Analytical framework Global Commodity Chain analysis

Hinds (2006: 204) plantea una revisión del concepto de “Ley y Orden” al entender que a pesar de que históricamente estaba vinculado al control del orden público, es decir, a la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el espacio público a fin de evitar delitos, hoy ha quedado desplazado por su actual uso político-criminal que lo interpreta como la aplicación estricta de las Leyes como mecanismo de control del fenómeno delictivo. En este contexto, Hinds (2006: 205) vincula el concepto inicial de “ley y orden”, al que denomina “histórico”, a la Teoría del Estado. Siguiendo a Hobbes, explica que la necesidad de orden - como elemento de harmonización social-, y de una ley que lo codifique ha sido el requisito fundamental para la creación y mantenimiento de los Estados.

Tras la consolidación de los Estados modernos, como consecuencia de los conflictos originados por los cambios sociales introducidos por las revoluciones industriales y la explosión demográfica de las urbanizaciones a finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX, surgieron varias instituciones estatales dedicadas al control social tales como las prisiones modernas o los cuerpos policiales (Foucault 2000). Por entonces, se interpretaban las protestas y manifestaciones como parte del proceso político, aunque el Estado se reservaba la prerrogativa de valorar qué protestas serían consideradas legítimas (Smith 1996). En este contexto, como explica Reiner (2000:

170), los cuerpos policiales no surgieron para combatir la criminalidad sino, prioritariamente, para trabajar por el mantenimiento del orden social y reducir la conflictividad en las calles.

Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX se da un giro político-criminal en torno a la idea de “ley y orden” (Tham 2001, Zysman Quirós 2005, Hinds 2006, Downes y Morgan 2007). Los últimos años de la década de 1960 fueron fructíferos en revoluciones sociales (v. gr. las revueltas por las libertades civiles y las protestas en contra de la Guerra de Vietnam en EE.UU., las manifestaciones estudiantiles en París, el movimiento feminista, etc.) que terminaron por consolidar las manifestaciones callejeras como mecanismo de presión política y sublevación del orden dominante. Representaron además un cambio en la percepción de estas acciones por parte del Estado, que las desvinculaba del proceso político y las asociaba al universo criminal.

Según Beckett (1997: 31), el primer político en defender la tesis de “ley y orden” como mecanismo de expansión punitiva fue el candidato republicano a la presidencia de los EE.UU. Barry Goldwater que, en 1964, propuso que el crimen debería ser uno de los temas de la campaña presidencial de aquel año. Su propuesta estaba vinculada a la articulación de una respuesta a los movimientos por las libertades civiles y a la asociación de factores raciales con la pequeña delincuencia.

Por eso, otros autores (Hall 1993, Tham 2001, Hinds 2006) creen que la vinculación definitiva del concepto de “ley y orden” al incremento de la respuesta punitiva al fenómeno delictivo se dio, en EE.UU., en la siguiente campaña presidencial, cuando el entonces candidato republicano a la vicepresidencia estadounidense, Spiro Agnew, explícitamente defendía el “ley y orden” como respuesta al crimen.

Hall et alt. (1993:275) señalan como primer indicio de este concepto en el Reino Unido la publicación de un articulo en el Sunday Times de 8 febrero de 1970, en el que Ronald Butt, corresponsal del periódico británico en los EE.UU., abogaba por que su país incorporase las políticas de “ley y orden”, siguiendo las propuestas de los republicanos Nixon-Agnew. De igual forma, después de las revoluciones sociales de los años 60, las elites políticas conservadoras británicas pasaron a defender que el problema del orden social se debía a una respuesta punitiva insuficiente (Hinds 2006: 205-206).

No obstante, según afirma Beckett (1997:34-36), varios gobernadores republicanos y, posteriormente, los presidentes Nixon y Reagan hicieron calar la idea de que las políticas asistenciales del Estado estaban relacionadas con el incremento de los índices de criminalidad. En este sentido, la tesis más extendida era que los programas sociales no sólo no habían logrado reducir las tasas de pobreza sino que, además, fomentaron la dependencia de muchas capas sociales al Estado, lo que también se había visto reflejado en la permisividad con los delincuentes, especialmente entre los afroamericanos.

Beckett (1997: 86) igualmente argumenta que durante las décadas de los cincuenta y los sesenta, en los EE.UU., muchos políticos utilizaron la criminalidad como argumento en los debates políticos, como mecanismo para encubrir la conflictividad racial emergente, vinculando la criminalidad con el colectivo afroamericano. De este modo, la politización de los temas penales y la resignificación de la idea de “ley y orden” erigieron una cortina de humo en un momento en que temas como los derechos civiles estaban fuertemente presentes en la agenda política estadounidense.

