Como señala Iglesias, las sociedades democráticas del siglo XX, a partir del otorgamiento del sufragio universal, plantean una relación ineludible con lo político, y así deja de existir un momento exclusivo para dicha politización (Iglesias, 2009).
En este sentido, la acción colectiva y las diversas formas en que la misma se expresa constituyen uno de los modos más significativos en que lo social logra politizarse.
Partimos de una perspectiva teórica que entiende que lo político se vincula con diversas formas y que, en lo social, se expresa de forma conflictiva. La conflictividad y las diversas formas en que se politiza lo social constituyen una regularidad en las sociedades democráticas; efectivamente, lo político, en un contexto de democracia, incorpora lo social como una dimensión ineludible para su examen. De acuerdo a esto, partimos de una concepción teórica que coloca en el centro de lo político a la cuestión del conflicto. Teniendo en cuenta esta forma de entender lo político, consideramos que el estudio de la “protesta” resulta ser una forma acabada para captar de qué modo las sociedades se organizan, siendo lo político una forma en que lo social se expresa en una dimensión conflictiva.
Peronismo, socialismo, anarquismo, comunismo, feminismo fueron dando identidad a las organizaciones de lucha y resistencia a lo largo de la historia argentina que expresaron el conflicto social existente. El campo de acción de los nacientes movimientos fue, en primera instancia, un espacio de política no institucional, que inicialmente se asumió como
un territorio defensivo frente a los partidos políticos, ya que sus intereses podían desmovilizar y desorganizar el movimiento. El grupo de actores se aglutinaba a partir de un solo tema, dejando espacio para una amplia diversidad de legitimaciones y creencias entre sus miembros, pero enfatizando sus principios como no negociables, como asegura Claus Offe (1992).
Históricamente, grandes transformaciones institucionales fueron consecuencia de acciones colectivas. Para entender esto, debemos tener en cuenta que las protestas siempre se efectúa como interacción de personas y grupos; operando dentro de las instituciones y prácticas existentes, los participantes aprenden, construyen historia; cada acción es constructora de un relato que dirige y transforma usos subsecuentes de acciones. Algunas investigaciones explican a la acción colectiva como la respuesta a una crisis, mientras otros señalan que puede ser consecuencia de una expresión de conflicto de grupos. De esta manera, vemos que las formas de participación que se multiplicaron en la última década responden al creciente “déficit representativo” (Lesgart y Souroujon, 2008), en muchos casos, con posturas tendientes a despolitizar a los sectores vulnerables.
Antes de los años ochenta, el piquete no era una acción a partir de la cual podía constituirse una identidad política; pero con posterioridad, durante los noventa, su accionar simbolizó un espacio generador de identidad política para aquellos ciudadanos que habían perdido su trabajo en un contexto signado por el desempleo masivo. Los análisis sobre acción colectiva orientados a examinar los “piqueteros” se pueden sintetizar en tres posiciones: por un lado, la perspectiva que aplica el enfoque de la movilización de recursos; por otro lado, la perspectiva de los movimientos sociales; y por último, la perspectiva de la integración social.
Así, como señala Mabel Bellucci, la argentina transitó una larga historia de procesos de violencia institucional. Meses antes de 1976, la desaparición forzada de personas se convirtió en la modalidad vertebral de la represión ejercida por el poder, pero sólo un discreto porcentaje de la sociedad civil en general se vio alertado por estos sucesos; en Argentina, fueron especialmente mujeres. Esto provocó la expulsión de contingentes de mujeres de lo privado a lo público, y fue así como muchas de ellas cumplieron una función reparadora en las heridas que el terror generaba. Dentro de las distintas expresiones que luchaban por la justicia, se encuentran las Madres de Plaza de Mayo, quienes emergieron
por una gran tragedia, lo cual, a su vez, originó un acontecimiento político que atravesaría las fronteras, convirtiendo a las Madres en un emblema de resistencia en el mundo. Encarnaron por largo tiempo la ausencia del Estado como ley y reinventaron el concepto de resistencia; las Madres, desde su condición de mujeres y de madres, enfrentaron el terrorismo de Estado porque la segunda condición, especialmente, les daba la función de cuidar la vida; es a partir de esta definición que se politizan y así se produce un pasaje de madres biológicas a políticas.
En pocos años, el Movimiento de Madres se transformó en un símbolo de justicia, aunque la identidad del movimiento fue configurada en torno al rol tradicional que históricamente el patriarcado le otorgó a la mujer.
