Para el desarrollo del Análisis Institucional, volvamos a retomamos algunos conceptos claves para definir a las instituciones.
De esta manera utilizando el concepto de Garay (1996), entendemos a las instituciones como formaciones sociales y culturales complejas, cuyas identidades son resultado de procesos de interrelación, oposición y transformación de fuerzas sociales. Reconstruyendo el anterior concepto con Berger y Luckman (1968) quienes afirman que la institucionalización aparecerá cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones
49 habitualizadas; experimentada como si poseyera una realidad propia. Dicha institucionalización se presenta al individuo como un hecho externo y coercitivo, mediante el establecimiento de pautas definidas de antemano que canalicen una decisión determinada. Una vez establecidas las rutinas, comportan una tendencia a persistir, sin embargo siempre es posible cambiarlas o abolirlas.
Por lo tanto el término institución remite a lo instituido como lo instituyente, relación recíproca entre aquello instalado con la búsqueda de lo alterno a lo establecido, una relación en constante dinamismo entre uno y otro.
Las instituciones no permanecen estables e impermeables al espacio social en el cual están insertas: los acontecimientos económicos, políticos y sociales provenientes las golpean y modifican determinando cambios profundos en la organización, en los propósitos, intencionalidad y motivación de su gente; incrementando también la incertidumbre, inestabilidad, confusión y caos.
Es así que cuando estos cambios penetran las fronteras porosas de la institución pueden crear en ocasiones momentos de crisis que “supone la ruptura de una regularidad, que impide prever anticipadamente los eventos futuros, enfrenta a las instituciones con su contexto afectando las funciones, interpelado el sentido y la meta, e incluso los propios fundamentos institucionales” (Schlemenson, A.1993, pág. 234)
El concepto nos remite indistintamente a un avance de la situación, que permite cambios, y que provoca perturbaciones, fragmentaciones, poder, etcétera.
Sin embargo, dirá Fernández, (1995) “todas estas definiciones van a confirmar que esta noción de crisis significa circunstancias excepcionales o que se han apartado de la regularidad de los hechos y que lo que se va modificando o haciendo de un proceso de cambio o perturbaciones que tiene que ver con la manera en que los sujetos la viven”. (Fernández, 1995)
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4.1. Acuerdo Institucional
Nuestro espacio de práctica, perteneciente a la “Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia”, es el Área 102 cuyo funcionamiento se encuentra precedido por la normativa N° 9.944 de la provincia de Córdoba. Conformada por la línea 102 (línea telefónica gratuita de ayuda a los niños y niñas) y demanda espontánea; encargada de receptar demandas y\o consultas sobre vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes y brindar asesoramiento legal. Conjuntamente se desempeñan diferentes equipos técnicos cuya función es constatar e intervenir sobre dichas situaciones, los cuales se encuentran facultados- como órganos administrativos de aplicación de la ley provincial- para implementar medidas de protección y\o excepcionales a fin de proteger y\o restituir los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes. (Ley Provincial N° 9.944 “Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”- Art. 34; 36; 37; 42; 43; 48)
Desde el Área 102 no ha sido formulado un encargo institucional que motive la intervención pre-profesional de manera directa, sin embargo nuestro interés fue incentivado por inquietudes personales como profesionales a fin de dar a conocer las líneas de acción existentes en dicho espacio, su funcionamiento de como también condiciones funcional y su vinculación con la sociedad civil, especialmente en relación a los niños/as.
El 23 de febrero de 2012 se concreta el primer encuentro entre docentes a cargo del “Seminario de Diseño de Estrategias de Intervención” y el Secretario Mgter. Alberto Reynaldi, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Posteriormente se pudo efectuar una reunión con el Director del área de Servicio y Atención Comunitaria, el Lic. Jorge Garate y Abg. María Inés Vertolo, quien está a cargo de la asesoría legal y de control de las medidas de excepción. A partir de allí, se comenzó a indagar sobre las posibilidades de una práctica académica en el Área 102, y profesional de Trabajo Social que pudieran ser nuestro referente.
Esta permitió poder acordar y acceder a una reunión con la Lic. Flavia Vitali, quien es la responsable del Área 102. Es con ella, con quien se formula una posible alternativa entre lo deseado, lo posible y lo viable para nuestra práctica académica, pues nuestro
52 interés está centrado en poder acceder a los espacios de intervención de los equipos técnicos y dentro de éstos, la labor realizada por los trabajadores sociales.
Es así que es propuesta como referente profesional/institucional a la Lic. en Trabajo Social Fernanda Toya, integrante del equipo técnico, conjuntamente con la Lic. en Psicología Mariana Pavetto y la Profesora de Menores en Situación de Riesgo, Karina Canarella.
A partir de la aprobación en mayo de 2011 de la Ley de “Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” N° 9.944, y en ese mismo año con la asunción del Señor Gobernador Dr. José Manuel de la Sota en la provincia de Córdoba, en el mes de diciembre; es de avistar que la temática seleccionada atraviesa un proceso dinámico de cambios, reformas estructurales y organizacionales de autoridades, que -consecuentemente- ha incidido en el campo de la intervención profesional, funciones y roles de cada área, recursos, usos, entre otros.
Para iniciar el proceso de indagación y conocimiento del campo de intervención, la reconstrucción de las características estructurales y funcionales que han ido constituyendo a la actual Área 102, hemos recuperado trabajos finales de prácticas realizadas por estudiantes de Trabajo Social en el 2010 y de Psicología en el año 2009 y 2011.
Esta reconstrucción nos permitió contemplar y reflexionar sobre los diversos matices, atravesamientos sociales, políticos y económicos que influyen en el desempeño de dicha área, en las intervenciones profesionales, sobre las concepciones de niñez y la construcción misma del ejercicio de la ciudadanía, vislumbrando el lugar o el espacio de los niños y niñas en estas.
El Sistema Nacional de Protección de derechos consiste en la creación y articulación de programas y servicios -a nivel provincial tanto la línea 102 como demanda espontánea- destinados a reparar y restituir derechos vulnerados de toda la población de niños/as y adolescente, a través de la adopción de medidas de protección integral de derechos, a cargo de los organismos administrativos de niñez, en todos los niveles del Estado.
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