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El Salvador es el país más densamente poblado del área centroamericana cuya historia política y económica, a partir del siglo XX, se desarrolla en paralelo a la incidencia de conflictos sociales por causa de la tenencia y la explotación de la tierra.

En un país esencialmente agrícola, la sociedad se ha enfrentado más de una vez a causa de la propiedad de la tierra. En 1932, por ejemplo, un levantamiento indígena que reclamaba la propiedad de tierras ejidales en el occidente del país derivó en la masacre

75 de al menos 30,000 personas por parte del ejército al mando del entonces dictador de turno, el general Maximiliano Hernández Martínez. Este presidente de facto se mantuvo en el poder a lo largo de 13 años e inició un período de sucesivos gobiernos militares que se extendieron hasta 1979, cuando un golpe de Estado propició la instauración de gobiernos provisionales de carácter cívico-militar, que a su vez dieron lugar a las primeras elecciones presidenciales que obtuvieron el reconocimiento de los observadores internacionales.

No obstante, la manifestación máxima de un conflicto social tuvo lugar en 1980, año que marca el inicio de la guerra civil salvadoreña, cuyo origen, además del tema agrario, hay que buscarlo en el intento de ruptura del modelo autoritario y de represión social ejercido por los gobiernos militares de la época, y en la inercia misma de los movimientos guerrilleros latinoamericanos de los años setenta. La suma de todos escenarios acabaron siendo determinantes para entender el desarrollo político de este país centroamericano los siguientes 30 años en tres fases generales.

La primera es la guerra civil, que a lo largo de doce años generó 70,000 muertos y más de 10,000 desaparecidos, y que finalizó en 1992 cuando las partes en conflicto, las facciones guerrilleras aglutinadas en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno del entonces presidente Alfredo Cristiani del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), negociaron la solución pacífica del conflicto con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El acuerdo de paz firmado en el castillo de Chapultepec, en la ciudad de México, propició un segundo momento fundamental como es la conversión política electoral exitosa de la ex guerrilla del FMLN. Pese a perder las elecciones en 1994, 1999 y 2004, contra el partido emblemático conservador del país, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el FMLN se posicionó como segunda fuerza política del país.

Y es tras esa mezcla de pasado guerrillero sumado a su papel de oposición política es que en 2009 alcanza el poder por la vía democrática, cuando su candidato, Mauricio Funes, un ex periodista antagónico con el partido gobernante y ultra conservador, obtuvo la presidencia para gobernar hasta 2014. La gestión de Funes allanó el camino de la izquierda progresista para revalidar al FMLN en el gobierno en 2014 a través del

76 ex comandante guerrillero, Salvador Sánchez Cerén, quien entregará el mando hasta 2019.

No obstante, es importante señalar que los avances políticos de los gobiernos progresistas no se han traducido hasta la fecha en mayores índices de desarrollo humano porque, aunque ya no se vive en guerra, no hay mejoras sustanciales en El Salvador. El caso guatemalteco tiene otros matices radicalmente diferentes. El conflicto armado en Guatemala, con 36 años de duración, es considerado el más largo y sangriento del continente. Dejó como resultado cerca de 200,000 víctimas entre muertos y desaparecidos y alrededor de 1.5 millones de personas desplazadas, lo que generó profundas heridas y fracturas en la sociedad.

A diferencia de la experiencia obtenida por Estados Unidos en su política exterior en Nicaragua y El Salvador, Washington sabía que en la denominada tierra del quetzal o de la eterna primavera las cosas eran distintas desde que el punto de vista del militarismo que regía el país desde el golpe de Estado de 1954 contra el presidente Jacobo Arbenz. En Guatemala el régimen militar controlaba el país gracias a los consejos aprendidos de los mismos Estados Unidos. El ejército estaba tan cohesionado a la hora de tomar decisiones extremas que en 1963 organizó un nuevo golpe que los perpetuó por los siguientes 18 años sin discusiones políticas adentro de la estructura castrense, tal como sucedía entre los mandos salvadoreños.

