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nista de quienes lideraban las organizaciones sindicales. Las diferencias entre UPCN y los municipales de Rosario son importantes. Si bien comparten una misma tradición política, el peronismo, presentan diferencias en su historia política reciente: el primero no ha resistido las políticas de la década del noventa en Argentina mientras que el segundo sí. Además, el interlocutor del primero es el gobierno provincial, con el cual el sindicato que tiene una relación de diálogo organizando movilizaciones sólo para no quedar afuera del juego a sabiendas de que su participación eleva exponencialmente la con- tundencia de la acción colectiva mientras que el interlocutor del segundo es el gobierno municipal, encabezado por el socialismo.

UPCN y ATE

Desde 2002 UPCN, ATE y municipales, junto a otros agrupamientos, se encontraban aglutinados bajo la Intersindical, en la que coexistían diferentes culturas políticas, posturas y concepciones frente a las iniciativas estatales. Y, el gobierno de Carlos Reutemann finalizó su mandato otorgando un incremento salarial de 80$ debido a sus protestas.

Los reclamos de incremento salarial del gremialismo, hasta 2005, se guiaron por los aumentos decre- tados por Néstor Kirchner al sector privado. Así, UPCN, en 2004, exigió aumentos por 250$, lo que para los dirigentes gremiales equipararía los aumentos recibidos por los trabajadores del sector privado. En 2005 la pauta de aumento que siguió UPCN fue la obtenida por el sector docente provincial, cercana al 20%. Para Alberto Maguid la propuesta aceptada era “satisfactoria” y en el plenario realizado por UPCN la aceptación fue unánime, por parte de los 2000 delegados provinciales.

Durante 2006 la estrategia de UPCN y ATE se orientó hacia el blanqueo en el salario de los ítems no remunerativos, peticionando un blanqueo para la totalidad de los sueldos de los empleados de la administración pública. También se exigió la constitución de la instancia paritaria de negociación. De acuerdo con esto, las acciones tuvieron diversas direcciones. Tal vez la más relevante fue la aprobación en septiembre de 2005 la ley de “blanqueo salarial”, tal como se la conoce. Y, a fines de marzo de 2006 la política salarial del gobierno provincial asumió contornos más definidos15 _{incluyendo a policías, mé-}

dicos, jubilados y pensionados. Rodeado por los ministros de Gobierno, Roberto Rosúa; y de Coordina- 15. Los porcentajes de aumentos varían entre un 22 por ciento para agentes policiales y un 27 para los rangos más altos; la misma fór- mula se aplicará para los médicos, aunque en este caso varía entre el 22 y 36 por ciento; mientras que en el sector pasivo el incremento también rondará entre el 20 y 30 por ciento, según las categorías.

Política latinoamericana comparada

ción, Rubén Michlig; Obeid indicó que “conforme se producen los aumentos salariales en la docencia y la administración pública, hoy tiene su correlato en médicos, policías y el sector pasivo” (La Capital, 22/3/2006). En efecto, la política salarial impulsada se basó en la ley de blanqueo salarial aprobada en septiembre de 2005 y presentada por el diputado Alberto Maguid. Obeid insistió en la idea de que con el aumento otorgado “se salda la política salarial para el 2006, que significa una importante ero- gación por parte del gobierno provincial”16_{. Asimismo declaró que “es más del diez por ciento del total}

del presupuesto, solamente en aumentos, lo cual significa un esfuerzo muy grande. Es la contribución que se hace para lograr una recomposición salarial en todos los sectores”, abundó. Sumado a ello, a principios de marzo el Ejecutivo también llegó a un acuerdo con UPCN al elevar el piso salarial a 870$ y el traslado al salario de bolsillo de 120$ no remunerativos, de los cuales 50$ se incluyeron al básico con carácter bonificable.

Asimismo, Alberto Maguid presentó en Diputados un proyecto por el cual se propone incorporar a la instancia de negociación paritaria a la Asociación de Trabajadores del Estado, una organización gre- mial que rivaliza con UPCN. Maguid fundamentó el proyecto en el hecho de que “luego de 19 años de esta norma que otorga exclusividad al gremio mayoritario, queremos readaptarla a las nuevas épocas, realidades y desafíos de la organización sindical y de ahí la propuesta para dejar sin efecto la cláusula que sólo admite en las discusiones al sector con mayor cantidad de afiliados”. (La Capital, 7/6/2006) En este caso, en 2007, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley modificando el régimen de con- venciones colectivas para los gremios de administración pública provincial, la ley 10.052. Esto consistió en que la comisión paritaria se constituiría con representantes de la entidad sindical mayoritaria y también por un sector del gremio que le sigue en representatividad. Así, se estableció que la comisión paritaria será integrada por cuatro representantes del Estado y cuatro de los trabajadores designados por las distintas entidades con personería gremial, un 75% por el gremio mayoritario del sector y el restante 25% para la entidad que le siga en orden de representatividad dentro de los empleados. Cabe destacar que en 2006 las instancias de negociación paritaria a nivel nacional ya funcionaban aceita- damente, algo que en el orden provincial no sucedió hasta la llegada del Frente Progresista Cívico y Social.

Finalmente, en 2007 se destacó la aceptación de UPCN de la oferta del gobierno. Durante un plenario de delegados presidido por su titular, Alberto Maguid, se dio luz verde a la oferta salarial concertada con el gobierno con incrementos que oscilaron entre el 20 y el 35% -incluyó el blanqueo de ítems no remunerativos- según la antigüedad y el escalafonamiento de los agentes públicos, lo que llevaría el salario mínimo de bolsillo alrededor de 1.100 pesos. En cambio, ATE exigió un salario mínimo de 2800$ y el 82% móvil para jubilados y el pase a planta permanente de unos 7000 trabajadores en negro. En plena campaña electoral, el gobernador Jorge Obeid anunció el 15 de septiembre el pago a la to- talidad de los agentes estatales de una bonificación extraordinaria de 300$, a los jubilados 200$ y a los pensionados 150$. Esto involucró a los docentes de todos los niveles, incluyendo a los del sector privado. La condición para este cobro, según Obeid, era que no realicen medidas de fuerza. Frente a esto, Sonia Alesso, de AMSAFE, planteó que el reclamo de aumento del sector docente era legítimo y no oportunista, con lo cual consideraba que esta medida era un condicionamiento para sus reclamos. Sin embargo, en una asamblea los maestros deciden no ir al paro, aceptando así el pago por única vez 16. De 500 a 600 millones anuales.

del gobierno provincial. A diferencia de AMSAFE, UPCN y ATE recibieron este anuncio de satisfactoria- mente.