Acting with Confidence in Your

Como estudiante de Derecho y como abogado recién egresado, que militaba en las filas de la izquierda legal, entré desde muy temprano en relación con las organizaciones obreras y campesinas de mi país. Durante mis primeros años como abogado litigante estuve en gran medida dedicado a la práctica del derecho laboral al servicio de los trabajadores. Por esos mismos tiempos enseñé “Sistemas econó- micos y políticos” —un nombre pretencioso, que no guardaba proporción con los conocimientos del profesor— en una facultad de Comunicación Social. Diez años después de salir de la universidad fundé con varias decenas de amigos una organización no gubernamental dedicada a la promoción de la participación ciudadana. Cinco años más tarde estaba dirigiendo una campaña de apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente, el órgano de elección popular que elaboró la Constitución de 1991. La campaña se llamó “Viva la Ciudadanía” y surgió de una iniciativa mancomunada de nueve organi- zaciones no gubernamentales encabezadas por “Foro Nacional por Colombia”. Abrió sedes en unas diez ciudades del país, publicó un quincenario y articuló numerosas organizaciones sociales y cívicas al trabajo de la Constituyente.

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ONSEJERODEL

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RESIDENTE

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AVIRIA

Recién terminada la campaña, el Presidente César Gaviria me llamó para ofrecerme el cargo de Con- sejero Presidencial para los Derechos Humanos. Le pedí un par de días para pensarlo, durante los cuales consulté a varias personas sobre la decisión por tomar. Entre ellas se encontraba el director de

la que vendría a ser la organización de derechos humanos más reconocida del país, un viejo amigo y compañero de estudios que se mostró partidario de que aceptara.

Quien me antecedió en el cargo, un intelectual serio y políticamente independiente, me incluyó en una pequeña lista de candidatos que le pidió el Presidente, pero lo determinante fue que el propio Gaviria me conocía y tenía una buena impresión personal de mi trabajo. Me conoció en un banquete muy concurrido que organizamos en “Viva la Ciudadanía” como un gesto de respaldo a la Constituyente, la cual atravesaba por un momento difícil porque había decidido revocar el mandato del Congreso en funciones para reemplazarlo por uno elegido de acuerdo a la Constitución por estrenar. Gaviria, que estaba comprometido a fondo con la reforma constitucional y que fue uno de los inspiradores de su contenido, veía con muy buenos ojos todo lo que se hiciera para respaldarla (se me ocurre, por otro lado, que algunos de sus colaboradores quedaron muy impresionados por el concierto de cierre de la campaña, con el que llenamos la Plaza de Bolívar, en todo el corazón de Bogotá, aunque el poder de convocatoria del evento obedeció principalmente —ya lo habrá adivinado el lector— a las bondades del menú musical que le ofrecimos a la concurrencia).

El cargo de Consejero Presidencial para los Derechos Humanos había sido creado por el Presidente Barco, el antecesor inmediato de Gaviria, como parte de un conjunto de medidas para encarar el inusitado incremento de las violaciones de dichos derechos, el aumento del paramilitarismo y la multiplicación de las denuncias nacionales e internacionales contra los miembros de la fuerza pública. Aunque su nombre daba a entender que se trataba de una oficina de mera asesoría, la Consejería de Derechos Humanos tenía funciones ejecutivas de promoción y protección de los derechos. No obstante, el primero y el segundo consejeros se toparon con una atmósfera institucional de mucha prevención sobre el tema y se dedicaron a abrirle camino cautelosamente dentro de la fronda gubernamental, haciendo énfasis en los programas pedagógicos para la fuerza pública y la población en general.

Las apuestas de Gaviria en relación con los derechos humanos tuvieron el mismo contenido y dimensión de la participación del Presidente en la obra constitucional de 1991. Para comenzar, la nueva Constitución incluyó, ora por iniciativa, ora con el beneplácito gubernamental, una amplia “carta de derechos”, que nos puso a tono con los tratados internacionales más relevantes en la materia. Y consagró poderosos instrumentos de protección, como la “acción de tutela”, versión colombiana del recurso de amparo que existe en los demás países iberoamericanos. Creó además una Corte Constitucional y una Defensoría del Pueblo que han cumplido un destacado papel en la defensa de los derechos humanos.