Guatemala era el país más poblado y tenía la mayor cantidad de inversión estadounidense en Centroamérica por lo que no necesitaba persuadir demasiado al gran vecino del norte para que los proveyera de suministros y entrenamientos (LaFeber, 1989), siempre y cuando “dejaran hacer” sin inmiscuirse en el manejo y conducción de la guerra y sin importar que el saldo de víctimas que eliminaban fueran por igual opositores políticos o dirigentes campesinos, los cuales se contaron por miles.

Los funcionarios de Washington se sometieron en buena medida. Según la política de Nixon, los suministros militares reemplazaron los programas de la Alianza para el Progreso. Entre 1967 y 1976, Estados Unidos actuó virtualmente como el único abastecedor; entregó 35 millones de dólares en ayuda a los militares guatemaltecos (LaFeber, 1989, p. 322).

77 El país contó con una relativa calma hasta 1974, cuando inició una campaña de asesinatos políticos, mayormente orientados contra dirigentes del Partido Demócrata Cristiano, el fortalecimiento del Ejército y el recrudecimiento de la violencia política e ideológica ejercida mayormente por el Estado.

Honduras, por su parte, no experimentó guerra civil en su territorio, sin embargo la efervescencia social de asociaciones gremiales fue fuertemente reprimida en los inicios de los años setenta y mediados de los ochenta, lo cual dificultó la estructuración de grupos antagónicos al poder político y militar. Aunque se percibía como la región más pacífica del área, rodeada por Guatemala y El Salvador, con sus guerras civiles, y Nicaragua, con su proceso de revolución sandinista, la paz en Honduras se relaciona más con el producto de una represión brutal oculta con la complicidad de los medios de comunicación, que con una condición inherente a la sociedad en particular.

De hecho, en Honduras desaparecieron 184 personas y decenas más fueron asesinadas por los llamados “escuadrones de la muerte” integrados por militares y policías, como parte de una estrategia para frenar cualquier atisbo de movimientos rebeldes de izquierda. Si bien las desapariciones en este país son proporcionalmente menores a las de sus vecinos, Guatemala y El Salvador, todavía es un tema de debate constante entre la sociedad hondureña la ausencia de juicios por la represión sufrida durante los gobiernos de los mandatarios liberales Roberto Suazo y José Azcona.

En noviembre de 1981, los hondureños votaron en las primeras elecciones presidenciales en 18 años y fue elegido presidente Roberto Suazo Córdova, miembro del Partido Liberal. En el contexto regional, pesó el hecho de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tomara el poder en Nicaragua dos años atrás, tras el triunfo de la guerrilla izquierdista el 19 de julio 1979 contra el dictador Anastasio Somoza.

Honduras comenzó a ser “privilegiado” militarmente Estados Unidos, quien hizo de este país su gendarme en América Central, para apoyar a la “contra” nicaragüense y vigilar la frontera con El Salvador, dónde la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional tomaba fuerza. Al frente de la Embajada estadunidense en Tegucigalpa estaba el embajador (John) Negroponte, un experto en Vietnam (Nizkor, 1996).

78 En julio de 1988, Honduras fue acusado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de violar los derechos de libertad personal, trato humano y derecho a la vida de Ángel Manfredo Velázquez, desaparecido el 12 de septiembre de 1981, y obligado a pagar una indemnización justa, que empezó a ser efectiva en 1996.

En enero de 1989, la Corte también hizo pública una segunda resolución sobre el caso de Sal Godínez Cruz, quien había desaparecido el 27 de julio de 1982. La CIDH dictaminó que dicho suceso formaba parte de la práctica sistemática de secuestros y desapariciones que se produjo entre 1981 y 1984, por lo que debía investigar la desaparición de dos ciudadanos costarricenses, reportada el 11 de diciembre de 1981, sin que Tegucigalpa cumpliera con otras de las doce resoluciones que incluyó investigar estos casos y sancionar a los responsables de los abusos contra los dos ciudadanos hondureños.