Las organizaciones político-militares se definen —como ya lo hemos planteado— por el recurso de la lucha armada. Éste es un punto de partida fundamental, porque desde el momento en que se ingresa a cualquiera de los niveles de participación (militante, combatiente o trabajo amplio) se adquiere una condición que está dada y que se soporta en la estructura organizativa, y por supuesto en los medios de acción, que, aunque se transforman, se cuestionan y se justifican de una manera u otra, siguen utilizándose y se les sigue asignando una razón de ser y de excusa.
La violencia ejercida por las organizaciones político-militares se enmarca en la estrategia de guerra de guerrillas, la cual, de acuerdo con los analistas, se desarrolló desde tiempos antiguos y adquirió relevancia después de la segunda mitad del siglo
XX, por estar relacionada con los movimientos de liberación nacional que surgieron en diferentes lugares del mundo, y especialmente en África e Iberoamérica entre 1950 y 1960. El concepto de guerrilla se utilizó por primera vez para definir las actividades de resistencia de los partisanos armados españoles que hostigaron al ejército francés de ocupación durante la guerra de independencia de 1804 a 1814. Se usa para describir los combates de tipo militar no regular que han acompañado las actividades de los partisanos en guerras civiles, guerras revolucionarias y en la resistencia popular a la invasión y ocupación extranjera.
La guerra de guerrillas se ha considerado la estrategia de lucha de los actores en algunos conflictos armados, y su surgimiento está asociado a sectores sociales empobrecidos y sometidos a variadas formas de discriminación, exclusión, opresión y represión por parte del régimen contra el cual se alzan en armas. De acuerdo con Giraldo (2003), el objetivo de la guerra de guerrillas es desactivar, destruir o entrabar el funcionamiento del modelo de sociedad vigente porque las guerrillas lo consideran inaceptable. De allí que el ataque a partes fundamentales del funcionamiento económico o político del modelo social que se repudia sea un elemento relacionado con la eficacia específica de este tipo de guerra.
De acuerdo con las anteriores características, para desarrollar y obtener recursos para esa “forma de lucha” es imprescindible recurrir a medios delictivos —según los parámetros de la moral y el derecho público—, como la extorsión, el secuestro, el asalto o el robo, entre otros, para financiar las acciones que contribuirán a desactivar, destruir o impedir el funcionamiento del modelo de sociedad que se rechaza. En este sentido, los actos delictivos aparecerán como necesarios para poder desarrollar las estrategias en contra de un sistema social: “el fin justifica los medios”. Desde esta perspectiva, se le otorga primacía a la eficacia, porque se trata de una “guerra justa”. Los documentos de la organización así lo sustentan cuando trazan el perfil de grandes injusticias estructurales que afectan la vida y la dignidad elementales de grandes sectores de colombianos, y aseguran que caminos distintos a la vía violenta y armada, para erradicar esas injusticias, han sido bloqueados.
Es a partir de las concepciones anteriormente descritas que hombres y mujeres construyen sentido sobre los medios de acción violenta. Construcción que, por supuesto, no es homogénea, y va a estar atravesada por aspectos como las experiencias, la generación o el ámbito de actuación (rural o urbano). Pese a ello, tanto hombres como mujeres entrevistados coinciden en afirmar que las acciones violentas que han realizado —de cualquier tipo—, sea dirigidas a destruir o entrabar el funcionamiento de la sociedad vigente (tomas de poblaciones, voladuras de oleoductos) o a obtener recursos (mediante actos delincuenciales), son legítimas en un contexto social, político y económico como el colombiano.
Los medios de acción violenta, tanto para hombres como para mujeres, tienen una razón de ser, no en sí mismos —porque lo que les otorga sentido no es el deseo irracional de causar daños, sean éstos a personas o a cosas—, sino porque la violencia !según los militantes! se efectúa porque a través de ésta se busca desestabilizar al sistema existente y además “defenderse” de las agresiones de los agentes del Estado y “defender” los logros del proyecto político que se agencia. En este orden de ideas, el ejercicio violento ha sido un medio para resistir a un Estado opresor y a su vez para desestabilizarlo, pero también para defenderse de sus ataques.