Pero para encarar el flagelo de las violaciones de los derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas militares y de policía, el Presidente prefería la acción de flanco, no la presión directa. Y una acción ejercida por instancias estatales no gubernamentales como el Poder Judicial, la Procuraduría (el ente encargado del control disciplinario de los funcionarios públicos) y la Defensoría del Pueblo. En todo caso, sentí desde el principio que mi deber era ayudar a estructurar una agenda de acción

desde el Ejecutivo contra las violaciones de los derechos humanos. Intenté mantener informado al Presidente sobre los casos más graves. Reconocí en los medios de comunicación y en escenarios nacionales e internacionales, que los agentes del Estado habían incurrido en numerosas violaciones de aquellos derechos. Avanzando sobre lo que mis antecesores habían hecho al respecto, procuré ampliar el apoyo de la Consejería a las entidades encargadas de la investigación y el castigo de las violaciones, así como reforzar las actividades de protección de víctimas y testigos. Apoyé los trabajos parlamentarios de preparación de una ley contra la desaparición forzada de personas —trabajos que no llegaron a buen puerto por la falta de consenso sobre el tema dentro del gobierno; a la postre éste objetó la ley y la hundió, a instancias del ministro de Justicia—. Y busqué, con algún nivel de éxito, construir relaciones de respeto y colaboración entre las autoridades ejecutivas y las organizaciones no gubernamentales.

Nunca pertenecí a los anillos de poder más cercanos al Presidente. Estoy seguro de que en esos círculos no faltaron personas que intentaron sembrarle dudas sobre mi posición ideológica y política y sobre mi lealtad frente al gobierno —debieron decirle que yo tenía “agenda propia”, aunque tampoco debió faltar allí gente que me respaldara—. Se me ocurre que el Presidente llegó a sentirse incómodo con algunas de mis actuaciones e incluso con el perfil que yo le había dado a la oficina a mi cargo. Un hecho revelador: el capítulo referente a los derechos humanos de las memorias sobre su gestión, que hizo publicar al final de su mandato, en vez de serle confiado a su consejero en la materia —como sí ocurrió con los restantes temas— se le encargó a uno de mis antecesores en la Consejería.

Sin embargo, debo reconocer que el Presidente Gaviria nunca me dijo ni me mandó a decir que cambiara de actitud y, hasta donde sé, nunca pensó en despedirme. Pero no se limitaron a eso las cosas. César Gaviria apoyó la puesta en marcha de una reforma del Código Penal Militar, en una dirección favorable a la protección de los derechos humanos. Creo que fui el primer funcionario que le habló sobre la cuestión que posteriormente fuera recogida por el ministro de Defensa —un civil con cuyo nombramiento el Pre- sidente rompió la tradición de medio siglo de designar ministros militares—. Lo que su gobierno alcanzó a hacer sobre el particular fue muy modesto, pero es un hecho que comenzó a ocuparse de un asunto que durante décadas fue tabú.

Gaviria también fue decidido partidario de abrir el país a las visitas y a los escrutinios de los meca- nismos de observación internacional —intergubernamentales y no gubernamentales— de derechos humanos. Y en cuanto toca a ese plano internacional, hubo un hecho concreto que merece el mayor relieve. A finales de su gobierno el Presidente me autorizó para buscar un arreglo amistoso del “Caso Trujillo” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Frente a ese, como a otros casos, Colombia había aplicado la receta de sostener que la jurisdicción internacional debía abstenerse de intervenir porque los mecanismos internos de investigación y castigo se hallaban en plena operación. Pero mi oficina realizó una indagación ad-hoc de los insucesos de Trujillo cuyos resultados puse en conocimiento del Presidente; él consideró que la gravedad de los hechos ameritaba un cambio de actitud ante la Comisión y el recurso a un procedimiento de colaboración con este organismo y con

los peticionarios que condujera a esclarecer las violaciones y a reparar a las víctimas. Se abrió así un esquema de trabajo conjunto con el sistema interamericano de derechos humanos que rindió valiosos frutos durante cinco años.

La ventaja con Gaviria era que uno sabía a qué atenerse. Era cauteloso. No resultaba fácil que se moviera hacia la adopción de medidas pro derechos humanos, pero cuando lo hacía era para plantarse allí. Tenía el soporte y el capital políticos suficientes para proceder de esa manera.

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RESIDENTE

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AMPER

Fui uno de los dos o tres altos funcionarios de la administración de César Gaviria que Ernesto Samper mantuvo en sus cargos —todavía no tengo claro hasta qué punto se debió a mis propios méritos como consejero del primero de ellos, y hasta dónde a la circunstancia de que el segundo me conocía y me apreciaba desde hacía veinticinco años porque habíamos sido compañeros de curso en la universi- dad—.

Una anécdota puede revelar mejor que muchas consideraciones el tono de lo que vendría a ser mi relación de trabajo con el nuevo Presidente. A los pocos días de haberse posesionado, me pidió que le presentara un proyecto de política de derechos humanos para lanzarlo en el día nacional de promoción de los mismos. Le preparé un documento de doce páginas al respecto. Lo leyó delante de mí, tomó su pluma estilográfica y cuando yo estaba esperando que comenzara a tachar y a reelaborar párrafos me miró socarronamente y me dijo muy sonriente: “voy a agregar una frasecita, ¿puedo?”.

