M a rtin W u rt / I ntermón O xfam c
30El derecho internacional incluye las normas que emanan de los acuerdos entre Estados, a las que se suele referir como tratados o convenciones, además de las normas que se derivan de las prácti-
países de la OCDE invirtieron 172.000 millones de dólares (un 30 por ciento del total de su IED) en países en desarrollo. Sólo un 2,5 por ciento del total se dirige a África32, y se concentra principalmente en sectores y países (Angola, Chad, Guinea Ecuatorial, Nigeria o Sudáfrica) relacionados con recursos naturales (principalmente petróleo), de alta rentabilidad, poca mano de obra local y muy pocos vínculos con la economía local33.
La IED española se desmarca de las tendencias mundiales, destinando a países en desarrollo tan sólo el 13 por ciento del total de su inversión en el exterior34, y concentrando en África un 7 por ciento35del total de modo que se supera la media internacional del 2,5 por ciento. Así, el continente africano recibe 7,5 veces más inversión privada que AOD española. Aún así, el porcentaje de intercambios comerciales de España con la región es muy bajo.
Marruecos captó el 80 por ciento de la IED española del 2003 destinada a África36, y los intereses españoles se han cen- trando principalmente en los sectores de turismo, infraes- tructuras, pesca y madera.En el futuro esta tendencia puede variar dado el protagonismo que el Plan África imprime al sector de hidrocarburos (gas y petróleo).
La inversión española en el Plan África
Uno de los siete objetivos enunciados por el Plan África es la promoción de los intercambios comerciales y la inversión española en el continente, puntualizándose que los objetivos marcados “responden tanto a la defensa de nuestros intere- ses nacionales como a la búsqueda del interés general”37. En principio ambos intereses pueden ser compatibles, y sin duda resultaría incongruente e inaceptable que la consecución del primero llevará a socavar la consecución del segundo. El Plan África indica que “la defensa de los intereses econó- micos y comerciales españoles no es incompatible con el desarrollo de economías locales […]. España se compromete
a [...] afianzar las buenas prácticas de los operadores espa- ñoles y la responsabilidad social corporativa de nuestros empresarios en África”38.
Lamentablemente, en el resto del Plan no se contempla ninguna medida destinada a tal fin. La intención manifestada en el Plan África de demandar unos criterios de RSC a las empresas españolas queda así desvestida del contenido necesario para garantizar su desarrollo e implantación. No se vincula la buena práctica empresarial al cumplimiento de la normativa internacional en materia laboral, social o medio ambiental, ni se considera su inclusión en los programas e instrumentos de cooperación donde participa la empresa (FAD, partenariado público-privado, etc.), en los instrumentos de internacionalización (gestionados principalmente por COFIDES) y en los organismos de promoción de la empresa es- pañola (ICEX, oficinas comerciales, etc.) mencionados en el Plan.
Tampoco se establecen mecanismos de medición de las “buenas prácticas” de empresas españolas presentes en África. Estas carencias desvirtúan las “buenas intenciónes” que se han querido plasmar en el Plan, y lo que es más grave, ponen en serio peligro la consecución del objetivo más publi- citado por el Gobierno español en su presentación del Plan África: la contribución al desarrollo del continente africano.
La promesa electoral del partido en el gobierno de elaborar una Ley de la RSC, y regular aspectos concretos como la publicación anual de memorias sociales, ambientales y eco- nómicas en el caso de empresas que cotizan en Bolsa, supo- nen unos argumentos más a favor de la concreción de la RSC en la actividad empresarial española.
En cuanto a la selección de los sectores prioritarios para la inversión española, el Plan África toma en consideración las recomendaciones del NEPAD (New Economic Partnership for Africa’s Development39), pero su interpretación no está exen-
32Datos 2003. UNCTAD. “World investment Report 2004”. 33UNCTAD World Investment report 2005.
34CAD “Informe 2004”.Datos 2003 (último año con cifras disponibles para comparar con países OCDE). 35UNCTAD. “Spain data sheet 2005”. Datos 2003.
36UNCTAD. “Spain data sheet 2005”. 37Plan África, p. 6.
38Plan África, p. 81.
39La NEPAD es una iniciativa que nace en África, y basada en el convencimiento de los países africanos de que es necesario y posible erradicar la pobreza del continente y situar a sus paí-
ses en la senda del desarrollo sostenible. El marco estratégico de trabajo de la NEPAD que detalla objetivos y acciones ha sido formalmente aprobado en la cumbre número 37 de la Organización de Unidad Africana (OUA), en julio 2001.
