Por otro lado, como se ha adelantado, los estudios sobre el Noroeste han estado
marcados por la dicotomía entre indigenismo y romanización, lo que ha llevado a generalizar concepciones que han entendido la integración de estas comunidades en el mundo romano de una forma muy concreta. En ellas, se ha extendido la visión de que el Noroeste fue un territorio marcado por su indigenismo (López Barja, 1996: 235), salpicado de zonas excepcionales, como las mineras o las capitales conventuales, en las que el impacto de la llegada romana fue más intenso. Con ello se le ha atribuido a la mayoría del territorio rural rasgos indígenas particulares, que se han vinculado con el mantenimiento de características prerromanas propias de estas comunidades (Martins, 1990 y 1997). A su vez, esto ha llevado a minimizar la conquista y el impacto de Roma sobre estos territorios (Parcero, 2000: 88; García Quintela, 2002: 19 y 2007), hasta el punto de considerar la presencia romana como un hecho de poca trascendencia (Arizaga y Ayán, 2007: 491).
Los argumentos para sostener esta interpretación de continuidad con el mundo prerromano se apoyan desde una perspectiva social y territorial. Por un lado, se defiende que Roma respetó las estructuras organizativas indígenas o incluso las utilizó como parte del marco político generado tras la conquista (Rodríguez Colmenero, 1972: 201; Tranoy, 1988: 226; Brañas, 1999; García Quintela, 2002: 21; Parcero et al. 2007: 72- 73). Por otro lado, se sostiene que el impacto de Roma supuso pocos cambios en la organización del territorio, donde se mantuvieron elementos indígenas, como la utilización del castro, hasta la Alta Edad Media (Arizaga y Ayán, 2007: 491). En consecuencia, se han utilizado las mismas construcciones teóricas para interpretar las realidades de la Edad del Hierro y del mundo provincial romano (García Fernández- Albalat, 1990; Brañas, 1995 y 2000; García Quintela, 2002 y 2007; Alarcâo, 2003a; González García, 2008). Sólo la época flavia, con la concesión del ius Latii por parte de Vespasiano, ha sido considerada un punto de inflexión en la evolución de estas comunidades hacia su romanización (Alföldy, 1998: 14ss; Rabanal, 1990; Arias, 1992; Santos Yanguas, 1993; Alarcâo, 1995-1996; López Barja, 1998: 552; Santapau, 2002- 2003: 196; Andreu Pintado, 2004a: 142, 2004b y 2004c; Espinosa, 2009), una romanización que, a pesar de ello, se ha considerado débil o poco profunda, precisamente como consecuencia del profundo indigenismo y del carácter periférico del Noroeste hispano. La romanización ha sido entonces entendida como un proceso homogéneo, dirigido e inevitable, en el que se ha valorado el grado de asimilación de
45
los rasgos clásicos y estereotipados de la urbanización romana, dejando de lado el mundo rural6. Como en el Noroeste la romanización no se ha visto materializada en el registro a través de los cánones de la ciudad clásica, se ha tendido, o bien a categorizar esta región como una zona poco romanizada incluso hasta el siglo III d.C., o bien a forzar la aparición de elementos que serían definitorios del modelo de ciudad clásica.
De acuerdo con lo que interesa en este trabajo, desde esta interpretación indigenista y continuista, se vuelve complicado entender el desarrollo de la minería de oro del Noroeste, una actividad económica que, por una parte, sólo cobra sentido como parte de la compleja trama de medidas que fundamentaron la organización del Imperio, y que por otra, requirió de la definición de una estructura de dominación y control territorial que se opuso, de forma radical, a la realidad documentada en época prerromana y que afectó al conjunto del territorio. Como se verá, la puesta en explotación de las minas se hizo sobre la base de una nueva ordenación del espacio que supuso una ruptura radical respecto a las estructuras previas, pues implicó la imposición de nuevos marcos administrativos y formas de explotación del conjunto de los recursos provinciales (Sánchez-Palencia y Fernández-Posse, 1985 y 1988; Orejas, 1996 y 2002; Orejas y Sastre, 1999; Sastre, 2001; Sánchez-Palencia et al. 2000a y 2007a). No parece entonces que la minería formase parte de un contexto marginal, donde el impacto de la llegada romana fue mínimo. La puesta en explotación de las minas formó parte de una completa reestructuración social y territorial que también afectó a zonas no mineras y que impide adoptar la propuesta indigenista de la continuidad. La minería representa un claro exponente de la drástica ruptura entre el pasado prerromano y las nuevas formas de articulación provinciales romanas y pone en evidencia que la conquista supuso un cambio trascendental.
