Las ONG, sindicadas últimamente como organizaciones «antimineras»31, tienen regular presencia en La Oroya, incluso desde antes de que se privatizara el complejo metalúrgico32
Sus posiciones han sido bastante severas, cuando no extremas, respecto del desempeño de DRP en materia del cuidado de la salud ambiental y no tanto así con Centromin Perú (hoy Activos Mineros), que por mucho tiempo no ha evidenciado voluntad política para resolver el problema de los pasivos ambientales (El Comercio 2004: 15). Asimismo, las ONG han sabido articularse entre ellas a través de consorcios y redes, así como han elaborado una eficaz política de comunicaciones con la opinión pública local y nacional y algunos medios de expresión, que recogen a veces sin cargo a revisión las posiciones y los enjuiciamientos de dichos organismos no gubernamentales.
. Desde entonces, junto a sus trabajos de acción social y de acompañamiento con la población más afectada por las emisiones, han organizado tanto actividades comunales como recojo de información para sus informes, proyectos, boletines y consultorías.
31 Tal es el adjetivo que algunos medios de comunicación les han asignado, merced a la actitud
que algunas de estas organizaciones presentan frente a la actividad minera o metalúrgica. La Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), por ejemplo, ha mostrado plataformas políticas bastante radicales, más allá de su presunta preocupación por el medio ambiente o las comunidades afectadas por la minería. Una autoridad edilicia de Bambamarca, Cajamarca, zona altamente sensible por la presencia de la minera Yanacocha, sostiene que los activistas de las ONG «son conocidos por el pueblo por organizar y auspiciar marchas, bloqueos y acciones contra las mineras» (El Comercio: 6 de marzo de 2005, a6). Sin embargo, hay que aclarar que en el mundo de las ONG existe una diversidad de organizaciones con matices y concepciones distintas, lo que invalida las generalizaciones. 32Los entrevistados 5 y 7 precisan que las ONG estaban trabajando en La Oroya mucho tiempo antes de la llegada de DRP. El entrevistado 4, por el contrario, señala que las ONG llegaron justamente luego de que DRP adquiriera el complejo metalúrgico, a las que les atribuye tener una agenda propia.
Los informes elaborados por las ONG (Aste 2004; CooperAcción s/f; CEAS s/f; Aste, De Echave, Glave 2004; CooperAcción 2006) permiten complementar el ya amplio panorama proporcionado por la literatura reseñada en los anteriores apartados. De igual modo, facilitan un mejor conocimiento de las iniciativas emprendidas para enfrentar la situación de riesgo ambiental. Tal es el caso de las actividades de base (mesas de concertación y de diálogo), en el que las ONG han tenido papel clave y que sus informes han cubierto profusamente. Asimismo, en lo relativo a las condiciones sociopolíticas y los conflictos socioambientales que atraviesan a La Oroya, si bien las ONG no han producido una evaluación sistemática, acabada o rigurosa, mantienen importantes puntos de vista que se han considerado para el análisis de dicha temática.
3. 2. Focos no cubiertos por la literatura existente
Tras esta revisión de la literatura sobre el tema, se constata por lo menos cuatro aspectos que deberían merecer la atención de posteriores investigaciones.
El primero de ellos —que atañe a este trabajo porque es precisamente hacia donde apunta— indica que el problema de La Oroya no ha sido abordado con suficiencia desde la perspectiva que observa los asuntos ambientales como resultado de una construcción social y política33
33 El único trabajo que ha abordado el caso de La Oroya, desde el punto de vista de los conflictos alrededor de los recursos extractivos, es Scurrah (2008). Los demás no incorporan las variables sociales y políticas como una forma de enriquecer las explicaciones acerca de por qué el problema de La Oroya aún no tiene respuestas concretas.
, como tampoco en su calidad de un caso atípico de conflicto socioambiental. Es decir, no se ha hecho un análisis del caso como el resultado de un proceso histórico en el que diversos actores sociales vienen interactuando desde diversas posiciones, variados intereses y desiguales pesos políticos, lo que ha precipitado una situación paradójica por la cual la dependencia económica de la población frente a DRP tiende a anular posibles compromisos sociales respecto a los derechos a la salud y a un ambiente de calidad, con lo que se impide la solución definitiva del problema socioambiental. El caso La Oroya ha sido estudiado, más bien, como ejemplo de la crónica exposición de una población a un foco contaminante histórico. Sin ánimo de cuestionar este abordaje —tan
necesario como el que aquí se propone—, en él los ámbitos sociales y políticos se incorporan como variables de contexto, complementarias, pero no tienen un papel central en el análisis. Así, por ejemplo, varios de los trabajos revisados privilegian los aspectos asociados con las variables de salud pública, la contaminación ambiental, los procesos técnicos y de ingeniería —como ya se dijo, asaz importantes—, pero no se ha apostado por la perspectiva teórica que aquí se sugiere.
El segundo aspecto se refiere a que no existe ninguna investigación orientada a efectuar un balance crítico de las iniciativas propuestas y acciones emprendidas hasta hoy para resolver el problema de La Oroya. Lo que sí se ha hecho es cuestionar el desempeño ambiental de los tres operadores que ha tenido el complejo metalúrgico mediante la detección y verificación de impactos en la salud de las personas por presencia de plomo en el organismo humano. Los textos mencionados y reseñados en el subacápite 3.1 consisten fundamentalmente en diagnósticos (de plomo en sangre, por ejemplo34
Los estudios clínicos, por su parte, se han concentrado en rastrear principalmente la presencia del plomo en la población, y solo de manera reciente de aquellos otros elementos que componen las emisiones de la fundición, como el cadmio, el azufre o el arsénico
), análisis de datos disponibles, llamados de atención, a veces con un fuerte tono de denuncia, pero no ensayan una evaluación integral de las iniciativas adoptadas para enfrentar el problema y de sus resultados, como tampoco de la situación sociopolítica local. El texto de Cederstav y Barandiarán (2002), por ejemplo, efectúa una aguda crítica de la ejecutoria de DRP en La Oroya, pero no es su intención identificar las propuestas hechas por los actores involucrados ni menos analizarlas.
