9 CONCLUSIONS
ANNEX 3 BRIEFING NOTE FOR STAKEHOLDER INTERVIEWS INTRODUCTION
Un argumento inicial para justificar el uso de la violencia puede estar relacionado con la ausencia de medios distintos a esta, dirigidos a lograr objetivos que no parecen responder a una lógica que no sea una distinta al uso de la fuerza por medio de las armas. Lo anterior puede estar referido a percepciones o creencias de agravio individuales o colectivas, en las que se de una mala distribución de los recursos debido a la existencia de estructuras políticas y económicas desiguales y en las que las divisiones socio-económicas se encuentren fuertemente marcadas, lo que lleva al decisión de los actores de cuestión por iniciar una campaña armada. En este sentido la escases de los recursos también puede ser un factor determinante a la hora de establecer acciones bélicas dirigidas a su pronta obtención, en la que el motor principal esta asociado a un afán por la supervivencia y la falta de oportunidades materiales no realizables.
La definición de violencia otorgada por Kalyvas y conceptualizada anteriormente, tiene en su contenido un factor deliberativo, es decir que son previamente considerados los beneficios y obstaculos de llevarla a cabo. Por esto se hace necesario entender el origen y producción de la violencia como “un proceso dinámico que permite una investigación de la secuencia de decisiones y acontecimientos que se intersectan para producir violencia, así
como el de actores que, de otro modo, serían invisibles, que toman parte de este proceso y los conforman en formas fundamentales” (Kalyvas, 2010, 41). En medio de este proceso se crean diversas posibilidades que permiten la realización de formas de violencia dirigidas a la obtención de un objetivo específico. Desde un primer punto, la posibilidad de prácticas violentas indiscriminadas vienen determinadas por las oportunidades que la guerra ofrece para la extorsión y el chantaje, como lo ha identificado Kalyvas. A esto se suma el agravamiento por la falta de recursos, condicionando las acciones de futuros combatientes, pues no perciben una opción diferente a la que les es ofrecida por este tipo de violencia (2010, 233).
Sin embargo, la puesta en marcha de prácticas violentas indiscrimindas resulta contraproducente para el actor que la este ejecutando debido a que en un contexto de guerra civil -como se ha seleccionado previamente para la explicación del fenómeno en cuestion-, la presencia de un segundo bando o grupo permite generear incentivos en los civiles con el fin de conseguir apoyo y legitimar su posicionamiento territorial. Según Kalyvas, la selección de objetivos más personalizados por parte de los actores armados, lleva a una percepción de seguridad entre la población en cuanto que, sus acciones van a estar contenidas por la amenaza representada en el obrar de cierta manera.
Pero la lógica que se dibuja detrás de zonas en donde es posible identificar beneficios por la obtención de recursos, muestra una diferencia clara con lo hasta aquí expuesto por Kalyvas. La violencia pasa de ser indiscriminada colectiva a selectiva colectiva, y no como lo plantea el autor, argumentando a favor de una violencia mucho más personalizada cuando ésta es de carácter selectivo. La razón de esto viene definida por los intereses que un actor pueda decretar en escenarios donde la fuerza laboral de la población civil se convierta en el sustento de su lucha. Como lo señala el informe del CTIpax, “el interés de los grupos armados ilegales por las zonas mineras y petroleras del país también ha venido acompañado de un incrementeo en las cifras de homicidios y otros actos violentos” (2012, 25). Un ejemplo de la anterior situación que
identifica el informe, se da en zonas como Antioquia, Sur de Bolivar, Nariño y Meta.
El producto de prácticas violentas va encaminada a comunidades en escenarios especificamente rurales en donde se puede hablar de un tipo de victimización colectiva como “una expresión dinámica, compleja y diversa…En este caso, las comunidades victimizadas en Colombia se caracterizan por la existencia de lazos colectivos, movidos por la confianza y la labor o pensamiento colectivo: vida en común duradera (Garay, 2013, 64).
La razón de establecer agencias violentas responde a la transformación propia del conflicto por encontrar recursos que satisfagan las necesidades de la guerra, en zonas que presenten esta característica. Selectivamente se produce un interes hacia el control territorial y de las prácticas colectivas de explotación del recurso en manos de la población civil. El aumento de combates y presencia militar e insurgente en el mapa del conflcito en Colombia, es causado por la importancia de los recursos como motor del proceso armado; “…el crimen relacionado al conflicto ha aumentado como respuesta a prácticas por parte de los combatientes relacionadas al tráfico de drogas, extorción, secuestros, lavado de activos, explotación ilegal de minerales y criminalidad común para la compra de armas y entrenamiento de combatientes.” (Guaqueta, 2003, 78).
