Understanding sex differences in autism

Sin negar la gravedad de la situación hoy afrontada por los pueblos indígenas colombianos, la Oficina debe señalar algunas actuaciones de los poderes públicos en favor de dichas comuni- dades. Algunas de ellas son:

La ampliación del Programa de defensores comunitarios de la Defensoría del Pueblo, encarga-

dos de velar por la protección de los derechos humanos en regiones donde es débil la presen- cia de las autoridades estatales.

La expedición de la circular No. 2064 del Ministerio de Defensa, del pasado 4 de marzo de

2003, en la cual se impar ten instrucciones a los comandos de la fuerza pública para garantizar la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas por par te de militares y policías.

La invitación hecha por el gobierno a todos los mecanismos de derechos humanos de las

Naciones Unidas para que visiten el país, for mulada por el Vicepresidente de la República ante la Comisión de Derechos Humanos el 17 de marzo de 2003*. Esta invitación abre la puer ta para una visita a Colombia del R elator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las liber tades fundamentales de los indígenas, durante la cual podría apreciar de cerca la grave crisis que hoy afrontan los miembros de las comunidades precolombinas en depar tamentos como Amazonas, Antioquia, Arauca, Caldas, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Guajira, Gua- viare, Magdalena, Putumayo, Risaralda, Tolima, Valle y Vaupés.

Las actividades desarrolladas por la Red de Solidaridad Social y por el Ministerio del Interior y

de Justicia para diseñar, en concertación con representantes de pueblos indígenas, directrices de atención a la población indígena desplazada.

* La visita del señor Staven- hagen al país se realizó en marzo de 2004.

CAMINOS DE ESPERANZA

El próximo año concluirá el Decenio inter nacional de las poblaciones indígenas del mundo (1994-2004), proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de for talecer la cooperación internacional para solucionar los problemas de esos pueblos en esferas tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud. La Oficina confía en que al concluir ese decenio la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario haya experimentado una sensible mejora para los miles de colombianos que descienden de los habitantes ancestrales del país. Para ello, desde luego, resulta imprescindible e impostergable que el Estado colombiano dé un cumplimiento más satisfactorio a los deberes de orden internacional y constitucional que le atañen con respecto a estas minorías étnicas.

Al felicitar a los directivos y miembros de la Aldhu por su trabajo en favor del respeto por los derechos y libertades de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana, la Oficina que dirijo hace votos porque sus observaciones, conclusiones y recomendaciones contribuyan a lograr una mejora significativa en la vida de los hombres, mujeres y niños que en las riberas del gran río sufren hoy los estragos de la violencia y el terror. La Oficina espera que el Estado colombiano, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, adopte las medidas nece- sarias para garantizar la supervivencia y el desarrollo de los grupos indígenas que pueblan la región amazónica.

7. Acción del Estado

Es necesario volver a ordenarnos, para no acabarnos entre colombianos. Debe convocarse al pueblo, para que se vaya haciendo la ley, eso no se hace entre pocos, se hace entre todos. Se debe hablar con los ancianos, en sus propios territorios, porque allá no llega la información de lo que se acuerda aquí.

El Estado está obligado a cumplir a cabalidad los compromisos adquiridos en el sistema internacional de naciones, en relación con la vigencia y garantía de los derechos huma- nos, el derecho internacional humanitario y la protección de los pueblos indígenas. Se advirtió que, pese a la adopción de múltiples normas y convenios internacionales y al reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas, éstos no gozan plena y efectiva- mente de estos derechos y, por el contrario, se han incrementado las graves violaciones e infracciones en su contra. Frente a este tema, se plantea que el Estado colombiano debe:

Superar su condición ausente, fragmentada, desarticulada e ineficiente para garanti-

zar los derechos humanos en la región amazónica.

Garantizar el monopolio de la fuerza en el territorio nacional, ejercer control más allá

del militar en las zonas de frontera y fijar los límites de su intervención en el marco del respeto a los derechos humanos de la población.

Dar salida (el Estado) no sólo a la crisis generada por la guerra sino también a la

Superar la incoherencia de sus acciones en relación con los pueblos indígenas, en particular entre entes como los ministerios del Interior, Defensa, Minas, Vivienda y Ambiente. Se debe exigir a los entes territoriales y a las autoridades públicas que reconozcan y garanticen el papel de las autoridades indígenas, tanto en la planifica- ción como en la ejecución de acciones que afectan la vida de los pueblos indígenas. Así mismo, articular sus planes de vida a los planes institucionales y de desarrollo territorial.

Respetar el principio de diferenciación entre combatientes y no combatientes que

consigna el DIH y requerir al Ministerio de Defensa para que, en el marco de la directiva permanente No. 300-21 de 1999 y de la circular No. 2064 del 4 de marzo de 2003, emanadas de esta cartera adopte medidas inmediatas que eviten daños o perjuicios contra la población no combatiente, frente al ingreso masivo de la fuerza pública a la región.

Aplicar la ley en lo relacionado con la exoneración del servicio militar obligatorio

para los indígenas.

Iniciar acciones contundentes para prevenir los daños causados por las minas

antipersonal y los artefactos explosivos sembrados en la Amazonia, e iniciar accio- nes de desactivación y desminado.

Disponer presencia eficaz de las entidades del gobierno encargadas de programas

sociales como la R ed de Solidaridad, y de la defensa de los derechos humanos como la Defensoría del Pueblo, para brindar especial atención y protección a la población de niños y niñas, así como también a los mayores y autoridades tradicionales.

Definir un tratamiento especial para la desmovilización y resocialización de los indí-

genas que retornan a sus comunidades, a través de una política pública especial.

Adoptar medidas especiales para la atención de indígenas que se encuentran reclui-

dos en centros penitenciarios.

Dotar de registro civil y documentos de identidad a los miembros de las comunida-

des indígenas.

Efectuar una protección efectiva a la diversidad e integridad cultural, a través de

etnoeducación y etnocultura. Se requiere que el Estado asuma el tema de la educa- ción indígena con el juicio, la cobertura y la especificidad que se requiere, dada su importancia para garantizar la pervivencia de los pueblos.

Emprender un trabajo sistemático, en particular educativo, con niños y jóvenes

indígenas, habida cuenta de los graves daños sicológicos que la guerra les ha oca- sionado .

Aplicar plenamente la ley en materia de atención en salud, conforme a las disposi-

Convocar las diferentes mesas de trabajo creadas por diversas normas, y que se refieren a asuntos étnicos, si bien se advirtió que las mesas de concertación globales diluyen las responsabilidades del Estado, no son funcionales a los pueblos, y a sus necesidades de participación y decisión.

Hacer efectiva la consulta previa para los proyectos legislativos, como los de juris-

dicción especial indígena y el de reservas forestales.

Al reconocer que la planta de la coca no se puede acabar, sino su mal uso a través

del narcotráfico, el Estado debe controlar el ingreso de los químicos, promover pro- gramas que atiendan a las particularidades de los indígenas, darle continuidad a los proyectos de sustitución que se adelantan en la región, y poner en práctica mecanis- mos diferentes a la fumigación para la erradicación de cultivos. El Estado debe res- petar los acuerdos con los pueblos indígenas. En el Putumayo, por ejemplo, se han desconocido algunos procesos asumidos por las comunidades, como fruto de la concertación. Es necesario el seguimiento y acompañamiento de la comunidad in- ternacional, como aporte a la paz, y a la protección de autoridades y líderes.