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El Consejo era un órgano compuesto por magistrados, pero al mismo tiempo era muy distinto de cualquier otra magistratura. Compuesto por 500 miembros, era mucho mayor, se reunía a diario y sus atribuciones eran mucho más importantes. Recibía a los enviados extranjeros y jugaba un papel esencial en la política exterior. También dirigía la administración financiera de la polis y supervisaba a los restantes órganos administrativos (ibíd., p. 247).

La selección por sorteo de los miembros del Consejo se basaba en los 139 demos y se realizaba entre aquellos que se presentaban voluntarios. El correcto funcionamiento del Consejo obligó a establecer dos excepciones a las reglas vigentes para el desempeño de las magistraturas: por un lado, en el siglo IV a.C. se mantuvo la remuneración de los consejeros, mientras se eliminaba para el resto de magistrados; por otro, los consejeros podían aspirar a ocupar su cargo un segundo periodo, aunque no sucesivamente. Cada una de las diez tribus ateniense aportaba 50 de los miembros del Consejo, y cada uno de estos grupos formaba el comité ejecutivo del Consejo (prytaneis) durante un periodo equivalente a una décima parte del año (también se llamaba así a cada uno de estos periodos). De este comité se escogía por sorteo el presidente del Consejo, llamado epistates, y su mandato duraba un día y una noche. Sólo se podía ser epistates una vez en la vida. La convocatoria del Consejo correspondía al prytaneis, así como la determinación de su agenda, con la particularidad de que los gastos e ingresos del Estado debían ser discutidos durante dos días al inicio de cada periodo. Como se dijo anteriormente, a principios del siglo IV la presidencia del Consejo paso a recaer en un grupo de nueve proedroi (uno por cada tribu) elegidos por sorteo cada mañana de entre los 450 consejeros que no formaban parte de la prytaneis durante ese periodo. Por lo general, el Consejo finalizaba sus debates votando a mano alzada, y los votos sólo

se estimaban. La remuneración de los consejeros era de cinco óbolos diarios (Hansen, 1991, pp. 248-253; Sabine, 1990, p. 19).

Los atenienses impusieron serias limitaciones al funcionamiento del Consejo, para evitar que sus importantes atribuciones políticas lo convirtieran en una institución demasiado poderosa. En primer lugar, no podía encarcelar a ningún ciudadano dispuesto a pagar una fianza, excepto traidores, enemigos de la democracia y recaudadores de impuestos. En segundo lugar, existía todo un rango de decisiones que no podía tomar sin tener en cuenta a la Asamblea, como aquellas relativas a la declaración de guerra o paz, la pena de muerte, la imposición de multas de gran cuantía o atimia, la administración de las finanzas públicas o la política exterior (Hansen, 1991, p. 255).

Aparte de las variadas funciones administrativas del Consejo (control de santuarios, organización de festivales religiosos, inspección de edificios públicos, responsabilidad sobre la flota, administración de las finanzas públicas, gestión diaria de la política exterior, etcétera), y de preparar la agenda con los temas que iba a debatir la Asamblea, sus funciones jurisdiccionales incluían la imposición de penas de prisión por traición y a los recaudadores de impuestos por las deudas impagadas. También podía imponer multas de hasta 500 dracmas. En casos excepcionales podía imponer la pena de muerte sin tener en cuenta a los tribunales ni a la Asamblea. Su papel como supervisor de la administración era mayor: cualquier consejero podía iniciar de oficio una investigación contra magistrados y oficiales. Asimismo, cualquier ciudadano podía presentar una denuncia en el Consejo contra magistrados y oficiales, y en ese caso el Consejo se transformaba en un tribunal, escuchaba a las partes y posteriormente dictaba sentencia (Hansen, 1991, pp. 257 y ss.; Sabine, 1990, p. 19). Por otra parte, los consejeros eran los únicos competentes para inspeccionarse a sí mismos. El proceso se iniciaba con una votación en el seno del Consejo, en caso de que se considerase que un consejero merecía ser expulsado. Si el voto determinaba su expulsión, el consejero en cuestión debía responder entonces ante los tribunales (Hansen, 1991, p. 258; Manin, 1998, p. 30).

4.6 ¿Existían los partidos políticos en Atenas?

