La política de Paz del gobierno Barco, como se dijo inicialmente, estaba centrada en rehabilitación, normalización y reconciliación excluyendo los diálogos directos con
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quienes se requería hacer la paz75, aunque sin desestimar los contactos que se
mantenían con los grupos insurgentes a través del Consejero Presidencial para la Paz. Una vez abocados los diálogos con el M-19, se establecen condiciones precisas para el desarrollo de la agenda y a partir de allí, se fija su política pública de paz para la negociación y se despliegan los instrumentos necesarios para lograr el acuerdo final (véase anexo 2).
El proceso inició con varias reuniones secretas entre el gobierno y el M-19, y se oficializó el 10 de enero de 1989, con la primera declaración conjunta de las partes en el municipio de Ortega en el departamento del Tolima. Allí se acordó el dialogo directo con el objetivo final de “lograr un camino hacia la democracia plena y la desmovilización de la guerrilla”76, se convino igualmente “acordar los procedimientos
para la incorporación de los alzados en armas a la normalidad y el establecimiento de una democracia ampliada con nuevas reglas en el ámbito político.
En esta declaración igualmente, se señalaron con claridad los interlocutores directos, se convocó a los partidos políticos con representación en el Congreso, con lo cual se buscó el compromiso de los mismos para respaldar los acuerdos que se lograran. Lo anterior fue un avance con respecto al proceso de paz de Betancur, donde no se tuvieron en cuenta. Desde el inicio de los diálogos hubo concentración del grupo insurgente que decretó un cese unilateral al fuego. Se procuró siempre hacer declaraciones conjuntas para evitar distorsiones o malas interpretaciones de los temas tratados y de los puntos acordados.
En la segunda declaración conjunta del gobierno Barco y el M-19, con el fin de facilitar el desarrollo de los diálogos tripartito convenido en la Primera Declaración, se estableció la creación de una Mesa de Trabajo por la Paz y la Reconciliación Nacional, a la cual se invitó al Congreso. La función principal de esta mesa sería la
75Bejarano Sandoval, Ana María. La paz en la administración Barco: de la rehabilitación social a la negociación política, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Documento análisis político No. 9, enero-abril de 1990, p.4.
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"búsqueda de acuerdos políticos concertados con el objetivo de transitar hacia la democracia plena"77. Al invitar al Congreso se evitaba que éste torpedeara los
acuerdos, correctivo que subsanaba el permanente divorcio que durante el proceso de paz Betancur, mantuvo esta institución con el diálogo nacional.
Desde el inicio de los diálogos, se pactó una agenda acotada, se conformó la Mesa de Trabajo por la Paz y la Reconciliación Nacional y se crearon Mesas de Análisis y Concertación en tres ejes temáticos: i) Convivencia, justicia y orden público, ii) Aspectos socioeconómicos y iii) Asuntos constitucionales y materia electoral. Estos temas fueron subdivididos en temas específicos. Este procedimiento cumplió con las condiciones para establecer una política pública que posteriormente pudiera evaluarse: i) unos objetivos claros, ii) un procedimiento para lograrlos, iii) la intervención del Estado y iv) un mecanismo de evaluación de las metas. Además se involucraron los actores que podían contribuir a lograr los acuerdos.
Sin embargo, el primer acuerdo logrado, que contenía reformas para la transparencia y el acceso a la política e incluía el tarjetón electoral, permitir la televisión en las campañas políticas y mecanismos para acceder al Congreso para quienes dejaran las armas como una especie de favorabilidad política que requería de una reforma constitucional, no pasó en el Congreso y la iniciativa fue archivada con el consentimiento del gobierno, debido a que miembros de esa corporación le incluyeron puntos que beneficiaban a los carteles del narcotráfico78.
Adicionalmente, durante el proceso, la Mesa de Diálogo sufrió varios tropiezos: la UP se retiró de la misma por la muerte de uno de sus miembros79, hizo lo mismo el
partido conservador como estrategia para presionar al gobierno y al partido liberal que en esos momentos era un partido disperso. El Congreso por su parte,
77Numeral 6 de la "Cuarta Declaración Conjunta, suscrita por el Gobierno y el M-19 en Santo Domingo, Cauca, el 17 de marzo de 1989", recopilada en Ibídem., p. 190.
78Antonio Navarro en declaraciones al Espectador, "Carlos Pizarro, el pionero de la paz", abril 25 de 2015, reconoce que el proyecto de acto legislativo se hundió en el Congreso por interferencias del Cartel de Medellín. 79 El político de izquierda José Antequera, fue asesinado en el Aeropuerto El Dorado, el 3 de marzo de 1989, en el atentado fue herido Ernesto Samper Pizano candidato en ese entonces a la presidencial.
