1.6 Forecasting
1.6.3 Evaluation of forecast performances
En el “Acuerdo Final” se hace un reconocimiento del problema de la producción y tráfico de drogas ilícitas como un asunto que requiere soluciones diferentes a la guerra frontal. En primer lugar, se acepta la concepción de que el asunto de la producción de narcóticos y el narcotráfico surgieron de manera posterior a las causas “primarias” que desencadenaron la guerra entre el Estado y las FARC. De esta manera, se logra separar a la insurgencia de la concepción de narcotraficantes, idea con la cual se ha justificado el combate armado contra ellas y se han consolidados alianzas de carácter estratégico y militar con países como los EE.UU., con los resultados ya conocidos. Además, se establece que este fenómeno está asociado directamente a las condiciones de pobreza e inequidad que han perjudicado históricamente a muchos sectores sociales y muchos territorios. Bajo esta lógica, la producción y la comercialización de drogas ilícitas se han constituido en actividades económicas bastante lucrativas para estos sectores, que encuentran en ella la posibilidad de sostenimiento económico y
197 Ibíd., p. 72. 198 Ibíd., p. 78.
104 también, una manera bastante “eficiente” de hacer mucho dinero de manera rápida.199
Por otra parte, en la concepción establecida en el “Acuerdo Final” sobre el problema de las drogas ilícitas se especifican dos características fundamentales: primero, que este es un fenómeno asociado más a asuntos de criminalidad y comisión de delitos de tipo civil, lo que rompe cualquier ligazón entre la lucha subversiva con vocación política y la simple actividad de producción y comercialización de narcóticos con el fin de obtener riquezas, y segundo, que éste es un problema con impacto mundial y por lo tanto, necesita del concurso de la comunidad internacional para su tratamiento y posibilidades de solución.200
Como ya es sabido, el problema de las drogas ilícitas ha generado consecuencias graves para Colombia. Por una parte, ha elevado los niveles de violencia y criminalidad. En segundo lugar, ha afectado a muchas comunidades rurales que han quedado sumidas en situaciones de destrucción material y moral. Por último, este fenómeno se asocia también a situaciones de corrupción a nivel político y a una aceptación y/o indiferencia social que tiene como efecto la perpetuación del estereotipo del “mafioso” como un sujeto exitoso, hábil para obtener poder y riqueza y por lo tanto, es alguien admirado y seguido. No sobraría además decir que a nivel internacional, estos personajes involucrados en el negocio de las drogas ilegales son objeto de admiración, gracias en parte al desconocimiento del contexto en el cual ocurrieron (y ocurren) los hechos y sus efectos negativos, y la labor de espectáculos mediáticos que no siempre ofrecen una visión justa y balanceada de la historia.201
Por otra parte, es clave recordar que las FARC han reconocido el hecho de haberse involucrado en el problema de las drogas ilícitas, particularmente a través de cobros de impuestos a la producción y la comercialización, y en
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Ibíd., p. 98.
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Ibíd., p. 98.
201 Algunos analistas plantean el concepto de “cultura mafiosa” para referirse a este fenómeno, que
ha tenido efectos desastrosos en la vida social, cultural y política de Colombia, en especial desde la década de 1980, con el auge del tráfico de cocaína y la preeminencia de personajes como Pablo Escobar y los famosos carteles de Medellín y Cali. Estos grandes carteles ya no existen pero el fenómeno está lejos de desaparecer. Hoy en día, los “mafiosos” son ostentosos, criminales y poderosos, pero no tienen la capacidad de figuración de los antiguos “capos”. Para una visión del fenómeno y su impacto en la esfera política de Colombia ver: Mejía Quintana. Oscar. “Cultura política mafiosa en Colombia”. En Ciencia Política, No. 10, Julio-Diciembre 2010, pp. 22-42.
