Bickle’s Formal Model

En el estudio de los países presentes en el trabajo, hay que resaltar que existen internos que en base al delito cometido no pueden acceder a ciertos beneficios penitenciarios, esto les supone tener que cumplir la totalidad de la pena sin poder acortarla con estos beneficios. El delito de tráfico de drogas es uno de estos delitos que no permite acceder a determinados beneficios, aunque la gran mayoría de internos que cometen estos delitos no suponen un peligro extremo, al ser los eslabones más bajos de la cadena como ya hemos visto a lo largo del trabajo, el penal los clasifica como personas peligrosas con tendencia a fugarse o a alterar el orden interno.

En España los internos por delitos de drogas pueden acceder a todos y cada uno de los beneficios penitenciarios, ya que no existe ninguna norma que se lo impida. En cambio, tanto en Colombia como en Perú, estos internos no pueden acceder a muchos de los beneficios penitenciarios a los que sí tienen accesos los presos españoles por los mismos delitos.

8.2.1. Colombia

En Colombia nos encontramos con una prohibición casi total, impuesta por el art.68 del Código Penal Colombiano modificado por el art. 32 de la Ley 1709, que dice:

“No se concederán; la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo…..a quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones”. El segundo párrafo de este artículo prevé una excepción por la que se excluye de la aplicación de este artículo la libertad condicional, prevista en el art. 64 de este Código.

También nos encontramos con otra prohibición, prevista en el art. 1 del Decreto 177, 24 de enero de 2008115, por la que se prohíbe al Juez de Ejecución de Penas y

114_{Reglamento del Código de Ejecución Penal de Perú, Decreto Supremo Nº 015-2003-JUS, disponible en:}

<http://www.usmp.edu.pe/derecho/centro_derecho_penitenciario/legislacion_nacional/REGLAMENTO_ CODIGO_DE_EJECUCION_PENAL.pdf >.

115 _{Decreto 177 de 2008, de 24 de enero de 2008, por el cual se reglamentan los artículos 27 y 50 de la Ley}

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Medidas de Seguridad la utilización de sistemas de vigilancia electrónica durante la ejecución de la pena, como sustitutivos de la pena cuando se trate de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

8.2.2. Perú

El art. 42 del Código de Ejecución Penal Peruano (CEPP)116 recoge los beneficios penitenciarios que existen en el sistema penitenciario peruano, siendo: redención de la pena por el trabajo y la educación (arts. 44 y 45), semilibertad (art. 48) y libertad condicional (art. 53) entre otros, pero estos son los que se ven prohibidos para los presos de Perú por los delitos de los arts. 296 y 296 del Código Penal de Perú, ya expuestos en la normativa legal penal de Perú.

El primero a tratar sería la reducción de la condena por el trabajo y la educación. El art. 47 CEPP modificado por el art. 1 de la Ley nº 30262117 _{excluye la aplicación de}

este beneficio penitenciario a las personas que hayan cometido alguno de los delitos previstos en los arts. 296 y 297 del CPP.

Otro de los beneficios penitenciarios que se ve menoscabado para estos presos es la semilibertad, que les permite salir del penal para trabajar, estudiar, etc; ya que el último párrafo del art. 48 del CEPP prohíbe la aplicación de este beneficio penitenciario para las personas que han cometido uno o varios de los delitos tipificados en los arts. 296 y 297.

Por último y siendo el más importante desde mi punto de vista, la libertad condicional, le es negada a los presos que han cometido alguno de los delitos previstos en los ya reiterados arts. 296 y 297. Esto es contemplado por el art. 53 CEPP en su último párrafo.

Estas prohibiciones de los beneficios penitenciarios en Perú son posible ya que el Tribunal Constitucional considera que no es un vicio de inconstitucionalidad, ya que en su sentencia 0012-2010 dice “(…) son las medidas que el legislador o la autoridad

administrativa adopta en procura de alcanzar el fin constitucionalmente exigido. Mientras su configuración normativa esté orientada a la readaptación social del penado, no es posible exigir al legislador la previsión de un concreto tipo de beneficios. Es decir, no existe un derecho fundamental a un concreto tipo de beneficios penitenciarios, ni

116 _{Código de Ejecución Penal de Perú, Decreto Legislativo Nº 654, publicado el 2 de agosto de 1991,}

disponible en: <http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default- codejecucionpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo>.

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siquiera a aquellos que son representativos de la posibilidad de la concesión antelada de libertad. De ahí que la exclusión de algunos de ellos en función de la gravedad de ciertos delitos, no puede dar lugar a un vicio de inconstitucionalidad. Es por ello que el Tribunal Constitucional ha sostenido que en estricto los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino garantías previstas por el Derecho de Ejecución Penal, cuyo fin es concretizar el principio constitucional de resocialización y reeducación del interno”118_.

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9. LA COOPERACION INTERNACIONAL: MODELOS DE