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NTECEDENTESDesde la infancia, el hogar en que nací y crecí, estuvo impregnado de valores de fuerte contenido humanista, justicia en sus diversas manifestaciones y dimensiones, compromiso social y político, diálogo de libertades y relaciones con puntos de vista plurales y originales. Hijo de un gran profesor universitario en las cátedras de Filosofía de Derecho y Doctrina Social de la Iglesia y de una madre llena de vitalidad para organizar y sostener un hogar con doce hijos, la riqueza cultural y social en medio de la cual iniciara a la vida, luego fue fortalecida y ampliada en el colegio San Ignacio, gra- cias no sólo a la generosa comunidad escolar, sino muy especialmente a la relación con un santo, el Padre Alberto Hurtado Cruchaga que inundaba de sabiduría, generosidad, compromiso y amor por los seres humanos y la justicia, a todos quienes teníamos la suerte de comunicarnos con él. Fue sin duda en esos años donde se incorporaron a mi personalidad todos los valores que integra- rían mi compromiso con la dignidad humana. El consejo del Padre Hurtado fue decisivo: “Andrés, todo lo que hagas en la vida hazlo con toda el alma”, reclamando que el don que se nos ha dado con ella, exige hacerla crecer en todas las dimensiones siempre, por lo que como un simple dacti- lógrafo de cinco sindicatos textiles de la Acción Sindical Chilena, tuve la oportunidad de compartir luchas por la justicia de los trabajadores cuando sólo tenía dieciséis años, escuchando sus debates en las asambleas, conociendo directamente de su explotación, redactando sus actas de acuerdos. Fue allí mismo que pude ser testigo de la huelga campesina de Lontué y la Sagrada Familia, en
plena vendimia, apoyada por el Padre Hurtado y la Acción Sindical Chilena.
Los tiempos pasaban en la rapidez que adquiere la vida cuando se está en la corriente de la histo- ria y junto con mis responsabilidades académicas en la Universidad Católica, y luego de mi primera beca en Louvain, Bélgica, en proyectos de investigación relacionados con la explosión demográfica que sufrió todo el continente, con sus secuelas en el desarrollo de los grandes procesos de la creciente marginalidad urbana y empobrecimiento campesino, derivaron las tareas universitarias hacia la sociología de la educación. El golpe de Estado del 11 de setiembre de 1973 me encontró como jefe del departamento de Ciencias Sociales y del programa de Educación Familiar y Sexual del ministerio de Educación, militando en la base de un pequeño partido político de la alianza que sostuvo el gobierno de la Unidad Popular.
El proceso que vivía el país en esos años no sólo lo conocí en el día a día de los conflictos que se sucedían en todos los planos, sino, en agosto de 1968, el entonces ministro de Educación don Máximo Pacheco Gómez, nos encargó a tres profesionales de esa cartera ministerial, que elaborá- ramos un informe sobre los factores que estarían en el origen del creciente fenómeno de violencia estudiantil que se vivía en todas las escuelas y liceos (doscientos cuarentiséis tomas de estableci- mientos en sólo cuatro meses), que culminara con el atentado que alumnos de la escuela básica de un pequeño pueblo, Constitución, habían realizado contra su directora, al lanzarla al patio desde un segundo piso.
El ministro hizo publicar ese informe en el núm. 19 de la Revista de Educación; debido a su con- tenido, su colega el ministro del Interior de entonces solicitó nuestra expulsión, pero claro está, la tenaz defensa que hiciera Máximo Pacheco, impidió que ello se concretara.
Por ello, al momento del quiebre final de la convivencia democrática que instaló la dictadura militar, existía suficiente conocimiento de la profundidad de la crisis, como para que no hubiera gran sor- presa sobre los hechos y por lo mismo se hubieran realizado algunos preparativos para enfrentarla y se fuera muy pesimista sobre su duración, pese a que esas predicciones no reflejaron lo que en la experiencia concreta se debió vivir.
