Aspect 2: Increase of Personal Knowledge

La batalla de Trafalgar en 1805, especialmente, fue un golpe aplastante al poder marítimo español y a sus comunicaciones atlánticas. Y Gran Bretaña tampoco estaba dispuesta a estar desconectada del comercio con las colonias españolas indefinidamente, hecho que, combinado con el anterior, conspiraría contra la integridad del Imperio Español. Desde ese momento, la independencia sudamericana se convirtió en el objetivo de la política inglesa, aunque debido a las variables circunstancias de la política europea este objetivo no podía enunciarse públicamente.

De tal modo, a pesar de que los ingleses no llegaron como libertadores, se puede decir que las invasiones inglesas de 1806-7 fueron el primer paso hacia la independencia del Río de la Plata. Aunque no fueron desplazadas, las autoridades españolas locales se vieron forzadas a inclinarse ante los deseos de los criollos que

habían derrotado a los ingleses. La legalidad no se rompió, pero el régimen colonial se había resquebrajado y las masas habían adquirido un peso en la política local que habría de durar durante muchas décadas.

Cuando en 1808 España sufrió un colapso ante la embestida de Napoleón, dominaba un imperio que se extendía desde California hasta el Cabo de Hornos. Quince años más tarde solamente mantenía en su poder a Cuba y Puerto Rico, y ya proliferaban las nuevas naciones. La independencia, aunque precipitada por un choque externo, fue la culminación de un largo proceso de enajenación en el cual Hispanoamérica se dio cuenta de su propia identidad y tomó conciencia de su cultura.

Alexander von Humboldt observa que “desde la Paz de Versalles y especialmente desde 1789, se oye decir muchas veces con orgullo ‘Yo no soy español; soy americano’”21. Sin negar la soberanía de la corona, o incluso los vínculos con ésta, los americanos empezaban a poner en duda las bases de la fidelidad. La propia España alimentaba sus dudas, porque en el crepúsculo de su imperio no atenuaba sino que aumentaba su imperialismo.

Hispanoamérica estaba sujeta a finales del siglo XVIII a un nuevo imperialismo; su administración había sido reformada, su defensa reorganizada, su comercio reavivado. La nueva política era esencialmente una aplicación del control, que intentaba incrementar la situación colonial de América y hacer más pesada su dependencia.

Se crearon nuevos virreinatos y otras unidades administrativas. Se nombraron, asimismo, nuevos funcionarios, los intendentes. Éstos eran instrumentos de control social, enviados por el gobierno imperial para recuperar América. Pero la corona quería gobernar sin gastos y los burócratas querían un trabajo bien pagado.

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Alexander von Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, 4 vols., México, 1941, II, p. 118.

En un momento dado de principios del siglo XVIII, en un periodo de gran crisis económica, la corona dejó de pagar el salario a sus principales funcionarios en América, los alcaldes mayores y corregidores. En su lugar les permitió conseguir ingresos convirtiéndose en mercaderes22.

Esta segunda conquista de América se vio reforzada por las continuas oleadas de inmigración procedentes de la península, con burócratas y comerciantes que llegaban en busca de un nuevo mundo, donde el libre comercio favorecía las ambiciones de los peninsulares. Durante el periodo 1780-1790 el nivel de inmigración desde España a América fue cinco veces más alto que en 1710-173023.

Siguiendo el ejemplo de los españoles de la península en 1808, los patriotas de Buenos Aires erigieron la Junta en 1810, declarando su lealtad a Fernando VII, pero rechazando reconocer al Consejo de Regencia y las Cortes de España. De este modo, el conflicto sobre la soberanía en España se reflejó en la presencia de un conflicto similar sobre el reconocimiento de aquella soberanía en Buenos Aires. La colonia encontró su solución reservando su lealtad al monarca, pero con el resultado de ser de hecho cada vez más independiente de las autoridades establecidas en España. A este resultado contribuyó sin duda la falta de reacción efectiva de la metrópoli ante los sucesos de mayo de 1810.

Cuando la noticia de la separación de Buenos Aires de la corona española llegó a Madrid, las autoridades españolas, preocupadas básicamente en desalojar al invasor francés de su territorio, esperaban que el proceso revolucionario porteño (como en el resto de América) se ahogase con el tiempo. Por cierto, la actitud inicial de las

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Guillermo Lohmann Villena, El corregidor de indios en el Perú bajo los Austrias, Madrid, 1957, pp. 403-449. En este texto se puede encontrar una explicación de la situación que se constituirá en antecedente del fenómeno aludido en el presente trabajo.

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autoridades españolas ante la Revolución de mayo de 1810 en Buenos Aires fue de indiferencia e ingenuidad. Los historiadores Jerónimo Bécker, Jaime Delgado y Edmundo Heredia24 coinciden en opinar que el gobierno español nunca vio con claridad el alcance del proceso revolucionario en el Río de la Plata ni acertó con las medidas necesarias para reconquistar las ex-colonias americanas.

