Existen en la región situaciones críticas, cuya persistencia afecta la integración social en sus distintas formas. Estas situaciones se resumen a continuación.
a)
La "pobreza dura"
Así se denomina al grupo de quienes carecen de las destrezas necesarias para acceder al trabajo productivo y participar activamente en el intercambio general de la sociedad, y no disponen de redes de apoyo y recursos culturales para remontar tal situación. No están en condiciones, en fin, de aprovechar la estructura de oportunidades existente, lo que suele conducirlos a internalizar sentimientos de desesperanza y baja autoestima, con escasas expectativas de mejorar su nivel de bienestar.
La pobreza dura comprende tanto a "disruptores" como a "abatidos", las dos caras anímicas de la desintegración. Entre los primeros están aquellos jóvenes urbanos con educación discontinua y socialización precaria en núcleos familiares mal constituidos, que viven la marginalidad territorial y la falta de inserción laboral. Es un colectivo proclive a comportamientos que el resto de la sociedad desaprueba y sanciona, sobre todo la forma violenta de resolución de conflictos. Los
abatidos incluyen a los ancianos en mala situación económica y sin apoyo; a las mujeres jefas de hogar con trabajos mal remunerados; a los campesinos privados de acceso a crédito, capacitación, tecnología y mercados; y a las minorías étnicas desarraigadas de su tradición y no insertas en la vida moderna. Esta distinción debe tomarse a modo ilustrativo, pues también existen jóvenes abatidos, así como minorías étnicas "disruptoras".
b)
La discriminación étnica
Cuando se niega el valor de la identidad a cualquier grupo étnico o cultural, se dificulta su constitución como actor social. Por lo general, tal discriminación implica también la creación de barreras al acceso a recursos materiales, información y conocimientos útiles para alcanzar niveles mínimos de bienestar material.
En el pasado, las políticas de integración de pueblos indígenas eran guiadas por la idea de la asimilación y la homogeneización cultural. Hoy, en cambio, se busca respetar las diferencias culturales existentes y alcanzar la integración en la diversidad, mediante el reconocimiento y respeto a los derechos específicos, como los señalados en el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se persigue así la convivencia, respeto y conocimiento mutuo de poblaciones de diferentes culturas.
La inequidad étnica y racial está asociada, en general, a pobreza; a malos indicadores de salud y educación; a empleos de baja calidad y a bajos ingresos; a zonas afectadas por el deterioro de recursos naturales y productivos propios; a la emigración forzosa; y al desconocimiento de los derechos específicos de tales grupos.
Existe relativa coincidencia en que la población indígena alcanzaría en la actualidad a aproximadamente un 8% de la población regional, lo que equivale a entre 33 y 35 millones de personas (Deruyttere, 1997; Peyser y Chackiel, 1999), que utilizan unos 400 grupos lingüísticos diferentes distribuidos en casi todas las áreas geográficas, inclusive en grandes ciudades como Ciudad de Guatemala, La Paz, Lima, y Quito. La población negra y mestiza afrolatina, en tanto, se estima en unos 150 millones de personas, esto es, el 30% de la población total de la región.29
La educación formal es un factor central de los problemas que afectan a los pueblos indígenas, no sólo debido a dificultades de acceso, sino básicamente a la calidad y pertinencia del curriculum educativo que se les imparte, que en la mayoría de los casos busca la asimilación y homogeneización cultural. Países como Bolivia y Guatemala han iniciado importantes programas de educación intercultural, con el propósito de superar las barreras históricas entre la escuela y el mundo indígena.30
En cuanto a las condiciones de salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OIT han señalado que "las minorías étnicas muestran un deterioro en sus condiciones de salud superior a la media de la población general" (OIT/OPS, 1999). Según este informe, ellas están excluidas en diferentes grados y formas de la protección social en salud en casi todos los países de la región.
En lo referente a la población afrolatina, en muchos países existirían importantes diferencias en cuanto a las remuneraciones percibidas por concepto de salario entre hombres negros y mulatos respecto de los blancos. En orden a las diferencias educacionales, cuando van asociadas al origen
29
Las cifras y porcentajes de población negra y mestiza fueron extraídas de: Oficina del Censo de los Estados Unidos. Data base [www.census.gov], excepto Brasil [www.ibge.gov], Colombia, Haití [www.odci.gov], República Dominicana y Venezuela (Larousse Moderno, 1991); para la población: Anuario estadístico de América Latina y el Caribe (CEPAL, 1999b).
