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A la superación de esto no contribuye una clase política perpleja que, o bien se refugia en métodos tradicionales que ya no sirven para la representación o la movilización políticas, o bien cede a esta anulación de la política, convir- tiéndose en portavoz de los «problemas de la gente». El «estilo ciudadano» y la «centralidad» de la sociedad civil pueden llevar, en muchos casos, a erosio- nar la legitimidad de instituciones que se crearon precisamente para asegurar la representación de la gente. En otras palabras, una secreta complicidad entre los políticos y la sociedad para saltearse a las instituciones, en vez de reformarlas y generar otras nuevas. Por un lado, la sociedad civil aparece dotada de una virtud y una homogeneidad que contradicen la realidad de intereses particulares y contradictorios propios de la condición humana, mientras que la ciudadanía se presenta solo en su dimensión de derechos in- dividuales y no en su pertenencia a una comunidad política. Por otro, la po- lítica tiende a disolverse en la farándula, la mediatización, la acción puramen- te corporativa, la autorreferencia de la clase política, la oferta de respuestas fá- ciles a las «demandas de la gente». A ello hay que agregar el papel que juegan ciertos organismos financieros internacionales, que exaltan a una sociedad ci- vil y a un ciudadano abstractos que, en realidad, se transforman en clientes o beneficiarios de políticas tecnocráticas que condenan como populismo a todo aquel que se aleje de ellas.
Para que estos llamados a la sociedad civil y a la ciudadanía no se conviertan en puramente retóricos, es indispensable que estén acompañados por la crea- ción de instituciones de participación efectivas, además de reformas que rele- gitimen a los partidos políticos, que son los que pueden resolver de manera más adecuada las relaciones entre Estado, política y sociedad. Con algunas excepciones, esta agenda de reformas –del Estado, la política y las relaciones con la ciudadanía– aún está pendiente.
En el plano económico y social, es cierto que, más allá de las diferencias entre países, se ha avanzado relativamente en los temas de crecimiento y supera- ción de la pobreza (aunque ésta aumente en términos absolutos). Sin embar- go, siguen pendientes al menos tres temas centrales: la definición del papel del Estado como dirigente del proceso de desarrollo y agente principal para la inserción en la globalización; la superación de las desigualdades, y una transformación productiva que signifique la efectiva incorporación de la región a la sociedad del conocimiento y, también, la generación de empleos decentes. Ello implica, ni más ni menos, un nuevo modelo de desarrollo, di- ferente tanto del modelo clásico como del proyecto neoliberal conocido como Consenso de Washington y que hoy nadie puede defender razonablemente.
Cabe preguntarse si en todas estas cuestiones es posible discernir una proble- mática común y central para los países de América Latina, como en el pasado lo fueron las transiciones democráticas, las reformas estructurales de los 80 y los primeros impactos de la globalización. Desde nuestra perspectiva, lo que está en juego detrás de los «modelos», las políticas, las nuevas formas de acción colectiva y los liderazgos es la recomposición de las relaciones entre Estado y sociedad, de la nación en sus diversas expresiones histórico-cul- turales. Es decir, la capacidad de construir, más allá de los regímenes for- malmente democráticos, una capacidad de acción política de la sociedad frente al mundo globalizado y la fragmentación interna. Se trata de una cues- tión especialmente aguda y visible en aquellos países en los que el sistema partidario, independientemente de sus fallas clásicas, se derrumbó, y donde surgieron nuevas formas de liderazgo, no convencionales y alejadas de pro- yectos ideológicos o de la política partidaria.
No pueden entenderse los procesos electorales de los últimos años, ni lo que se ha llamado el «giro a la izquierda», ni los intentos que algunos califican equivocadamente de neopopulismo, ni la aparición de nuevas formas de mo- vilización social y de actores hasta ahora inéditos, si no se tiene en mente este nuevo contexto, similar a la situación enfrentada por nuestros países después del derrumbe oligárquico o la crisis económica mundial de la primera parte del siglo XX. En aquella época, el desafío era básicamente la integración de las masas a un proceso de desarrollo cuyos parámetros estaban de alguna manera definidos, en el marco de Estados cuya base socioeconómica y cultural, por restringida que fuera, era indiscutible. Hoy, en cambio, lo que está en cuestión es precisamente esta capacidad estatal de accionar sobre los flujos de mer- cados y comunicaciones transnacionales y, por lo tanto, su legitimidad ante poblaciones que, exaltadas como ciudadanos, quedan, sin embargo, inermes ante los poderes fácticos.
Esta recomposición de la sociedad y de la nación, que tiene una dimensión subnacional (algunos la llaman «democracia local»), una dimensión estatal y una dimensión supranacional (de integración como bloque a los procesos de globalización), está en la base de todas las agendas de los gobiernos actuales, aunque no siempre de manera explícita. Y si bien hay rasgos originales en ca- da una de las fórmulas actuales de recomposición entre Estado y sociedad o de reconstitución de la nación, todas ellas tienen una sorprendente semejan- za con el modo en que cada país enfrentó los desafíos en otras épocas. De aquí una primera razón para que no haya modelos, fórmulas o liderazgos que pue- dan considerarse ejemplares para otras situaciones.
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Mas allá de los proyectos de reconstrucción de los Estados-nación en juego que mencionaremos luego, es necesario señalar que, si queremos buscar un contenido para un proyecto de estas características, éste debiera responder a cuatro cuestiones.
Una de ellas es la dimensión ética. En sociedades que vivieron crímenes y ge- nocidios, el conjunto de valores que conforman esta dimensión no puede ser sino la restauración de la justicia, el fin de la impunidad y la centralidad de los derechos humanos y, al mismo tiempo, el respeto de las diversidades. En otros casos, es probable que el núcleo valorativo predominante surja del con- flicto étnico, los enfrentamientos armados o las desigualdades sociales. Lo que queremos indicar es que no hay nación o proceso de reconstrucción de ella sin esta dimensión o contenido ético que se oponga a las fragmentacio- nes, las desigualdades y los individualismos asociados a la globalización. Y la memoria emblemática de lo que podría llamarse el «conflicto central» de ca- da sociedad pareciera ser su fuente principal.
Una segunda cuestión es la socioeconómica, que consiste, fundamentalmen- te, en hacer de los dos o más países que hay dentro de cada país uno solo, una sola comunidad socioeconómica. Ello implica básicamente el tema de la igualdad, éste requiere redistribución y ésta, a su vez, exige el fortalecimien- to y la legitimación de los Estados, los únicos que pueden generar redistribu- ción. Como fue planteado en la última reu-
nión de la Comisión Económica para Amé- rica Latina (Cepal), la cuestión central es la conformación de un nuevo pacto social que lleve a un Estado de protección en América Latina, en un marco democrático y como parte de un modelo de desarrollo no subordinado a la globalización. Pero, precisamente por todo ello, la problemáti- ca económica es hoy más que nunca políti- ca, y no solo producto de una evolución natural o del mero crecimiento económico, que de por sí es importante. Ese pacto, por
otra parte, no puede hacerse solo con los actores sociales clásicos, que se en- cuentran muy debilitados, o con los actores nuevos, que son variables y no tienen ni la envergadura ni la consistencia para asumir compromisos de lar- go plazo. Es decir, no puede formularse solo como un acuerdo entre los ciu- dadanos o las organizaciones de la sociedad civil. Si el acuerdo o el pacto