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La organización y coordinación de la innovación en la agricultura exige esquemas institucionales, de organización y gerenciales que articulen todas las fuentes de innovación relevantes para el sector. Solo así se podrá superar el encasillamiento que todavía se observa en muchos INIA, cuyos profesionales muestran poco interés en la innovación participativa y en terreno20. Además hay nuevas demandas de capacidades. En el ámbito gerencial resalta la necesidad de fortalecer las organizaciones de investigación del sector a fin de llegar a una visión sistémica del complejo agroalimentarios en su totalidad y no solo como un conjunto de sistemas agrícolas. Asimismo, son también fundamentales las capacidades de búsqueda de fuentes competitivas de financiamiento, la negociación de tecnología bajo el régimen de propiedad intelectual, la gestión de proyectos complejos, la prospección sistémica, la evaluación de impactos y el aprovechamiento de mecanismos que promuevan la integración de los pequeños productores al panorama mundial de la innovación en el sector agrícola, como se describe a continuación.

20 En un estudio de la CEPAL sobre innovación con pequeños productores (Córdoba y otros, 2004) se mostró que con contadas excepciones (Cuba es un ejemplo), el personal de los INIA no ha querido o logrado cambiar su modo de operación tradicional.

a) Alianzas público- privadas

Las alianzas público-privadas requieren una coordinación claramente definida —que puede estar a cargo de instituciones públicas o semi-públicas— y una división del trabajo bien establecida, con objetivos claros y asignación de funciones y responsabilidades precisas a cada parte. También es importante que existan reglas mínimas de apropiabilidad definidas ex ante, así como instrumentos de cohesión, como contratos y sistemas de incentivos (por ejemplo, fondos concursables, desgravaciones impositivas y créditos subsidiados). Las alianzas público-privadas son objeto de políticas públicas y necesitan agentes coordinadores. Para su funcionamiento la institucionalidad es central, sobre todo en lo relativo a reglas de gobernanza, derechos de propiedad y estabilidad institucional en un contexto cambiante.

En el ámbito de la gestión de la propiedad intelectual, en la Argentina y el Brasil se han implementado recientemente estrategias que combinan un acercamiento selectivo a las alianzas público-privadas y un reforzamiento de aprendizajes institucionales (Gutman y Lavarello, 2009b). En la Argentina, la configuración institucional es liderada por el sector privado, que asume un papel central en la coordinación de una red de organismos públicos con bajos grados de articulación inicial. Esa función la desempeña Bioceres S.A., una empresa administradora de proyectos, junto con varios institutos científicos y tecnológicos con capacidades en biología molecular y mejoramiento convencional de semillas. Las actividades de investigación y desarrollo son realizadas en su totalidad por los organismos públicos, mientras que Bioceres gestiona los proyectos a partir de la constitución de fondos de inversión y lleva adelante las gestiones de patentamiento nacional e internacional. Bioceres suscribió convenios con el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral para el diseño de nuevas herramientas genéticas, con el INTA para el desarrollo de genes resistentes a patógenos locales (mal de Río Cuarto), y con el CONCITEC y la Universidad Nacional del Litoral para la creación de genes resistentes a la sequía, los que serían insertados en los principales cultivos de exportación. Si bien la propiedad intelectual es compartida, Bioceres tiene los derechos exclusivos de comercialización, que pueden ser concedidos bajo licencia a compañías semilleras.

Por su parte, en el Brasil, la agricultura muestra una especialización en los cultivos que son objeto de las investigaciones realizadas en los sistemas público y privado, con diferentes modalidades de vinculación y apropiación público-privadas. Por una parte, la investigación sobre los principales cultivos de exportación es dominada por las empresas multinacionales líderes presentes en el país, que insertan en las variedades locales los genes desarrollados en sus casas matrices. A su vez, los institutos públicos se especializan en la identificación de genes y en la transformación de cultivos tropicales y materias primas agroindustriales a partir de alianzas con cooperativas y pequeñas empresas biotecnológicas. Dentro de ese esquema, en el mandato de EMBRAPA se establece que debe impulsar una activa estrategia de vinculación con cooperativas y asociaciones de investigación dedicadas al desarrollo y difusión de nuevos cultivares, en especial de plantas tropicales que no son de interés para las empresas multinacionales. Un caso notable es el del Proyecto Genolyptus de investigación sobre pulpa y papel, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en colaboración con 7 universidades, EMBRAPA y 12 empresas privadas. El presupuesto para la primera etapa del proyecto fue de 4,1 millones de dólares, de los cuales un 70% correspondía a fondos públicos y un 30% era aporte del sector privado (Da Silveira y otros, 2004, citado en Gutman y Lavarello, 2009b). EMBRAPA participa también en la investigación sobre cultivos controlados por las empresas multinacionales. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, esta institución ha establecido nuevas reglas internas, que priorizan la titularidad de la empresa estatal sobre los materiales creados, y que incluso prevén una revisión de acuerdos previos de colaboración que otorgaban la titularidad al sector privado. En relación con la soja, caso en el que las empresas multinacionales tienen una participación menor, de aproximadamente una tercera parte, EMBRAPA realiza y comercializa avances propios. En lo que respecta al maíz, de cuyo mercado las multinacionales controlan un 80%, la empresa pública realiza avances que priorizan las características agronómicas de los productores locales y fomentan las alianzas con productores de semillas en pequeña escala, a fin de limitar el poder de mercado de las empresas líderes (Fucks, 2007, citado en Gutman y Lavarello, 2009b).