El sistema político ateniense descansaba en la iniciativa individual como ningún otro en la historia. Acostumbrados como estamos en las democracias actuales a que las acciones políticas partan del gobierno o de los partidos, o bien a que los grupos de interés o los medios de comunicación canalicen las iniciativas de los ciudadanos, cuesta imaginar a los individuos como el motor del proceso de decisiones políticas. Como vimos, la facultad de hacer propuestas ante la Asamblea obligaba a responder personalmente de las mismas. Si el proponente retiraba su propuesta u obtenía menos de una quinta parte de los votos se arriesgaba a una multa de 1.000 dracmas y a una atimia parcial. Si le consideraba un sicofante, podía ser llevado ante los tribunales y, si además se añadía el cargo de traición, podía enfrentarse a una eisangelia (Hansen, 1991, pp. 266-267; Finley, 1986, p. 103).

Todo en la democracia directa ateniense –la concentración de la autoridad en la Asamblea, la fragmentación del poder de las magistraturas, la inexistencia de un funcionariado a sueldo, los tribunales populares, la rotación de los puestos administrativos, el papel central que jugaba el sorteo, etcétera– contribuía a impedir la formación de partidos y, con ello, de minorías políticas institucionalizadas. Si bien esto evitaba la formación de una “clase política” (Finley, 1973, p. 25) tal como la conocemos en la actualidad, sí es cierto que existía una élite política, representada, por ejemplo, por Pericles y otros generales (strategoi). La existencia de esta élite, con su acumulación de poder y sus privilegios, era un elemento antidemocrático inserto en la democracia ateniense. Sin embargo, esta élite no tenía la facultad de perpetuarse a sí misma. El acceso a la élite de un individuo y su mantenimiento en ella dependían de la intervención continua ante la Asamblea (García Gual, 1995, p. 96; Hansen, 1991, p. 271).

En principio, los generales –que no eran escogidos por sorteo, podían ser reelegidos sin límite y tenían una independencia mayor que la de cualquier otro

magistrado– sólo eran oficiales militares, pero en la práctica ejercían una gran influencia en las decisiones del Consejo y de la Asamblea.17 _{Por tanto, no se trataba}

tanto de un cargo militar como de un puesto político del más alto nivel. Durante toda su carrera como general, Pericles fue el líder de la política ateniense, una posición semejante a la de un primer ministro en la actualidad. Sin embargo, su poder derivaba de su habilidad a la hora de ganarse el favor de la Asamblea, y cualquier votación adversa lo hubiera apartado al instante del liderazgo que ejercía (Sabine, 1990, p. 18).

Por tanto, a falta de una equivalencia exacta entre las expresiones empleadas en la democracia ateniense y en las democracias contemporáneas, los verdaderos “políticos” atenienses eran los oradores (rhetores) y los generales (Hansen, 1991, pp. 268, 271).

No obstante, si estudiamos con mayor detalle el poder político que ostentaban los generales lograremos entender mejor la naturaleza de los “líderes políticos” en el sistema político ateniense. Desde el punto de vista constitucional, y dejando de lado sus funciones puramente militares, los generales disponían de muy poco poder. A pesar de lo que nos dice Tucídides, los atenienses no le confiaron un poder absoluto a Pericles en el año 430 a.C. Sin duda, podían hacer propuestas a la Asamblea y las hacían, pero en calidad de ciudadanos, no de generales. Pero si los generales no contaban con un poder sancionado formalmente, ¿de dónde derivaban su posición privilegiada? Como hemos visto, ésta era fruto de sus intervenciones ante la Asamblea. La condición de general podía granjearles una cierta atención entre los asistentes pero, en última instancia, todo dependía de su capacidad de convicción ante la Asamblea. Para ello ayudaba contar con una buena capacidad de argumentación que, como vimos, se enseñaba en algunas escuelas. Pero la retórica

17 _{Dada la aversión a la concentración de poder en pocas manos que sentían los}

demócratas atenienses y los sofisticados mecanismos que pusieron en práctica para evitar esta posibilidad, ¿cómo se explica que toleraran estas excepciones con los generales? Sin duda, porque en ello iba la supervivencia de la polis. En la época clásica lo habitual era estar en guerra, y la paz era la excepción (Hansen, 1991, p. 269).

no bastaba y, dado el poder del Consejo para determinar la agenda de los debates en la Asamblea, era útil dirigirse directamente a éste (puesto que todo ciudadano podía solicitar al prytaneis permiso para hacer una propuesta ante este órgano). Mejor aún era ser miembro del Consejo o tener aliados entre los consejeros que garantizaran una buena acogida de las propuestas del líder político o que las colocaran en la agenda de la Asamblea. En cualquier caso, ejercer influencia sobre el Consejo año tras año debió requerir un enorme esfuerzo (Rhodes, 2000, pp. 466-468).