El paso de un tipo de violencia indiscriminada a una más selectiva viene dada por el desarrollo mismo de la guerra en relación con la percepción de los actores por establecer estruturas de poder sólidas y alternas a las del Estado cental en los territorios en que se encuentran. La posibilidad de escenarios anteriormente descritos viene definida por la cantidad de información que dispongan los actores armados, otorgada simpre por la población civil siguiendo la lectura de Kalyvas. Adicionalmente, a medida que el conflcito crece y se expande en terminos espaciales, el tiempo de la guerra tiende a ser prolongado, estableciendo intereses económicos que acompañen su desarrollo. Resumiendo, “si un conflicto crece, deberíamos observar una transición hacia
la violencia selectiva a medida que empiezan a imponerse intereses a largo plazo” (Kalyvas, 2010, 248).
No puede ser dejada a un lado una lectura que permita entender que la posible expansión del conflicto recae en condiciones donde la disputa por el poder se hace posible, es decir, un contexto en el cual, la capacidad del Estado por dar respuesta a todo tipo de demandas sociales no encuentra una articulación posible entre niveles de institucionalidad mínimos y una regulación de la vida civil. Esto permitiría la erosión de estructuras políticas en la sociedad, dando paso al uso de la violencia como garante de control y supervivencia en un ambiente de disputa inconcluso debido a actores políticamente débiles que no son capaces de asir por completo el monopolio de la fuerza (Kalyvas, 2010, 247).
Por tanto, la relación que se esconde en el paso de un cierto tipo de violencia a otra pasa por el control territorial del que los actores dispongan para librar su lucha. El balance de poder entre facciones políticas en medio de la confrontación también necesita de la disponibilidad de recursos para librar procesos de guerra fundamentalmente de tipo irregular, pues la búsqueda por la simetría en las relaciones que pueden ser el objetivo por una de las partes en relación al contexto en que se ubica, permitiría pensar la selección de estrategias y objetivos de todo tipo; pasando por la satisfacción de distintas agendas de la guerra (política, económica, social, etc.)
Debido la multiplicidad de actores armados inmersos en la confrontación, se presenta como un obstáculo determinar de manera clara los diferentes intereses para cada uno, y posteriormente lo que se vuelve más problemático sería una caracterización a nivel interno de éstos. En el proceso de transformación y evolución de la guerra los grupos también pasan por todo tipo de cámbios al interior de sus estructuras permitiendo la defección por parte de algunos combatientes movidos por la codicia, así como el ofrecimiento de la violencia puesta al servicio de intereses privados de seguridad. En el sector minero, el informe del CITpax muestra cómo los grupos han establecido dinámicas de violencia alternas, en las que es posible la mezcla de diversos
usos de la violencia en función del cumplimiento de intereses privados. Entre estos se pueden encontrar servicios de seguridad privada, extorsión con cheque a empresas, control y administración de la oferta laboral, presión social a nivel interno de las empresas, votos cautivos y captación de regalías (2012, 32).
La violencia entra en la borrosa nube que se dibuja entre lo legal e ilegal, los objetivos dispuestos por los grupos armados ilegales así como los legales se ven inmersos en un contexto en donde la falta de regulación y presencia del Estado en conjunto con la presencia de sectores privados y civíles, compiten por el establecimiento de estructuras de control.
En escenarios donde predomine la competencia por la obtención de los recuros, la violencia será el factor de preferencia por parte de los actores armados que buscan condicionar los procesos sociales mediante la implentación de estructuras políticas a partir estrategias destructivas. El proceso puede estar inmerso en la transición de la violencia indiscriminada a una más selectiva. La economía de la guerra también se encuentra determinada por la puesta en marcha de acciones más o menos violentas. Por ende, los grupos buscarán establecer procesos de cambio social en los que sea la eficacia el objetivo principal. Para Kalyvas, ésta eficacia es posible a través de la imposición selectiva que depende menos de la exactitud y más de una percepción que se da entre la población que tiene lugar (2010, 275).
La economía de la guerra encierra en su complejidad una multiplicidad de intereses en medio de un cambio que viene determinado en tiempo y espacio. La violnecia también responde a procesos de transformación pero al final los grupos tienen preferencias claras como lo expone Kalyvas a continuación:
Los actores políticos maximizan el control territorial; buscan <<conquistar>> territorio y aumentar el nivel de control sobre el territorio que dominan…el aumento del control significa obtener la colaboración de los civiles y la eliminación de la defección, es decir, la colaboración con el actor rival; esta es la función principal de la violencia selectiva. (Kalyvas, 2010, 280).
La producción de violencia directa dirigida a colectividades mineras como hasta aquí ha sido descrita contiene un “carácter anti-comunitario dirigido a la fracturación de tejidos sociales y de fragmentación / destrucción de proyectos de vida colectivos. Lo anterior viene a ser complementado con un patrón adicional de violencia anti-sindical y que impacta específicamente reivindicaciones laborales en el sector minero-energético.” (Garay, 2013, 65).