Un tema fundamental para comprender la forma en que se relacionaba la cárcel y criminalidad, pensamiento criminológico y penitenciario, fue la noción de pobreza. Los pobres y la pobreza fue un tema que despertó gran inquietud en la élite política mexicana de inicios del siglo XIX. Para ellos, el que se presentara tal problema en algunos individuos, los hacía delincuentes, ese era el pensamiento ampliamente aceptado. La explicación dada por este grupo de reformadores consistía en pensar a los pobres como personas que carecían de hábitos de trabajo y poco espíritu previsor y de ahorro por parte de quienes se encontraban deambulando por las ciudades. Lo que olvidaron explicar los criminólogos fue que el problema reflejaba la gran
desigualdad existente en las condiciones para acceder a niveles superiores de bienestar.
Es esta quizá la razón por la cual los criminólogos mexicanos se agruparon mayoritariamente en torno a los ideales de la escuela positivista de la criminología, la cual no consideraba que el individuo tuviera el libre albedrío, sino más bien, existían una serie de condicionantes biológicos, psicológicos y antropológicos que determinaban la conducta criminal. Bajo esta perspectiva, la desigualdad social era explicada en términos de desigualdad natural como consecuencia de su sobredeterminación biológica que propiciaba su conducta atávica. “La concepción de la élite política de la sociedad mexicana en el porfiriato fue que ésta se integraba de una aristocracia honrada y un pueblo delincuente” (Padilla, 2001: 120).
El discurso criminológico desempeñó el papel de legitimación para un grupo determinado que se afianzaba en el poder, en tanto se tornaba excluyente y represivo para la gran mayoría. “Los estudiosos del crimen (llamados criminólogos o antropólogos criminales) se dispusieron a clasificar los grupos sociales y a dar legitimidad científica al sentido de superioridad moral de las clases altas. Las percepciones y explicaciones del crimen urbano eran un elemento clave de la perspectiva social de la élite” (Piccato, 2010: 91). En base a este discurso se llevó a cabo la clasificación de los pobres en aras de conseguir un control social eficiente. Fue la extensión de tipologías donde se hablaba de los “otros” como males, que se agrupaban en una gran cantidad de sectores sociales, llegando incluso a tomar por criminal a gente que deambulaba por las calles, alcohólicos, enfermos mentales y hasta individuos que se atrevían a insultar a la alta clase social. Todo esto condujo a desplegar una serie de medidas y operativos de vigilancia sobre las llamadas clases
“ociosas”, por considerar perjudicial la conducta que manifestaban y sus actitudes de ausencia en el trabajo y predominio de actividades ociosas.
En esa época se llegaron a vigilar constantemente los sitios en que las clases bajas se solían reunir, que eran las pulquerías, vinaterías, billares, casas de apuesta y otros, por considerar que de ahí solamente se perdía el tiempo y el poco dinero que tenía, y se introducían en vicios dañinos para el orden social. “La conducta privada en los espacios públicos siempre había sido objeto de preocupación de las autoridades de la ciudad de México. “Policía y buen gobierno” definió la intervención de las autoridades desde la época colonial, incorporando no sólo problemáticas relacionadas con la policía, sino también el mantenimiento a calles y el control de reuniones públicas” (Piccato, 2010: 47-48).
Un factor a destacar para el periodo es la conformación de los centros urbanos, lo cual fue poco a poco generando la idea que la ciudad era el eje civilizador gracias a la comunión de los valores relacionados con la ética del trabajo, misma que fue recuperada y utilizada a fin de conseguir la cohesión social y el peligro. El trabajo honrado fue considerado el instrumento ideal para conseguir mejores condiciones de vida. Para los pensadores, el número de pobres era un mal que debía ser erradicado de una u otra manera, por eso se realizó un despliegue de políticas orientadas hacia la contención y desaparición de los pobres del espacio público, ejercicio conocido como “higiene pública”. Todo parece indicar que para los reformadores “era más fácil y menos costoso castigar el comportamiento desviado y restringir a los pobres urbanos a las áreas de la capital socialmente marginadas” (Piccato, 2010: 88).
Las medidas legislativas implementadas en la época daban cuenta de la sanción impuesta a todos aquellos individuos considerados “vagabundos”14. Para el año de
1820 se expidió un decreto que ordenaba la persecución de los vagos. Por vago era entendido todo aquel que no tuviera empleo, oficio o modo de vivir conocido, los holgazanes y los malentretenidos. A estos individuos se les suspendían sus derechos como ciudadanos. Es por esto que puede entenderse el gran auge que tuvieron las casas de misericordia, hospicios y centros creados por instancias religiosas donde se les enseñaba a los internos el arte del trabajo y el buen vivir, a fin de revertir su situación y educarlos para respetar las leyes.
