I
Desde su promulgación, el Decreto Supremo Nº 0006 recibió el rechazo general, porque lesionaba seriamente la economía popular y reducía sensiblemente los márgenes de democratización de la escuela pública. Una fase inicial de la lucha
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Espejo, J.A., “Con la chispa atrasada”, (artículo citado), en Oiga Nº 330, p.18.
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Ríos, J., “Tierra de nadie”, en Oiga Nº 329, 20/06/1969, p.9.
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contra este Decreto Supremo se había cumplido en Lima; pero después se extendió con fuerza a otras partes del país, especialmente a la Sierra (Cajamarca, Huancayo, Ayacucho, Abancay), en vista de la insensibilidad del Ministro Arrisueño74 ante el clamor popular. En el caso de este problema, los conductores de la Revolución Peruana no daban señales de acercamiento –a las bases populares– ni de querer rectificar, como sí lo demostraron en el caso del problema universitario gracias a la oportuna intermediación de profesores universitarios e intelectuales capitalinos.
En menos de tres meses de luchas paralelas, en el país quedó claro que mientras la educación superior contaba con valedores influyentes ante el Gobierno militar, en cambio, en las altas esferas no se prestaba ni la más mínima atención a la lucha de las capas sociales más bajas que pedían la recuperación de la gratuidad total de la enseñanza secundaria. Cuántas reclamaciones y cuántos memoriales llegados a Lima desde las distintas provincias, fueron desairados y desviados a directamente al archivo del Ministro Arrisueño, quien tan solo veía por todo lado maquinaciones de politicastros y agitadores. El criterio de verticalidad y el esquema de mando jerárquico fueron trasladados a la gestión de un problema político-social que afectaba a las comunidades de base, sin escuchar a estas. Pero con esta manera de proceder no solo se daba una muestra más de autoritarismo de un Gobierno de facto decidido a someter en todo a la sociedad civil. Era, asimismo, la manifestación de una constante antidemocrática en la historia peruana: la imposición de una minoría con poder sobre la mayoría excluida y desprotegida. En definitiva, era la contraposición entre el contexto urbano y occidentalizado y el medio rural atrasado, abandonado y poblado por nativos. Digamos mejor que la contraposición o el contraste estructural de la República peruana desde su nacimiento, entre el centralismo de la capital y el llamado Perú profundo, cuya presencia en términos étnicos y de clase social75 se hacía notar cada vez más en los colegios secundarios estatales vespertinos y nocturnos.
Esta vez el protagonismo reivindicativo no lo iba a tener la capital, ya que el movimiento social por la gratuidad total de la escuela secundaria se había desplazado hacia los Andes, y en Ayacucho consiguió hacerse fuerte. Allí, en esa
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Según La Prensa de 10/05/1969, el Ministro Arrisueño declaró que no podía haber gratuidad absoluta de la educación.
En Degregori, C.I., (1990:60)
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Los aborígenes de los Andes tocaban las puertas de la educación escolarizada con la expectativa de que una cultura básica los librase de la secular explotación. Muy ilustrativo es el testimonio del estudiante nocturno Víctor Madani Cutunta, ex siervo de una hacienda de Cusco: «Venga aquí para aprender a leer un poco más y defender mis derechos y no ser engañado año tras año. Porque si uno sale a buscar trabajo el jefe pregunta y si sabe leer. Pide papeles, documentos y si uno no tiene estas cosas lo trata a uno como basura, diciendo este cholo no sabe ni siquiera leer. Por eso todos tenemos que saber leer para defender nuestros derechos. Porque si no nos engañan y nos explotan como lo hicieron en el Cusco, donde el hacendado era dueño de todo y hacía y deshacía las vidas de 300 ó 400 personas. El hacendado los trataba como esclavos y no quería que estudiaran, porque si estudiaban también despertaban y desparecían de su hacienda».
