De la periodización realizada, es el concepto de higiene72, con su componente educacional y la tríada intervención del Estado- asistencia pública- protección al trabajo, el que va a marcar el enfoque de aquello que el Estado se reserva para sí. Pero son precisamente los elementos relacionados con el intervencionismo y la protección del trabajo sobre los cuales girará una nueva dimensión del acceso a los servicios de salud; éste se incorporará como un costo de la empresa (o del Estado) tanto en elementos como la accidentalidad en el trabajo y la enfermedad profesional como en la conservación de la salud del trabajador en general y de su familia y que guiará el espíritu de una época.
Con la entrada del siglo XX, se produjeron en América Latina sendas reformas a los ordenamientos constitucionales en los que se incluyeron derechos y garantías sociales y que sin duda van impactar en la visión de la salud y su acceso. Temas que antes parecían reservados al fuero de cada persona o a la eventual reacción frente a situaciones calamitosas (epidemias o pandemias, por ejemplo) o a medidas generalizadas de higiene pública propias de concentraciones urbanas73, empezaron a adquirir un protagonismo envolvente y cotidiano que en algún momento recibió el epíteto de la “cuestión social” como un tema de Estado, específicamente alrededor del mundo del trabajo que fue el fundamento para potencializar esquemas de protección, entre otros aspectos, en su salud dentro de trabajo o fuera de él; la visión de la empresa de lo no saludable sería aquello que genera una incapacidad para trabajar y a través del cual se desarrolló el concepto de seguridad social o seguros sociales como una previsión al infortunio del mañana74. Si bien en algunos de ellos preexistían normas de las cuales se
72 Luego de la denominada sanidad ilustrada del siglo XVIII, los concejos de Higiene o de Salubridad se van constituyendo en las
principales capitales de América Latina a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX se da inicio a la constitución de direcciones o departamentos de sanidad que se incorporan a diversos Ministerios. Cfr. Cueto, Enrique, “Instituciones sanitarias y poder en América Latina”, Dynamis, Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus. 2005, 25, (49-57), págs. 51 y 52.
73 Bogotá, Cali y Medellín, para los años 20 ya superaban los cien mil habitantes, y ya se inician las campañas antialcohólicas (Ley
12 de 1923) y de lucha contra las enfermedades venéreas. Uribe Celis, Carlos, Los años Veinte en Colombia, Ediciones Alborada, Bogotá 1991, págs. 89 y 93. En el siglo XIX se adoptaron medidas para el control de cólera (1832) e incluso se creó una oficina de vacunación contra la viruela (1840).
74 Cfr. Cetina, Oswaldo, Derecho Integral de seguridad social, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 1986. Igualmente, De la
podrían derivar cláusulas de ese tipo75, las mismas no tenían la profundidad ni el carácter sistemático que adquirieron en esa época. Se trató, con mayor o menor intensidad, de la incorporación de disposiciones en los que se regulaba el trabajo y las condiciones de su prestación, la intervención del Estado en la economía y las consecuentes limitaciones a la propiedad. Fue así como todos los países latinoamericanos76 adoptaron una normatividad de este estilo antes de la primera mitad del siglo XX, en lo que puede ser denominado como un cambio de paradigma77 en el constitucionalismo e, incluso, frente a otros países, anticiparon esa nueva presentación de esa clase de ordenamientos en el mundo78.
Lo social fue entendido desde tres tópicos principales, a saber, la función de la propiedad privada, la intervención del Estado en la economía y la regulación del derecho al trabajo79 y la seguridad social80, aunque otras constituciones más prolíficas regularon otros temas aledaños a lo social. Se habla, en consecuencia, de una doble transformación del Estado, a saber, de uno abstencionista a uno intervencionista y de un Estado que sólo reconoce derechos individuales a uno que los complementa con el reconocimiento de derechos sociales y económicos81. Corresponde a procesos de ajuste en las que el drama social adquiere un protagonismo que el liberalismo no asume, especialmente en lo que concierne la pauperización de la población82. Este escenario se ve reforzado por los efectos de la primera guerra mundial83 y la recesión generada por la depresión de 1929 que dio lugar a medidas anticíclicas84. Obviamente, la importancia la adquiere la regulación de la relación laboral de la cual se desprenden normas relacionadas con las pensiones y el retiro, la salud, la educación, la vivienda, etc.