Para la escuela liberal clásica, la imagen del delincuente no se encontraba claramente definida, podía ser cualquier individuo. La concepción de su objeto de estudio no era el delincuente, sino el delito. Bajo esta perspectiva, el delito era la derivación de un acto realizado por parte del individuo que se encontraba en plena libertad y responsabilidad moral. De ahí la necesidad que tiene el derecho para castigar el delito mediante los aparatos que tiene el Estado, quien lo realiza en nombre de la ley a fin de conseguir el orden. El objetivo del castigo era el de defender a la sociedad a partir de disuadir cualquier posible conducta que fuera en el mismo sentido, para que luego de ser visto cómo se sancionaba el acto, la población tuviera temor de realizarlo. “En suma, el delito era el ejercicio de una libertad o parte de ella, a la que se había renunciado contractualmente. De ahí el castigo y su
14La categoría de “vagabundo” fue un término muy polisémico debido a la poca delimitación sobre
quién lo era y quién no. Por esas ambigüedades, se llegó a sancionar a los ciudadanos que deambulaban por las zonas aledañas al centro de la ciudad, quienes salían de sus casas en busca de agua u otros bienes de los cuales carecían en sus espacios habitacionales. Otra de las sanciones mayormente perseguidas por los códigos fue evitar que los ciudadanos realizaran sus necesidades fisiológicas en la vía pública (Piccato, 2010). Lo que había de fondo en la persecución de tales faltas, era la compleja relación que se estableció entre modernización y delincuencia en la época.
legalidad, así como la codificación de la ley, a fin de precisar los instrumentos y los medios legales que los individuos constituidos en sociedad tenían para satisfacer sus necesidades” (Padilla, 2001: 98).
En el esquema ideológico de la escuela positivista, el hombre delincuente era la expresión de ciertas imperfecciones morales, al considerarlos irracionales, peligrosos y primitivos. Dentro de estos esquemas, la función que debía desempeñar la prisión en las sociedades la de reeducar o moralizar a los delincuentes mediante una acción pedagógica para convertirlos en hombres maduros y respetuosos de la ley. El modelo penitenciario se implementó porque se legitimaba como una instancia capaz de conseguir la reintegración del hombre delincuente que había violado el pacto social, a través de la lógica del trabajo.
El enfoque positivista de la escuela criminológica, se caracterizó por cuestionar el centro de la argumentación que había desarrollado la escuela liberal clásica sobre la idea del libre arbitrio al considerar que existen factores naturales que orillaban al hombre a delinquir. Esta manera de expresarse viene a constituir el mejor ejemplo de lo que Michel Foucault denominó el binomio saber-poder, donde no puede existir un saber sin la intensión de un poder y viceversa. Bajo el modelo experimental que caracterizó a la criminología positivista, se pretendía conocer mejor el cuerpo del delincuente para luego enunciar leyes que apuntaban a determinados rasgos bioantropológicos. El laboratorio de operaciones para esos teóricos fueron las cárceles y los hospitales mentales15. La intención de estos
criminólogos no era conocer a los delincuentes, sino neutralizarlos para poderlos diferencial del resto de la población “normal”.
Otro de los instrumentos que emplearon los criminólogos positivistas mexicanos fue el uso de las estadísticas criminales con el fin de llegar a conclusiones sobre el comportamiento criminal, para enseguida formular leyes sobre el fenómeno. La estadística recopilaba datos antropológicos, étnicos, sociológicos, económicos, climatológicos y otros más que pudieran explicar la complejidad del fenómeno. Sin embargo, las estadísticas sirvieron para reforzar los prejuicios sociales y raciales de la élite política, alejándose de ser un estudio concienzudo de la realidad. “Las imágenes y los análisis del crimen ofrecían una clave para explicar una sociedad que no siempre parecía estar a la altura del proyecto de orden y progreso. Además, al proveer una perspectiva crítica sobre la realidad social, los criminólogos buscaban contribuir a la redefinición de las políticas sociales” (Piccato, 2010: 93).
Es así como los criminólogos se valieron de los resultados obtenidos en los recuentos estadísticos para aseverar que existía una relación casi indisociable entre los niveles de pobreza y los de criminalidad. Para ellos, los pobres y menos educados eran quienes mayores delitos cometían, suscitándose casi siempre en las zonas denominadas “peligrosas”. La respuesta a esta situación fue implementar más policías en dichas zonas a fin de intentar contrarestar el problema. Se dice que para inicios del siglo XIX la reforma policial era una realidad. Es por ello que las policías se “encontraban con frecuencia atrapados en la contradicción de servir a un proyecto de modernización y responder a las exigencias de la población urbana de la que provenían” (Piccato, 2010: 78).
La función de la policía fue más en un sentido de reforma social como instrumento del Estado y su presencia era más notoria en los barrios apartados del paisaje público decoroso. Pero no por el hecho de tener más policías en las denominadas “zonas peligrosas” fue disminir el sentimiento de inseguridad. Por el contrario, nuevas problemáticas se gestaron, toda vez que los “gendarmes” eran quienes cometían atropellos a la población cuando hacía uso excesivo de la fuerza, lo cual desencadenaba que los habitantes de los barrios mostraran una gran irritación ante su presencia.