Durante la década del noventa, en Argentina, como hemos señalado en apartados anteriores, se han constituido nuevos actores sociales y políticos, cuya lucha ha derivado en la formación de organizaciones permanentes y regulares que han sido denominadas “piqueteras”. El piquete, como medida de fuerza, no resulta ser una medida nada novedosa, ya que fue utilizada por chacareros en la década del veinte (Giarraca y Gras, 2001) así como por el movimiento obrero (Lobato y Suriano, 2003). Fue en esta década, señala Javier Auyero, que las nuevas formas de beligerancia popular transformaron al país en un paisaje de insurgencia colectiva.
Es hacia finales de los años noventa cuando el piquete se vuelve la forma de visibilizar la protesta de las trabajadoras y los trabajadores desocupados sin posibilidad en el mercado laboral. Como señala Marina Farinetti, es en ésta década que el conflicto se desplaza del área industrial al sector público: aumentan los cortes de ruta, disminuyen las huelgas y los reclamos por aumento de salarios, y así se van generando nuevas redes sociales (Farinetti, 1999).
Las teorizaciones de la perspectiva de los movimientos sociales resulta relevantes, ya que los fundamentos teóricos de Melucci y Touraine, por parte de la perspectiva de los movimientos sociales, y el de Castel, para la perspectiva de la integración social son apoyaturas teóricas que constituyen un tipo de análisis que politiza lo social; postulando que existe una primacía de lo político, elemento que interactúa con la construcción identitaria y que, como resultado de esta interacción, muchas veces, la acción colectiva termina formando organizaciones. De modo que, en términos generales, el aspecto positivo
de las teorizaciones sobre la democracia reside en que plantean que lo político no se halla desacoplado de lo social, lo cual permite comprender que entre estos ámbitos existe una relación de mutua incidencia.
Es parte esencial de algunos movimientos sociales el intento por reconstruir una identidad que se ve amenazada frente a los procesos de pauperización y fuerte individuación que se dan como consecuencia de las políticas neoliberales. Siguiendo a Laclau, en este sentido, puede afirmarse que muchas de las protestas surgen en el contexto de formación “de nuevas demandas insatisfechas”, todas ellas vinculadas con la precarización de las relaciones laborales (Laclau, 2005). De esta forma, en sus inicios, la irrupción de los primeros cortes de ruta en reclamo por trabajo aparece como una tímida conformación de una nueva subjetividad construida al calor de la lucha; así, a partir de un todo, la precarización del empleo y las necesidades básicas insatisfechas, se produce el paso de la petición al reclamo, en el contexto de una frontera interna que se constituyó en nuestro país en los años noventa, aunque sus orígenes se remontan a mediados de los años setenta, a partir de las manipuladas transformaciones del mercado laboral.
Hay mucho más, nuevamente en clave laclausiana, que una suma de lazos equivalenciales: los relatos, los actores y las prácticas que surgen en la Argentina posterior a 2001 representan la expansión, en cierta medida, de la lógica de la equivalencia en detrimento de la lógica de la diferencia (Laclau, 2005).
Por otro lado, desde las diferentes organizaciones populares, se construye la identidad en torno de la idea de dignidad; la lucha es lucha por un trabajo digno, por el derecho de los hijos a alimentarse y educarse, por el derecho a la vivienda y el acceso al sistema de salud, no es lo mismo que ser un desocupado o un changarín. Así se va constituyendo un lazo que se fundamenta a partir de esa idea de dignidad; en cierta medida, podemos afirmar que es uno de los significantes que condensa esta nueva identidad popular que se constituye.
Entender que la identidad y la construcción de una nueva subjetividad juegan un rol constitutivo en la acción social es importante para comprender un fenómeno característico de algunos movimientos sociales como es la dimensión prefigurativa en las prácticas y relaciones sociales. Estas prácticas, en algunos actores, están vinculadas a su estructura organizativa, ya que, retomando a Melucci, la forma en que se organizan los movimientos
sociales no es sólo instrumental respecto de sus objetivos, sino que se convierte en un objetivo en sí misma, su forma es un desafío simbólico importante a los patrones dominantes. El movimiento como nuevo medio es el mensaje, practican en el presente el cambio por el cual luchan, y de esta forma, redefinen el significado de la acción social para el conjunto de la sociedad (Mellucci, 1999).
La forma organizativa que construyen los movimientos sociales intenta poner en tensión la democracia de base y la eficacia, a la vez que no intenta repetir modelos sino que busca ir creando nuevas formas capaces de contener ambos principios. Esto se realiza teniendo en cuenta que la organización desde las bases es considerada un principio estratégico que se combina con áreas de trabajo ejecutivas, espacios de discusión y acción, sectores y regionales, en donde se da una articulación multisectorial. También sostienen como principio la autonomía necesaria para fijar su política, priorizan reafirmarse en eso, ya que lo ven como un valor estratégico. Sin embargo, la búsqueda de espacios, de unidad, de proyección política junto a otros sectores, organizaciones o movimientos es indispensable, porque la autonomía no implica el aislamiento, encerrarse en los límites que define la asamblea, y pensar que ahí se está definiendo un territorio libre.
