El año comenzó con violentos ataques en
París contra periodistas del semanario satírico
Charlie Hebdo y contra un supermercado judío, que dejaron 17 víctimas mortales y motivaron un enorme despliegue de solidaridad tanto en Francia como en el extranjero. El 13 de noviembre, otra serie de atentados en París y sus alrededores se saldó con 130 muertes más. Estos ataques dieron renovado impulso a toda una serie de medidas que amenazaban los derechos humanos, especialmente en Francia pero también en otros países europeos. Entre ellas había medidas dirigidas contra las personas que viajaban o pretendían viajar al extranjero para cometer o contribuir a la comisión de actos de imprecisa definición relacionados con el terrorismo, medidas de ampliación de la facultad de detención con garantías procesales reducidas y medidas
“antirradicalización” que podían coartar la libertad de expresión y discriminar a ciertos colectivos.
Algunos de los cambios más notables se produjeron en el ámbito de la vigilancia, puesto que varios Estados aprobaron o presentaron medidas que otorgaban acceso casi ilimitado a las comunicaciones electrónicas a sus servicios de inteligencia y organismos encargados de hacer cumplir la ley. El Parlamento francés aprobó dos leyes de vigilancia que proporcionaban amplios poderes ejecutivos para vigilar las
comunicaciones y el uso de Internet, incluida la intercepción masiva e indiscriminada del tráfico de Internet. La segunda ley, aprobada en octubre, allanó el camino para aplicar técnicas de vigilancia masiva de todas las comunicaciones entrantes o salientes del país para una serie de fines imprecisos, entre ellos la promoción de intereses económicos, científicos y de política exterior. Ninguna de estas nuevas medidas de vigilancia requería autorización judicial: en su lugar, daban atribuciones limitadas y ocasionales a una autoridad administrativa para asesorar al primer ministro.
Suiza aprobó una nueva ley de vigilancia que otorgaba al Servicio de Inteligencia de la Confederación amplios poderes para
interceptar masivamente datos transmitidos hacia o desde Suiza por cables de comunicaciones por Internet, acceder a metadatos e historiales de Internet y al contenido de mensajes de correo electrónico y usar programas espía del gobierno. En Países Bajos, el gobierno presentó un proyecto de ley que, a efectos prácticos, autorizaba la recopilación indiscriminada y masiva de datos de telecomunicaciones, incluidas comunicaciones internas, sin autorización judicial previa. El gobierno de Reino Unido presentó un anteproyecto de ley de poderes de investigación que, de aprobarse, autorizaría a los servicios de inteligencia a interceptar todas las comunicaciones que entraran o salieran del país y obligaría a los proveedores de servicios de telefonía e Internet a entregar los historiales telefónicos y de Internet de sus clientes, todo ello con un control judicial insuficiente.
Frente a las amenazas de los gobiernos europeos contra el derecho a la intimidad, varias decisiones clave de tribunales internacionales trazaron las líneas de un asunto que probablemente sería objeto de gran polémica y numerosos litigios en los años venideros. En diciembre, en la causa
Roman Zakharov v. Russia, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló que la intromisión en el derecho a la intimidad mediante medidas de vigilancia sólo podía considerarse necesaria y proporcionada si se llevaba a cabo con un escrutinio judicial adecuado y existían sospechas previas sobre la persona vigilada.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tras su histórica sentencia de 2014 en la causa de Digital Rights Ireland, dictó otra importante sentencia en octubre al declarar no válido el acuerdo “Safe Harbour” (puerto seguro) entre Estados Unidos y la UE. Con 15 años de antigüedad, este acuerdo permitía a empresas privadas transferir datos personales entre ambos territorios, al considerar que el grado de protección de los derechos fundamentales relativos a los datos personales era esencialmente el mismo en el
derecho estadounidense y el comunitario. Luego de que Edward Snowden revelase el alcance del programa de vigilancia
estadounidense, el Tribunal concluyó que las autoridades estadounidenses podían acceder a los datos personales transferidos a partir de los Estados miembros a Estados Unidos y tratarlos de una manera que iba más allá de lo estrictamente necesario y proporcionado para la protección de la seguridad nacional.
El uso creciente de medidas contra el terrorismo excepcionales y perjudiciales para los derechos humanos, ya observado en Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se reprodujo con particular intensidad en Francia tras los atentados de noviembre. Las autoridades declararon el estado de excepción, que introducía medidas como los registros domiciliarios sin orden judicial, la imposición de la localización permanente y la disolución de asociaciones o grupos vagamente definidos como participantes en actos que perturbaran el orden público. Se declaró inicialmente durante 12 días y después se extendió tres meses. En apenas unas semanas, las autoridades francesas realizaron 2.700 registros domiciliarios sin orden judicial, que sólo dieron lugar a dos
investigaciones por delitos de terrorismo (y en cambio a 488 por otros delitos), además de imponer la localización permanente a 360 personas y cerrar 20 mezquitas y numerosas asociaciones musulmanas. A lo largo del año, las autoridades iniciaron una avalancha de acciones judiciales en virtud de disposiciones imprecisas sobre “apología del terrorismo”, muchas de las cuales aparentemente vulneraban el derecho a la libertad de expresión.
Sin embargo, Francia no estaba sola. Tras los ataques de noviembre, Bélgica,
Luxemburgo, Países Bajos, Eslovaquia y otros países de la región propusieron nuevas leyes antiterroristas. En todos ellos, las nuevas propuestas contemplaban alargar el periodo que podían pasar en prisión preventiva las personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo sin que fuera necesario
demostrar “sospechas razonables”. A lo largo del año, varios Estados europeos trabajaron en la adopción de legislación que restringía y penalizaba viajar o prepararse para viajar al extranjero con el fin de cometer actos relacionados con el terrorismo o contribuir en modo alguno a su comisión, como resultado de la aprobación en 2014 de la resolución 2178 del Consejo de Seguridad de la ONU. En diciembre, la Comisión Europea presentó una propuesta de nueva directiva que introduciría en la legislación nacional de los Estados miembros la prohibición de realizar viajes o actividades relacionadas con viajes con objeto de cometer actos de terrorismo. La propuesta aludía a un tratado, aprobado anteriormente en el mismo año bajo los auspicios del Consejo de Europa, que contenía medidas similares. Estas leyes, así como otras introducidas para combatir el fenómeno de los llamados “combatientes extranjeros”, amenazaban en distinto grado una diversidad de derechos humanos garantizados. En algunos países, especialmente en Reino Unido, se acompañaron de medidas generales diseñadas para identificar y prevenir los “extremismos violentos” que entrañaban el peligro de estigmatizar y discriminar a la población musulmana.