En la democracia ateniense no existían los partidos políticos tal como los conocemos en las democracias actuales, pero ello no quiere decir que los líderes políticos y los grupos que les apoyaban no dispusiesen de diversas formas de influir en los ciudadanos para que sus propuestas obtuvieran una buena acogida. Todos los ciudadanos formaban parte de una de las fratrías existentes en la sociedad ateniense. En el seno de estas comunidades existían ancestrales lazos familiares a través de los cuales se podía ejercer una considerable influencia. Los líderes disponían de canales parecidos en los demos, las trittyes y las tribus. Otra importante ocasión en este sentido era la celebración de liturgias. A través de esta institución se esperaba que los ciudadanos ricos, en lugar de pagar impuestos al Estado, gastaran su dinero en beneficio de la sociedad, financiando el mantenimiento de la flota u ocupándose de parte de los gastos de un festival religioso. Las liturgias daban una visibilidad inmediata a los ciudadanos que se encargaban de ellas, más aún teniendo en cuenta que existía una verdadera competición en este sentido; aunque siempre existía una cantidad mínima de dinero que se consideraba aconsejable aportar, era una demostración de patriotismo entregar una cantidad superior y esforzarse por financiar un elevado número de liturgias. Esta actuación pública procuraba distinción a su protagonista, y en numerosas ocasiones los ricos mencionaban ante los tribunales el número y la grandiosidad de las liturgias de las que se habían encargado. Otra forma de ejercer influencia reside en recabar apoyos entre miembros de la misma generación con los

que se ha compartido entrenamiento en el gymnasion o charla y bebida en los banquetes (symposion). También estaba el caso del ciudadano que entraba a formar parte del círculo de apoyos de un líder político con la intención de sucederle en el futuro. Por último, los numerosos juicios, con el papel central que otorgaban al individuo tanto en la acusación como en la defensa, constituían una buena ocasión para lograr notoriedad pública, recabar apoyos y, sin duda, granjearse enemigos. Además de defender los propios argumentos en procesos por traición, soborno o incivismo, que muchas veces ocultaban una motivación política, acusadores y acusados se extendían sobre las propias virtudes que atesoraban como ciudadanos mientras denigraban las del adversario, recordaban a todos las liturgias financiadas y los logros cívicos alcanzados y defendían a sus allegados y aliados políticos, ganándose su gratitud. Por otra parte, escribir discursos para encausados o acusadores en los juicios abre una nueva vía de participación en la vida política y muchos de los que alcanzaron la notoriedad por este camino no provenían necesariamente de familias ricas ni poderosas (Rhodes, 2004, p. 201; 2000, pp. 269-472; Finley, 1986, p. 112).

Los líderes políticos atenienses solían provenir de un reducido grupo de familias, lo cual contradecía los principios democráticos subyacentes a su sistema político. Aunque estas familias no formaban una aristocracia, si es cierto que conformaban la clase alta en términos económicos. No obstante, el monopolio no era perfecto; un ciudadano rico podía, por su propio esfuerzo, llegar a formar parte de esta clase, y habitualmente acrecentaba su fortuna por el camino. ¿Cómo permitía la democracia ateniense hacer fortuna en la política? Los generales sólo recibían una paga por sus funciones militares, y los oradores no recibían ninguna. Sin embargo, sabemos que muchos de ellos lograron hacerse ricos. ¿De qué forma? Los ciudadanos toleraban que sus líderes recibieran obsequios y regalos de otros Estados y de otros atenienses que muchas veces eran de gran valor. Otro camino para enriquecerse pasaba por actuar como sicofantes ante los tribunales, implicarse en todo tipo de sobornos o actuar como hombres de paja en la Asamblea,

presentando propuestas que líderes más poderosos no querían o no se arriesgaban a presentar. Por supuesto, también existía la corrupción, que en muchas ocasiones no se diferenciaba de la mera aceptación de regalos (Hansen, 1991, pp.272-276).

Existen pruebas de que los líderes políticos colaboraban entre sí. En la Asamblea existía la costumbre de que los políticos se sentaran rodeados de sus seguidores, y en el Consejo se intentó hacer lo mismo hasta que una ley de 411 a.C. obligó a asignar por sorteo los asientos de los consejeros. En algunos juicios políticos, un orador compartía el tiempo de su discurso con otros colegas; en la Asamblea, algunos líderes se hacían rodear por sus partidarios; algunos otros tenían sus propios portavoces; unos cuantos ciudadanos que comparten ideas políticas forman un club para apoyarse mutuamente, etcétera. No obstante, nada de esto demuestra la existencia de partidos políticos organizados de forma estable o uniforme y, a pesar de la influencia social que pudieran tener ciertos líderes políticos, nada indica que los ciudadanos siguieran fielmente sus consignas a la hora de votar ni en la Asamblea ni en otras instituciones (ibíd., pp. 280-287).