En los inicios de su mandato, el nuevo Presidente fue partidario del activismo del Ejecutivo en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos. Le trazó a la fuerza pública, en términos prácticos, un mensaje inequívoco: aunque merece el respaldo de la Nación en el cumplimiento de sus trascenden- tales funciones constitucionales, ni el Estado ni la sociedad protegen o acompañan a aquellos de sus miembros que cometen atrocidades contra los mencionados derechos.

Esto fue muy importante en Colombia, porque a partir de la caída de la dictadura del general Rojas en 1957, y de la instauración del Frente Nacional (el gobierno compartido entre los liberales y los conser- vadores), se produjo un pacto implícito entre los civiles y los militares. Estos últimos no se alzarían con el poder ni pretenderían incidir en su manejo, pero los civiles les permitirían despacharse a su aire en las luchas contra los grupos guerrilleros. Este acuerdo funcionó mientras el conflicto armado fue un fenómeno marginal. Se vino a pique, empero, cuando la confrontación se extendió a buena parte del territorio del país, alimentada por la economía de la coca y el narcotráfico, y tocó a las puertas de las grandes ciudades. La cuestión de los comportamientos de las fuerzas y aparatos en contienda, incluidos los estatales, se hizo entonces visible y actual. Súmese a ello el incremento de la presión internacional en la materia, por obra de la maduración de los sistemas multilaterales de protección de los derechos humanos, la debacle de la Unión Soviética y la alinderación de Occidente con la causa de los derechos

civiles y políticos en la arena internacional.

Entre los actos de Samper en la dirección arriba señalada —con la colaboración entusiasta de muchos funcionarios, incluidos los de la Consejería— hay que destacar los siguientes logros:

En primer término, aplicó una política de estrecha colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la búsqueda de arreglos amistosos. Varias de las respectivas actuaciones y señaladamente la del “Caso Trujillo”, dieron lugar a la creación de comisiones mixtas (Estado, socie- dad civil, Comisión Interamericana) para el esclarecimiento de los hechos que concluyeron en actos públicos en los que el Presidente reconoció la responsabilidad del Estado, pidió perdón a las víctimas y se comprometió a aplicar fórmulas de reparación específicas. En la perspectiva de construir una mejor articulación con el sistema interamericano de protección, el gobierno promovió desde la Consejería la expedición de una ley (la Ley 128 de 1996) que le dio fuerza vinculante en el ordenamiento interno a las recomendaciones de los informes de la Comisión Interamericana sobre casos de violación de los derechos humanos.

En segundo lugar, Samper impulsó la creación de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Huma- nos, conformada por fiscales especialmente comprometidos con la lucha contra las violaciones de los mismos, a quienes se confió el esclarecimiento de los casos más graves. En tercer lugar, creó una amplia comisión para preparar una reforma del Código Penal Militar, en la que participaron altos funcionarios del Estado con responsabilidad en la protección de los derechos humanos, y altos mandos militares y de policía. El proyecto que salió de allí, aunque no colmó las esperanzas de las organizaciones de derechos humanos, incorporó importantes avances en la protección de los mismos.

Habría que agregar que durante la administración Samper se convino con la Organización de las Nacio- nes Unidas, y comenzó a funcionar, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de esa organización para los Derechos Humanos.

Desde el comienzo de su mandato el Presidente planteó que esperaba mantener relaciones muy constructivas con las organizaciones de derechos humanos. Las expresiones más claras de ese enfoque fueron las comisiones de esclarecimiento de los casos que se ventilaban ante la Comisión Interamericana y la creación de un organismo mixto de alto nivel, compuesto por funcionarios públicos civiles y militares encabezados por el ministro del Interior, y por representantes de la sociedad civil, que se denominó “Comisión 1533” (por el número del decreto presidencial que la creó). Este organismo tenía la responsabilidad de concertar políticas y medidas de promoción y protección de los derechos. Funcionó bien varios meses pero naufragó cuando las ONG se retiraron del mismo —una decisión que nunca dejé de reprocharles—, en protesta contra una de las declaratorias del estado de conmoción interior por parte del Presidente Samper.

