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4 RESULTS OF THE EXPERIMENT AND DISCUSSION

4.3 Discussion

4.3.3 Body condition scores (BCSs)

El examen de la Ley deja la impresión de que si bien su propósito principal fue el aprovechamiento técnico y exclusivo de los

recursos naturales disponibles dentro del territorio de la República, en definitiva sus autores cedieron bajo el peso de la

realidad que tenían ante sí y terminaron por otorgar incentivos a prácticamente toda clase de industrias. Cabe ubicarse en el contexto propio de 1947, fecha en la cual todo estaba por empezar. De esa cuenta, los autores de la Ley tuvieron ante sí un panorama en el que, para definir una estrategia de desarrollo, resultaba difícil discernir cuál era el eslabón que permitiría 20 Boletín de la Dirección General de Estadística, núm. 11, enero de 1948.

hacerse de toda la cadena. Los recursos naturales estaban disponibles sólo en parte, pues en una medida considerable se les desconocía; además, aquellos que eran conocidos no necesariamente estaban disponibles en cantidad y condiciones apropiadas para su manufactura. Cabe señalar, inclusive, que la posibilidad de producir utilizando materias primas agrícolas “(...) se vio al principio obstaculizada por el bajo nivel de diversificación agrícola, de manera que muchas materias primas básicas sólo se podían obtener si se importaban”.22

A estas restricciones se sumaba la infraestructura totalmente inadecuada y la limitada generación de energía eléctrica, por entonces de 74 kilovatios/hora por habitante, lo que representaba, apenas, el 20 por ciento de la producción de energía en Costa Rica, para establecer una comparación aceptable. Además, no existía, hasta esa fecha, el crédito industrial. La banca estaba al servicio casi exclusivo de la agricultura y la disponibilidad de mano de obra era limitada (además de que se trataba de una mano de obra no calificada, formada en gran medida por población analfabeta). Por último, pero no por ello de menor importancia, el mercado interno era en extremo reducido: 335 quetzales por habitante, con una población de 2,610,000 habitantes.23

La Ley de fomento industrial recogía en su Artículo 1 el sentir de los nuevos tiempos, ya que hacía una declaración de principios que años después sería abandonada: la opción por una industrialización selectiva y preferente de los recursos 21 Dosal (1987), óp. cit., p. 178.

22 Bulmer-Thomas. (1989). La economía política de Centroamérica desde 1920. Editorial Universitaria Centroamericana y Banco Centroamericano de Integración Económica. P. 153.

naturales del país. Esto era algo que hasta entonces ningún Gobierno había pretendido, pues el pensamiento dominante desde la independencia consideraba que Guatemala era “(...) un país predominantemente agrícola, debido a las condiciones que le imponen su destino geográfico y la idiosincrasia de sus

habitantes.”24 Pero más allá de los principios y el idealismo

revolucionario, la realidad indicaba que, a la hora del despegue industrial, el Estado tenía que apoyarlos “a todos” y sólo contaba para ello con los recursos que provenían de los impuestos sobre el comercio exterior (de lo cual el 40 por ciento procedía de los derechos de importación; de los impuestos directos sólo el 10 por ciento).

Refiriéndose a la Ley de Fomento Industrial, Dosal dice que “la política de desarrollo industrial guatemalteca había incluido regularmente exenciones arancelarias e incentivos fiscales. La nueva ley sólo brindó directrices más sofisticadas y complejas para una política que se había seguido sobre una base ad hoc por al menos setenta y seis años (...). Sin embargo, los empresarios necesitaban algo más que incentivos fiscales (...)”.25

Lo anterior demanda algunos comentarios. En primer lugar, hasta la emisión de la Ley de Fomento Industrial los gobiernos 23 En realidad, el mercado interno para la industria era más reducido, ya que debido a las deficiencias de la infraestructura de comunicaciones, lo que contaba eran las ciudades y fuera de la ciudad de Guatemala posiblemente ninguna otra tenía más de 100,000 habitantes. Cfr. Adler et ál, 1950, cuadro 5.

24 Informe presentado por la delegación de Guatemala ante la Conferencia de Comisiones Nacionales de Fomento Interamericano. (1944) Guatemala: Tipografía Nacional, p. 5. Cursivas agregadas.

“de los últimos setenta y seis años” no formularon nunca una

política industrial. El propio Dosal indica que los incentivos se

concedían “sobre una base ad hoc”, por consiguiente, no puede hablarse de política industrial. Fue hasta la emisión de la Ley de fomento industrial que por parte del Estado26 hubo una

declaración acerca de cuál era el desarrollo industrial que se deseaba promover, especificando, además, las formas y los medios que se podrían emplear para conseguirlo. Las imperfecciones de la Ley y su ingenuo idealismo no impiden percibir que esta vez había una clara definición política, no sólo el favor ad hoc a una u otra empresa.

Aplicación de la Ley

Muy pronto, el capital privado fue alentado por las facilidades que brindaba la Ley, las cuales fueron aprovechadas para instalar 14 nuevas industrias. A estas últimas se sumaron, en 1952, otras 56, y el año siguiente, 58 más. Ello nos arroja, como saldo del primer quinquenio de aplicación de la Ley, un total de 165 empresas favorecidas. De manera similar, muchas de las empresas clasificadas como existentes se acogieron a la Ley para renovar sus instalaciones. Entre las nuevas industrias favorecidas, cabe mencionar algunas de lencería, elaboración de licores y curtiembre. El Gobierno reconocía, sin embargo, que a pesar de que los resultados podían ser calificados como estimulantes, la política de estímulo y protección industrial no había dado todos los frutos apetecidos debido a la serie de problemas conexos que se presentaban en un país de estructura fundamentalmente agrícola. Se carecía de crédito y, además, el estado de la 26 Esta Ley fue primero aprobada por el Congreso de la República; después la

infraestructura constituía una restricción. Por otro lado, hacía falta un clima político menos hostil a las iniciativas del Gobierno.