. Tal vez los hechos nos dejen en silencio contemplando la manera en la que la justicia no opera.
¿Fue la respuesta a la guerra o un paño de agua tibia?
Cuando el país enfrentaba una de las crisis más graves en materia del conflicto armado, cuando este se había agudizado, los colombianos vieron en la política de seguridad democrática que el entonces candidato Álvaro Uribe Vélez la solución que proponía la forma de enfrentar vía armada y casi que sangrientamente a los grupos irregulares.
Álvaro Uribe fundamentó su lucha aduciendo una forma de combatir el terrorismo, razón por la cual el gobierno de Estados Unidos apoyó económicamente ese enfrentamiento. La lucha codo a codo en la selva, la recuperación de territorio cedido a los terroristas y la protección de la población vulnerable hizo que Uribe y su política tuvieran gran acogida en el país.
Tal vez por eso algunos seguidores del mandatario no solo han negado los hechos de falsos positivos y los han catalogado como conductas aisladas, sino que además entre líneas podríamos leer una forma de justificar los asesinatos de civiles cometidos por miembros de la Fuerza Pública. En Colombia somos tan inconscientes de la realidad que nuestros comentarios, poco agudos por cierto, se limitan a decir “algo tenían que estar haciendo esos muchachos para que los mataran”. Nuestra solidaridad como colombianos no solo es indiferente sino mezquina.
En definiciones del Estado se habla del monopolio de la fuerza y el uso de esta para garantizar el dominio sobre sus ciudadanos, pero este fue en cambio ciertamente un abuso sin precedentes. La sociedad no repudió los hechos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. El gobierno de Uribe violentó de manera despreciable los derechos humanos para mostrarle al país que estaba acabando el enemigo, a tal punto que mancomunadamente con los paramilitares buscaron aumentar las cifras de muertos y supuestos caídos en combate.
Tomado de informe Soacha: La punta del iceberg. Falsos Positivos e Impunidad
Los más arriesgados asemejan la estrategia uribista para „ganar la guerra‟ con la „política‟ del
body count aplicada en la guerra de Vietnam, donde lo que importaba era sumar y sumar muertos,
sin importar lo que se tuviera que hacer. Noción que fue ilustrada por el columnista de opinión y documentalista Felipe Zuleta en el documental “las caras del horror”.
El decreto 1400 del 25 de mayo de 2006 y la directiva ministerial 029 de 2005 del ministerio de defensa pasarán a la historia como la forma más evidente para incentivar a matar y conseguir resultados del presidente Uribe. Aunque, claro, desde su posición cómoda puede decir que ellos pedían resultados, más no irregularidades. También es cierto que ponen en situaciones de estrés y presión a la tropa, en muchos casos, como lo hemos dicho anteriormente ajena a los reglamentos internacionales de regulación de conflictos.
Haya sido o no una directriz de Estado es claro que fue una grave equivocación y como lo han señalado organismos internacionales, una grave afrenta al derecho internacional humanitario. Soacha
Sobre el municipio incrustado en el sur de Bogotá mucho se ha dicho: que los criminales abundan, que los robos y homicidios son de los más altos del país, que hay expendios de drogas, apartamenteros, paramilitares, bacrim, que es tierra de nadie, ni siquiera del Estado que no ha logrado hacer frente a estas denuncias.
El punto clave está en que incluso las desapariciones y muertes de Soacha, no solo las de falsos positivos podrían venir de miembros de la fuerza pública, la policía e instituciones, eso que en Colombia es conocido macabramente como “limpieza social”.
En sus diferentes relatorías Las Naciones Unidas han sostenido que de acuerdo a sus pruebas y réplicas en diferentes partes del territorio se puede hablar de una conducta sistemática.
Si vamos nuevamente a la raíz del problema veríamos que en la mayoría de los reclutamientos de jóvenes, antes de ser asesinados, eran engañados con falsas promesas en principio, y sobretodo de trabajo, al encontrarse desempleados o con salarios bajos que poco sirven para sobrevivir o alcanzar un estatus social.