35
Dada la persistencia del conflicto socioambiental en La Oroya, otro tópico de interés que no se ha logrado captar en la bibliografía revisada se refiere a la capacidad técnica del actual operador del complejo metalúrgico . Estos últimos elementos no han recibido la misma atención que el plomo.
34El entrevistado 2 llamaba la atención en el hecho de que los estudios en La Oroya se han concentrado en el plomo, pero no en otros elementos tanto o más peligrosos como el cadmio o el arsénico.
35 En diciembre de 2005 se presentó un informe preliminar del estudio encargado por el Obispado de Huancayo a la Universidad de Missouri, el cual sí incluía un examen de la presencia de azufre, cadmio y arsénico en las personas y en el espacio físico de la ciudad y la región. Ver Arzobispado de Huancayo (2005).
(DRP) para manejar los conflictos en la zona. Esto se refiere a si la empresa posee un equipo de relaciones comunitarias lo suficientemente empoderado y consolidado como para encausar el conflicto hacia derroteros no solo más manejables para la propia empresa, sino también hacia opciones que signifiquen la mejora de sus estándares ambientales y la continuidad de las actividades económicas, sociales y comerciales de la ciudad. La revisión efectuada no ha permitido identificar la composición del área de relaciones comunitarias de la empresa, como tampoco si ha tenido algún papel relevante en la evolución del conflicto. La página web institucional, por su parte, no proporciona información significativa al respecto.
Dicho matiz resulta pertinente, pues en la actualidad diversas empresas del sector minero-metalúrgico han comenzado a demandar el apoyo de profesionales de las ciencias sociales para integrar sus equipos de relaciones comunitarias, en la expectativa de que la formación y habilidades de estos expertos les darían mejores posibilidades de gestionar los conflictos.
Por último, otra ausencia llamativa es que, habiéndose comprobado la situación de riesgo de la salud pública de los habitantes de La Oroya, derivada de su permanente exposición a las emisiones de sustancias contaminantes provenientes de las actividades metalúrgicas, no hay investigaciones que expliquen por qué sus habitantes no presentan los agudos cuadros clínicos que la amplia literatura advierte. Pese a estar expuestos cotidianamente al plomo, azufre, cadmio y arsénico, ¿por qué no se registran casos de enfermedades y dolencias que configuren una situación de emergencia sanitaria local? Esta es una interrogante que debería ser esclarecida por otros estudios e investigaciones.
Sobre este punto, Cederstav y Barandiarán (2002) refutan el citado informe de DIGESA (1999), el cual, a base de las preguntas realizadas sobre rendimiento escolar, aseveraba que no existía en los niños aparentes efectos en su rendimiento escolar por presencia del plomo:
Teniendo en cuenta la gran cantidad de estudios médicos y científicos que demuestran una vinculación directa entre los niveles de plomo en la sangre, los efectos severos en la salud y el desarrollo intelectual en los niños, podemos concluir que resulta relativa e incierta la afirmación dada por DIGESA en el sentido de que los niños de La Oroya son la excepción al principio y que no existe en ellos efecto alguno de intoxicación por plomo (Cederstav y Barandiarán 2002: 34).
Respecto de esta paradoja, un funcionario de DRP señalaba que, pese a que no existe la sintomatología que la literatura especializada previene, algunas ONG intentan proyectar una imagen catastrofista de lo que ocurre en La Oroya, como si allí la gente estuviera envenenada o su expectativa de vida fuera demasiado breve (entrevista 4). Los datos que arrojan los sucesivos informes sobre el desarrollo humano en el Perú36 demuestran que en la provincia de Yauli, y más aún en La Oroya misma, la gente tiene una prolongada expectativa de vida y que no existen casos masivos de deficiencia o deserción escolar o personas adultas discapacitadas por tantos años de exposición a las emisiones del complejo metalúrgico, lo que le daría la razón a dicho informante.37 No obstante —como se verá en el acápite 7.4—, el entrevistado Nº 2 refirió que el plomo tiene un impacto mediato en las personas, con efectos retardados, donde la sintomatología se invisibiliza por mucho tiempo. Es lo que la literatura denomina «epidemias silenciosas». Por tanto, que en La Oroya no aparezcan cuadros dramáticos ni desoladores de enfermedad se explica por esta peculiaridad del plomo y sus secuelas en el organismo humano.
36 PNUD. Informe sobre desarrollo humano. Perú 2005. Hagamos de la competitividad una oportunidad para todos. Lima: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 2005: 247.
Ver también el Informe 2006
Por una densidad del Estado al servicio de la gente.
37 En el informe de Calderón (2003), una de las pobladoras, a quien se le pregunta sobre la
contaminación que sufre su ciudad, responde quejosamente. «A mí me dijeron que tengo 70 por ciento de plomo y ya soy mujer inválida, ya no debo andar en la calle y debo estar en la cama; pero yo no me siento así. Yo me siento sana; claro, hay contaminación, nadie dice que no, no podemos decir que no, pero esto son de años, de años pasados. No es nada nuevo».
4. CONTEXTO DEL PROBLEMA