Ya años antes se habían tratado en la corte española sucesivos proyectos de establecer gobiernos independientes en toda la América española, bajo la dominación de miembros de la familia de Carlos IV. Godoy fue quien impulsó los primeros proyectos de 1804 y 1806 y tanto éstos como el de 1807 fracasaron por las guerras en las que estaba empeñada España en ese momento.

A pesar de la creciente incidencia del conjunto de oficios que informaban de la crisis en el Río de la Plata, el Consejo de Regencia no salió de su actitud indiferente e inclusive paternalista respecto de Buenos Aires, especialmente luego de la heroica resistencia porteña a las invasiones inglesas de 1806 y 1807.

En síntesis, para la óptica oficial española, la amenaza clara e inmediata era la de la invasión portuguesa a la Banda Oriental y eventualmente al Río de la Plata; un peligro posible, el del apoyo británico a los insurgentes porteños y/o americanos con el propósito de extender el mercado consumidor de sus manufacturas. Estos insurgentes habían decidido autogobernarse por un error en la información acerca del gobierno que regía en la Madre Patria. La solución era fácil para el gobierno español: había que advertirles su error y luego evitar que fuesen seducidos por otras potencias externas. Las disposiciones posteriores, que quedaron en manos del Consejo de Indias, participaban de la misma percepción simplista. Los sucesos de Buenos Aires fueron menospreciados en su magnitud, no obstante las informaciones fidedignas de Salazar, Fernández de

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Castro y otros funcionarios españoles en la zona. La tensión y la atención del gobierno español se concentraron fundamentalmente en sofocar la rebelión caraqueña.

En suma, los graves asuntos públicos que concentraban la atención del gobierno español, la necesidad de éste de racionalizar recursos militares que no eran abundantes, y la inercia burocrática, en donde no estaban ausentes las disputas entre las distintas agencias por cuestiones que poco tenían que ver con el problema americano, fueron factores que demoraron el tratamiento del problema de la Banda Oriental, donde Elío, virrey del Río de la Plata, no encontró una solución satisfactoria a sus justificados y permanentes reclamos.

Tanto los gobiernos de España como del Río de la Plata persiguieron una política dual. Fernando VII combinó de forma contradictoria medidas de conciliación con expediciones armadas. Por su parte, las Provincias Unidas del Río de la Plata procuraron negociaciones diplomáticas conciliatorias con la Corona española mientras a la vez hostigaban a las autoridades españolas con la preparación del ejército de los Andes, la guerra de corso y la empresa de construir un gobierno y conseguir aliados en otros países europeos que reconocieran o administraran dicho gobierno. En otras palabras, el gobierno de las Provincias Unidas envió diputados que profesaron su lealtad a Fernando VII luego de su retorno en 1814, pero a la vez declaró la independencia en 1816.

Mientras tanto, las abdicaciones de Bayona significaron un vacío de autoridad en la metrópoli. A pesar de que los Borbones ordenaran obediencia a José I, una parte significativa de los españoles lo veían como una autoridad ilegítima. Para controlar la situación fueron creadas las Juntas Provinciales, coordinadas desde su creación en 1808, por la Junta Central, la cual convocó reunión de Cortes extraordinarias en Cádiz. Las sesiones comenzaron en septiembre de 1810, con dos grupos de diputados claramente

enfrentados: los liberales, partidarios de las reformas revolucionarias, y los absolutistas, simpatizantes del Antiguo Régimen. Perteneciendo la mayoría al primer grupo y aprovechando la ausencia del monarca, inició la primera revolución liberal burguesa en España.

El firme rechazo de Fernando VII a aprobar el reconocimiento de los estados americanos complicó las relaciones de España con otros actores importantes de la escena internacional. Estados Unidos y Gran Bretaña estaban especialmente ansiosos de remediar una situación que no sólo amenazaba sus intereses comerciales, sino que invitaba a la intervención extranjera en América Latina.

La política real fue colonial, el rey veía al Imperio español en América como un todo. Las dificultades por las que atravesaba España podrían haber sido resueltas si ésta hubiera reconquistado el control de las colonias y sus recursos materiales, pero esto era imposible sin una expedición armada, demasiado cara para una España empobrecida.25

Hasta después de la muerte de Fernando VII el gobierno español no tomó medidas a favor del reconocimiento del Río de la Plata: el 4 de diciembre de 1836 las Cortes españolas votaron unánimemente en pro del mismo. El 9 de julio de 1859, Juan Bautista Alberdi, actuando como emisario extraordinario y plenipotenciario de la Confederación Argentina ante las Cortes de Londres y París, firmó en Madrid un tratado de reconocimiento, paz y unidad con el secretario de estado español Saturnino Calderón Collantes. El tratado fue ratificado el 25 de febrero de 1860.