Los movimientos intentan proyectarse junto a todos los demás agrupamientos que surgieron en esta etapa de recomposición en nuestro país; así, la constitución de los piqueteros es fruto de un proceso de resistencia y lucha iniciado en la década del ochenta en la Argentina, producto, a su vez, de las transformaciones socioeconómicas operadas desde el inicio de la última dictadura militar, y profundizadas durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem; cuyas principales víctimas fueron los sectores populares. En este sentido, sus demandas forman parte de la cadena equivalencial que conformaron las reclamos del resto de los actores inscriptos en el escenario de diciembre del 2001 (Iglesias, 2009)
Ollas y piquetes populares se apropiaron del espacio público, y agilizaron la salida del gobierno de la Alianza; en este marco se destaca el protagonismo femenino en el corte, en la realización de las comidas para todos, en las acciones que fueron transformando el rol de las mujeres de los sectores populares, muchas jefas de hogar y otras, acompañando a su parejas en la lucha. Así, en algunos años, la cuestión de género sería materia en todas las nuevas expresiones del espacio público que se fueron gestando en el país; esto se produjo de la mano de una clara feminización de la pobreza que aumentó en los años noventa, ellas
lograron feminizar la protesta. En contraste, en un ritmo acompasado por su doble condición de trabajadoras/militantes, las mujeres de las OS feministas fueron acumulando un mayor conocimiento de la teoría y la práctica del feminismo, establecieron vínculos fluidos con las redes temáticas que iban surgiendo en América Latina y adquirieron perfiles institucionales más nítidos que facilitaron su interlocución con agentes externos.
Para cierta línea teórica (Rocchi y Nemichenitzer, 1987), estos actores que surgen en la transición democrática constituyen el resultado de conflictos; estos sujetos reivindicativos llevan adelante un accionar que puede resultar en ruptura o reformas del sistema político. En este sentido, la noción de movimiento aparecía ligada a la toma de conciencia política, al momento de la acción que es el momento de la constitución del movimiento; previo a esto existía la conciencia social.
En la segunda mitad de los años setenta y primera de los ochenta, como señala Jelin, hay tres procesos históricos que se plasman en al accionar público de las latinoamericanas: los procesos de democratización político-social; una creciente movilización y atención internacional hacia las mujeres latinoamericanas; y el cambio en el contexto económico-mundial, la crisis del Estado bienestarista combinada con políticas de ajuste y su impacto social —la crisis golpeó a ambos géneros, pero inequitativamente— (Jelin, 1997).
En los años noventa, las OS dirigidas y protagonizadas por mujeres comenzaron a asumirse como lo que siempre fueron: un centro de trabajo. Fue necesario contar con instrumentos que permitieran rendir cuentas, a la sociedad y a las agencias donantes, de resultados tangibles, de procesos de planificación de actividades, de normas laborales internas en las organizaciones y, ciertamente, del perfilamiento de estructuras jerárquicas en su interior.
Los cambios en las políticas de las Agencias de Cooperación tuvieron también un efecto en la cultura institucional de estas organizaciones pues, para varias de ellas, junto con la “virtud” del activismo militante de las OS latinoamericanas se esperaba también un impacto en las políticas públicas, y los consecuentes resultados concretos a mediano plazo. En este sentido, podemos establecer que, a partir del 2002, la Argentina se convirtió en un laboratorio de nuevas formas de acción colectiva, visibles en las movilizaciones de los desocupados, el surgimiento de asambleas barriales, la recuperación de fábricas
quebradas y la multiplicación de OS. Durante un tiempo, en este escenario de efervescencia y de cruces sociales inéditos, tendió a imponerse la demanda de solidaridad, pero hacia el 2003, disminuyen las nuevas movilizaciones, se fraccionan las organizaciones de desocupados, las OS son partícipes, de manera creciente, de políticas y acciones de gestión. De esta manera se fueron diluyendo las expectativas de una recomposición política desde abajo, para dar paso a una fuerte demanda de orden y normalidad. En este sentido, Kirchner se hizo eco de este mensaje social, en la medida en que apuntó a encarnar la exigencia creciente de normalidad, tal como aparecía ilustrado en su consigna: “Por un país en serio, por un país normal” (Svampa, 2005).