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región pobre y atrasada, con mayoría campesina, se había venido gestando un movimiento popular articulado por el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FDPA) en un clima de concientización social notablemente ideologizada, que recogía las aspiraciones de estudiantes, profesores, taxistas, vendedores de mercado, panaderos, carniceros, pobladores de barrios urbano-marginales y de la organización regional representativa del campesinado. Y no debía sorprender que en Ayacucho se diera ese estado de conciencia social despierta. Apenas cuatro años antes, en 1965, ese departamento andino había sido uno de los focos más candentes de las guerrillas que se dieron durante el Gobierno de Belaúnde Terry. Con esta experiencia desgarradora, las élites locales hicieron un trabajo asistemático pero efectivo que a final de la década despertó la conciencia colectiva y puso en movimiento a la sociedad. Y los avances del movimiento social habían logrado debilitar el latifundismo de la zona, dejando el espacio central para ser llenado por dos reivindicaciones de masas: el derecho a la tierra y el derecho a la educación.
En la segunda mitad de los 60, el aumento a cuatro veces más del número de matrículas en los colegios secundarios, se dejó notar en Huanta. La reapertura de la Universidad Nacional de San Cristóbal, en la ciudad de Ayacucho, le dio impulso a la renovación cultural y apertura ideológica con la llegada, desde Lima y otros lugares, de profesores enriquecidos por su cosmopolitismo. La aparición de una élite intelectual progresista llegada de fuera, especialmente de Lima, coincidió con. El surgimiento de una élite intelectual y una vanguardia estudiantil a finales de la década, multiplicó las posibilidades de la actividad política en la localidad y su área de influencia. El trabajo político del grupo maoísta Bandera Roja, escindido del Partido Comunista Unidad, a mediados de los 60, le otorgó a este grupo el predominio en los órganos representativos de la Universidad de Ayacucho (Consejo Ejecutivo y Federación de Estudiantes) y en el FDPA. «Justo cuando se inicia la experiencia reformista militar –sostiene C.I. Degregori– llega para Bandera Roja la hora del poder total en la Universidad y de la hegemonía en el Frente»76.
Al recomponerse el poder regional y su programa reivindicativo, el derecho a la educación gratuita fue una de las principales banderas del FDPA, cuyo malestar no tardó en hacerse sentir en marzo de ese año, cuando el Gobierno militar promulgó el tan cuestionado DS 006 y puso a la escuela secundaria lejos del alcance de los alumnos pobres, es decir, de la mayoría, que con sacrificio afrontaba la responsabilidad de sus estudios en medio de privaciones77 contrarias a la dignidad
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Degregori, C.I., “Sendero Luminoso”: los hondos y mortales desencuentros. Lucha armada y utopía autoritaria, Documento de Trabajo Nº 4 y 6 Instituto de Estudios Peruanos, 7ª edición, noviembre 1989, p.29.
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El testimonio de uno de los cabecillas del movimiento de estudiantes secundarios contra el DS 006, revela las condiciones infrahumanas en que vivían los alumnos campesinos: «[…] muchos de los estudiantes del campo traen su propia comida, principalmente papas y choclos de sus casas. Viven juntos en cuartos pequeños de alquiler de 50 a 100 soles mensuales cocinando su comida, estudiando a luz de velas o lámparas de kerosene y durmiendo sobre pieles de ovejas extendidas en el suelo. Estudian más y (continúa)
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humana, bajo las cuales ninguna pedagogía podría triunfar. Desde el 17 de marzo de ese año, el pueblo ayacuchano se había sumado a la lucha nacional mediante peticiones y gestiones del FDPA a través de las autoridades regionales, exigiendo la derogatoria del Decreto Supremo. Pero el Gobierno no hacía caso, porque subestimaba la capacidad de convocatoria de una organización popular tan representativa como este Frente, constituido en el núcleo activo y aglutinador del sentimiento y las aspiraciones de los ayacuchanos. Por ese mismo error de los gobernantes de desoír a los excluidos que la Revolución quería redimir, tampoco se le prestó ni la más mínima atención al memorial de 20 de abril, enviado directamente al Presidente Velasco por las organizaciones de base integrantes del FDPA.
