Los levantamientos indígenas de la segunda mitad del siglo XVIII fueron consecuencia de una serie de crisis sucesivas que comprometían la viabi- lidad misma del sistema colonial. A la presión excesiva sobre las econo- mías indígenas se sobreponían graves problemas de corrupción y abusos de diversas autoridades como los corregidores, el clero y los mismos caci- ques, que se beneficiaban a costa de las propiedades del Estado colonial y de las poblaciones nativas.
Es en este panorama que se produce el levantamiento de Túpac Amaru, curaca de Surimana, Pampamarca y Tungasuca, quien el 8 de noviembre de 1780 apresó en Tinta al corregidor Antonio de Arriaga. Aunque este era un desafío frontal a la autoridad colonial, no era un hecho aislado o excepcional. La antipatía que generaban los corregimientos, altamente impopulares en la misma España, convirtió a sus representantes en obje- tos de ataques de diverso tipo, incluyendo el linchamiento, del que se dieron numerosos casos en esos tiempos. Pero el acto de Túpac Amaru causó una verdadera conmoción en toda la región andina y, en general, en el Virreinato del Perú y el resto del continente.
La víctima de esta rebelión, Antonio de Arriaga, corregidor de Tinta desde 1778, había escrito a uno de sus colaboradores que “cuando los incendios no se apagan en sus principios, suelen sus llamas consumir lo más distante” (Glave 2000: 63, tomado de Stavig 1985: 456). Poco antes de su apresamiento y ejecución, Arriaga estaba involucrado en un con- flicto con el Obispo del Cusco, Juan Manuel Moscoso, por el manejo de los bienes de las parroquias rurales de la provincia y las rentas de la iglesia. El motivo de esta competencia eran las donaciones de los indígenas devo- tos en las parroquias, la fuente económica más importante de la región,20 un bien especialmente codiciado en la coyuntura del momento.21
20 Glave (2000) hace un recuento detallado del conflicto al interior del corregimiento de Tinta, con sus actores y eventos durante el año 1780, que precedieron a la ejecución del corregidor en noviembre de ese año.
21 Las donaciones o cofradías eran uno de los medios privilegiados por el cual las poblaciones indígenas lograron crear un referente de identidad, ya que gracias a ellas podían mediar con los poderes políticos y eclesiásticos. En esta organización, una comunidad se adscribía al culto de un santo representativo, al cual destinaba sus recursos, tanto los de la comunidad misma, incluyendo el trabajo organizado según sus antiguas formas de reciprocidad, como los particulares, entre ellos la propiedad de predios que se legaban a la cofradía para financiar obras pías (Glave 2000: 66-67). Las autoridades indígenas que asumían rotativamente el cargo de alférez de las fiestas alrededor del santo de la devoción comunal —y podían en
Tras una serie de disputas con el clero de su jurisdicción, Antonio de Arriaga había reestablecido el control del corregimiento, cuando José Gabriel Condorcanqui apareció en Tinta, a inicios de noviembre. El virrey Jáuregui había sido informado por Vicente de la Puente, cura de Copora- que (quien actuaba como agente del obispo del Cusco) sobre los abusos del corregidor. En respuesta, el virrey había decidido sancionarlo con orden de arresto a sus lugartenientes por los abusos cometidos en contra de la población india. Pero, para entonces, Arriaga ya había sido prendido en Yanaoca, llevado a Tungasuca, y tras varios intentos, ejecutado en la horca, como primera víctima del levantamiento (Glave 2000: 61).
Túpac Amaru era un descendiente del inca homónimo que fuera eje- cutado por el virrey Toledo en 1572, aunque entre sus ascendientes estaba una criolla, Francisca Torres. Educado en la escuela de caciques de San Francisco de Borja en el Cusco, bajo la enseñanza jesuita, se casó con Micaela Bastidas, de Pampamarca (jurisdicción de Yanaoca). Era también comerciante, propietario de unas 70 piaras de mulas —alrededor de 700 cabezas—, por lo que también lo afectaban las reformas borbónicas. Su formación, acorde con su elevada posición social, le instó a buscar una solución por vía legal a las condiciones que se imponían a la población indígena, en particular a la mita minera. De este modo, escribió nume- rosas cartas al virrey e incluso visitó Lima hacia 1777. Por entonces el visitador José Antonio de Areche había llegado a la capital, investido de una autoridad mayor que la del virrey, al cual sustituyó para imponer el
una misma fiesta ser varios, distribuidos por días de fiesta o por una especia- lización de sus obligaciones— corrían con los onerosos gastos de tales eventos, incluyendo la “limosna” para la iglesia. Con el crecimiento de la población y por ende del número de cofradías, tal limosna se convirtió en una fuente de ingresos de creciente importancia para la institución eclesiástica.