Efectivamente, desde el primer instante el terror se apoderó del ambiente y las noticias familiares y de amistades permitieron tomar conciencia de que todo lo previsto era superado, desde el en- carcelamiento de un hermano en el campo de concentración en el Estadio Nacional, hasta el inútil intento de proteger a algunos amigos perseguidos que hoy figuran en la lista de los detenidos-des- aparecidos o los ejecutados de esos primeros meses, que vivían en nuestro hogar en esos días. Salí al exilio en julio de 1974, junto a mis hijos, y gracias al aviso oportuno de un oficial de la Armada conocedor de la represión en que caería si no me iba del país, para luego y gracias a la solidaridad de Bélgica y México, extender ese tiempo hasta el 18 de enero de 1980, fecha en que pese a existir un decreto que me prohibía vivir en Chile, volví para incorporarme al trabajo de la
Comisión Chilena de Derechos Humanos, donde ocupé el cargo de coordinador general desde entonces hasta el año 1992.
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HILEAl comenzar el primer semestre del año 1990 el Presidente de la República, don Patricio Aylwin Azócar, convino con el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, el general don Horacio Toro, en la necesidad de incorporar en la malla de formación de los oficiales de esta insti- tución, a nivel del entonces instituto superior, la cátedra de Derechos Humanos y me propuso que me encargara de impartir esos cursos para inspectores y oficiales que lo requerían para acceder a niveles de mando.
Para una persona que había podido seguir, día a día, la represión de la dictadura, dirigiendo al equipo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en la elaboración de su informe mensual y anual, y había presentado los casos más graves de violaciones criminales de derechos humanos a los relatores especiales de Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, incorporarse a uno de los organismos represivos del Estado, representó, sin lugar a dudas, un enorme desafío, pero también un golpe emocional para la familia, los compañe- ros de la comisión y los amigos, y también para el personal de la policía, que aún imbuidos de la ideología de la lucha entre amigos y enemigos, no les resultaba fácil aceptar esta intromisión. Las razones que tuvieron el Presidente Aylwin y el director general para insertar a la Policía de Inves- tigaciones en este difícil proceso fueron de dos tipos.
En primer lugar, para el Presidente, era urgente disponer de una instancia dentro del ministerio de Defen- sa, de elementos de prevención sobre los actos que pudieran atentar contra la seguridad y estabilidad de las instituciones democráticas de Estado, necesarios para el desarrollo del proceso de transición hacia una mayor calidad de la democratización del país en estos planos, que era un objetivo central de su programa de gobierno, más aún cuando el ex dictador actuaba desde la Comandancia del Ejército, en compañía de otros jefes de su misma línea, en la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile. Para el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, al desafío anterior se oponía el lamentable estado de la institución, penetrada por múltiples prácticas de corrupción, con un personal con el nivel de autoestima más bajo de su historia, compartiendo filas, oficiales que ha- bían participado activamente en los peores crímenes contra los derechos humanos de personas o vinculados al tráfico de droga, con otros que habían intentado conservar un estilo de trabajo profesional, que no era reconocido por sus mandos y que encontraba enormes dificultades, por las insuficiencias logísticas y las paupérrimas remuneraciones y condiciones de trabajo.
largo periodo de ausencia del control democrático sobre la policía, sumado al estímulo que impli- caba una política de Estado de aplicación sistemática de la tortura a los opositores políticos, había creado la banalización de esta práctica en la institución, como instrumento de investigación de todo tipo de delitos, de modo que la sola presencia de un profesor de Derechos Humanos, tenía que ser percibida como una provocación y una amenaza, que simbolizaba que los funcionarios policiales poco podían esperar del nuevo régimen democrático y sus autoridades.
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OR QUÉACEPTÉELDESAFÍOLas razones que tuve para aceptar el desafío que me presentaron el Presidente Aylwin y el general Toro, ya figuraban escritas en un libro publicado, aún bajo la dictadura, en el año 1988, poco antes del
plebiscito: El Poder y los Derechos Humanos1.