P ablo Tosco / I ntermón O x fam c
ta de importantes matices. Así la NEPAD ha identificado la inversión en infraestructuras como prioritaria en cuatro sec- tores; energía, agua, transporte (carreteras, ferroviario, puer- tos y aeropuertos), información y comunicación tecnológica. Otras prioridades sectoriales detectadas por NEPAD son la educación, la inversión en agricultura (sistemas de irrigación, etc.) y la promoción del turismo, industria manufacturera, minería y promoción del sector privado.
Por su parte el Plan África establece expresamente dos sectores de interés estratégico para España40: la pesca y el sector energético (industria de hidrocarburos). Es importante resaltar este hecho, ya que son los sectores que parecen ale- jarse más de las prioridades detectadas por los propios paí- ses africanos.
La pesca es el único sector que no está presente en las prioridades de la NEPAD, si bien es indudable el interés de nuestro gobierno en asegurar la presencia de las empresas españolas en este mercado, pero no se aclara cómo estas inversiones afectarán a los países de la región. La pesca contribuye decisivamente a la alimentación de 200 millones de africanos. Además genera al continente unos ingresos anuales de alrededor de 10 millones dólares, la mayor parte a
través de la pesca artesanal, así como de la producción, el procesamiento y comercio del pescado41. Es necesario realizar un análisis detenido que permita evaluar el impacto que estas inversiones están teniendo y tendrán en los recursos ambientales y económicos de África.
En cuanto al sector energético, los países africanos estable- cen su prioridad en desarrollar en el continente recursos sufi- cientes que den servicio a los sectores económico y social a través, entre otras medidas, de la construcción de oleoductos entre países o de la explotación y desarrollo de cuencas hidráulicas. El Plan África por su parte cifra el interés español de manera exclusiva en la participación y explotación de las reservas de hidrocarburos en países de África subsahariana, debido a la necesidad que tiene España de diversificar y garantizar nuevas fuentes de suministro.
Esta visión estrecha del sector puede suponer un problema. La IED dirigida a la extracción de recursos minerales y energéticos tiene un historial especialmente negativo en cuanto al desarrollo de África. Con frecuencia ha intensifica- do los conflictos, ha causado graves daños ambientales y ha provocado el desplazamiento de las comunidades locales. Las transferencias financieras reales se han visto reducidas
40“Promoción de los intercambios comerciales y la inversión. Especial atención a las relaciones pesquera y la seguridad energética”. Plan África. p. 81-91. 41Fuente; WWF. Global marine program.
por la combinación de los altos niveles de repatriación de beneficios, el elevado coste de los incentivos para atraer a los inversores y la evasión de impuestos. El Plan no incluye garantías de que esto no se vaya a repetir cuando interven- gan las empresas españolas.
Otros sectores mencionados en el Plan África que sí parecen coincidir más con los intereses africanos42
son: grandes inversiones en infraestructura (tales como transporte, tele- comunicaciones, agua y electricidad), y otras inversiones en los sectores de turismo, minería, silvicultura y construcción.
El turismo puede contribuir al desarrollo africano. Es un sector donde resulta fácil integrar al tejido productivo local ya que el cliente se encuentra en el país destino, es relativa- mente intensivo en mano de obra, y no necesariamente agota los recursos que emplea43(bienes ambientales, paisa- jísticos, culturales, etc.). La experiencia española en el sec- tor anima y potencia su presencia en el mercado africano.
Sin embargo, no hay que perder de vista los impactos y efectos negativos que una inversión mal gestionada puede acarrear (impactos ambientales, culturales y sociales), y que el Plan África parece no considerar.
Las líneas de actuación desarrolladas en el objetivo del Plan de: “Contribución de España a la lucha contra la pobreza y a la agenda de desarrollo de África subsahariana” conllevarán también sin duda la presencia de la empresa española, fundamentalmente en actividades dirigidas a potenciar el tejido económico, empresarial y productivo africano.
De manera más visible a través de la adjudicación de créditos FAD, que según el Plan África se orientarán a la financiación de proyectos de infraestructura y desarrollo de la parte productiva y de desarrollo social básico, así como de los programas de conversión de deuda por inver- siones que se orientará a la inversión en educación. Ambos instrumentos computan como ayuda oficial al desarrollo (AOD), y en ambos casos se ha desechado, incoherente- mente, la inclusión de criterios de RSC en la selección de las empresas.
Propuestas en inversión privada: invertir con coherencia
España ha ratificado la mayor parte de los compromisos y normas internacionales relacionados con la defensa de los derechos humanos44, así como la mayor parte de las conven- ciones, principios e iniciativas –como las directrices de la OCDE para empresas multinacionales– emitidos por organi- zaciones internacionales en esta materia. España ha hecho suyo la consecución de los Objetivos del Milenio, y se ha com- prometido expresamente con el desarrollo del continente afri- cano. El cumplimiento de estos compromisos exige al Estado español establecer medidas suficientes que garanticen que los agentes privados (empresas, entre otros) no cometen abusos ni se refugian en la debilidad del sistema establecido.