La inaccesibilidad del Gobierno militar fue calando en los estudiantes secundarios y acrecentando el malestar en los padres de familia, enfrentados a la disyuntiva de hacer lo imposible por pagar cada mes los estudios de sus hijos o retirar a estos del colegio por falta de recursos económicos. Por la pobreza de muchos hogares, ese año la tercera parte de los alumnos de secundaria tuvo que dejar de ir a los centros escolares. Y este indicio de la desigualdad social existente inclinaba a los jóvenes de la zona a seguir con interés el mensaje proselitista de Bandera Roja. Hasta esta zona campesina de los Andes se había desplazado, desde la Universidad de San Marcos, el activismo de este grupo maoísta para desarrollar una acción organizada contra el Gobierno, en vista de que no derogaba la LOUP ni aumentaba los sueldos de los maestros, a quienes también reprimía sin miramientos. Entonces todo empezó a plantearse desde la perspectiva de combatir contra el mismo enemigo, tanto por parte de los estudiantes universitarios (por el problema de la LOUP), como por los alumnos de secundaria de Ayacucho y Huanta, que ya en mayo avanzaban en la organización de su plan de acción para la defensa del derecho a la educación gratuita, un interés compartido por la toda la comunidad.
II
Al comenzar el mes de junio, el desasosiego de los estudiantes de los colegios de Ayacucho y Huanta era francamente notable. En un entorno provinciano castigado absolutamente por la pobreza, donde funcionaban dieciocho centros de enseñanza medio mal equipados y donde los campesinos trabajaban en condiciones de esclavitud cobrando un promedio de ingresos anuales de 100 dólares, el recorte de la gratuidad de la enseñanza había caldeado enormemente a la sociedad ayacuchana. Con el Frente de Defensa viviendo su mejor momento, con el campesinado decidido al enfrentamiento y el maoísmo regional en incontenible ascenso, estaban dadas las condiciones para una explosión social que podía estallar
tienen mejores notas que los de la ciudad porque no tiene plata para el cine o al billar». En Gall, N., La Reforma Educativa Peruana, ob. cit., p.46.
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en cualquier momento. Y el detonante fue la huelga convocada por los alumnos de la Gran Unidad Escolar González Vigil, en Huanta, para el 4 de junio, en señal de protesta porque el director de ese centro educativo había expulsado a un grupo de alumnos que no podían pagar la mensualidad de enseñanza impuesta por el Decreto Supremo 006.
Después de diez días, la huelga se mantenía como la medida de lucha más firme de un alumnado que en Huanta, primero, y después en Ayacucho, se congregó en un Frente Único. Nada se pudo hacer para disuadir a los jóvenes estudiantes; ni las amenazas de las autoridades de la Tercera Región de Educación, ni la actuación intimidatoria de la policía contra los huelguistas. Más bien, el arrojo de la masa escolar en huelga despertó rápidamente un sentimiento de simpatía y adhesión de toda la población ayacuchana aglutinada en su Frente de Defensa. Y ese sentimiento de solidaridad a mediados de junio se había extendido a los demás departamentos de la Sierra central y meridional del Perú.
«Por los mismo días –cuentan los dirigentes del FDPA y otros protagonistas apresados y trasladados a Lima el día 21 del mismo mes– los estudiantes secundarios de los pueblos Cangallo, Vilcashuamán, Vischongo, Huancapi, Huancasancos, Canaria, San Miguel, Tambo, todos ellos del departamento de Ayacucho, e incluso Chincheros, compresión de Andahuaylas, se unieron al
movimiento estudiantil […]»78;
se unieron también alumnos de los departamentos limítrofes de Junín, Huancavelica y Cusco.