En el Brasil se observa una mayor selectividad en cuanto a los cultivos, las trayectorias tecnológicas y las empresas hacia las cuales apunta la estrategia tecnológica nacional. En vista de las altas barreras

a la entrada presentes en la biotecnología de los principales granos, EMBRAPA y otros institutos públicos llevan a cabo actividades de I+D de interés público, tanto en los segmentos que no suscitan el interés en invertir de los privados, como en aquellos en los que la iniciativa privada es significativa. En el primer caso, combina estrategias de nicho en mercados más pequeños y segmentados, tales como los de frijoles rojos (kidney beans), papayas y bananas, entre otros, con mercados de productos primarios, como azúcar de caña y naranjas. Esta orientación innovadora es de gran importancia si se tiene en cuenta que el nuevo paradigma se centra en pocos genes y cultivos, mientras que las posibilidades por explorar a partir del nuevo conocimiento son muy amplias. En la Argentina, por su parte, se están llevando a cabo investigaciones en el marco de alianzas público-privadas para el mejoramiento del girasol, cultivo en el que el país ocupa la primera posición en los mercados internacionales.

En conclusión, la inserción en una cadena global de valor (CGV) también depende de aspectos relacionados con la capacidad tecnológica, de gestión y de organización de las empresas, así como de las condiciones para el aprendizaje con que cuenta cada una de ellas. Entre las posibilidades que es preciso considerar figura la articulación de empresas locales insertas en CGV como proveedoras o prestadoras de servicios. Esto abre considerables oportunidades para llevar adelante actividades rurales no agrícolas, por ejemplo. Otra posibilidad es la de asociarse para acceder por medios propios al mercado externo o ampliar la cobertura en el interno, lo que supone orientarse hacia segmentos de pequeña escala o nichos en producciones especializadas y personalizadas (CEPAL, 2008a). Por otro lado, la estructura y el dinamismo del mercado que atiende una cadena de valor también pueden gestar impulsos que propicien la innovación en las empresas que la integran. El desafío consistirá entonces en ubicarse en segmentos más diferenciables de la cadena, en los que intangibles como calidad, oportunidad, marca, trazabilidad e inocuidad, entre otros, adquieran mayor presencia en la construcción de competitividad (Bisang, 2009). Las alianzas público-privadas también constituyen una opción para complementar la inversión pública en I+D en la agricultura a pequeña escala y en cultivos no tradicionales de importancia para la seguridad alimentaria.

b) Contratos en el sector agrícola

Un segundo mecanismo de inclusión que debe ser considerado es la agricultura de contrato, definible como un sistema en el cual el productor agrícola acuerda con una empresa de transformación o de comercialización abastecerla de un producto predeterminado en cantidad, calidad, precio y plazo. Por consiguiente, la agricultura de contrato es un esquema intermedio entre producción agrícola independiente y corporaciones agrícolas, que se acerca a una forma de integración más vertical (Singh, 2005). Puede considerarse como una manera de llevar el mercado hacia el productor agrícola. Para el agricultor, un contrato tiene muchas ventajas: asegura la venta de sus productos a un precio preestablecido; tiene mejor acceso a insumos así como a medios de producción o a tecnologías nuevas transmitidas por la industria y, además, puede beneficiarse de asistencia técnica, elevar así su productividad y acceder a fuentes adicionales de capital.

Sin embargo, los productores agrícolas también enfrentan problemas y riesgos relacionados con los contratos. En primer lugar, la industria puede ser poco altruista y tratar de sacar provecho de su posición de superioridad y de la información que solo ella posee (asimetría de información). Por ejemplo, para la industria es posible manipular los estándares de calidad para regular los precios y las entregas (Schejtman, 1998), retrasar la recepción de los productos, lo que redunda en perdida de calidad y, por ende, en una reducción del precio pagado al agricultor y, por último, atrasar el pago al productor. En segundo lugar, el productor enfrenta riesgos inherentes al mecanismo de contrato, pues este generalmente supone el cultivo de un solo producto (para lograr rendimientos de escala para la industria), lo que puede resultar en mayor dependencia y vulnerabilidad. Los análisis de experiencias (Zylbersztajn y Nadalini, 2007; Kudadjie-Freeman y otros, 2008) muestran que el oportunismo de los participantes en el contrato, la ausencia de protección judicial de los derechos de propiedad y la falta de conocimiento han comprometido la posibilidad de llegar a relaciones contractuales estables y eficientes en la agricultura de la región.

En síntesis, el complejo agroalimentario es de absoluta importancia para América Latina y el Caribe, y no solo por su contribución a la oferta de alimentos y sus encadenamientos con otros sectores de la economía. También se ha convertido en una oportunidad para que en la región

se produzcan innovaciones y se aprovechen los nuevos paradigmas tecnológicos, como la biotecnología. Para materializar estas posibilidades habría que incrementar las inversiones en I+D mediante mecanismos como las alianzas público-privadas y los contratos con pequeños productores, además de mejorar las instituciones que se ocupan de la innovación en el agro, creadas hace varias décadas, así como la capacitación y formación de los investigadores de tales entidades. Por otra parte, es importante resaltar que en algunos países de la región se han registrado importantes avances en el uso de la biotecnología. La producción de la soja transgénica, principalmente en la Argentina y el Brasil, es muestra de ello. En la región existe un potencial para lograr innovaciones en el sector agrícola; sin embargo, para explotarlo es necesario conocer las tendencias mundiales en materia de innovaciones y sofisticación tecnológica de modo de encauzar ese potencial hacia objetivos claros mediante estrategias que combinen la creación, la adaptación y la interacción de tecnologías que no frenen el cambio de la agricultura y la ganadería de la región hacia los nuevos paradigmas.