Al mismo tiempo, es complicado entender la evolución de las zonas mineras a partir del discurso de la excepcionalidad, pues con él se cae en el error de aislarlas del resto del mundo rural. El desarrollo de las zonas mineras no se entiende al margen del conjunto del territorio sometido por Roma, del sistema de civitates locales y, en definitiva, del proceso de provincialización. En este sentido, tampoco hay que olvidar que el Noroeste no fue un territorio alejado de ciertas dinámicas que operaron en el
6
Sobre la inevitabilidad de los cambios tendentes a la urbanización como consecuencia de las concesiones de ciudadanía (primero de Vespasiano y posteriormente de Caracalla), Santapau escribía: “La concesión vespasianea del ius Latii a toda Hispania y la extensión de la ciudadanía a todo el Imperio por Caracalla eran sanciones legales a una dinámica imparable, que tarde o temprano se hubiese tenido que producir” (Santapau, 2002-2003: 192).
46
Imperio y que marcaron ciertos procesos. Estas consideraciones, obligan a situar al Noroeste en la órbita imperial, como un territorio provincial desde que concluyó la conquista en época de Augusto, no como un reducto marginal donde sobrevivió el indigenismo aislado de dinámicas generales. Por ello, ha sido necesario reorientar el estudio de la minería del Noroeste y situarlo en unas coordenadas adecuadas, que han reubicado a esta región como parte del ámbito provincial del Imperio, no de forma periférica, marginal o interpretada en clave de excepcionalidad (Orejas y Sastre, 1999; Sastre, 2012; Sánchez-Palencia y Orejas, 2012).
Para ello, uno de los principales pasos es descartar el modelo de romanización que se ha aplicado a su estudio, un concepto de escasa validez a la hora de analizar la conquista y dominio romano del Noroeste (Fernández Ochoa y Morillo, 2015: 85). Hablar de romanización implica aceptar que las comunidades locales asumieron la cultura romana con mayor o menor intensidad y de forma pasiva. Esto va unido además al concepto tradicional que asocia la romanización con la idea de civilización (Freeman, 1997; Hingley, 2005) y según el cual, Roma habría expandido su cultura en virtud de una supuesta superioridad respecto a los pueblos sometidos, considerados inferiores desde un punto de vista cultural. Es decir, la romanización es un modelo que supone el trasvase de elementos culturales identificados como romanos, hacia los pueblos conquistados, que son analizados desde una perspectiva de inferioridad. Así, las comunidades receptoras son interpretadas como sujetos pasivos que asimilan progresivamente y con mayor o menor éxito, la cultura romana. Con ello, es posible clasificar a estas comunidades en función del mayor o menor grado de romanización alcanzado.
De acuerdo a este concepto de romanización hay que empezar por definir y delimitar clara y nítidamente qué es ser romano para, a partir de esta categoría, establecer semejanzas y diferencias entre otras formaciones distintas y ver su mayor o menor proximidad. ¿Se trata de un estatuto jurídico? ¿Es más bien una cuestión cultural? ¿Existen elementos en el registro material que definen lo que es ser romano? ¿Cuáles?