Hacía más de treinta años que no se daba en el país un estallido de colegiales tan lleno de convicción y fuerza moral. El último que había sucedido, había tenido lugar en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, en Lima, durante el trienio democrático del Presidente Bustamante Rivero (1945-1948); y se resolvió con un coste social mínimo. Pero un Gobierno de facto, en un país sin tradición democrática manejado por una clase dirigente ajena a la cultura del diálogo, no percibía esta lucha escolar como la expresión desesperada de una urgencia colectiva que inducía a los jóvenes a rebelarse, sino como un desafío punible al principio de autoridad y, más aún, como una patología social que había de ser sofocada sin contemplaciones. Por eso, para justificar el uso de la fuerza, desde Lima el Ministro de Educación y algunos periódicos se dedicaron a propagar la versión de que en Ayacucho estaba en marcha una maniobra conspirativa de siniestros intereses contrarios a la patria y al Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, y que a esa maniobra se habían prestado los estudiantes y campesinos del lugar.
A pesar del hermetismo con que el Gobierno preparaba un proyecto muy avanzado de reforma en al agro acorde con la nueva etapa política, en cambio, el Ministro de Educación aún no tenía a su alcance unos asesores que estuviesen
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Abarca Cervantes, M. y otros, “Los sucesos de Ayacucho”, en Oiga Nº333, (“Cartas al Director”), 18/07/1969, p.47.
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identificados con las soluciones que la Revolución debía dar desde este sector a los problemas del país. Ya hemos dicho que la burocracia que lo aconsejaba, no era la más indicada. Aparte de compromiso político, le faltaba suficiente vinculación con las ciencias sociales, que desde comienzos de la década aportaban nuevos elementos epistemológicos para el enfoque y conocimiento de los problemas nacionales. Después de todo, y ante el movimiento surgido en los departamentos andinos, ¿cómo esperar que el Ministro se sentase a escuchar y negociar con los representantes de las clases bajas procedentes de una zona de exclusión social, si en la reunión del mes de mayo con los empresarios, les había prometido a estos el restablecimiento pleno del principio de autoridad y la reforma del sistema de educación, que «debe brindar al futuro ciudadano la oportunidad para aprender a obedecer»?79, ¿cómo permitir que una reclamación de colegiales de una de las zonas campesinas más atrasadas del país fuese a entorpecer la promulgación de la Ley de Reforma Agraria que estaba próxima? Estaba el Perú en ese momento en una coyuntura que mostraba claramente su profunda división interna y que la unidad nacional seguía perteneciendo al mundo de las aspiraciones sueños e ideales.
III
Ya ha quedado dicho que durante la década de los 60, la demanda de educación estatal había sido elevada, pero nunca se había encontrado inmersa en escenarios de rebelión popular antes había tenido motivos para generar escenarios de rebelión popular. Esta vez sí. El escenario que se venía perfilando era en Ayacucho y Huanta. La agitación y la violencia se habían dado antes en el país por el problema de la tierra y por el de la vivienda en las áreas periféricas (invasiones de terrenos suburbanos y formación de pueblos jóvenes) de las principales ciudades. Empero, esta vez el estallido popular se daba por un problema relacionado con la educación, que se tornaba más agudo en una región marginal, en donde las secuelas de las guerrillas, la expansión de la matrícula escolar, la influencia de la Universidad local, y la presencia de una minoritaria pero activa izquierda radical habían conmocionado el escenario.
El maoísmo de Bandera Roja se pudo desarrollar en Ayacucho en base a un planteamiento estratégico de penetrar en las organizaciones populares, urbanas y campesinas, para recuperar el margen de influencia que no llegó a conseguir en la Costa, en donde no pudo retener el control del movimiento estudiantil y perdió el contacto con la sociedad, porque su praxis era radical80 y su discurso, muy
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Arrisueño C., A., “Aspectos más saltantes de la política de educación” (extracto de la exposición del General Alfredo Arrisueño C., Ministro de Educación, a las Fuerzas Productoras del País), en Ministerio de Educación, La Educación en el Perú, Lima, mayo 1969, s/np.