En este libro se hace un análisis exhaustivo del tema del poder de la dictadura, su orden político institu- cional, la Constitución de 1980, su estructura normativa y los mecanismos de su funcionamiento, como sede productora sistemática e institucionalizada de las violaciones de derechos humanos.
Se incorpora también allí un texto que fuera básico para la formación de los dos mil quinientos voluntarios que alcanzó a reunir la Comisión Chilena de los Derechos Humanos en las ochenta y séis comisiones provinciales, doscientos cuarenta y séis comités de base y catorce departamentos centrales, del que también fui autor, bajo el título “Para aprender a leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
Ese libro concluye con el Capítulo X, que contiene “Una propuesta política fundada en la realiza- ción de los derechos humanos y la soberanía del pueblo”, en el que anticipadamente, y sin saber que se me solicitaría incorporarme a la policía, figuran las razones por las cuales sin dudarlo, acep- té la solicitud del Presidente y del director general.
Allí se señala que la experiencia social y política vivida en el país durante la dictadura, alcanzó hasta las fibras más íntimas de la cultura chilena, pues la sociedad en sus diversas dimensiones fue conmocionada, y todo chileno vio afectados los niveles más profundos de su vida espiritual y material, señalándose textualmente: “Del mismo modo que hoy sabemos que el torturado descubri- rá en el tormento la estructura sicológica que se formara en sus tres primeros años de vida, y por ende, nadie puede prever cual será su reacción ante el sufrimiento extremo, de una u otra manera, todos han sido puestos a prueba en virtud del terror, el miedo, o simplemente la miseria de la impo- tencia, a verificar la autenticidad de su autoestima, su amor propio, o la imagen de sí mismo”. Por ello, muchos chilenos habían sido derrotados en esa experiencia límite; para sobrevivir de-
sarrollaron ideologías de desvalorización de sí mismos y de los demás, mientras que el impulso fundacional de un nuevo orden de la dictadura se preocupó de disolver el tejido social; mediante la práctica del terrorismo de Estado, rompió los vínculos de confianza entre las personas, debilitando al extremo la comunicación social, promoviendo la soledad de la multitud, la masa sin identidad, haciendo desaparecer la verdad como fundamento de la relación y solidaridad que da origen a la identidad de pertenencia de una sociedad sin referentes comunes.
Por ello se afirmaba entonces la necesidad de una refundación del país, mediante la construcción de una nueva forma de Estado, señalándose allí las tareas que el pueblo de Chile debía desarrollar para alcanzarlo.
La primera gran tarea era promover el estado democrático de derecho, devolviendo al pueblo su derecho de libre determinación, disolviendo los aparatos de represión política y reformando los aparatos que integran la fuerza pública, las policías.
En esta tarea se indicaba que había que comenzar por los segmentos del Estado más vinculados a las violaciones de los derechos humanos, comenzando por el establecimiento de la verdad, como la dimensión más sustantiva de la justicia, para luego iniciar la transformación estructural de esos orga- nismos y sus procedimientos, para restituir la seguridad jurídica a las personas, condición necesaria al desarrollo de la construcción democrática y el inicio de los procesos judiciales por los crímenes contra la humanidad que se cometieron en la dictadura.
Para todo ello, se debía reformar en profundidad a las Fuerzas Armadas y la Policía, excluyéndolas de toda función política, y que se abocaran sólo a los fines que les son propios, sujetos a la ley y a la voluntad democrática y sometiendo el uso de la fuerza de que son titulares, a los requisitos y contenidos de los derechos humanos, reglamentados en la ley.