30
Sobre el tema ver: Revista Iberoamericana de Educación NÛ (GXFDFLyQ %LOLQJH ,QWHUFXOWXUDO >KWWSZZZRHLHVULHKWP@ para el caso de Guatemala y otros países, y el sitio del Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos, con sede en Cochabamba y cuya dirección es [http://www.proeibandes.org].
racial muestran que el promedio de ingresos de los hombres negros y mulatos corresponde al 74% y 79% de los ingresos de los blancos. En el caso de las mujeres los porcentajes son, respectivamente, de 86% y 82% (PNUD/IPEA, 1996).
c)
La familia
Otra situación crítica se relaciona con la familia, unidad básica de socialización y de reproducción de comportamientos individuales. Aquellas cuyo jefe cuenta con escaso nivel de educación formal, tienden a reproducir esta situación en los hijos, perpetuando el círculo vicioso de la pobreza.
Los padres son modelos forjadores de normas, agentes de creación de hábitos y nexos entre los hijos y el mundo del trabajo y la cultura. Constituyen, pues, un factor decisivo para facilitar la integración social. Por ello, cuando los jefes de hogar han internalizado patrones de comportamiento violento o irresponsable, los hijos encuentran mayores dificultades para obtener logros educativos y adoptar conductas responsables en el futuro. En América Latina y el Caribe, las estadísticas sobre violencia intrafamiliar e irresponsabilidad paterna son elevadas, tanto por la alta incidencia de tales conductas como porque tienden a reproducirse, lo que exige que la sociedad provea de opciones y salidas.
Finalmente, la vulnerabilidad de las familias con jefatura de hogar femenina, tanto en términos de seguridad y protección como de ingresos, también origina o reproduce exclusión y desigualdades. La discriminación de género en las familias y en la vida cotidiana conduce a las mujeres a exponerse al maltrato y a la sobrecarga de trabajo.
d)
El trabajo: segmentación laboral y exclusión social
El trabajo constituye un eje de la integración social. Más allá de ser el principal medio de subsistencia, es una actividad que proporciona identidad psicosocial.
Esta centralidad se torna conflictiva ante la llamada "crisis del trabajo", que se suma al tradicional problema estructural latinoamericano caracterizado por la baja capacidad de su economía de generar puestos de trabajo modernos. En este sentido, más que desempleo tecnológico "a la europea", en la región hay problemas de subempleo tecnológico y malas condiciones laborales y bajas remuneraciones.
La persistente brecha entre empleo con incorporación de progreso técnico, por una parte, y trabajo de baja productividad, por otra, puede ensancharse con la revolución de la información y el conocimiento, agravando la división entre integrados y excluidos.
e)
Trabas a la participación democrática
La consolidación de la democracia otorga especial importancia a la concertación política para impulsar proyectos de desarrollo sostenible. Esto pone en primer plano los derechos que habilitan para participar en decisiones políticas. Hay sectores sociales con baja capacidad para "agregar" sus demandas y que parecen poco hábiles para operar con las lógicas de la política y la administración pública y que, por tanto, tienen una baja presencia pública. Los sectores marginados del desarrollo productivo y que se ubican en posiciones periféricas en la red territorial no acceden, comúnmente, al diálogo público ni a instancias deliberativas. Su ausencia de la vida política proviene sobre todo de sus dificultades para constituirse como actores sociales organizados, lo que exige potenciar su ciudadanía.
Por otra parte, en muchos países de la región siguen presentes el "clientelismo", el "prebendalismo" y la corrupción en las prácticas políticas, lo que obstaculiza la representación y merma la confianza en el sistema político.
La falta de ejercicio ciudadano debiera revertirse para mejorar la integración social. Actualmente el diálogo público y la participación democrática constituyen formas de integración cada vez más valoradas. Precisamente los espacios de deliberación constituyen hoy opciones no sólo para concertar políticamente, sino también para aprender las reglas básicas del intercambio democrático. Por lo mismo, cuanto más se expande la ciudadanía activa más se incorpora a los sectores excluidos en un sistema institucionalizado de negociación y arbitraje de conflictos.
f)
El territorio: la fragmentación urbana y rural
La segregación residencial de los asentamientos precarios, en los que se concentra una gran proporción de los niños y adolescentes, contribuye a reproducir sentimientos de no pertenencia a la sociedad, y subculturas con normas propias, que agravan la marginalidad social y laboral. Sus habitantes se ven privados de acceso a vías legítimas para alcanzar las metas que la sociedad propone, lo que puede inducir a conductas anómalas.
Las dificultades para proveerse de los satisfactores mínimos y la falta de acceso a los canales regulares para obtener justicia y protección ciudadana conducen, en muchos casos, a la adopción de estrategias de supervivencia asociadas al delito, como la afiliación al crimen organizado o al narcotráfico, y la utilización de la violencia intrabarrial como forma de ajuste de cuentas o de adquisición de poder y beneficios.
A ello se agrega que la población aludida —a diferencia de lo que sucede con los habitantes de zonas rurales— ha asimilado en mayor grado los símbolos de prestigio característicos de la sociedad moderna: ocupación de categoría, poder de consumo, distinción simbólica, etc.