II. Tkinter Reference
43. Basic Widget Methods
Gema Pons (2012: 26), en un artículo titulado “Doe Run: ¿la sombra del fraude?”, explica que el
contrato de privatización de MetalOroya (nombre que recibió la unidad metalúrgica perteneciente a la Empresa Minera del Centro del Perú durante la época de la venta de las empresas estatales)
especificaba el pago de US$121.5 millones y un aporte de capital de US$126.5 millones. El
Grupo Renco (al cual pertenece Doe Run), luego de realizado el aporte de capital, lo extrajo como préstamo para su casa matriz. Esta estrategia fue el inicio de un conjunto de movimientos financieros que, trece años después, generarían que el principal acreedor o deudor de Doe Run Perú (DRP) sea una empresa de la misma familia: Doe Run Cayman. El origen del problema se explica en el siguiente fragmento.
43 Todo el análisis de esta sección se ha trabajado sobre la base de los criterios de representación en las cláusulas propuestos por Michael Halliday en su libro “An introduction to functional gramar" (1985).
44 “De acuerdo con el Acta de Suspensión de Labores, firmada entre los sindicatos de DRP (STMO, Sindicato de
Trabajadores de Patio Industrial, Sindicato de Empleados), representantes de la empresa DRP, delegados de los trabajadores, el Secretario General de la FNMMSP, representantes del Gobierno Regional y la Dirección Regional de Trabajo, se acordó suspender temporalmente las labores a partir del día 01 de agosto hasta el 29 de octubre de 2009 (se señalaba como máximo 90 días), de manera que las operaciones se paralizaron materialmente el 31 de julio de 2009. Dicha acta se elaboró el día 15 de julio de 2009 y se consultó a la Asamblea Conjunta de los sindicatos para posteriormente suscribirla el día 17 de julio de 2009.” (Perfecto Flores, trabajador de Doe Run Perú, comunicación personal)
108 Como se recordará, DRP se declaró en quiebra en el 200945, 13 años después de que el Grupo Renco se hiciera con el complejo de manos de la empresa estatal Centromin. Luego de varias postergaciones a su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) bajo el argumento de que enfrentaban problemas de liquidez, en realidad tejía una telaraña de movidas empresariales y financieras para sacar dinero de la compañía a sus empresas relacionadas. Todo bajo la pasividad de las autoridades de turno. Ante el incumplimiento del pago a sus proveedores, estos [le negaron la] provisión de minerales y la empresa se vio en la necesidad de acudir a un proceso concursal en el Indecopi. Hoy, con una empresa vinculada en la junta de acreedores (Doe Run Cayman) –artífice de una de las jugadas financieras [estrategias]–, y con el voto del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y de los acreedores privados, Doe Run podría volver a retomar las operaciones de la refinería en el plazo de 60 días hábiles. (Pons 2012: 26)
El párrafo anterior muestra la situación actual de Doe Run Perú y enfatiza el hecho de que las ampliaciones de plazo para el PAMA se solicitaron bajo la premisa de los problemas económicos que atravesaba la empresa. Según afirma la investigadora, para el año 2003, la empresa solo había invertido el 21 % de su presupuesto en sus obligaciones ambientales. Luego del conflicto social ya descrito en el capítulo anterior, la empresa había conseguido ampliar el plazo hasta el año 2009. Sin embargo, ese mismo año, el programa se tuvo que postergar porque el grupo crediticio que proporcionaba capital a Doe Run canceló el financiamiento. La empresa, en ese
momento, comunicó su situación a la opinión pública y solicitó apoyo al Estado46.
Debido a la situación financiera anteriormente descrita, la empresa paralizó las operaciones a inicios de agosto del año 2009. Un mes después, en setiembre, luego de un nuevo pedido de la empresa de ampliación del PAMA, se produjeron de nuevo protestas por parte de los trabajadores dirigidas hacia el Estado como en el contexto del año 2004-2006. Esto se debió a que, en este
45 En realidad, paralizó las operaciones, pues la quiebra hubiese sido causa de un proceso de liquidación empresarial,
lo cual está contemplado en el Decreto Legislativo 728. (Perfecto Flores, trabajador de Doe Run Perú, comunicación personal)
46 Gema Pons describe la situación de la siguiente manera: “DRP, aunque había logrado ventas en el 2007 por
US$1.470 millones y por US$1.170 millones en el 2008, atravesaba una situación financiera crítica y paralizó prácticamente sus operaciones. Nadie de la familia del Grupo Renco —ya se verá que es numerosa y solidaria en ocasiones— acudió en ese momento a rescatarla. Antes bien, su ´prima hermana´ Doe Run Cayman venía atesorando con paciencia un pagaré que reconocía a su favor un crédito de US$139 millones para mostrarlo ante el Indecopi meses después.” (Pons 2012: 26-27). Esta situación se suma a la falta de inserción de un capital fresco en Doe Run por parte del grupo Renco, ya que el texto de Pons muestra que solo se extrajo el capital de MetalOroya, pero no se lo reinsertó en la empresa que asumió el control del complejo metalúrgico: Doe Run Perú. Por lo tanto, la situación financiera de Doe Run Perú es crítica por la falta de capital y por sus deudas con dos principales acreedores: Doe Run Cayman y el Estado.
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mes, el Ejecutivo pasó al Legislativo la responsabilidad de decidir la ampliación de plazo de 36 meses pedida por la empresa Doe Run Perú. Tanto la empresa como los trabajadores esperaban que fuera el Ejecutivo el que resolviera el tema para que la inestabilidad no se prolongara. Para los trabajadores, este era el actor social que estaba obligado a responder y solucionar los problemas de operatividad de Doe Run Perú, porque se asumía que era el encargado de velar por el bienestar de los ciudadanos. En esa situación de tensión social, dada la situación de reclamos y de bloqueo de carreteras en la ciudad de La Oroya, el Legislativo aprobó la ampliación de plazo
para el PAMA47.
8.2. Coincidencias y diferencias en la representación del conflicto en El Comercio y La