105 otros casos de manera directa como participantes en las ganancias202 Teniendo en cuenta este factor, en el “Acuerdo Final” se establece la necesidad de solucionar este fenómeno, con el concurso de las FARC y el Estado colombiano, en tanto que la paz y la reconciliación pasan directamente por el reconocimiento de este hecho como un factor de mayor violencia y pobreza con efectos ampliamente negativos para el desarrollo y la convivencia. Por lo mismo, las partes intentan plantear la necesidad de consensos en cuanto a la concepción del problema y las posibles soluciones.203
¿Cuál es esta visión alternativa? El problema de las drogas ilícitas es considerado como un fenómeno de complejas dimensiones que no puede ser tratado simplemente como un asunto punitivo, en el marco de la guerra anti- drogas propuesta principalmente por los Estados Unidos. De esta manera, se puede empezar por reconocer la importancia de actuar con miras a buscar el beneficio general de las comunidades, en términos de alternativas de desarrollo para las regiones productoras, persecución de los grupos criminales que se lucran del negocio así como un tratamiento humano de los consumidores, bajo la perspectiva de la salud pública.204
En segundo lugar, las medidas que se adelanten debe fundarse en un criterio “diferencial”, que significa la aplicación de soluciones atendiendo a las realidades sociales propias de los territorios, y no como parte de una mirada global que no repara en las diferencias y los impactos de las políticas generalmente tomadas. En este sentido, el debate sobre la aspersión aérea de glifosato y la erradicación manual ha generado gran revuelo a nivel nacional e internacional, por cuanto la fumigación ha producido graves daños colaterales, a cambio de mayor efectividad en el cubrimiento de hectáreas sembradas, frente a la lentitud de la erradicación de tipo manual, más difícil
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Este es uno de los argumentos más citados por los opositores al acuerdo con las FARC, en la medida en que consideran que el Estado no puede negociar con narcotraficantes que buscan réditos políticos. Al mismo tiempo, la relación del negocio de las drogas ilícitas con las FARC siempre ha estado envuelto de muchas ambigüedades y desinformación, en gran medida también porque las FARC mismas no se ven a sí mismas como productoras y comercializadoras de drogas ilícitas, y su involucramiento en este fenómeno está relacionado, en su visión, con la postura insurgente y su fundamento en las diferentes formas de lucha, así como en las condiciones de pobreza y desigualdad sufrida en muchas regiones de Colombia. Para una visión política desde la lucha contra las drogas ver: Benítez Ballesteros. María Fernanda. Narcotráfico e intervención en Colombia 1980-2000. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2009. (Trabajo de grado para optar por el título de Historiadora).
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“Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, pp. 98-99. Consultado el 14 de febrero en www.mesadeconversaciones.com.co .
106 en términos geográficos pero más segura en la medida en que se controlan los efectos de la erradicación.
En tercer lugar, desde un enfoque diferencial se estableció en el “Acuerdo Final” la importancia de reconocer los usos culturales de plantas utilizadas posteriormente como drogas (el caso de la mata de coca y la cocaína) y así evitar la estigmatización de comunidades, en particular indígenas, cuyas tradiciones se verían en peligro por la imposición de políticas globales contra las drogas ilícitas.
En cuarto lugar, las medidas aplicadas tendrán que estar fundadas en un enfoque de protección por los Derechos Humanos de quienes producen, comercializan y consumen drogas ilícitas. Esto, sumado a una mirada diferencial, permitiría combatir el fenómeno para acabar con bandas dedicadas al negocio y al mismo tiempo, ofrecería alternativas de tratamiento médico a los adictos. Ocupa lugar especial dentro de la solución, los esfuerzos que se requieren en términos de prevención y tratamiento a personas, con el concurso de instituciones del Estado, la misma sociedad y también a las familias.205 Finalmente, se reconoce las dificultades propias del Estado colombiano para lograr un cambio en el escenario transnacional sobre el problema de las drogas ilícitas. Entonces, se hace un llamado a buscar espacios de diálogo y discusión que ayuden a debatir ideas y propuesta que apunten a lograr visiones y acciones alternativas, que en últimas darían un impulso aún más fuerte a las intenciones plasmadas en el “Acuerdo Final”.
Por último, tanto el Estado colombiano como las FARC se comprometen a realizar acciones tendientes a la solución del fenómeno. El Estado por su parte tomará medidas para romper cualquier vínculo oficial con el fenómeno así como a impulsar formas adecuadas para la erradicación. Las FARC se comprometen a deslindarse del fenómeno de manera total. Ambas partes hacen un llamado a todos aquellos comprometidos con el tema para que comparezcan ante las autoridades para otorgar verdad y asumir responsabilidades.206
205 Ibíd., p. 100.
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