Ar—NCT Complexes

El objetivo de lograr a través del proceso de integración un desarrollo equilibrado y armónico de sus miembros y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre ellos, llevó a la consideración, dentro del propio Acuerdo de Cartagena, de brindar un trato preferencial para Bolivia y Ecuador, que son los dos países de menor desarrollo relativo.

En general, el Acuerdo compromete a la Comisión – órgano de la Comunidad Andina, encargado de formular, ejecutar y evaluar la política de integración en materia de comercio e inversiones y que tiene capacidad de emitir legislación comunitaria, que en el cumplimiento de sus funciones considere de manera especial la situación de Bolivia y Ecuador en función de los objetivos de este Acuerdo, de los tratamientos preferenciales previstos en su favor y del enclaustramiento geográfico del primero.

El trato preferencial para ambos países se expresa en un régimen especial que contempla ventajas en diversas áreas como los (hoy desaparecidos) programas industriales y mayores plazos para la liberación comercial y la adopción del arancel externo común, así como la aplicación de medidas correctivas o salvaguardias.

Particular mención merece el área de cooperación financiera, donde los países se comprometen a actuar ante la CAF y otros organismos internacionales para apoyar a Bolivia y Ecuador en conseguir el financiamiento que requieren. Expresamente se señala que los países miembros actuarán en el caso de la CAF para asegurar que los dos países en cuestión reciban una proporción sustancialmente superior a la que resultaría de una distribución en función de los aportes de capital.

2.3.2.- Supranacionalidad

La evolución del ordenamiento jurídico andino ha estado vinculada al desarrollo institucional y político del proceso de integración.

El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue suscrito en 1979 y entró en vigencia desde 1984. Con esto se establecieron disposiciones relativas a la naturaleza del ordenamiento jurídico andino y al régimen de solución de controversias.

Así, la supranacionalidad de la norma comunitaria implica su aplicación en todos los Países Miembros, y la primacía de ésta sobre la ley nacional en caso de conflicto.

Además, bajo el artículo 3º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas comunitarias son directamente aplicables a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, a menos que se señale una fecha posterior o en su texto se disponga que se requiere su incorporación al derecho interno.

La supranacionalidad permite generar políticas de largo plazo que permanezcan, a pesar de los inevitables cambios de orientación de los gobiernos y las presiones internas en cada uno de los países. Asimismo, la existencia de un sistema de solución de controversias a través del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al cual pueden acudir no sólo los gobiernos sino también las empresas y particulares, contribuye a una mayor seguridad jurídica.

2.3.3.- Institucionalidad

La integración andina se vio reforzada desde 1996 por la reforma institucional que introdujo el Protocolo de Trujillo, creándose la Comunidad Andina y estableciéndose el Sistema Andino de Integración, con el objetivo de lograr una mejor coordinación entre los diferentes órganos e instituciones, que involucran la toma de decisiones (Consejo Presidencial, Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, Comisión), los Consejos Consultivos, los Convenios Sociales, el órgano ejecutivo (Secretaría General), el Tribunal de Justicia, las instituciones financieras (CAF y FLAR), entre otros.

Antes de entrar en vigencia las reformas, las Decisiones eran expedidas únicamente por la Comisión, órgano integrado por los plenipotenciarios de los Países Miembros, a cargo de los temas de comercio e inversión.

A partir de 1997, y en concordancia con la profundización del proceso de integración y la ampliación de los temas vinculados, existen dos órganos con facultades legislativas, la Comisión y el Consejo de Cancilleres.

Los productos que comercializa la CAN en su mayoría son productos básicos o primarios, como lo muestra en lo siguiente (ver tabla 3) de los 10 productos más exportados.

Tabla 3 CAN: exportaciones de los 10 principales productos,

Petróleos crudos

Productos derivados del petróleo

Oro en bruto, semilabrados y polvo

Carbon

Plátanos frescos

Cobre refinado

Café verde o tostado

cobre y sus concentrados

Flores para adornos

Harina de carne y pesado

Crustáceos y moluscos

Otras ferroaleaciones

Aluminio y sus aleaciones

Fuente INE

La participación de los principales socios comerciales de la CAN son: EE.UU., UE., Canadá, Venezuela, China, México, Chile, MERCOSUR. (ver gráfico 10)

Gráfico 10

El comercio extra-CAN en los años analizados de 2002 a 2006 fueron dinámicas, con una tendencia creciente tanto las exportaciones como las importaciones incluso mostrando un saldo favorable a partir, de mediados del año 2004. (ver gráfico 11) y el comercio intra-CAN tuvo un comportamiento de crecimiento sostenida, a partir del 2004 tiene un aumento de 3240 a 5092 millones de dólares (ver gráfico 12).

Gráfico 11

Gráfico 12

2.3.4.- Principales desafíos de la integración andina

Desafíos políticos

El ambicioso objetivo de implementar una política exterior común data de 1998. Este objetivo apunta a adoptar posiciones comunes, e incluso a armonizar las políticas extranjeras, pero no se han logrado resultados concretos hasta el momento. Por ejemplo, Colombia fue la única que apoyó la acción militar de Estados Unidos en Irak a partir de febrero de 2003. Un acuerdo sobre la consolidación de los principios democráticos generó la firma de varios protocolos sobre el ejercicio de la democracia. En caso de ruptura del orden democrático en un país miembro, pueden aplicarse

sanciones como por ejemplo la exclusión de las instituciones, la suspensión de proyectos o de préstamos.

La cooperación en materia policial y judicial (sobre todo en lo referente a la lucha contra las drogas), la libre circulación de bienes y personas y la mejora de las infraestructuras constituyen otros objetivos importantes.

Sin embargo, las dificultades políticas internas que, en diversos grados, afectan a los países miembros de la organización, no allanan el camino hacia la integración política. Esta situación se agravo en los últimos años a partir de las nuevas orientaciones de Venezuela por una parte y Perú por la otra con su acercamiento político hacia los Estados Unidos.

Desafíos económicos

La creación de un mercado interino andino es uno de los principales desafíos. Esto comprende la adopción de un arancel externo común, la implementación de una política agrícola común y la armonización de ciertas legislaciones nacionales.

Los esfuerzos realizados hasta el momento por los países andinos en estos ámbitos, aún no han permitido obtener los resultados esperados. La integración económica andina, que no ha avanzado en la forma deseada, debe hacer frente a dificultades de diversa índole: obstáculos geográficos (barreras naturales, mala navegabilidad de los ejes fluviales), tensiones políticas persistentes (riesgos de extensión del conflicto colombiano, nuevas reorientaciones políticas y económicas de Bolivia y Ecuador), fuertes desigualdades en términos de desarrollo, atracción ejercida por las otras estructuras económicas regionales (Estados Unidos, MERCOSUR) y, recientemente, la salida de Venezuela.

Desafíos sociales

La agenda social cubre temas tales como la educación, la cultura, la formación profesional, la salud, la ciencia y las tecnologías, el desarrollo sostenible, el medio ambiente y la prevención de catástrofes. La Declaración de Machu Picchu sobre la democracia, los derechos de los pueblos indígenas y la lucha contra la pobreza apunta a aumentar la participación de la sociedad civil en el proceso de integración andina.