La asociación de la idea de “ley y orden” con la actitud política de mano dura con el crimen materializa la percepción popular de que el riesgo de delito es altamente intolerable (Hinds, 2006: 212). Aunque los datos acerca de la realidad delictiva sean estables, el riesgo de ser víctima de un delito justifica ante la ciudadanía la acción de represión preventiva del Estado123.

Bottoms (1995) señala que con la ascensión del neoconservadurismo y de las políticas neoretribucionistas, uno de los primeros fenómenos observados ha sido el desplazamiento del debate penal de los círculos científicos al campo político, consagrando a la política criminal la condición de principal política pública. Así surgen las campañas - de Thatcher y Reagan - que buscaban reestablecer la Ley y el Orden. Según Zysman Quirós (2005: 272), “estas campañas se caracterizaban por el rigor punitivo y la inflexibilidad, asimismo, utilizan la retórica de la guerra contra el delito y

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Trabajaremos en el Capítulo V (apartado 2) la relación existente entre percepción de la inseguridad y las tasas reales de delincuencia.

se capitalizan en la arena de la discusión política y los medios de comunicación”. Desde la perspectiva de los estudios culturales, Stuart Hall (1997 citado por Zysman Quiróz 2005: 272) denunció que

La ideología de la ley y el orden […] no es simplemente la creencia de que la sociedad debe ser gobernada por la ley, sin excepciones, y el delito efectivamente controlado. Es un complejo y naive conjunto de actitudes, que incluye la creencia de que los seres humanos tienen libre determinación, que pueden ser estrictamente disciplinados por las reglas restrictivas, y que deben ser severamente castigados si quiebran las reglas o fallan en respectar la autoridad.

En opinión de Garland (2005: 138), la principal consecuencia de las campañas de “Ley y Orden” fue el incremento magistral de la población carcelaria, sin ninguna estadística posterior que demostrara el descenso de las tasas de delincuencia. Entre 1980 y 1994, la población carcelaria en los EE.UU. aumentó un 300%, pasando de 500.000 reclusos a más de 1,5 millón, según explica Beckett (1997: 89).

Como anunciábamos más arriba, lo que en un primer momento, en el contexto anglosajón, fue una doctrina netamente asociada a los partidos conservadores, progresivamente ganó adeptos entre los partidos progresistas o liberales. Como líder de la plataforma New Democrats, Bill Clinton pasó a defender una política criminal basada en la “ley y orden” (Baer 2000: 126). A su vez, Tony Blair bajo el auspicio del

New Labour, en 1997, lanzó la campaña “Duros con el crimen, duros con las causas del

crimen” que también defendía acciones políticas basadas en la “ley y orden” (Newburn y Jones 2005: 84).

En su comparación de la transformación de los discursos de los partidos progresistas anglosajones con el campo político sueco, Tham (2001: 409) asegura que los partidos de izquierda en Suecia también pasaron a perseguir más “ley y orden” en sus propuestas político-criminales, aunque si lo hicieron en parte fue por la presión ejercida por los partidos conservadores desde la segunda mitad de la década de 1970.

En un primer momento, tras la etapa en la que gobernaron el Partido del Centro, con Thorbjörn Fälldin (1976/78 – 1979/82) y el Partido Popular Liberal, con Ola

Ullsten (1978/79), se implementó una política criminal basada en el abolicionismo124; pero a partir de 1982, al recobrar el Gobierno, el Partido Socialdemócrata sueco fue promoviendo una primera expansión penal. Para Tham (2001: 411), el ideal de la “rehabilitación” fue más una excusa para la intervención y expansión de las leyes penales que una postura política en sí misma.

En un segundo momento, a partir de 1994, año en que la socialdemocracia sueca retoma otra vez el Gobierno, se promueve una nueva expansión penal. El Partido Socialdemócrata fue el primer grupo político sueco en declararse textualmente a favor de la adopción de medidas de “ley y orden”. Asimismo, en el “Statement of Government Policy”, de octubre de 1998, el Primer Ministro de Suecia, socialdemócrata, señalaba explícitamente que todos los crímenes debían ser combatidos con mano dura (Tham 2001: 411).

Aunque la idea de “ley y orden” no represente un conjunto delimitado de acciones políticas estancas, podemos señalar algunas características comunes: a) la proposición de políticas de control social más represoras; b) la materialización del ideal de “mano dura” y “firmeza”, disociando las acciones sociales de las políticas criminales; c) la consideración de manifestaciones y protestas que no tengan la autorización del Estado como actos de disturbios o incívicos; d) el fomento de una política criminal basada en el encarcelamiento y en las penas inocuizadoras; e) la atribución a las penas de la función de prevención general al delito; y, f) el uso de la retórica de la dureza como único mensaje asociado a la política criminal.