Si nos remontamos a los orígenes del feminismo latinoamericano, lo encontraremos compuesto por muchos de los actores que se visibilizaron a partir de la virulenta crisis del 2001 o que tomaron protagonismo a partir de dichos sucesos. El Movimiento Feminista se caracterizó por la composición de sus miembros, por los programas levantados; si las mujeres que lo integraron fueron una vanguardia, era en ese espacio donde se dibujaban las prioridades, con una prerrogativa de universalismo que sólo tiempo después develaría sus límites. “Con el énfasis en la identidad y en la sexualidad en un primer momento, y con la vida cotidiana bajo reflectores, las relaciones de poder entre hombres y mujeres se iluminaron bajo el parámetro de relaciones interpersonales, generalmente obviando el análisis de la institucionalización del poder, de las formas como las relaciones sociales de género se engarzaban y articulaban con múltiples otras formas de dominación.”
Las mujeres representan un componente fundamental en la historia del mundo moderno; los distintos análisis realizados sobre el accionar del Movimiento pretenden demostrar que su dependencia en relación a los sistemas político y económico no es estática, sino que, en sus distintas etapas, este actor merece distintas reflexiones. La sociedad civil se refiere a las estructuras de socialización, asociación, y a las formas de comunicación organizadas del mundo de la vida; no es opuesta al Estado o a la economía, sino que existen mediaciones entre estas esferas; sólo cuando las mediaciones fracasan se vuelven antagónicas sus relaciones (Cohen y Arato: 2000), y cuando la sociedad económica impide el verdadero desarrollo de los incentivos colectivos (Olson: 1992) que, en sus orígenes, este actor se planteó.
podido lograr las condiciones de equidad reclamadas antaño, se encuentra entrampado entre el decisionismo político-económico que reproduce la vigente y renovada estructura patriarcal y los justos reclamos de las bases.
Como señala Teresita Barbieri ante el fenómeno feminista, “mediante el ejercicio de intuición y razón a la vez, las feministas lanzaron una primera hipótesis […], la subordinación que afecta a todas o casi todas las mujeres es una cuestión de poder, pero éste no se ubica exclusivamente en el Estado y en los aparatos burocráticos. Sería un poder múltiple, localizado en muy diferentes espacios sociales, que puede incluso no vestirse con los ropajes de la autoridad, sino con los más nobles sentimientos de afecto, ternura y amor” (Barbieri, 1993: 2).
Remitiéndonos a la prehistoria del mencionado movimiento, debemos señalar que su etapa embrionaria se establece entre principios del XX hasta entrados los años sesenta; en este período, se lograron reivindicaciones en términos de igualdad civil y jurídica. Comenzados los años setenta, el movimiento de mujeres toma nuevo impulso, a partir de mutaciones en su repertorio social (Tilly: 2000), cuestionando la dominación patriarcal en su múltiples manifestaciones, desde una identidad negada y no constituida (Kirkwood citada por Fernández, 1994: 20). El feminismo latinoamericano de los años setenta fue urbano, clasemediero e instruido, y actuó como una vanguardia que pretendía cambiar el sentido común de la ciudadanía con un fuerte contenido cultural; fue también un feminismo que se nutrió del discurso de la izquierda, orígenes que se mantuvieron o se diluyeron, aunque sin desaparecer del todo; en varios de nuestros países, las feministas confluyeron con los movimientos ciudadanos en las calles. El primer momento —a partir de 1975, declarado año internacional de la mujer— fue aquel en el que las mujeres latinoamericanas lidiaban con situaciones de silencio, de terrorismo de Estado; así, la coyuntura política apremiante no permitió al Movimiento de Mujeres desarrollar influencias hacia organizaciones estatales rígidas. Pero en 1979, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), principal instrumento jurídico en el ámbito internacional para promover la igualdad de las mujeres, fue aprobada por las Naciones Unidas.
De esta manera, la segunda ola del feminismo se inicia en la década del sesenta, vinculada a los Movimientos Sociales de la época; en un primer momento, se trata sobre
todo de reacciones individuales ante una situación de desigualdad flagrante, incluso en el seno de los grupos más progresistas de entonces. Lo que se cuestiona en este período son las formas del ejercicio del poder en sus múltiples manifestaciones; el gran desafío tenía que ver con cómo lograr un cambio en la condición femenina modificando las formas tradicionales de acumulación y manipulación del poder (Fernández: 1994).
El Movimiento de Mujeres se reconoce heterogéneo, con presencia desigual en la escena social, con demandas ambiguas y muchas veces contradictorias, expresadas a través de formas tradicionales y novedosas modalidades de lucha que no siempre llegan a