En este sentido, se ha adoptado el modelo de la ciudad clásica como el ideal de romanización y se han analizado las distintas comunidades concretas a partir de la dicotomía entre el ciudadano y el no ciudadano. De este modo se han categorizado distintos elementos del registro arqueológico como poco romanizados, tal y como ha ocurrido con los castros del Noroeste (e.g. Andreu Pintado, 2004b: 48), mientras que
47
otros han sido considerados muy romanizados en función de su mayor cercanía al modelo urbano clásico. En el plano jurídico, se ha defendido la obtención de la ciudadanía romana como el paso necesario hacia la romanización, considerándose otras condiciones (como la peregrinidad) como pasos intermedios. Esta interpretación lleva a establecer categorías entre territorios poco romanizados, medianamente romanizados, muy romanizados y pensar en una difusión lineal de la romanización que iría desde Italia (muy romanizada) a las zonas periféricas como el Noroeste (poco o nada romanizado). La promoción jurídica se ha convertido así en un paso más dentro de este modelo de romanización lineal y progresiva, en el que las comunidades tendieron a la uniformización a consecuencia de las necesidades que exigía su estatuto privilegiado.
Estas concepciones dificultan entender procesos de cambio, al analizar el desarrollo social desde un punto de vista determinista (Mattingly, 1997 y 2004; Webster, 2001). Cualquier aspecto que escape al modelo estereotipado es entonces considerado una excepción. Esto ha ocurrido precisamente en el Noroeste donde la concesión de la ciudadanía latina en el último tercio del siglo I d.C. no generó el registro material romanizado y urbano esperable. Las dificultades surgen de los planteamientos de partida, pues el modelo de romanización necesita identificar dos bloques separados: lo romano y lo no romano, para luego establecer su mayor o menor proximidad. Sin embargo, encontrar un patrón que defina la romanidad es realmente complicado, pues no se pueden reconocer dos bloques (romano y no romano) homogéneos (Barret, 1997). El Imperio se caracteriza por su amplitud, su diversidad y el modelo de romanización expresa una idea equivocada al prever una uniformización, homogeneización de prácticas y manifestaciones y formas de organización. La realidad se muestra mucho más heterogénea y las excepciones al esquema monolítico de la romanidad son mucho más frecuentes de lo esperado. Los estudios que se han desarrollado en las últimas décadas, están poniendo de manifiesto que el Imperio no es una malla coherente de territorios más o menos romanizados, sino que está caracterizado por la diversidad de situaciones a nivel provincial (Woolf, 1992a, 1997 y 1998; Hingley, 1996, 2005, 2011; Mattingly, 2011). No se trata entonces de caracterizar elementos como más o menos romanizados, sino de entender que surgieron nuevas realidades en el contexto provincial. Este enfoque obliga a cuestionar la validez de las aproximaciones que entienden la romanización como la adopción, más o menos exitosa, de una serie de características (no muy bien definidas), en bloque, por unos sujetos pasivos. El impacto de Roma sobre estas comunidades y su integración en el Imperio, se leen mucho mejor
48
en clave de cambio y transformación. La interacción entre ambos mundos generó la desestructuración del pasado prerromano para crear una realidad nueva, tal y como confirman varios estudios (e.g. Sánchez-Palencia y Fernández-Posse, 1985; Fernández- Posse y Sánchez-Palencia, 1988; Orejas, 1996; Sastre, 2001; Currás, 2014). Y, al mismo tiempo, esto obliga a desechar la idea de una romanización monolítica en torno al modelo urbano clásico.
De acuerdo a este enfoque, desde hace décadas se ha desarrollado un modelo alternativo en conexión con las posibilidades que ofrece la Arqueología del Paisaje. Esta perspectiva, que ha partido tanto de los campos de la protohistoria como de la historia antigua, ha puesto de relieve las lagunas que muestran las interpretaciones que se basan en el discurso de la excepcionalidad o el continuismo prerromano (e.g. Vicent, 1991; Orejas, 1996). Se ha hecho entonces hincapié en la necesidad de buscar criterios de análisis de las formas de organización social y territorial que sean coherentes con la realidad social objeto de estudio, que eviten recurrir a criterios actualistas y que, a la vez, puedan abordar la diversidad de las formas de relación social sin partir de modelos deterministas, que marcan la evolución de las sociedades de un modo mecánico y dirigido (Orejas, 1998: 14). Los análisis efectuados, han revelado que no hay formas de desarrollo exclusivas y que es mucho más fructífero entender la evolución de las sociedades como parte de procesos complejos y polifacéticos.