Conclusion and Date Quality Framework used in this research

Como se ha visto en un capítulo anterior, en los primeros meses de su gobierno, el presidente Alan García intentaba disipar con discursos y medidas radicales la atmósfera opresiva de la guerra interna y la recesión económica. Pero desde el primer momento tuvo que asimilar condiciones muy duras, al mismo tiempo que proclamaba sus programas de cambios.

El 5 de junio de 1985, el saliente gobierno de Belaunde dio la ley 24150 que regula las atribuciones del comando político-militar en una zona declarada en estado de emergencia, otorgándole la «[…] potestad de solicitar el cese, nombramiento o traslado de las autoridades [...]». La misma ley —vigente hasta la fecha— establece la sujeción exclusiva de «[…] los miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales [...] a la aplicación del Código de Justicia Militar». Este legado del gobierno saliente, introducido por presión de las Fuerzas Armadas y sectores afines, no fue rechazado por Alan García, quien aprovechó su victoria electoral para desviar la atención del tema y no derogar dicha ley, aunque tenía mayoría absoluta en el Parlamento

En agosto de 1985, apenas asumido el poder por Alan García, fueron perpetradas por personal de las Fuerzas Armadas las matanzas de Pucayacu, Accomarca, Umaro y Bellavista, las cuales se intercalaron con feroces acciones del PCP-SL. En septiembre, una comisión del Congreso descubrió las fosas comunes en que fueron ocultadas las víctimas de las mencionadas matanzas. Alan García apoyó la investigación y destituyó de inmediato a los mandos de las Fuerzas Armadas y hasta al propio presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, responsabilizándolos del hecho. Ésta fue la principal investigación sobre violaciones de los derechos humanos en el período de Alan García que contó con su apoyo y tuvo consecuencias. El escenario se complicó cuando, en los meses siguientes, el PCP-SL realizó una serie de

atentados contra personal de la Marina de Guerra en Lima. El 16 de agosto de 1985, varias decenas de miembros de La Marina uniformados y civiles que esperaban el ómnibus que los transportaría a sus centros de trabajo fueron atacados en el distrito de Villa María del Triunfo. El 14 de marzo de 1986, el PCP-SL asesinó al capitán de corbeta Jorge Alzamora Bustamante, quien había servido en la Fuerza de Tarea 90 en Ayacucho. Asimismo, el 4 de mayo de 1986, senderistas asesinaron al contralmirante Carlos Ponce Canessa, miembro del Estado Mayor de la Marina de Guerra. Frente a este último hecho, el Ministro de Marina, vicealmirante Julio Pacheco Concha, advertiría a los subversivos que «[…] han herido profundamente a la institución y al país entero» y que habían «despertado al león». La serie de asesinatos selectivos, sin embargo, no terminó ahí. El día 14 de octubre cobró una nueva víctima: el almirante Gerónimo Cafferatta Marazzi, que hasta hacía poco había sido Comandante General de la Marina.

Obligado por el embate de los crímenes y atentados del PCP-SL, Alan García impuso el estado de emergencia en Lima, suspendiendo las garantías constitucionales en su propio centro de gobierno. A ello se sumó el establecimiento del toque de queda en la capital, medida que impactó fuertemente en el ánimo de la población. En medio de esta notoria indefinición, el gobierno de Alan García empezó a desarrollar desde los primeros meses una política de seguridad interior. Consistió, por un lado, en adquirir el control civil sobre las Fuerzas Armadas y Policiales y, por otro, en hacer esfuerzos de mediación del conflicto e impulsar el desarrollo agrario de las regiones andinas más pobres. El control civil debía alcanzarse mediante tres recursos: 1. la unificación de los institutos policiales en la Policía Nacional del Perú y su fortalecimiento; 2. la unificación de los ministerios militares en un Ministerio de Defensa; y 3. el aseguramiento de la lealtad de los militares al gobierno mediante una política de ascensos y de comunicación del Presidente con las Fuerzas Armadas.

La conciencia de los problemas nacionales contenidos en las relaciones cívico-militares surgió, como ya lo hemos visto, durante el debate interno del gobierno de Belaunde sobre si emplear o no a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el PCP-SL. Ahora encontramos en el primer gabinete de Alan García un claro propósito de incrementar el control civil sobre la seguridad y la defensa.

Alan García multiplicó las zonas del país bajo control de comandos político-militares. Eso implicaba que la policía debía quedarse en esas zonas bajo la autoridad militar como fuerza auxiliar y que la supresión de las garantías constitucionales hacía perder sentido al trabajo policial propiamente dicho. La política declarada de García y de Abel Salinas, era elevar la exigencia de respeto a los derechos humanos en la lucha contra la subversión. Pero ante el motín de los penales organizado por el PCP-SL, Alan García ordenó emplear la fuerza armada para recuperar el control de los penales en el más breve tiempo posible y a cualquier precio. En ese tiempo también se trabajó para crear el Ministerio de Defensa; pero Alan García y su mayoría parlamentaria mantuvieron acalladas las consecuencias constitucionales que debía tener este cambio. Al crear el nuevo ministerio, el Presidente no admitió recorte alguno de la autoridad directa que le reconocían las Fuerzas Armadas como Jefe de Estado ni redujo en nada el poder efectivo del Comando Conjunto. Antes bien, se entregó a la ilusión —o a la farsa— de estar captando las voluntades de los altos mandos mediante el trato personal. De todo esto resultó un Ministro de Defensa cuya función se limitaba a facilitar las relaciones entre el Comando Conjunto y el Consejo de Ministros. Aunque la ley del Sistema de Defensa Nacional fue modificada para dar al Consejo de Ministros la autoridad directa en estas materias, ello no alcanzó para cambiar el modelo de relaciones civil-militares establecido por el gobierno militar en 1979.