Engañar a un joven mientras se emborracha o se le droga es mucho más fácil cuando los valores son pocos. No queremos decir con esto que por su carencia de educación hayan aceptado ser asesinados, de ninguna manera, sino que eran mucho más vulnerables para ser parte de un registro oficial de la tropa.
Cuando eran reclutados, incluso algunos de ellos aún bajo sustancias alucinógenas, eran puestos a caminar para luego ser atravesados por una bala. Tan mal hacían su trabajo que en algunos casos los vestían con uniformes guerrilleros, después de haberlos matado, es decir, la vestimenta muy limpia permanecía sin agujeros. ¿Por dónde entró la bala? Ese tipo de preguntas como ¿por qué las botas eran nuevas y no tenían tierra? Hacen que pensemos que por más que haya sido una empresa criminal con todo previamente armado tampoco tenían suficiente maldad como para armar un montaje por lo menos creíble. Insistimos, no solo es esta una guerra de pobres contra pobres, sino de inocentes contra inocentes puestos en muchos casos contra la pared.
Desaparición Forzada
Antes de tener el nombre de “falsos positivos” estos ciudadanos eran parte de una práctica que desde todo punto de vista es reprochable y horrorosa. La desaparición forzada es una vulneración impresionante para cualquier familia. No conocer el paradero de su hijo, que puede ser cualquier N.N de los que diariamente se reciben en medicina legal de todo el país, personas sin documentos para que no haya posibilidad de investigarse el caso.
Cerca de 8 meses en algunos casos eran claramente una afrenta contra la tranquilidad de las familias.
El fuero militar existe en muchas democracias y más en las que tienen conflictos internos. Es una forma de permitir que los militares que arriesgan su vida por protegernos tengan garantías procesales de acuerdo a la lógica de la guerra. Es un resguardo por delitos cometidos en servicio. El problema en Colombia parece ser que han atribuido funciones judiciales a un órgano que pertenece al Ejecutivo: la Justicia Penal Militar depende directamente del ministerio de defensa; sí, los militares juzgándose ellos mismos. ¿Dónde está la independencia en la investigación del proceso y posterior sanción?
Ya la Corte Constitucional aceptó una demanda interpuesta por un grupo de personas, incluidas víctimas de falsos positivos, por vicios del proceso y por olvidar que solo en estos hechos atroces la impunidad ronda el 98%. Un militar juzgando a un par no es la forma más adecuada de propender porque la impunidad no siga.
¿La falta de garantías es para los militares acusados por asesinatos o para las víctimas? Los militares se mantienen en que los jueces de la justicia ordinaria no entienden cosas propias de su
oficio. La opinión pública podría preguntarse si es posible también que haya justicia especializada para periodistas, médicos, abogados, etc.
En el caso de los falsos positivos son tantas las especificaciones que probar un caso será más difícil que ahora. Casi que hay que poner a hablar al muerto para que explique cómo lo mataron. "El que matare a otro incurrirá en prisión de.." dice nuestra actual constitución; en esta reforma determinar y especificar el delito podría ser más engorroso:
“Ejecución extrajudicial”. El servidor público que con ocasión del ejercicio de sus funciones matare a una persona y puesto con este propósito después de haberla dominado en estado de absoluta indefensión, incurrirá en prisión de…”
Además, con esta adaptación al fuero los militares tendrían cómo soportar en sus pruebas, en algunos casos fabricadas, -como lo hemos comprobado en denuncias reiteradas de organizaciones- que quien mataron, ojo, era un blanco legítimo. Atribuirle esa potestad al combatiente es otra forma de legitimar sus equivocaciones o su despreocupación por matar. ¿Será que son algunos exagerados al creer que pretenden impunidad? ¿Tanto como para que la misma Corte Penal Internacional haya dicho que tiene puesta su mira en el fuero o para que el mismo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, diga que se trata de una pretensión de impunidad?