Es necesario que el Plan África establezca criterios valorativos de RSC(basados en cumplimiento de normativa internacional) a la hora de conceder ayudas públicas a los distintos sectores empresariales que se mencionan en el apartado de promoción de la inversión española, así como desarrollar mecanismos de verificación para garantizar su cumplimiento. La coherencia de políticas es especialmente necesaria a la hora de desarrollar planes de internacionaliza- ción de la empresa española a través de organismos contemplados en el Plan (COFIDES, CESCE y el ICEX).
Por otro lado es también necesario establecer criterios de RSC, esta vez con carácter excluyente por tratarse de instru- mentos que computan como AOD, en la adjudicación de los créditos blandos con cargo al FAD, así como en la participa- ción de operaciones de conversión de deuda por inversiones.
Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de fomentar la IED española en África son:
La IED contribuye en mayor medida al desarrollo del país si es:
Una inversión a largo plazo y estable. Cuando la actividad empresarial es a corto plazo genera rápidos movimientos de capital entre países. Si estos movimientos son de naturaleza
42“The New Partnership for Africa´s Development”. Octubre 2001. 43“ Tourism and poverty alleviation“. 2002 World Tourism Organization.
45“De interés público. Salud, educación, agua y saneamiento para todos”. Oxfam Internacional, 2006.
46A menudo las empresas seleccionan los segmentos de mercado que dejan mayores beneficios y exigen que en el contrato se les garanticen unos márgenes de beneficio mínimos nominados en
dólares. Las firmas también pueden exigir la plena recuperación del coste de inversión, que inevitablemente supone una subida de tarifas en detrimento de la población con menores recursos.
47Angola, Cabo Verde, Comores, Costa de Marfil, Gabón, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Madagascar, Mauricio, Mozambique, São Tomé, Senegal y Seychelles.
Cuando la IED española se dirija hacia la participación en infraestructura y suministro de servicios sociales básicos (el Plan África menciona agua, electricidad y educación), se debe tener al menos en cuenta que45:
Reexaminar la inversión en el sector de la pesca;
asegurar la sostenibilidad del sector, y poner freno a la sobrexplotación se convierte en una necesidad que parece contemplarse en el Plan África. Este esfuerzo tiene que materializarse en líneas de acción precisas en los países con los que España mantiene acuerdo pesquero47.
Compatibilizar turismo y desarrollo;así, algunos aspectos que se deben considerar a la hora de favorecer la IED españo- la son:
Fomentar la transparencia en las empresas del sector de hidrocarburos; está ampliamente documentado que la especulativa pueden desestabilizar la economía y perjudicar,
o al menos no contribuir, al crecimiento a largo plazo de la economía local del país africano en el que se invierte.
Una inversión que se provea de recursos locales cuando sea factible, y que potencie la relación y el desarrollo del tejido productivo local (principalmente de las PYMES), así como la transferencia de conocimiento y de tecnología.
Una inversión que se realice sin presiones ni condiciones abusivas. Las empresas españolas que invierten en África no deben utilizar su poder e influencia para obtener de los gobiernos africanos una mejora de las condiciones que implique flexibilizar la regulación ambiental, la legislación laboral, obtener rebajas fiscales y reducción o eliminación de impuestos u otras condiciones abusivas.
Una inversión que aplique el principio de “no discriminación”, que asegure igual trato (fiscal, laboral, ambiental, etc.) para la inversión extranjera que para las inversiones nacionales (ya que habitualmente se beneficia a las extranjeras).
Para garantizar la eficiencia del suministro por la empresa privada, es necesario que el mercado esté suficientemen- te regulado, sea competitivo y que los consumidores estén bien informados. Estos requisitos no se suelen dar en los países subsaharianos.
La participación del sector privado puede ser inadecuada si con ello se encarece el suministro de los servicios hasta el extremo de que estos estén fuera de las posibilidades de la población más necesitada y pobre.
Hay que establecer mecanismos para evitar que se produzcan situaciones de abuso en las condiciones de
contratación entre las empresas y gobiernos de países en desarrollo con bajos ingresos y reducida capacidad de negociación46.
La empresa tiene que desarrollar una política medioam- biental, que preserve los recursos naturales estableciendo condiciones concretas para su uso,
Se debe favorecer el fortalecimiento del tejido empresarial local mediante el apoyo a las microempresas que pudie- ran existir (pequeños restaurantes, guías turísticos, artesanos, pequeños transportistas, etc.), o la creación de las mismas.
Si la apuesta es en favor de un turismo de masas, hay que establecer políticas específicas que den apoyo a la población laboral que va a desplazarse para desempeñar sus tareas en el turismo, y a sus familias (vivienda, acceso a servicios básicos, etc.).
