en realizar el catastro parcelario a un ritmo de 5 millones de hectáreas anuales. Por tanto, en 10 años se habrían terminado los trabajos en todo el país. Se haría una emisión de deuda de 45 millones de pesetas anuales a un interés del 5,47 por ciento, calculándose un gasto total en los 10 años de 135,4 millones de pesetas. Se fijaba el precio por hectárea en 9 pesetas (calculado tomando como base los gastos del catastro parcelario francés en Argelia y Túnez, que estaban más adelantados que en España). El sueldo de los funcionarios públicos intervinientes en las operaciones estaría a cargo de la compañía privada. Se reduciría el tipo impositivo de la Contribución del 17,5 por ciento, vigente en aquel momento, a un 12 por ciento, pero con la ocultación descubierta aumentaría la recaudación pública en 66,5 millones de pesetas. Se producirían también otros ingresos debidos al impuesto del 20 por ciento sobre el interés de la deuda emitida. Después de complejos cálculos, el proyecto cifraba la riqueza rústica total de España en aquel momento (incluyendo ocultaciones) en 1.728 millones de pesetas. Aplicándole el 12 por ciento, el ingreso del Tesoro público sería de 207,4 millones de pesetas, mientras que lo que realmente en aquel momento estaba percibiendo el Estado eran 106,5 millones de pesetas. Por tanto, según sus conclusiones, el proyecto presentado por la Sociedad del Catastro español reducía de forma significativa el plazo y los gastos de ejecución, aumentaba la recaudación para el Estado, disminuía el tributo un 30 por ciento, y permitía la movilización del capital inmueble así como el establecimiento del crédito agrícola24.
Los documentos del proyecto que Amador del Villar había remitido al Ministerio de Fomento recalaron de nuevo en el ministro de Hacienda, y éste solicitó un informe sobre los mismos al Consejo del Servicio Geográfico. Este Consejo, encuadrado dentro de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, estudió con detenimiento el contenido de la documentación y el día 19 de enero de 1909 emitía su análisis valorativo25. Comenzaba el informe
mencionando las actividades catastrales del Instituto a raíz de la ley de 190626
24 VILLAR Y PÉREZ DE CASTROPOL (1911).
25 INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO. Consejo del Servicio Geográfico (1910).
26 En el texto, el Consejo se declaraba decidido partidario de la ejecución del Avance Catastral como paso previo antes del Catastro Topográfico Parcelario, al contrario de lo que pudiera colegirse por su esperable defensa de los intereses del Instituto Geográfico, ya que en la segunda fase este organismo adquiría
y resumiendo la evaluación que ya hizo la Junta del Catastro en 1903 sobre el proyecto en cuestión. Indicaba que el presentado ahora y el anterior no habían variado tanto como señalaba su autor, y que el anterior había tenido el informe desfavorable de la Junta del Catastro y el actual lo había tenido ya, más adverso aún, de la Sección de Catastro de la Riqueza Rústica del propio ministerio de Hacienda27. El resumen de las principales razones que explicitaba
el Consejo era el siguiente: 1) Ningún Gobierno de ningún país había hecho hasta aquel momento la concesión de la ejecución del catastro parcelario a una empresa privada. 2) Las triangulaciones estaban mal planificadas técnicamente. 3) Los deslindes parcelarios continuaban estando definidos de forma deficiente, con la muy probable aparición de un alto porcentaje de propietarios “en litigio”. 4) En cuanto a la financiación, el Consejo se extendía ponderando que el proyecto actual valoraba el precio en 9 pesetas por hectárea, mientras que el anterior lo hizo en 8 pesetas. Se hacía una emisión especial de deuda en 10 años sucesivos a 45 millones de pesetas cada uno de ellos, y amortizándose estos 450 millones, que devengarían un 5 por ciento de interés, retirando de la circulación 10 millones cada año a contar desde el segundo. El Estado tendría que pagar en 46 años, pues, 866,2 millones de pesetas, es decir, 17 ó 18 pesetas por hectárea. Suponiendo que la Sociedad
del Catastro Español entregara cada año 5 millones de hectáreas, el Consejo
deducía, después de realizar varios cálculos (siempre en valores nominales), que el gasto efectivo entre intereses y amortizaciones sería de 1.009 millones de pesetas, es decir, 20,18 pesetas por hectárea. Y finalmente, sumándoles a estos importes los trabajos de la triangulaciones geodésicas entregadas por el Instituto Geográfico, más los gastos de comprobación y recepción, sumarían un total de 1.164 millones de pesetas, o sea, 23,28 pesetas por hectárea. Este era el desorbitado precio unitario que, según el Consejo, tendría la realización del proyecto de Amador del Villar, mientras que la evaluación que hacía el Instituto Geográfico para terminar el Avance Catastral por parte del Estado era en aquel momento de un total de 75 millones de pesetas. El informe del Consejo del Servicio Geográfico concluía con las siguientes palabras: “Todas las
mucho mayor protagonismo y relevancia. El escrito hacía una síntesis perfecta de los objetivos iniciales a conseguir con el Avance Catastral: el descubrimiento de la riqueza oculta, el equitativo reparto de los tributos y la individualización de la riqueza imponible.
precedentes razones hacen que sin vacilación alguna este Consejo afirme que a su juicio debe seguir cumpliéndose la ley del catastro de 23 de marzo de 1906, y que por recomendables que sean los propósitos de la Sociedad del Catastro Español y por mérito técnico que tuviera el proyecto por ella presentado no cabe aconsejar su adopción sin incurrir, a sabiendas, en gravísima responsabilidad, por considerar la realización de tal proyecto lesiva para los intereses públicos”28. Después de este fulminante dictamen, el
ministerio de Hacienda tomó oficialmente la postura de rechazar la documentación que le habían presentado y de desaconsejar de forma clara también el intento de la adopción parcial de algunos de sus puntos. Sin embargo, el proyecto de Amador del Villar continuó todavía vivo y presente durante algún tiempo, siendo referenciado y solicitado por varios parlamentarios en nuevas sesiones del Senado y del Congreso de los Diputados. En un próximo apartado se detallarán estas vicisitudes hasta la final y definitiva expiración de los intentos de incorporar la iniciativa privada a la ejecución del catastro parcelario en España.
Por estas fechas, a principios de 1909, ya habían finalizado los trabajos del Avance Catastral en la pionera provincia de Albacete, y estaban a punto de concluir en las de Ciudad Real, Córdoba y Cádiz (aunque en esta última se alargarían después las operaciones). La superficie total de los Registros fiscales de estas cuatro provincias era de 5.655.115 hectáreas. Y en aquel momento se estaba trabajando también en las de Alicante, Jaén, Madrid y Toledo. Se seguía realizando el Avance Catastral todavía sin un reglamento que desarrollara la normativa de la ley. Y las muy optimistas previsiones del Ministerio de Hacienda anunciaban que antes de terminar el año 1912 podrían haberse concluido estas 8 demarcaciones en su totalidad.29
Las recaudaciones de las cuotas del Tesoro de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria durante estos años reflejaban también, naturalmente, de forma muy aproximada, el cupo total nacional establecido, es decir, una cifra cercana a los 130 millones de pesetas (cuadro I.1. del Apéndice Estadístico).
28 INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO. Consejo del Servicio Geográfico (1910). 29 MARTÍN SÁNCHEZ (1910).