El impulso inicial de Alan García duró ocho meses, hasta su final abrupto en la matanza de los penales. En 1987, cuando se aprobó la ley del Ministerio de Defensa, este proyecto ya no tenía el significado inicial. Nació por inercia y el primer ministro fue un militar en retiro. Durante los cuatro años restantes de su gobierno, García se dedicó a respaldar lo que hacían las Fuerzas Armadas, aceptando incluso papeles confusos y menores con tal de aparentar

iniciativa. La hiperinflación, el apogeo del terrorismo del PCP-SL en 1988 y la total fragmentación política del país provocada por el intento de privatizar la banca, dejaron a García sin liderazgo.

El Ministerio de Defensa fue creado el 31 de marzo de 1987 mediante la ley 24654. Su funcionamiento y articulación con los institutos armados fueron determinados en cambio por decretos legislativos dados por el Poder Ejecutivo. En otras palabras, la idea general de crear un Ministerio de Defensa fue aprobada por ley en el Parlamento, pero su contenido concreto fue establecido por el Ejecutivo. El hecho es que este MINDEF resultó en dichos decretos un organismo con atribuciones mínimas, estructura y competencias ínfimas al lado de los Comandantes Generales y del Comando Conjunto. Además, el Ministro de Defensa de Alan García no fue ningún político de carrera, sino el general Enrique López Albújar, quien asumió el cargo el 14 de octubre de 1987. El sistema de relaciones cívico-militares que se generó fue aproximadamente el siguiente: el Ministro sólo conocía planes y acciones aprobadas por las Fuerzas Armadas en su conjunto, y el Presidente de la República sólo recibía para su aprobación aquellos planes y operaciones que contaban con el apoyo tanto del Comando Conjunto como del Ministro. Dentro de tal sistema, el Ministro de Defensa puede hacer poco o nada sin el apoyo de los altos mandos. De hecho y de derecho es un mediador o un facilitador, no un director de la política militar.

La ilusión de control civil de la política militar se completaba con un elemento sacado de una concepción democrática avanzada de las relaciones cívico-militares. A partir de los decretos de García, el Consejo de Ministros es el nuevo órgano rector del Sistema de Defensa Nacional, ya no el Consejo de Defensa Nacional, órgano creado por Morales Bermúdez a finales del gobierno militar y mantenido luego por Belaunde. La característica de ese Consejo es que tiene al Presidente del Comando Conjunto como miembro nato, sentado al mismo nivel y con los mismos derechos que el Ministro de Defensa. Sin embargo, el nuevo Ministro de Defensa no estaba en condiciones de dirigir ni supervisar la preparación de planes ni operaciones y se limitaba a aceptar o demorar los que le presentaran las Fuerzas Armadas en conjunto. Bajo condiciones de guerra interna, este poder de veto ejercido como único medio de control ponía al gobierno en el papel de un obstaculizador de la acción contrasubversiva.

El gobierno de Alan García intentó realizar una política de seguridad y defensa orientada a incrementar el control civil sobre las Fuerzas Armadas sin asumir la responsabilidad de una conducción unificada de la guerra. El control civil se establecería indirectamente, mediante un sistema de controles administrativos, no compartiendo la responsabilidad ejecutiva con los altos oficiales, es decir, sin que un ministro civil ni el Presidente mismo iniciasen la cadena de mando operativo. La unidad de conducción, la coherencia de los distintos esfuerzos para contribuir a la seguridad interior desde los campos militar, policial-judicial, económico y político, se esperaba más bien como un fruto del incremento del control civil administrativo. Los objetivos de la política de seguridad de Alan García, centrada en el control civil, no están muy claros en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo. Al parecer, el gobierno de Alan García, igual que el de Belaunde, asumió que tenía que enfrentar un doble desafío de seguridad interior: por un lado la subversión y por otro el golpe militar.

En materia de seguridad, la oposición parlamentaria de izquierda se dedicó a criticar la política de seguridad aprista, con la idea de evitar la «apristización» de la Policía y las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, marcar distancias con Sendero Luminoso y hacerse reconocer como alternativa nacional. Por su parte, la oposición conservadora dio prioridad a la crítica de la política económica del gobierno y organizó la resistencia al intento de privatización de la banca. Las Fuerzas Armadas compartieron pronto con esta oposición la exigencia de que el Perú retome el pago de la deuda externa y regrese a la comunidad financiera internacional, pues no era posible financiar la lucha contrasubversiva sin nuevos créditos externos. Esta exigencia fue satisfecha por el gobierno de García en septiembre de 1988, cuando, tras difíciles negociaciones, se logró un complicado rescate financiero de la economía peruana por más de mil millones de dólares.