Éste creó, a no dudarlo, en el seno de su gobierno, una atmósfera de entusiasmo y colaboración en pro de la paz y de los derechos humanos. Esa atmósfera descendía de la Presidencia, pasaba por

la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos, tocaba a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores y alcanzaba al ministerio de Defensa (a su cúpula civil y a parte de los altos mandos militares y de policía). En ese ambiente, el consejero de Derechos Humanos, que contaba con acceso directo y era escuchado por el Presidente, podía moverse con cierta facilidad. El conjunto de esta situación vendría a marcar un fuerte contraste con el decaimiento de la acción gubernamental en la segunda parte de la administración Samper a cau- sa de la crisis a la que se hace referencia más adelante.

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NAOBSERVACIÓNSOBRELOSTRES ÚLTIMOSGOBIERNOSLIBERALES

Tanto Gaviria como Samper pertenecen al Partido Liberal y gobernaron en su nombre. El Liberal ha sido durante largas décadas el partido mayoritario de Colombia. Muchas cosas pueden decirse en su contra. La principal es que a pesar de su condición mayoritaria ha sido incapaz de empujar a la Nación hacia la superación de la exclusión social de las grandes mayorías (esa es la razón para que muchas personas, entre las que me incluyo, no nos hayamos sumado a sus filas). En el lado positivo del balance hay, sin embargo, unas cuantas cosas que anotar.

La primera es que los más altos dirigentes del partido (con excepciones por supuesto) le han hecho honor a los postulados del liberalismo político clásico, entre ellos al principio de la división y el balance de poderes, que responde en el fondo a las inveteradas reservas de esa línea ideológica (emparentadas con el ideario de los derechos humanos) hacia el poder mismo.

No puede negarse que el liberalismo colombiano ha estado al frente de la tarea de construir y mantener un entable republicano, y de desarrollarlo mediante instituciones y garantías a la altura de las exis- tentes en las naciones más democráticas. Pero Colombia ha tenido a la par mucha violencia política, mucho conflicto armado, mucho salvajismo. Lo que ha dado como resultado que el país se parezca a “un orangután en sacoleva” como lo dijo un destacado dirigente liberal, Darío Echandía, hace medio siglo. Ahora bien, no hay que llamarse a engaño: tanto el orangután como la sacoleva son de verdad. Gruesa y pesada, esta última ha permanecido allí, encorsetando sin inmovilizarlo del todo al simio de la barbarie, aunque se haya deshilachado en varios puntos y sus costuras hayan estado muchas veces a punto de reventarse.

El otro elemento por destacar del Partido Liberal es que ha sido menos desconfiado que su émulo con- servador y también menos refractario a la participación de las fuerzas independientes y de la izquierda en los espacios del poder. Esto no ha bastado para modificar el centro de gravedad de su gestión de gobierno, pero en el caso colombiano ha marcado una diferencia no desdeñable porque ha puesto en las manos de los liberales una baraja más amplia de cálculos y opciones políticas para enfrentar determinados problemas. El de los derechos humanos es uno de ellos.

Cuando los presidentes Barco, Gaviria y Samper trajeron a personas provenientes de la vida acadé- mica o del activismo de la sociedad civil a dirigir la Consejería de Derechos Humanos, pretendieron

varias cosas: darle credibilidad a sus propósitos en pro de los derechos humanos; tender puentes hacia los defensores de éstos; llenar el déficit de cuadros, especializados en el tema, que existe en las filas de su propio partido; el lugar adonde pudieran conducir esas apuestas era, obviamente, incierto, iba a depender y dependió, caso por caso (como he pretendido ilustrarlo parcialmente en las páginas anteriores) de las características de cada Presidente y de cada Consejero.

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ISRELACIONESCONLASORGANIZACIONESNOGUBERNAMENTALES

Tengo la convicción de que las organizaciones colombianas de derechos humanos militan en el bando del estado de derecho —más exactamente, en el del estado social de derecho, proclamado por la Constitución de 1991—. En ese sentido, las acusaciones que se les hacen de ser aliadas de la guerrilla, son infundiosas. Esa convicción, avalada por muchos años de trabajo conjunto en causas sociales y cívicas, y de amistad con varios de sus dirigentes, me permitió mantener con ellas desde la Consejería un diálogo franco y sostenido y compartir diversos empeños.

Desde luego, nunca faltaron las tensiones y las inconformidades. Hay que recordar que yo no era un militante de primera línea del movimiento de los derechos humanos. Antes de ser llamado al cargo por Gaviria era más bien un simpatizante y un colaborador del movimiento. Y el hecho de haber aceptado participar en gobiernos de los que también formaban parte aparatos armados, acusados de violar ma- sivamente los derechos humanos, creaba una sombra en mis relaciones con las ONG. Pero, en trazos gruesos, tanto ellas como yo hicimos “de tripas corazón” y decidimos, o así me lo parece, entendernos lo mejor posible.

Un punto que les molestaba particularmente a las ONG colombianas era mi “discurso” general en los

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