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un gran déficit en casi todos los campos, pero particularmente en áreas clave como la educación, la salud y la reducción de riesgos de diverso tipo de catástrofes.
a. Educar para transformar
La educación es una de las prioridades del gobierno. Así se declaró en el discurso inaugural del Presidente de la República, quien en esa oportunidad aseguró que “sin educación no hay progreso para las mayorías. Sin mayorías educadas no hay respaldo sólido para la democracia y el Estado de derecho” (Portillo, 2000: 12).
Esa premisa se ha ampliado en sucesivos discursos presidenciales, en los cuales se ha desarrollado la idea que la educación es el mejor remedio para superar la pobreza y la exclusión, porque la educación es un bien intangible que no se pierde, como puede ocurrir con el dinero o con los bienes materiales.
Quien tiene educación, tiene el instrumental básico para hacer frente a los retos que plantea la vida. Por eso, la mayor riqueza que puede y debe distribuir el Estado es la educación. En el Ejecutivo es profunda la convicción que todos los guatemaltecos tienen derecho a recibir la mejor educación, a ser competitivos, a poder desenvolverse en cualquier parte del mundo. De ahí que se considere clave que éste y los siguientes gobiernos inviertan más en este sector.
Esa inversión es necesaria porque sólo se puede impulsar el cambio en un país a partir de la transformación de la educación, porque ésta transforma a las personas, hace menos desiguales a los ciudadanos y a las ciudadanas.
El fruto de la educación debería ser una sociedad solidaria, respetuosa, tolerante, democrática y pacífica. Una sociedad más libre, porque la libertad sólo se puede tener cuando se tiene conocimiento, cuando se sabe, cuando se estudia, cuando se investiga, y cuando se informa.
En el ámbito educativo, la guía principal se encuentra en el Programa de Gobierno del Sector Educación 2000-2004, el cual define cinco políticas (equidad, interculturalidad, calidad/excelencia, democratización y sostenibilidad) avaladas por la Comisión Consultiva de la Reforma Educativa (CCRE) y que responden, además, a los compromisos asumidos
internacionalmente por el Estado de Guatemala. Esas políticas están orientadas a transformar el sistema dentro del marco de la Reforma Educativa.
Las acciones del programa se dirigen a: a) alfabetizar y posalfabetizar, en forma bilingüe, a la mayoría de guatemaltecos; b) fortalecer la tendencia hacia la universalización de la escuela primaria; c) generalizar la educación bilingüe e intercultural; d) transformar el curriculum para una educación con calidad, pertinente y relevante; e) actualizar, especializar y dignificar a los docentes; y f) descentralizar y desconcentrar la gestión educativa.
b. Derecho a la salud
En materia de salud y asistencia social, el gobierno toma el cumplimiento de los Acuerdos de Paz como columna vertebral de su quehacer, dando relevancia a la gratuidad de los servicios dentro del marco de la subsidiariedad, la solidaridad y la equidad.
Así, la Matriz de Política Social 2000-2004 y el Plan Nacional de Salud 2000-2004 contem- plan mejorar la salud de la población a través del aumento de la cobertura de los servicios con
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calidad, eficiencia, solidaridad, equidad de género y pertinencia sociocultural, en el marco de una transformación del sector, con especial atención a los grupos poblacionales más pobres y excluidos, dando prioridad a las mujeres, a los niños y a los pueblos indígenas.
El gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS),
orienta sus acciones hacia la conformación de un efectivo sistema integrado de servicios que brinde atención adecuada a las necesidades reales de salud de la población. Se impulsa con especial importancia el Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS), el cual se
encuentra institucionalizado en el marco de la reforma del sector, desarrollándose a través de la estrategia de extensión de cobertura por medio de convenios con organizaciones no gubernamentales, que atienden a una población específica y tradicionalmente marginada de los servicios de salud.
Por su parte, la Política de Desarrollo Social y Población establece objetivos en ma- teria de salud, específicamente relacionados con el Programa Nacional de Salud Reproductiva, proponiéndose fortalecer el acceso a los servicios de relacionados, informar y educar a la población en el tema, promover el uso de diversos métodos anticonceptivos para espaciar los embarazos, prevenir enfermedades por contagio sexual o abortos, así como la atención pre y posnatal.
De acuerdo con su integralidad, propicia la atención a bebés, niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres, en condiciones de igualdad.
c. Gestión del riesgo
A lo largo de su historia, Guatemala ha sido azotada por diversos fenómenos naturales y antropogénicos, convertidos en desastres debido a los altos índices de vulnerabilidad social e institucional, condiciones extremas de pobreza, poca preparación para el manejo de situaciones críticas y algunos otros factores que, acumulados, generan un alto grado de riesgo a la población e infraestructura en general.
La amplia gama de amenazas naturales (actividad volcánica, sísmica, inestabilidad de taludes, fenómenos hidro-meteorológicos) y antropogénicas (concentraciones multi- tudinarias, manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas, tráfico aéreo) que afectan al país y los altos niveles de vulnerabilidad existentes, principalmente de carácter social, son los causantes de que un alto número de eventos adversos e incidentes tengan efectos altamente perjudiciales para la población, fundamentalmente aquélla que vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema, así como que se afecten líneas vitales, infraestructura y actividades económicas relevantes.
Reconociendo esa realidad, el gobierno ha apoyado el desarrollo y consolidación del sistema nacional de gestión de riesgo, descentralizado y multisectorial, que fomenta la autogestión y participación comunitaria, el involucramiento institucional, gubernamental y no gubernamental, en busca de una eficiente disminución de los niveles del riesgo, monitoreando y estudiando las amenazas y reduciendo en todo sentido los diferentes tipos de vulnerabilidad.
De conformidad con el Marco Estratégico para la Reducción de la Vulnerabilidad y Desastres en Centroamérica (adoptado por la XX reunión de presidentes del istmo, realizada en Guatemala en octubre de 1999), la orientación del gobierno en este ámbito persigue elevar el nivel de seguridad de los asentamientos humanos y de la infraestructura
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vial, mejorar el manejo del territorio para reducir la vulnerabilidad a desastres, llevar a cabo planes de mitigación de desastres y hacerlos parte de acciones institucionales y sectoriales, así como concienciar a la población sobre su inclusión en la reducción de desastres para generar acciones concretas de mitigación comunal.
Las acciones realizadas en los últimos tres años por la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres (CONRED) han sido enfocadas a objetivos específicos en las zonas
de alto riesgo en el territorio nacional, tendentes a mejorar la respuesta en caso de desastres naturales. Así, se ha trabajado en la organización y capacitación comunitaria, elaboración de planes de emergencia, implementación de sistemas de alerta temprana por inundación, ejecución de pequeñas obras de mitigación, campañas de información y sensibilización nacionales, regionales y locales para la prevención.
En forma paralela a la CONRED, muchas instituciones estatales y sectoriales han estable-
cido procedimientos, normas y estrategias propias para afrontar los embates de los desastres naturales en su sector o campo de acción.