Además, la iglesia arrendaba terrenos de sus estancias que, acrecentadas por las donaciones hechas por caciques indígenas devotos, alcanzaron extensiones con- siderables, que incluían en esta región un número correspondiente de cabezas de ganado y de arrendatarios indígenas. En la provincia de Tinta, los arrendatarios de estas estancias eran ayllus locales que hacía siglos se habían manejado como pueblos pastores, y sus linajes dominantes eran una jerarquía local con derechos adquiridos largo tiempo atrás e igualmente propietarios de sus territorios. Apro- vechando el sistema de trabajo comunal rotativo indígena, lograron hacer de estas extensiones la fuente de ingresos más importante de la iglesia del siglo XVIII, con- virtiendo a las autoridades del clero local en auténticos hacendados, que recibían ingresos como propietarios de estancias y como representantes de la iglesia. Los corregidores, ante ello, intentaron por decreto limitar e incluso prohibir algunas de estas fuentes de ingreso, como el número de alferados o el trabajo en las estan- cias propiedad de la iglesia, buscando aprovechar en cambio, mediante diversos pretextos y de modo coercitivo, los recursos nativos. Por su lado, las poblaciones indígenas, bajo pactos diversos de sus caciques con los poderes de turno y por diversas razones de conveniencia, se pusieron de uno u otro bando.
orden y acabar con las corruptelas —y de paso, con las prerrogativas— de los funcionarios, tanto de criollos como de caciques indígenas, para asegurar que el nuevo orden diera el resultado esperado por España; esto es, el aumento de ingreso fiscal y la pacificación de las Colonias. Conven- cido de que esta nueva administración no escucharía sus reclamos, Túpac Amaru volvió al Cusco, donde estaban cundiendo protestas y rebeliones locales como las ya mencionadas. Con el levantamiento, su postura pasó de proponer una solución legal negociada a exigir la reforma del sistema colonial y el fin del abusivo sistema de tributación y de las instituciones ejecutoras de tales medidas, como el corregimiento.
Luego de la ejecución de Arriaga, Túpac Amaru permaneció ubicado en Yanaoca como base de la célula rebelde, y recorrió repetidas veces el corregimiento de Tinta, pasando por Pichigua, Coporaque, Langui, Layo, Checa y Quehue para integrar a los indígenas a su rebelión y aprovisionar sus tropas.22 Partiendo de este espacio, Túpac Amaru triunfa con grandes contingentes en Quiquijana, y vence a las tropas contrarias en Sanga- rará. Recibió el apoyo de sectores de población nativa, pero una respuesta ambigua o incluso antagónica de los funcionarios indígenas, algunos de ellos de la misma provincia de Tinta, que optaron por el bando realista, preocupados por las dimensiones que la rebelión había alcanzado, con- traviniendo cualquier posible lealtad de orden étnico (Glave 1992: 155). Caciques de regiones como valle sagrado o de Chinchero, como Mateo Pumacahua, alegaban que Túpac Amaru no tenía derechos dinásticos como descendiente de incas y encabezaron el ataque realista contra las tropas rebeldes. Los documentos mencionan a Quehue, entonces estan- cia del Monasterio de Carmelitas, que contaba con más de 15,000 ovejas, como uno de los sitios especialmente afectados por esta circunstancia (CDIP 1971, tomo 2, vol. 2: 387). El mayordomo de esta estancia atestiguó contra uno de los primos de Túpac Amaru, de apellido Noguera, quien había sido capturado y en consecuencia ejecutado, por lo que las tropas rebeldes intentaron tomar represalias contra este funcionario y la estan- cia (CDIP 1971, tomo 2, vol. 2: 403-404).
22 Ver La Rebelión de Túpac Amaru, volumen 2-La Rebelión, de la Colección Docu-
mental de la Independencia del Perú (CDIP), que reproduce documentos oficiales y cartas de los implicados en el levantamiento, con los que puede reconstruirse el desarrollo y espacio donde se produce la rebelión. Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1971, tomo 2.
Túpac Amaru opto por no tomar la ciudad del Cusco a pesar de que la situación estaba a su favor, aun cuando esta alternativa le había sido sugerida, y prefirió ampliar su presencia en otras provincias como Lampa y Azángaro. Por el lado de la población rural, los indígenas habían demos- trado en su accionar que así como no querían la dominación española ni del sistema colonial, incluida la Iglesia, tampoco estaban dispuestos a admitir la dominación de criollos ni mestizos, en consecuencia estos sec- tores optaron por no apoyarla, temerosos de que los indios extendieran su represión hacia ellos. Valiéndose de la delación y traición de algunos de sus allegados, los vecinos criollos del corregimiento de Tinta, orga- nizados militarmente, lograron capturar a Túpac Amaru en Langui. El proceso y ejecución del líder y de su familia fueron de una espectacular crueldad, y partes de los cuerpos de los líderes rebeldes fueron repartidos por diferentes focos rebeldes, entre ellos la jurisdicción de Tinta, en sitios como Tinta, Tungasuca, Surimana, Coporaque, Yauri o Pampamarca (CDIP 1971, tomo 2, vol. 2: 776-777). Tal exhibición, de propósito ejemplari- zante, terminó convirtiendo esta derrota en un emblema de la resistencia de la población nativa y su capacidad de sacrificio.