¿Nos están metiendo nuevamente un gol a los colombianos y como cosa rara no nos importa? MEMORIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
“Uno no puede ser periodista de un país que no conoce su pasado”: Alberto Donadío, Periodista.
La memoria colectiva puede ser entendida como “el conjunto de conocimientos, valores, reglas y patrones de comportamiento, que adquiridos mediante la interacción entre los miembros del colectivo y su entorno, son compartidos por el grupo con la finalidad de homogeneizar representaciones del pasado y mejorar el resultado de sus decisiones tomando ventajas de las regularidades producidas en el ámbito de su actividad”6
Freud y Bartlett por su parte plantean los hechos traumáticos como una afectación directa al proceso de memoria colectiva; esto hace que los procesos de olvido, distorsión y reconstrucción positiva del pasado puedan aparecer.
En nuestra investigación pudimos reconocer que gran parte de la sociedad colombiana tiende al olvido y se enmarca en una visión positiva del pasado. Alejandro Angulo, coordinador del Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP-, aseguró que “los colombianos no saben que
estamos en guerra, no piensan que estamos en guerra”. Y es alarmante que no haya una conciencia del dolor.
6
Trauma político y memoria ole ti a: F eud, Hal a hs y la psi ología políti a o te po á ea 1993 E lí ea , consultado marzo 14 de 2013, disponible en: http://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N6-1.pdf
La vida de los colombianos está realmente distorsionada, ¿cómo ser el país más feliz del mundo teniendo encima tantos muertos? ¿No tenemos memoria para afrontar nuestra Historia con más respeto y conciencia para no repetir los hechos que nos preceden?
Es más, los colombianos somos supremamente indolentes ante las realidades de las víctimas, a tal punto que muchos justifican los hechos con frases como “a nadie lo matan por ser bueno”. Ese tipo de creencia en un mundo justo7, como lo plantea reiteradamente Janoff Bulman, es una visión cuestionable donde todos tienen lo que merecen; cobra un valor simbólico indignante para quienes han visto cómo una guerra como la nuestra no merece ni repudio.
Es Halbwachs el que mejor dilucida en este sentido la importancia de la memoria en los medios de comunicación. Así lo vemos nosotros, quienes decididamente planteamos nuestra posición de incluir dentro de los espacios informativos un referente para que la sociedad no olvide. Para el autor, la memoria es una actividad social: “se recuerda lo que se procesa informalmente, lo que se conmemora institucionalmente y el recuerdo se apoya en los marcos de referencia dados socialmente”.8
Es decir, solo lo que es de conocimiento público, lo que se comenta como un día especial, la conmemoración de días festivos, las fechas de referencia para la Nación. Pero en este caso, donde son realidades que incomodan, esto no es divulgado por el Estado, por lo que vendría bien que los medios de comunicación contribuyeran significativamente en las experiencias sensibles de la sociedad.
No se puede reprimir un hecho como el de los falsos positivos. Hay que afrontarlos y buscar la manera de no encubrir y rescatar a las víctimas del olvido y en muchos casos de las amenazas. Maurice Halbwachs explicó la constitución de la memoria como una experiencia que luego es atravesada por “un conjunto de reflexiones, de forma que lo que entendemos por „marco de la
memoria‟ es, asimismo, una „cadena de ideas y juicios‟.9 Que desde los medios de comunicación podrían o deberían intentar ser más justos y cercanos a la realidad. ¿Cómo logrrlo? Con la investigación y la inclusión de todas las fuentes para dinamizar los procesos.
Hoy es noticia solo lo que representa novedad, pero desde cierto punto de vista es una negación para la memoria. La noticia también debería ser un marco para recontar, para mostrar otro punto de vista, para expresar los hechos más importantes del país desde un punto de vista crítico.