agrónomos y sus auxiliares, pasaran a depender de este nuevo organismo del Ministerio de Hacienda. A partir de aquel momento, y durante muchos años en el Avance Catastral, esta Dirección General adquirió el protagonismo de la ejecución y la responsabilidad de estos trabajos.
2.3.2.- Primeras objeciones parlamentarias al Avance Catastral
A principios de 1908 se produjo en el Senado una sesión en la que por primera vez se plantearon objeciones y discrepancias explícitas a los primeros resultados del desarrollo de la ley de 1906. Volvía a ser el senador por Córdoba, Conde de Torres Cabrera, gran terrateniente y presidente de la Cámara Agrícola de esta provincia, quien, en ausencia del ministro de Hacienda, interpeló al ministro de Estado, Manuel Allendesalazar, exponiendo que los Registros fiscales que estaban funcionando a raíz de la nueva norma legal, exigiendo a los propietarios la contribución por cuota, lo estaban haciendo sin base y a “ojo de buen cubero”, y ponía como modelo de lo que debería hacerse el ejemplo del municipio de Jerez de la Frontera, donde se había levantado un plano financiado directamente por los propietarios. Decía el senador del partido conservador: “Nuestra ley catastral, que yo impugné desde
este sitio, adolece del defecto de atender poco a lo práctico y a lo concreto, de divagar en lo teórico y en lo abstracto...”. Y entraba de lleno en el motivo
principal de su queja, referente al recién finalizado Avance Catastral del término municipal de Córdoba: “El cupo de Córdoba para 1907 importaba la cantidad x
de pesetas, no recuerdo ahora la cifra, y repartido este cupo con arreglo a los vigentes amillaramientos, pagaba cada contribuyente el 19,5 por ciento de su líquido imponible. El cupo para 1908 es el mismo, y repartido ahora por cuotas, según los líquidos imponibles que asigna el Registro fiscal, pagará este año cada contribuyente el 11 y pico por ciento únicamente. El cómo se ejecutan estos juegos malabares, lo explican perfectamente la Cámara Agrícola y el Consejo provincial de Agricultura, en sentidas exposiciones dirigidas al Gobierno, pidiendo pagar el 19 y no el 11 por cien; es decir, renunciando al beneficio que ofrece a Córdoba el Registro fiscal”. Le contestó su
hubiera disminuido el tipo impositivo para el municipio, manteniendo el cupo total, era debido a la gran ocultación descubierta, y esto haría que la gran masa de ocultaciones pagara al 11 por ciento y los contribuyentes de buena fe vieran disminuido su impuesto, por lo que el interpelante había hecho el más importante elogio a la ley. Replicó el Conde de Torres Cabrera explicitando de la siguiente manera su petición de que siguieran rigiendo los amillaramientos en el término municipal: “… a los contribuyentes del municipio de Córdoba se
les condona un 8 por cien, y aquellos contribuyentes, en vez de agradecerlo, ponen el grito en el cielo y piden continuar pagando el 19. ¿No le parece a S. S. que hay en esto algo de sorprendente e inusitado? Pues, en efecto, lo sorprendente está en el bolsillo de aquellos contribuyentes, donde resulta que para pagar el 11 tienen que sacar más dinero que para pagar el 19, y lo inusitado está en el Ministerio de Hacienda, donde por lo visto no son ya las matemáticas una ciencia exacta. Voy a explicar a S. S. el juego malabar de que antes hablaba. Yo obtengo anualmente de la finca que exploto 100 pesetas de beneficio, que es mi líquido imponible, y de éste vengo pagando 19 pesetas al Tesoro público; pero ahora sucede que sin conocer mi finca y sin saber lo que gasto en su cultivo ni lo que produce, supone el Estado que mi beneficio es de 200 pesetas, y me hace la gracia de pedirme únicamente 11 pesetas por cada 100; de manera que la gracia consiste en llevarse 22 en vez de 19”. Y le
contestó el ministro de Estado diciendo que trasladaría al ministro de Hacienda la petición que realizaban el senador y la Cámara Agrícola de Córdoba. Finalmente, tomó la palabra el Conde de Esteban Collantes para apoyar las reclamaciones del Conde de Torres Cabrera, relatando otros casos en los que, según su apreciación, se habían producido evidentes abusos por parte del Avance Catastral, y terminando su intervención anunciando que la Asociación de Propietarios de España, que presidía en funciones, había presentado una instancia general de reclamaciones a las operaciones catastrales desarrolladas por el Ministerio de Hacienda. En un momento determinado de su discurso, este parlamentario manifestó lo siguiente: “(sobre los trabajos catastrales del
Estado)… no es modo de facilitar la buena fe, porque contra esta verdadera iniquidad, no hay más defensa que la ocultación; a la mala fe se responde con
la mala fe y a la exacción ilegal con la ocultación ilegal”20. Estas intervenciones
de los dos senadores eran absolutamente explícitas sobre su valoración de los primeros resultados catastrales. Las apreciaciones del Conde de Torres Cabrera, sobre todo, realizadas, se supone, con plena consciencia aunque pudiera no parecerlo por su flagrante contrasentido, defendiendo la vigencia del
statu quo de los amillaramientos frente a una rebaja del porcentaje impositivo y
el mantenimiento del cupo, no iban precisamente encaminadas a la defensa del tipo de contribuyente que hubiera salido beneficiado con estas medidas que desarrollaban lo ordenado por la ley de 1906.
