1.6 Forecasting
1.6.2 Competing forecast models
Luego de la experiencia fatal de la UP, las FARC tuvieron argumentos para aplicar de manera prerrogativa la opción armada. Dada su propia visión como una organización político-militar, el reconocimiento en la participación política era un paso básico para asegurar el tránsito de las FARC de grupo insurgente en armas contra el Estado, a un movimiento sin armas con incidencia política a través de la participación.
En el “Acuerdo Final
”
se afirma que: “
Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz.”188185
Ibid., pp. 12-13.
186 Ibíd., p. 13-14. 187
Este es otro de los “inamovibles” de quienes se oponen al proceso con las FARC, puesto que parte de la base que este es un grupo terrorista con intereses en el narcotráfico y por lo tanto, no merece reconocimiento político y mucho menos, posibilidades de participación. Después del triunfo del “no” en el plebiscito y la reunión del gobierno con representantes de estos grupos, este fue uno de los temas que se denominó como intocable por parte del gobierno. Asimismo, los opositores tampoco cedieron en este punto. Todavía es posible leer y escuchar este argumento que busca deslegitimar lo acordado.
98 De nuevo, la inclusión política y el reconocimiento del pluralismo entendido como parte fundamental de la democracia se constituyen en la razón de las FARC para deponer las armas y abandonar la vía de la guerra para hacerse un espacio político. Asimismo, este hecho se convierte en el reconocimiento de las FARC como una organización con pretensiones políticas de transformación de la sociedad colombiana. En el aparte sobre participación política, se afirma que la consolidación de la paz requiere de un proceso de participación mayoritaria de diferentes movimientos y agrupaciones políticas con capacidad de proponer ideas y debatirlas en ejercicios argumentales. A este ejercicio se le denominó como ampliación y profundización de la democracia, y supone garantías para su consecución. En segundo lugar, dicho proceso implica reconocimiento y protección de la posibilidad de ejercer la oposición, así como la creación de movimientos y partidos políticos. Los fundamentos giran alrededor de ciertos conceptos que están relacionados con el reconocimiento: convivencia, tolerancia y no estigmatización189. Aquí estaría la base para empezar procesos dialógicos de intercambios de ideas entre interlocutores válidos, con plenas garantías y con posibilidad de incidencia en el campo político.
El Estado se compromete a generar contextos legales e institucionales que coadyuven a la generación y establecimiento de movimientos sociales y políticos a través de la búsqueda de la eficiencia en los procesos electorales, así como con recursos. Además, y en línea con el espíritu de la llamada “paz territorial”190
, se establece la urgencia de fomentar la participación ciudadana en el ámbito político, sobre todo en las regiones golpeadas por el abandono y la violencia. Concretamente, la participación ciudadana en las regiones está relacionada con la discusión de políticas públicas, planes de desarrollo y diferentes tipos de decisiones que se toman a nivel político y tienen incidencia directa en los territorios.
188
“Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, p. 35. Consultado el 10 de febrero en www.mesadeconversaciones.com.co .
189
Ibíd., p. 35.
190
Concepto construido por algunos analistas que apunta a describir el fenómeno de la construcción de la paz como un ejercicio más local y regional, en concordancia con las realidades de cada región. También apunta a la idea de una integración social y cultural con el objetivo de alcanzar niveles de desarrollo territorial. En segundo lugar, este concepto desafía un poco la idea de que la paz se deriva de un acuerdo firmado por el gobierno y es aplicado por una institucionalidad centralizada, que a veces está en desconexión con las regiones. Así, se busca paliar el abandono y la ineficacia crónica del Estado colombiano, que ha dejado a muchas regiones a merced de la violencia, la corrupción y otras prácticas clientelistas y burocráticas que afectan el desarrollo, la estabilidad y el bienestar general. Romero. Marco. “Desafíos de la paz territorial”. En www.unperiodico.unal.ed.co
99 La lucha insurgente de las FARC ha estado determinada en gran medida por la idea de la exclusión política y por lo tanto, ellas se han arrogado la vocería de los excluidos políticos. En la búsqueda de la transformación del conflicto armado en lo referente a la participación en política, en el “Acuerdo Final” se señala la necesidad de reconocer a las mujeres, los afrodescendientes y grupos indígenas que residen en zonas especialmente golpeados por la guerra y las deficiencias institucionales del Estado. Para esto se requiere el reconocimiento y protección de movimientos sociales de carácter regional que ya existen y que han sido estigmatizados y marginados de las actividades con incidencia política. En el documento se apunta a la posibilidad de ampliar puestos en el Congreso de la República con el objetivo de ofrecer canales de participación con mayor impacto.191
Lo anterior se puede explicar por medio de dos ideas: primero, al ampliar la participación en política por parte de las FARC se está reconociendo su vocación de incidencia en el ejercicio del poder y segundo, se acepta que las FARC históricamente han tenido su mayor influencia en aquellas zonas carentes de presencia eficaz del Estado, sus miembros provienen de comunidades regionales y además, tienen conocimiento de las dinámicas culturales, sociales y políticas de las regiones sobre las cuales han ejercido su poder. Con esto, a las FARC se les permite mantener su influencia histórica pero ya no a través de las armas, sino de la acción política.