La violencia, para los hombres y las mujeres militantes urbanos, adquiere una justificación intelectual que se materializa en una parte de la estructura organizativa a manera de ejército. “Los ejércitos del pueblo se conforman para defender al pueblo de las agresiones del Estado y del régimen político”. De acuerdo con las expresiones de los militantes, la violencia ejercida por la organización no es bajo ninguna circunstancia comparable con la ejercida por el Estado y la política institucional. De esta manera, también se ha construido “legitimidad” para el desarrollo de la violencia.
Tanto para los hombres como para las mujeres rurales, la violencia es una forma de defensa frente a enemigos comunes: “la plaga”167 y los ricos. Los primeros los atacan y buscan destruirlos; los segundos les han negado toda posibilidad de derechos. Por tanto, ellos no “optaron” por la lucha armada: se defienden y atacan al enemigo antes de que éste acabe con ellos y ellas.
La acción violenta se justifica y legitima como medio de acción y como forma de defensa frente a un Estado que no permite la participación política a través de vías diferentes a la institucional. Sin embargo, también manifiestan que han cometido errores en la utilización de la violencia como medio de acción. En ocasiones ha primado el medio en sí mismo, frente al fin y al proyecto ético político de la organización. Es en ese reconocimiento que los militantes construyen !de acuerdo con su punto de vista! otro valor del actor colectivo insurgente y de los individuos que lo conforman: la capacidad de reconocer sus errores, lo cual les ha permitido replantear sus medios de acción violenta.
La construcción de sentido sobre la acción violenta no puede asumirse de manera unificada; es indispensable establecer diferencias entre los actos delincuenciales que llevan a cabo estos actores y las acciones violentas que implican reivindicaciones y demandas con relación a una causa. Tanto los unos como los otros tienen justificación en el discurso. Los actos delincuenciales son los que les permiten obtener recursos para mantener la organización, ya que sin recursos ninguna organización es viable. Por tanto, los secuestros se excusan bajo la premisa de la necesidad de financiar una guerra que ha sido producida por una clase oligárquica que debe pagar por ella; las retenciones (secuestros) son una manera de que esta clase aporte para la financiación del cambio social. En este sentido, hombres y mujeres no consideran este delito atroz como delito ni como vulneración de derechos humanos. Para ellos, es una forma de financiar una guerra justa.
167 De esta manera nombran al ejército nacional. Hay una deshumanización de los contendores más frecuentes: soldados y policías.
Con relación a las acciones violentas que se llevan a cabo para demandar reconocimiento o para desestabilizar a la sociedad existente, éstas son asumidas como legítimas tanto por hombres como por mujeres. Sin embargo, actualmente existe una visión generalizada sobre la ineficiencia e ineficacia de este tipo de acciones. No niegan que en una etapa de la organización fueron importantes y contribuyeron para que ellos fueran reconocidos como actores políticos. Actualmente, es evidente que este tipo de acción debe modificarse, fundamentalmente porque los sectores por los que actúa la organización no se sienten reconocidos en ellas. Pese a estas construcciones de sentido, hay una profunda ambivalencia entre la justificación a la acción violenta y a los actos delincuenciales para obtener recursos. Sin embargo, es evidente que dicha acción se activa con relación al contexto, es decir no subyace a las mentes individuales, se activa en las construcciones colectivas que se hacen con relación al contexto en el que se desarrolla la acción y es también con relación a dicho contexto que esta se desactiva. Actualmente la acción violenta no es eficaz ni eficiente para el logro del cambio social, para que esto ocurra han influido diferentes factores que están relacionadas con condiciones nacionales y procesos internos de la organización político militar.
Con relación al ámbito nacional, los mismos actores expresan que los medios de acción violenta los han llevado a deslegitimarse. Cada vez hay mayor rechazo a dichas acciones por quienes supuestamente están representados por estos grupos (sectores populares y desfavorecidos), por tanto actualmente la acción armada se ha desplazado a la confrontación con las Fuerzas Armadas.
En la organización ha existido un continuo replanteamiento y cuestionamiento a la acción armada, de esta manera si bien surgen como una organización que privilegia la acción armada, posteriormente le dan mayor énfasis a la acción política, lo cual esta en estrecha relación con el proceso de transformación de esta organización. Pese a los argumentos expuestos también es necesario plantear que la acción de los grupos paramilitares también ha contribuido a desactivar la violencia insurgente, dando paso a otro tipo de violencia.
Capítulo 7