Favorecer la participación de empresas españolas en iniciativas internacionales como STEP (Sustainable Tourism Eliminating Poverty), la iniciativa TOI (Tour Operators´ Initiative), o el Código Ético Mundial (ratificado recientemente por España), y fomentar su práctica en la actividad desarrollada por la empresa española.
actividad de la industria extractiva tiene un impacto negativo en los procesos democráticos y el buen gobierno. La falta de transparencia en la gestión de los ingresos públicos que provienen de la explotación de hidrocarburos es uno de los principales factores que contribuyen a ello. Si el sector privado participa de esta ausencia de transparencia puede aparecer como cómplice de la corrupción y del deterioro de las condiciones sociales en los países en los que opera, a pesar de ser una valiosa fuente de inversión.
La iniciativa británica EITI48 pretende atajar este problema actuando sobre empresas extractivas y gobiernos de países ricos en hidrocarburos. El Parlamento español aprobó por unanimidad en diciembre 2005 una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno entre otras cosas a apoyar la EITI y promoverla entre las empresas españolas.
El Plan África menciona expresamente su apoyo a los países productores para que adopten políticas responsables y transparentes, y menciona específicamente a la EITI49. Sin embargo nada se dice sobre la transparencia de las empre- sas, ni de las medidas a llevar a cabo para favorecer su aplicación. Hace falta algo más que exigir transparencia a los gobiernos de los países africanos para que la IDE española
sea beneficiosa al país. Las empresas deben divulgar los pagos realizados a países en vías de desarrollo de la misma forma que son obligadas a hacerlo en sus países de origen.
Los pagos incluyen los royalties50, las primas de firma de contrato, asignación de yacimientos o por niveles de produc- ción, y los impuestos51. Algunas medidas que el Gobierno debe llevar a cabo son:
H ector M ediavilla / I ntermón O xfam c
48Extractive Industries Transparency Initiative. Las siglas en español son ITIE. Se puede considerar la respuesta política a la campaña internacional Publish What You Pay (PWYP). 49Plan África, p. 91.
50Un porcentaje del valor de la producción.
51Los impuestos representan frecuentemente una de las partes más importantes de los ingresos de los países y con los que pueden obtener más margen: se incluye el beneficio de las
sociedades, por pago de dividendos, IVA, aduanas, propiedad, etc.
Apoyar la creación de un estándar internacional de infor- me contable para las industrias extractivas (que obligue a detallar por país los pagos de la empresa a todos los gobiernos extranjeros),
Modificar la Ley 24/1988 del Mercado de Valores para exigir a las empresas extractivas que cotizan en Bolsa la publicación de todos los pagos realizados a los gobiernos de los países donde están presentes,
Exigir a la Compañía Española de Crédito a la Exportación (CESCE) que establezca criterios de transparencia como condición necesaria en la concesión de créditos a las empresas de la industria extractiva.
África ha sufrido y sigue padeciendo conflictos civiles e inestabilidad que obligan a millones de personas a abandonar sus hogares, buscando una protección que no suelen encontrar. En el mundo existen cerca de 24 millones de desplazados internos52(IDP), a los que hay que añadir más de 9 millones de refugiados53. África subsahariana concentra la mitad de ellos (13,5 millones de IDP y cerca de 4 millones de refugiados). Sólo 3 países –Sudán, Uganda y la República Democrática del Congo (RDC)– suman casi 9 millones de IDP, debido a los conflictos que asolan sus territorios. Lejos de ser excepcionales, estas situaciones tienden a convertirse en crónicas: de media, una persona desplazada en 2004 había abandonado su hogar en 199054.
El coste humano de estos conflictos es devastador: personas indefensas y expuestas a todo tipo de ataques y abusos, y en muchos casos carentes de un mínimo acceso a la ayuda humanitaria. En la RDC, cerca de 1.000 personas mueren cada día por causas relacionadas con el conflicto armado que asola el este del país, como las enfermedades, el hambre y la violencia. Los “efectos colaterales” de estas situaciones van más allá: la destrucción de medios de vida de millones de personas, así como el colapso de las infraestructuras y los servicios sociales básicos alimentan el círculo vicioso de
guerra y pobreza que afecta a muchos países del África subsahariana.
El número medio de emergencias alimentarias anuales en África se ha triplicado desde mediados de los años ochenta55. Sólo a lo largo de 2005 y 2006 el mundo ha sido testigo casi mudo de graves crisis alimentarias en las regiones del Sahel, Cuerno de África y Africa meridional. Mientras los conflictos siguen estando en la raíz de más de la mitad de las crisis alimentarias del continente, África subsahariana es año tras año el foco central de los llamamientos consolidados de Naciones Unidas, destinados a cubrir las necesidades bási- cas de las crisis humanitarias más graves56. En 2006, 15 de