El ejemplo de esta rebelión fue seguido en buena parte de la colonia sudamericana, entre diversos estratos de la sociedad colonial, todas las cuales fueron vencidas. Tras dos años de lucha, la derrota de todos los focos subversivos se había saldado con alrededor de 100 mil muertos, cifra más ominosa si se tiene en cuenta que para entonces la población nativa tenía alrededor de un millón 200 mil personas.
Areche retiró diversas potestades a los caciques, como el cobro de tri- butos, que pasó a ser potestad de alcaldes o gobernadores, y se vigilaron igualmente la cantidad de tierras y de servicios a los que pudieran tener acceso. Bajo esta presión, la concentración de propiedades pasó paulati- namente de los antiguos caciques a nuevos propietarios foráneos y a un sector de población rural que por diversos medios empezó a enriquecerse y a monopolizar el poder al interior de las comunidades de indios, ante- cedentes del nuevo estrato misti que se hizo del poder regional tras la caída de la Colonia. “Solo se dejaba un último resquicio para los caciques de sangre, que prácticamente se extinguían, quedando además vulnera- bles a cualquier denuncia que pusiera en tela de juicio la legitimidad de su ascendencia” (Glave 2000: 79).
También se establecieron medidas represivas contra cualquier expre- sión de la identidad indígena, sobre todo si en ella había alguna reivindi- cación del Tawantinsuyu. Se prohibió de este modo toda representación de los Incas, cualquier uso de vestimenta nativa y la expresión de la lengua propia, amén de la renovada persecución a cualquier práctica ritual ajena a la doctrina cristiana. La colonia fue reorganizada administrativamente, quedando como único saldo positivo de esta historia la desaparición de los corregimientos y su sustitución por un más eficiente sistema de intenden- cias y partidos —el corregimiento de Tinta pasó ser denominado Partido de Tinta— que logró conjurar con éxito las siguientes rebeliones, al menos hasta tiempos del virrey Abascal, que terminó su mandato en 1818.
En este tiempo estalló el último evento de importancia donde los caci- ques tuvieron un rol decisivo: el levantamiento de 1814 en Cusco, liderado por Mateo Pumacahua, quien al igual que muchos de sus allegados en esta aventura había sido un notorio realista en contra de Túpac Amaru, y que ahora encontraba sus prerrogativas recortadas. Contaron además con un apoyo decidido de la población rural, cada vez más arrinconada a sus propias comunidades locales, y bajo una proclama de corte deci- didamente incaísta, con una participación masiva, en este caso sí, de la provincia de Tinta (Glave 1992: 177). Tras triunfos iniciales sobre las tropas realistas en Livitaca y en Checa, hubo un enfrentamiento final que terminó con la derrota rebelde en abril de 1815, justamente en las pampas de Toqto, conocido entonces y ahora como uno de los sitos donde se rea- lizan combates rituales entre pobladores de las provincias de Canas y Chumbivilcas.
La campaña de Areche, que hoy podría calificarse de etnocidio cul- tural, tuvo efectos sobre todo en la vestimenta, que adoptó la moda del siglo XVIII español, y en el hermetismo en el que la población indígena mantuvo su memoria del pasado y sus señas de identidad. Pero fracasó en diversos niveles, y no solo porque las poblaciones hicieron suyas muchas de estas expresiones culturales impuestas, interpretándolas bajo su propia vivencia cultural. La memoria de Túpac Amaru se mantuvo en la memoria de las poblaciones indígenas como símbolo de la lucha por su autonomía durante tiempos republicanos; posteriormente los levanta- mientos campesinos de las décadas de 1920 y 1960 y el movimiento indi- genista concentrado en la ciudad del Cusco lo elevarían a la categoría de mito. Este ascenso en la memoria popular llegó a su consumación con el
Gobierno de las Fuerzas Armadas del periodo 1968-1975, que lo proclamó oficialmente como prócer de la Independencia, y que se valió de su figura para promover una Reforma Agraria que tendrá efectos muy profundos en esta región, que lo había mantenido fielmente en su memoria.
Pero mucho antes que este proceso de lugar, los descendientes de los kana, kanchi y chumbivilcas pasaron alrededor de 150 años de vida repu- blicana sometidos a un régimen de hacienda, lo que redujo su capacidad de reproducción al nivel de lo humanamente posible, carentes de dere- chos y beneficios, situación en la cual se mantuvieron como grupo social y como cultura.