También debe resaltarse otra sesión parlamentaria en el Senado cuyo protagonismo recayó en la crítica de las funciones y el personal del otro ente implicado en el desarrollo los trabajos catastrales en España: el Instituto Geográfico y Estadístico. En una larga intervención, el senador Manuel Polo y Peyrolón planteó como eje central de su discurso la necesidad, según él sentida por muchos, de que este organismo dejara de pertenecer al Ministerio de Instrucción Pública y sus funciones y su personal se distribuyeran entre varios ministerios, de acuerdo con una más amplia afinidad y para conseguir un mayor rendimiento y operatividad. Criticó negativamente ciertos aspectos del trabajo desarrollado por los ingenieros geógrafos y se lamentó de la extremada lentitud, comparándola con otros países, con que el Instituto desarrollaba los trabajos del catastro y del Mapa Topográfico que tenía encomendados. A este respecto, mencionó los comentarios que circulaban en determinados sectores, y que había publicado recientemente La Correspondencia de España, sobre el hecho de que el Instituto Geográfico y Estadístico había puesto obstáculos a una empresa particular “que había ofrecido al Gobierno la formación de un
catastro verdad y exacto en pocos años”. Le contestó el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Sr. Rodríguez San Pedro, jerárquicamente responsable del Instituto, diciendo que el organismo inspiraba una grandísima confianza en la mayoría de los españoles; que ejercía sus funciones con absoluta y total imparcialidad, alabando el trabajo de sus funcionarios y argumentando con datos la falsedad en la pretendida lentitud en la realización de las labores que
tenía asignadas; y haciendo una extensa y detallada relación de los trabajos que había realizado desde su fundación, así como sus proyectos para el futuro21. Curiosamente, ese mismo día, el 28 de abril de 1909, en la otra
Cámara de representantes, el Congreso de los Diputados, el diputado conservador Francisco Bergamín y García solicitó al ministro de Hacienda que remitiera al Congreso una proposición que éste último había recibido, firmada por D. Amador del Villar, en la que se solicitaba que el Gobierno hiciera la concesión legal a su proyecto para la formación del catastro parcelario en España. Indicó el parlamentario que, a la vista de esta proposición, la Cámara podría estudiarla y acomodarla uniéndola con los actuales trabajos que ya venía realizando el Estado, crear con los dos un solo proyecto nuevo o tomar la resolución que creyera más oportuna22.
2.3.3.- La pugna por la privatización del catastro parcelario
Después de que su proyecto hubiera sido desestimado en febrero de 1903 por la Junta del Catastro, Amador del Villar y Pérez de Castropol, en representación de su empresa Sociedad del Catastro español, no dejó de lado las aspiraciones que había mantenido hasta entonces y continuó apostando con empeño para conseguir los objetivos que desde hacía ya muchos años personalmente se había propuesto: que el catastro parcelario en España fuera realizado mediante una concesión pública a su proyecto y a su empresa privada. Según su propio relato, desde 1905 volvió a trabajar activamente en el plan, perfeccionándolo y actualizándolo, hasta conseguir mejorarlo sustancialmente con respecto al que había presentado en 1902 a la Comisión Ponente. No podemos saber cual fue el efecto inmediato que pudo causar sobre estas pretensiones la promulgación de la ley de marzo de 1906, una ley sólida e importante que, para muchos, parecía marcar de forma definitiva el rumbo de la ejecución del catastro parcelario en España. Sin embargo, sí sabemos que Amador del Villar se alineó muy pronto con los primeros grupos de detractores que empezaron a criticar negativamente a la ley, y que
21 Diario de las Sesiones de Cortes. Senado. Número 134, pp. 3140-3147, día 28-04-1909. 22 Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. p. 3930, día 28-04-1909.
enarbolaban como bandera el argumento unánime del rechazo al Avance Catastral. Señalaba del Villar que éste no era un catastro parcelario jurídico y lo consideraba como “el dinero más malgastado que se puede emplear y como el
daño más grande que puede hacerse a España”23. Después de perfeccionar su
proyecto, nuestro personaje buscó el capital necesario para su financiación. No encontró respuestas satisfactorias en España, por lo que se fue a Francia a plantear a varias entidades sus propuestas de ayuda económica. Por fin, en París obtuvo de algunos bancos el compromiso de la concesión de los créditos necesarios y consiguió, también, a través de sus influencias en los medios políticos galos, que uno de los mayores expertos franceses en la dirección de trabajos catastrales, que había dirigido recientemente las operaciones de la implantación en Argelia, se comprometiera a dirigir los trabajos españoles si el proyecto finalmente prosperaba. Según Amador del Villar, esta actuación recibió ácidas críticas de varios medios nacionales por el hecho de intentar financiar con capital extranjero unas operaciones que correspondían de lleno a la exclusiva soberanía española, pero se defendía de las mismas arguyendo que parte de este capital sería también de procedencia española y que todo el personal que ejecutaría los trabajos sería únicamente originario del país. Se entrevistó varias veces también en estos años con los ministros de Hacienda conservadores Cayetano Sánchez Bustillo y Augusto González Besada, de los que obtuvo, según sus manifestaciones, un significativo apoyo; y con el ministro de Instrucción Pública, Rodríguez San Pedro, con el que, por el contrario, parece ser que surgieron discrepancias, porque éste defendía que no podían arrebatársele al Instituto Geográfico las funciones que venía desarrollando desde hacía muchos años. A continuación, Amador del Villar reorientó su estrategia y encaminó su proyecto hacia otro ámbito administrativo que, según su parecer, era más adecuado y se ajustaba en mayor medida a la clase y a la naturaleza de los trabajos catastrales: situar el plan al amparo de la ley general de Obras Públicas, y que la concesión se realizase a través del ministerio competente. Por ello, finalmente, el día 8 de mayo de 1908, presentó oficialmente su proyecto al ministro de Fomento del Gobierno de Antonio Maura. Resumiendo a grandes rasgos, los principales hitos del plan consistían