Adaptive Scan Dithering Process Overview

Las medidas que atienden las causas estructurales de la desnutrición son las más difíciles de implementar, puesto derivan de los sistemas político, económico, cultural y religioso imperantes, así como de las estructuras institucionales que gobiernan la sociedad, influencian el estatus de la mujer y controlan la disponibilidad de

los recursos humanos, económicos y organizacionales en el Estado. Entre medidas que tendrían efectos en la reducción de la desnutrición crónica y promoverían la salud en general pueden mencionarse:

• Fortalecimiento de la gobernanza democrática. Esta apoyaría la creación de un ambiente facilitador de una distribución justa del poder, finanzas y recursos en la sociedad, promoviéndose además la participación plena de los gobiernos locales.

• Incremento del ingreso nacional per cápita. Implica la promoción de la equidad a través del manejo justo de los recursos, dando más a quienes más los requieren. • Promover la participación activa y organizada de la

comunidad. La organización y participación deben darse a modo de que la comunidad tenga influencia en la toma de decisiones y en la auditoría de las acciones que les afectan. Asimismo, la pertinencia cultural de este enfoque y en cualquier actividad de promoción de la salud debe ser considerada. • Elevar el estatus de la mujer. La literatura sobre este

tema presenta como casos exitosos los proyectos productivos de micro finanzas a cargo de mujeres, la focalización de las transferencias condicionadas de recursos en las mujeres, la promoción de mujeres en cuerpos legislativos y el apoyo a la mujer en su función reproductiva. Una intervención que ha resultado prometedora, de mediano a largo plazo, es la educación de las niñas.

• Políticas de protección social. Entre otras, éstas incluyen inicialmente la protección social focalizada a los hogares excluidos, a través de programas como las transferencias condicionadas y otras intervenciones–cuando sea indicado–tales como la asistencia alimentaria, los subsidios alimentarios, las pensiones a adultos mayores y el apoyo a escolares, con el propósito de protegerlos de los efectos negativos de las crisis y disminuir su nivel de vulnerabilidad, a la vez que se fortalece la resilencia y se crean activos. En segundo lugar, estas políticas deben perseguir la universalización de programas integrados que promuevan seguridades, incluyendo la laboral, sanitaria, alimentaria y nutricional,

ambiental y humana.

• Reformas a las políticas macroeconómicas. Se hacen estas reformas a modo de que estimulen el crecimiento económico con equidad y reduzcan la pobreza y exclusión. Políticas como la de anti-pobreza,

la reforma agraria, la liberalización de mercados y precios, la inversión pública en la agricultura y la política de economía de puertas abiertas han sido ensayadas con éxito en algunos países.

• Garantizar los derechos humanos. A pesar de que Guatemala tiene compromisos bien definidos en relación al derecho a la alimentación, en forma de tratados y convenciones internacionales, así como obligaciones basadas en la Constitución y leyes, entre las cuales destaca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, aun no hay evidencia científica sólida que muestre que están teniendo el efecto esperado, lo que posiblemente se asocie a su desconocimiento por la población y a falta de exigencia para garantizar su cumplimiento vía litigación del derecho. Debidamente implementados, se esperaría que el derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional tengan efectos positivos a mediano y largo plazo.

cONclUsiÓN

L

de la mitad de la población guatemalteca, concentrados en los cinco departamentos del altiplano occidental, son complejos, de naturaleza dual, tanto por deficiencias como por excesos y desbalances, multicausales y de larga data. La población más

afectada es la indígena rural, que sufre los efectos de la exclusión prolongada y que constituye el grupo más susceptible a sufrir los efectos adversos de las crisis asociadas al aumento del precio de los alimentos y la energía, las financieras, y de la variabilidad y el cambio climático. La solución a esta situación requiere esfuerzos integrados, concertados con el sector público, privado y la sociedad civil, por tiempo prolongado, que atiendan a las causas inmediatas, subyacentes y básicas de los problemas.

Como se ha mencionado existe evidencia, mucha probada en estudios en Guatemala, que orienta sobre lo que se debe hacer frente al problema. Sin embargo, en lo que se refiere a cómo implementar eficientemente las medidas propuestas hay aún mucho trabajo por hacer, para lo cual se requiere, además de la decisión política y autoridad social para imponer las acciones, considerables recursos por periodos prolongados. Frente a esa situación, y mientras se formulan los planes de largo plazo requeridos y se movilizan los recursos humanos, financieros y materiales necesarios, se propone fortalecer las acciones relacionadas con la iniciativa de los mil días, que deberían implementarse a través de programas de seguridad alimentaria y nutricional a nivel primario y, en lo que respecta a salud y nutrición, a través de la atención primaria de la salud integral. Es importante enfatizar que para ser realmente efectivas las acciones propuestas, deben focalizarse en la mujer en edad fértil, iniciarse antes de la concepción e incluir acciones preventivas desde antes del embarazo. Adicionalmente, debe destacarse que, siendo importante el periodo completo, las acciones en los primeros días de los mil días son clave para garantizar un óptimo crecimiento y desarrollo del feto y el infante, priorizando las acciones de salud y nutrición en la mujer.

Un tema pendiente en los estudios sobre la seguridad alimentaria y nutricional de Guatemala y del altiplano occidental es la falta de información válida y confiable del consumo alimentario en los grupos más vulnerables. Desde 1965 no se ha efectuado una encuesta nutricional nacional y regionalizada en el país que incluya medición del consumo alimentario a través de metodología directa, como encuestas dietéticas. La información derivada del patrón de gastos sugiere que se ha incrementado el consumo de azúcar, bebidas alcohólicas, aguas gaseosas y alimentos chatarra, y se ha reducido la actividad física, aún en los grupos viviendo en pobreza y extrema pobreza. Sin embargo, no se cuenta con suficiente información para conocer las deficiencias específicas, así como los excesos, que están afectando la nutrición y estado de salud de los guatemaltecos.

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