75 Donde se puede leer con mayor claridad una cláusula social es en el artículo 5º de la Constitución Mexicana de 1857, pionera
también entonces. Cfr., http://bib.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/constituciones.shtml.
76 Por lo menos en latinoamérica, se tiene el siguiente panorama: Argentina (1949), Bolivia (1938), Chile (1925), Costa Rica (1949-
1924), Cuba (1940), Ecuador (1929), El Salvador (1939), Guatemala (1945), Honduras (1924), Nicaragua (1939), Panamá (1941), Paraguay (1940), Perú (1920), Uruguay (1934), Venezuela (1936). Cfr., http://bib.cervantesvirtual.com/- portal/constituciones/constituciones.shtml. En relación con la consagración del derecho al trabajo fue un lugar común. Cfr. Botija Pérez, E., Derecho del Trabajo, Sexta edición, Editorial tecnos S.A., Madrid 1960, pág. 72.
77 El concepto paradigma y su opuesto, enigma, son manejados por el teórico de las ciencias, Tomas Kuhn, para explicar su
desarrollo a través de la dinámica enigma-paradigma. En Kuhn, Tomas, La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, Breviarios, México 1982. Esto no significa que, para este análisis, se adopte el criterio de las denominadas ciencias físicas.
78 En el contexto europeo sólo se cuentan, antes de 1945, los casos de España (1931), que terminó presa del oprobio franquista en
el 39, e Irlanda (1937). Cfr., Baldassare, Antonio, Los derechos sociales, Universidad Externado de Colombia, Serie de teoría jurídica y filosofía del derecho número 20, Bogotá 2001.
79 En cuanto al trabajo se refiere, cfr. Deveali, Mario, Tratado de derecho del Trabajo, Tomo I, Editorial La Ley, Buenos Aires 1964,
págs. 123 a 127.
80 Buitrago Guzmán, María Rosalba, Análisis comparado de inicios del Constitucionalismo Social, en Marquardt Bernd,
Constitucionalismo comparado, acercamientos metodológicos, históricos y teóricos, Ediciones Universidad Nacional, Bogotá 2009, pág. 415.
81 Zarini, Helio Juan, La Constitución Nacional, Editorial Astrea, Buenos Aires 1993, pág. 71. Esta es la diferencia fundamental con
la Constitución Soviética que se adopta en Rusia en 1918.
82 Marquardt, Bernd, Historia Universal del Estado, Tomo 3, El Estado de la doble revolución Ilustrada e industrial (1776-2008), Ed.
La carreta Histórica E.U., Bogotá, D.C., 2009, pág. 241.
83 Buitrago Guzmán, María Rosalba, Análisis comparado del Constitucionalismo Social, en Marquardt Bernd, Constitucionalismo
comparado, acercamientos metodológicos, históricos y teóricos, Ediciones Universidad Nacional, Bogotá 2009.
84 Para el caso colombiano, Ocampo, José Antonio, Crisis mundial y cambio estructural (1929-1945), en Ocampo, José Antonio,
En el plano de la salud, el constitucionalismo se bifurcó en dos fórmulas principales: una en la que la salud es trabajada en el marco de los derechos especiales de los trabajadores85, otra en la que se contempla una regulación general en materia de salud pública e higiene e incluso el deber de cuidar la salud86, retomando el escenario planteado en el nivel internacional. Se advierte, sin embargo, un eventual privilegio de la salud que tiene que ver con las condiciones laborales como el elemento que aglutinará esa protección esencial.