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empantanó la reforma constitucional y propició su hundimiento en diciembre de 1989 y no contribuyó en mayor medida a la superación de la crisis nacional. Lo cual corrobora la inexistencia de una política de Estado coherente y coordinada entre sus instituciones que favoreciera el acuerdo de paz que se pretendía lograr con el M-19. En cuanto a los negociadores de las partes en conflicto, se encuentra que el discurso político del M-19, tenía como eje fundamental, la democracia en armas, el nacionalismo y las reivindicaciones sociales y no contemplaba una revolución integral, así lo confirmó su comandante, Carlos Pizarro Leongómez80, en una
entrevista en 1989 en Santo Domingo (Cauca) cuando expresó: “nunca se ha planteado el objetivo total de la revolución absoluta. No hay modelo. Por eso hemos podido variar, buscar nuestro propio camino". Según Pizarro, era necesario conseguir legitimidad ante la población, “No se trata de reclamar legitimidad..., todos la reclaman; sino de conseguirla, construirla, mantenerla y actualizarla”.
En consecuencia, la flexibilidad de la propuesta política del M-19, tenía cabida dentro en un proyecto socialdemócrata que en Colombia venía gestándose desde el gobierno de Belisario Betancur y al que contribuyó el de Virgilio Barco Vargas con la reglamentación de la elección popular de alcaldes y que finalmente se concretó normativamente en la Constitución de 1991.
A nivel interno, la nueva actitud del M-19 respondía a su situación y su contexto; el fracaso militar y político con la toma del Palacio de Justicia, la guerra sucia y los nuevos enemigos a enfrentar como el paramilitarismo y los grupos de exterminio como el de Muerte a Secuestradores (MAS), financiados por el narcotráfico, constituían los principales factores del enturbiamiento de la violencia política en Colombia. También la muerte de varios de sus dirigentes, en la retoma del Palacio de Justicia y la de su máximo líder, Álvaro Fayad en 1986, fueron factores que influyeron en la coherencia del nuevo discurso de ese grupo insurgente.
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A nivel externo las transformaciones que vivió el mundo socialista con la caída del muro de Berlín en 1989 y el triunfo del capitalismo como sistema económico y político fueron factores que abocaron a la negociación, así lo reconoció el comandante del M-19, Carlos Pizarro81 en la décima conferencia en Santo Domingo
Cauca en 1989, cuando en su segunda intervención expresa: “Porque lo que sí está demostrado, compañeros, es que la ideología, los proyectos montados sobre las ideología, han fracasado en América Latina. Han fracasado en Europa, en Asia, en todas las partes están en quiebra y no tenemos allí nada que hallar, nada que buscar sino simplemente la experiencia de desastres y por supuesto, también, una nueva situación en el mundo”. Esto refleja el deseo de cambiar de forma de lucha desde la civilidad.
Por su parte, el gobierno Barco Vargas aceptó la propuesta de paz, obligado por el fracaso de la estrategia inicial (PNR, PPA), la presión de la sociedad civil, el consenso que generó la propuesta de dialogo de Salvación Nacional y las críticas que le llovieron de diferentes sectores por la falta de estrategias para convocar al diálogo a los grupos insurgentes y a sus condicionamientos cuando decidió hacer finalmente su propuesta, por lo cual debió entonces modificar su postura inicial, adaptarse a las nuevas circunstancias y aceptar el diálogo propuesto por el M-19.
Según la investigadora Ana María Bejarano82, se conjugaron varios factores y fue
gracias a la decisión del movimiento guerrillero de buscar caminos de paz y no a la generosidad gobierno Barco que se reabrieron en Colombia las posibilidades de pensar el problema de la violencia y la paz en términos políticos, y no sólo en términos militares o de rehabilitación, como se venía haciendo hasta ese momento.
En consecuencia aunque no existía una política pública de paz estatal, coordinada con la gubernamental que enmarcara la voluntad política de las negociaciones con el
81Pizarro, María José. De su puño y letra, Editorial Géminis Ltda., serie DEBATE, Bogotá, abril de 2015, p. 275. 82Bejarano Sandoval, Ana María. La paz en la administración Barco: de la rehabilitación social a la negociación política, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Documento análisis político No. 9, Enero-Abril de 1990, P.18.
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M-19, primó la voluntad política de uno de los actores, la presión social y las circunstancias históricas para convencer a la contraparte de aceptar los diálogos; y una vez en la agenda del gobierno, éste adoptó claros mecanismos de política pública, para lograr los resultados esperados, la firma de un acuerdo y la desmovilización del grupo armado.