Por otra parte, la apertura del espectro político para las FARC implica resolver el tema del ejercicio de la oposición en Colombia. Desde la Constitución de 1991, se estableció la urgencia de regular a la oposición dentro de marcos legales bajo la presunción del derecho a ejercerla con garantías. Hoy, después de 26 años todavía no se ha podido establecer una reglamentación al respecto192. Además, desde un punto de vista histórico la oposición en Colombia ha sido estigmatizada y por lo tanto se le ha excluido o eliminado. La historia política de Colombia se caracteriza por la alternancia en el poder de los partidos políticos tradicionales desde la creación de los mismos (mediados del siglo XIX) hasta 1991, cuando se proclamó la pluralidad como fundamento de la democracia. No obstante, la demora en la
191
“Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, p. 36. Consultado el 12 de febrero en www.mesadeconversaciones.com.co .
192
El día de hoy (6 de abril de 2017) el Senado de la República finalmente aprobó la propuesta sobre el Estatuto de oposición. Todavía hace falta el proceso de debate en la Cámara de Representantes para su aprobación final. “Con 26 años de mora llegó el Estatuto de Oposición”. En
100 creación del Estatuto de Oposición es una deuda relacionada con los propios fundamentos del ejercicio de la apertura y la inclusión en democracia, así como las garantías para su ejercicio.193
Al reconocer y aceptar al enemigo como adversario y por lo tanto, su capacidad de participar en la escena política en los términos de la democracia plural, es apenas básico otorgar la posibilidad de disentir a proponer dentro de un marco seguro para hacerlo. Es por esto que el “Acuerdo Final” firmado entre el Estado y las FARC se ha detenido de manera específica en la oposición y sobre todo, en la necesidad de las garantías para su ejercicio, que se fundamenta en el reconocimiento de la misma.194 Al mismo tiempo, las FARC se consideran como la oposición a las maneras cómo se ha ejercido en poder en Colombia. Esto; sumado a experiencias pasadas, plantea la urgencia de establecer garantías para el ejercicio de la oposición política.
Ligado al asunto de la oposición, en el “Acuerdo final” se trata el tema de la protesta social como manifestación de un derecho consagrado y reconocido. Particularmente, se hace explícito de protesta pacífica lo que de manera directa excluye la cualquier posibilidad de protestar por medio de violencia. En Colombia, la protesta social ha sido particularmente fuerte a lo largo del siglo XX. En algunos períodos fue ejercida con mayor intensidad por sectores de trabajadores, campesinos y estudiantes, descontentos con las políticas económicas de los diferentes gobiernos. Durante la década de 1970 y 1980 la protesta social fue objeto de medidas represivas por parte del Estado y en ese sentido fue perseguida y estigmatizada. El ejemplo más claro de esta política fue el Estatuto de Seguridad de 1978, con el cual se le cerraron los espacios a la expresión de protesta. Además, la protesta social fue interpretada como un apoyo directo a la subversión armada, lo que atizó el carácter represivo del Estado en contra de ésta.
Si bien es cierto que las FARC han apoyado protestas campesinas, esto no implica que la protesta ha hecho parte de la actividad insurgente. Por supuesto, existe una conexión en sus propósitos por cuanto la protesta pretende señalar y reclamar al Estado por medidas y acciones aplicadas. Esto también ha sido uno de los objetivos de las FARC y ha hecho parte de
193
Cristancho Altuzarra. José Gabriel. “La categoría oposición política: reflexiones para su conceptualización”. En Análisis Político, No. 81, Bogotá, mayo-agosto 2014, pp. 98-113.
194 “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”,
101 su programa político-militar. Ahora, con la protección de la protesta social de carácter pacífico se logra un reconocimiento de un derecho y además, se le reconoce a las FARC que la lucha por la inclusión también está relacionada con la capacidad de protestar. En otras palabras, si lo que busca es la pluralidad en democracia, entonces hay que otorgar espacios para la participación política a través de la protesta social, como uno de los canales legítimos.
