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Entender el territorio como el escenario donde se producen las relaciones sociales entre los seres humanos y de estos con el entorno, supone entonces entenderlo también como el espacio donde se plasman los intereses y las intenciones de los sujetos, que cobra sentido en la medida que es valorado y apropiado por ellos, es decir, en la medida en que es territorializado. Las relaciones producidas allí, transformadas en acciones que responden a diversas intencionalidades, generan a su vez sistemas de poder y regulación bajo los cuales se organizan la distribución y el uso del espacio, pero también se determina la interacción social. Estos sistemas de poder se transforman en el tiempo, en la medida en que las intencionalidades sobre el espacio van cambiando, con lo cual se van produciendo nuevas territorialidades.

Si bien esta aproximación connota un significado mucho más político del territorio, conviene explicitar que en ella está contenido también un aspecto simbólico y un componente económico. Simbólico en la medida en que imprimir intenciones sobre el espacio supone otorgarle a este también significados, que han de ser apropiados, compartidos y reproducidos por los sujetos que lo habitan y que moldean el sentido de pertenencia y el arraigo. Económico en la medida en que una vez territorializado un espacio, este adquiere valor y requiere ser explotado para la supervivencia de los sujetos, con lo cual se convierte también en escenario transaccional y en un activo real.

Visto así, cualquier territorio y en cualquier escala (local, regional, nacional) supone también un escenario complejo donde las relaciones de poder, sentido y valor van influenciando y afectando los constructos sociales, las normas, las instituciones y el paisaje, en procesos no siempre libres de conflicto que a su vez transforman los modos de relacionamiento entre los sujetos y con el espacio, tal como veremos en los capítulos siguientes.

En estos procesos, el rol asumido por el Estado como regulador formal de las relaciones, resulta ser, al menos en Colombia, poco uniforme y estar casi siempre mediado por las ventajas económicas y políticas que cada lugar sea capaz de

sumar a los intereses centrales de la nación, estimados así desde los centros urbanos más importantes. De este modo, la presencia o ausencia del Estado en los territorios, se ha construido históricamente de forma distinta en cada lugar, siendo una presencia casi exclusivamente militarista y de intermitente ejercicio de la fuerza sin mucha inversión de otro tipo en aquellos territorios más apartados o desarticulados, que tradicionalmente no han aportado serios capitales a la dinámica nacional, y una presencia progresivamente más institucional con inversión directa y apoyo estatal de acuerdo a los niveles de articulación a los circuitos de poder que vayan ganando los territorios.

Esta forma de presencia y acción del Estado, va cambiando también con el tiempo y actualmente se encuentra irremediablemente influenciada por las dinámicas de los mercados internacionales y de las decisiones tomadas en los grandes centros mundiales de poder. Así, por un lado, el Estado va cediendo su poder y su forma de estar en los territorios cada vez más al sistema económico privado, principalmente en aquellos lugares que han estado más al margen de su control, pero que también han sido menos explotados económicamente; y por el otro, va diseñando nuevos instrumentos legales que permitan avanzar en la articulación progresiva de los territorios a sus apuestas de desarrollo aplicándolas también diferenciadamente, pero cuya desarticulación se evidencia ante situaciones concretas en territorios concretos donde otras formas de ejercer el poder y regular las relaciones han reemplazado su papel.

El modelo neo-extractivista sobre el cual se soporta hoy buena parte de las apuestas del desarrollo económico nacional profundizan esta forma de acción del Estado, reforzando una fuerte presencia e intervención de su parte en los lugares donde el capital extraído es concentrado e intentando generar formas de aplicar sus normas y legitimar sus acciones allí donde los recursos son explotados, en medio de contextos de corrupción, disfuncionalidad de las administraciones públicas locales, conflicto entre actores armados y ausencia de bienestar, que su misma forma diferenciada de actuar ha apalancado desde tiempo atrás.

Así, las relaciones de poder y de apropiación que surgen en torno a los recursos de la naturaleza vistos como una mercancía extraíble e intercambiable, se traducen en los territorios de explotación en la expansión de formas de producción y extracción de mediano y gran nivel tendientes a la acumulación de capital como intencionalidades que se oponen a los intereses de quienes propenden por la sostenibilidad de las formas de extracción, la conservación del territorio y la protección de los derechos de las comunidades locales, generando conflictos que afectan la configuración del territorio y facilitan la conformación de nuevas territorialidades que aumentan la vulnerabilidad de los territorios, por el deterioro ambiental, productivo y social que su actividad provoca.

Tales situaciones, influyen a su vez y muy seriamente en la configuración de nuevas formas de relacionamiento de los sujetos con sus territorios, quienes defienden hoy ya sea su legítimo derecho de explotar los recursos que antes nunca interesaron al Estado según las formas que ellos estimen convenientes, ya sea el interés de que dichos recursos se queden dónde están, que el territorio sea respetado y que quienes lo están explotando, con el apoyo o no del Estado, lo abandonen.

Estas aproximaciones nos permitirán en lo que sigue, abundar en la comprensión en torno a cómo las prácticas extractivas de oro, la forma en la que el Estado ha hecho presencia y está regulando esta actividad y las relaciones sociales construidas en torno a ellas, han ido modificando la configuración territorial y generando procesos de des-territorioalización y re-territorialización en dos municipios distantes pero con realidades similares y complejas, como son Buenaventura, en el pacífico vallecaucano, y Simití, en el Sur del departamento de Bolívar, intentando hacer una interpretación analítica desde la comparación de los dos casos, que retome aspectos históricos para explicar coyunturas actuales, y que aporte a su vez a la discusión en torno a la paradoja existente entre las oportunidades de desarrollo de los territorios con riquezas auríferas versus la realidad de la extracción y los conflictos que se generan en torno a ella.

CAPÍTULO II.