El primer obstáculo que se oponía a una tarea de esta envergadura, para cualquier integrante de la sociedad civil, más aún a un integrante del movimiento de derechos humanos en América Latina, fue sin duda la amplísima y larga acumulación de acusaciones sobre el valor de una policía como institución del Estado, los prejuicios sobre su justificación, siempre negativos y como un mal menor necesario, sumada a la más completa ignorancia de las modernas bases teóricas, organización y métodos de acción de las policías democráticas que poseen las elites profesionales y los centros académicos sobre ellas, ignorancia que frecuentemente se exhibe con pedantería y menosprecio, hasta servir de sustento al desarrollo de una forma más de discriminación social y desvalorización de su existencia, que las aísla y promueve en éstas el sentimiento corporativo defensivo de sus integrantes.
Vale la pena recordar al respecto un par de anécdotas. La primera involucra a mi hija mayor, quien al informarse que su padre se incorporaba a la policía, me preguntó si los alumnos del instituto superior, oficiales policiales, harían lo mismo que los de la universidad, es decir, visitarían nuestra
casa para trabajar con la biblioteca del nuevo profesor. Al recibir como respuesta que así sería, ella solicitó que por favor se le informara cuando fuera a ocurrir, “para no estar en casa”. La respuesta la enfrentó a todos esos prejuicios y discriminaciones. No fue simplemente “sí, por supuesto, ocu-
parán mi biblioteca”; fue más allá: “Hija, ¿tú viste el film Sabes quién viene a cenar esta noche, de
Sydney Poitier?; parece que tú has descubierto los negros de Chile, éstos son para ti las policías”.
Ella rompió en llanto y pidió perdón por lo que tan espontáneamente me había expresado.
La otra anécdota fue menos espectacular, pero más expresiva. Durante, tres o cuatro meses los mismos abogados amigos, de derechos humanos u otros, que eran tan duros con sus juicios sobre la corrupción de las policías, llamaron telefónicamente de modo frecuente, pidiendo que el nuevo profesor de derechos humanos de la policía, hiciera gestiones de tráfico de influencia para torcer los deberes de la policía, en relación con algún cliente. Como se sabe, la corrupción necesita de corruptores y corrompidos, y es de sentido común que la policía ocupa este último papel, pero los primeros también se encuentran junto a nosotros aunque parecen éticamente intachables.
E
L COMIENZODELAEXPERIENCIAEl encuentro con la policía se inició en ese ambiente y entorno, pero también frente a la hostilidad de los primeros cursos de oficiales.
Este profesor, fue denominado el ONG por sus oficiales alumnos, que es del todo una nominación expresiva. Se trata de un ente no reconocido como integrante de la institución y menos aún del sacrosanto Estado; un extraño, que además de ignorar todo en relación con ella —su historia, organización, métodos de trabajo, sistema de gestión, etcétera— viene prejuiciado desde la des- calificación moral de la policía que compartía la sociedad civil, elevada a la calidad de mayor de- nuncia, tan propia al movimiento de derechos humanos, que tan relevante papel había jugado en el término del gobierno militar, la dictadura, y que ahora se arrogaba el derecho de participar en una reconversión democrática de la policía.
Sin embargo, como ya se ha señalado, esta policía contaba entre sus oficiales con un sector no despreciable en número y muy importante en capacidad profesional, que había sufrido, al igual que el conjunto de la población, del desprecio del mando, la desvalorización de sus personas y su trabajo, maltratados, pero firmes en su compromiso con su función pública. Este grupo fue decisivo para iniciar el diálogo y el conocimiento mutuo, creando las primeras confianzas.
El general Toro, impulsado por un alto espíritu democrático y ético, trabajó en una fuerte línea de depuración, reagrupamiento de los mejores cuadros, reformulación de la línea de formación y per- feccionamiento y mejora de las condiciones mínimas del sustento material para el trabajo policial. Sin embargo, su ímpetu lo hizo caer en las redes de los circuitos de inteligencia de la dictadura, que pese a la disolución de algunos de sus organismos, se mantenían en plena operación, actuan-