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En esta praxis radical estaban comprendidos la sacralización de la ideología, la ausencia de autocrítico, el recurso a la cita textual en vez de la reflexión y el juicio objetivo. Asimismo, se incluían la descalificación de otras opciones y tendencias, aun siendo de izquierda y, en palabras del sociólogo Nicolás Lynch, el (continúa)
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ideologizado. Para unos dirigentes de ultraizquierda estacionados en el maniqueísmo más simplista al enjuiciar la realidad nacional, su conocimiento eficiente del medio andino les permitió llegar a una población rural emergente que encontró en el DS 006 un obstáculo para sus expectativas de escolarización. Para la población del medio rural, entrar en el sistema educacional y obtener las certificaciones y diplomas que este otorgaba, era encontrar un canal de movilidad y legitimación social:
«[…] el certificado de estudios, al nivel que sea, alentará un cierto tipo de movilidad en la escala social, permitirá un cierto tipo de defensa ante el abuso del hacendado, del cura o de la autoridad administrativa, dará, en fin, la ilusión de una integración a la maquinaria de la vida nacional. La educación, pues, aparece como un medio de legitimación social en un país en el que el mínimo rasgo cromático de la piel, la pronunciación regional, la demostración de un vestido o una costumbre diferente a la costeña permitía el escarnio, la
desigualdad, la marginación»81.
Sobre esta población empobrecida y sojuzgada por una violencia sistémica recayó el accionar de un grupo cohesionado y diferenciado entre los grupos extremistas: el Partido Comunista del Perú-“Sendero Luminoso” (PCP-SL)82 escindido de Bandera Roja y liderado por Abimael Guzmán Reynoso, en ese entonces catedrático de la Universidad de San Cristóbal de Humanga (Ayacucho); los escindidos incursionaron y alcanzaron una notable influencia en el FDPA y en los órganos representativos de la Universidad, antes de que este grupo subversivo seguidor de Guzmán fuese conocido en el mundo entero por las acciones devastadoras y sangrientas que se le conocieron.
En un ambiente social cada vez más propenso al estallido, la huelga estudiantil de la Gran Unidad Escolar “González Vigil” de Huanta se radicalizó hasta dar lugar a adhesiones masivas, y con estas evolucionó hasta una rebelión popular que tuvo sus episodios sangrientos en las fechas trágicas del 21 y 22 de junio de 1969. En esas fechas se consumó en Ayacucho y Huanta una página histórica de hechos tremendamente estremecedores que no podían dejar de interpelar la conciencia de un Gobierno que decía estar haciendo una revolución. La intervención de la fuerza pública a mediados del mes, para reprimir manifestaciones y protestas callejeras de los estudiantes y del FDPA, había arrojado un primer saldo de víctimas: un alumno muerto y algunos heridos; y una población con los ánimos enardecidos, dispuesta a llegar hasta una situación límite.
reemplazo del análisis de la realidad por los clichés, bajo un entendimiento del marxismo como una verdad de fe.
81
Vargas Vega, R., “Nota Introductoria”, en Gall, N., ob. cit. p.9.
82
Este nombre está tomado del “Frente Estudiantil Revolucionario por el sendero luminoso de José C. Mariátegui”, el grupo universitario de Ayacucho que aglutinaba a los escindidos de Bandera Roja.
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Pero el encarcelamiento y traslado a Lima de treinta y ocho personas, entre cabecillas del Frente de Defensa, líderes estudiantiles y catedráticos universitarios83 en la madrugada del día 21, fue una mala noticia que originó en las poblaciones de Huanta y Ayacucho un fuerte sentimiento de indignación, porque al movimiento le quitaban sus cabezas pensantes. Y en un estado de indignación masiva de la ciudadanía, hostigada por el despliegue intimidatorio de las fuerzas de orden público, se desató una arremetida implacable de estos efectivos –con armas de fuego–, contra estudiantes, campesinos, comerciantes, trabajadores urbanos, asociaciones de vecinos y pueblo en general, con el resultado trágico de un número