Por último, en el aparte sobre la participación política incluido en el “Acuerdo Final” se propugna por el fortalecimiento de unas prácticas políticas que sean construidas dentro de marcos de respeto y tolerancia. A su vez, estos marcos tendrán como objetivo generar espacios de reconciliación. Desde la perspectiva del reconocimiento, el propósito a largo plazo es consolidar unas prácticas sociales y políticas que coadyuven a una convivencia mucho más pacífica. Esto tiene una gran implicación: no sólo se trata de crear y establecer un marco legal-normativo para garantizar el ejercicio de la oposición política y la protesta social de carácter pacífico. Esta es solo una de los requisitos. También se necesita el fomento de actitudes y acciones que promuevan el reconocimiento. Para lograr esto se puede recurrir a la generación de expresiones artísticas, estéticas, así como discusiones y debates con propuestas de grupos y asociaciones de carácter civil y cultural que no hacen parte de las formas tradicionales de hacer política pero tienen capacidad crítica y propositiva para ampliar la democracia.195
2.3.3 Final del conflicto: de las armas a la reincorporación social, económica y política
El punto 3 del “Acuerdo Final” se titula “Fin del conflicto” y hace referencia a la esencia y los procedimientos concretos para que las FARC dejen las armas y se reincorporen a la vida civil y política, en calidad de ciudadanos con plenos derechos y deberes. Para las FARC, Las armas simbolizaron la actitud de rebeldía y lucha contra el Estado. En segundo lugar, las armas significaban el instrumento de defensa frente a las agresiones estatales. Tercero, las armas también eran un medio de poder y disuasión frente a la población y otros enemigos, por ejemplo, los paramilitares.
Dentro de la lógica del conflicto en Colombia, el uso de las armas se constituyó como un medio privilegiado dentro de la estrategia de las FARC,
195 De Zubiría. Sergio. “Quien va a redimir la política es la cultura”. Consultado el 15 de febrero de
102 en tanto que organización político-militar. Al mismo tiempo, desde la perspectiva del Estado, las armas representan el ejemplo sensible del poder legítimo del monopolio de la violencia en sus manos.
Al buscar el fin del conflicto, es evidente la obligación de dejar las armas, por parte de las FARC. Por otro lado, si bien las Fuerzas Militares del Estado no desaparecen, su función deja de ser el combate contra la insurgencia. Por esta razón, en la primera parte del punto 3 se explicita el cese bilateral del fuego, lo que significa el fin de las hostilidades mutuas y con esto, el reconocimiento del otro como adversario, y no como enemigo a destruir. La transformación de las FARC de insurgencia armada a movimiento social y político implica compromisos de ambas partes. Por un lado, las FARC dejan las armas como señal de aceptación de la inutilidad de su uso como medio para incidir en el espacio político y también como compromiso ante la comunidad en el sentido de no continuar con el ejercicio de la violencia. A su vez, el Estado se compromete a otorgar garantías legales e institucionales que conlleven a la reintegración social, política y económica de quienes dejan de ser guerrilleros. Esto significa que los miembros de las FARC vuelven a ser reconocidos como ciudadanos y además, se les garantizan las condiciones para (re)iniciar una vida diferente a la de la guerra.
Esta reintegración social incluye aspectos políticos y económicos. Significa entonces que los exguerrilleros requieren del acceso a oportunidades de desarrollo a través de formación y capacitación con miras a consolidar el proceso de reconciliación general.196
Entonces, la reincorporación involucra diferentes aspectos. Primero, la reincorporación política, que significa el reconocimiento de los miembros de las FARC como sujetos con plena ciudadanía, es decir, con los mismos derechos y deberes que cualquier colombiano. Esto incluye a su vez, la posibilidad de crear movimientos y partidos políticos en concordancia con las regulaciones que aplican para todos los partidos ya existentes. En segundo lugar, la reincorporación social y económica hace referencia a las oportunidades para generar núcleos de desarrollo a nivel local y regional por medio de prácticas de economía solidaria, con el fin de promover la unión de
196 “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”,
103 intereses comunes de acuerdos con las realidades territoriales, sin olvidar la perspectiva de integración a nivel nacional e internacional.197
Ahora bien, dado que las FARC han operado de manera mucho más directa y permanente en regiones alejadas del centro político y económico de Colombia, el impacto de la reincorporación tiene un importante sentido de región, dada la conexión que ha existido entre estos territorios y las FARC. Por esta razón, se les permite tener vocerías y representantes con capacidad de convocatoria y diálogo con comunidades, con el fin de buscar y definir intereses comunes en pro del desarrollo y la integración.198
Por último, al Estado le concierne la creación de condiciones institucionales y legales para la acción social y política de liderazgos locales que pretenden reivindicar los derechos de las comunidades que han resultado más afectadas por la dinámica de la guerra. En concreto, en el “Acuerdo Final” se establece la creación de organismos integrados por funcionarios estatales así como miembros de las FARC, con el propósito de participar y proponer medidas que aseguren la capacidad de acción de esos liderazgos regionales.
2.3.4 El problema de las drogas ilícitas: nuevas perspectivas y