Conclusions

Desde el 2004, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de Chile, destina el 96 por ciento de los recursos a programas de subsidio y sólo el 4 por ciento a programas de construcción. Para los residentes más pobres, el MINVU creó un programa de subsidio llamado Fondo Solidario de Vivienda (Financiación para Viviendas Cooperativas) con un subsidio inicial de US$8.400 por hogar. Los solicitantes necesitan tener US$ 300 en ahorros y deben presentar una propuesta de vivienda específica. El subsidio cubre el costo del suelo, la infraestructura y una unidad de aproximadamente 33 metros cuadrados que contenga cuarto de baño, cocina, espacio multiuso y dormitorio. Esto se considera como la primera fase de una vivienda que se construirá paulatinamente con el tiempo. El permiso de construcción municipal está aprobado de antemano suponiendo una ampliación de la unidad a un mínimo de 51 metros cuadrados. Las familias deben hacer las solicitudes en grupos organizados de al menos 10 hogares y con el apoyo de una organización gestora, que puede ser una municipalidad, una organización no gubernamental o una firma de consultoría registrada en el MINVU. El ministerio ya no decide dónde y qué construir, ya que los grupos familiares presentan sus proyectos y el MINVU selecciona los mejores desde los criterios de desarrollo social de diseño y urbanístico. La organización gestora recibe los fondos para desarrollar el proyecto, implementar un plan de acción social y ayudar a las familias con apoyo técnico para ampliar sus unidades. Las familias no reciben ningún otro subsidio para la ampliación, pero como no tienen que pagar una hipoteca pueden ahorrar para financiar los materiales y la mano de obra requeridos. El nuevo programa es flexible y también acepta proyectos que comprenden la compra de

viviendas existentes o construcciones en espacios abiertos existentes dentro de una parcela para aumentar la densidad de las viviendas.

De esta manera, y teniendo como punto de partida que los recursos del Estado siempre son escasos ante la magnitud del problema habitacional, se verían amplificados por los recursos de carácter local, que la vía convencional había desechado normalmente, nos referimos a la capacidad que tiene el poblador de aportar además de su energía muscular y sus habilidades artesanas, su compromiso, responsabilidad, iniciativa e imaginación. Con este gran capital aportado por los propios afectados, es posible multiplicar varias veces lo que el Estado por sí solo puede hacer, con la ventaja de que al haber participación directa y a distintos niveles, serían mejores los grados de satisfacción del usuario al momento de acceder a su solución habitacional.

La otra virtud de máxima importancia es que se llegaría a una solución en plazos menores que el más optimista de los planes convencionales podría ofrecer, ventaja que erradicaría de una vez la típica postergación a la que se había sometido al poblador para acceder a su solución habitacional. Esta vía propuesta de participación del poblador en la solución de su problema habitacional, no sólo tenía ventajas técnicas, sino también sociales; además tenemos que si esta ventaja social conducía a la creación de grupos organizados, a su vez esto reincidirá en el logro de aplicar métodos y sistemas constructivos más difíciles. Esto permitiría, por ejemplo, avanzar más en el campo de la densificación vía autoconstrucción, factor que constituye un verdadero desafío para los programas de este tipo.

Conjuntamente con los logros que significa la satisfacción de acceder a una solución habitacional que contó con la propia participación del usuario, la de conseguir desarrollar métodos más complejos y el desarrollo social pertinente; tenemos que además de estos logros generales, se produce algo que en ese momento político constituye una esperanza y es que en la medida que aumente el poblador su capacidad de producir por su propia participación, al mismo tiempo aumentarán su libertad e independencia individuales (Muñoz Parra, 2007).

Conceptualmente, el alojamiento ya no se comprende como una entidad aislada a la que se le pueden aplicar parámetros de medición dentro del contexto de la producción masiva, sino como un instrumento que utiliza el habitante para acondicionar el medio, donde se mezclan los campos técnicos como los de las ciencias sociales. A partir de esto, el Gobierno estableció una Política Habitacional basada en tres aspectos fundamentales para atender las carencias detectadas:

-Focalización, para atender en primera instancia a aquellos grupos poblacionales de más extrema pobreza.

-Cobertura, para que los números de atenciones fuesen realmente significativos se hizo una apuesta cuantitativa.

-Participación, de tal manera de integrar en el proceso de obtención de solución habitacional a los carenciados, y así ser actores del proceso mismo.

El programa en un primer momento consistió en dos etapas, en la cual la primera consistía en un terreno urbanizado con una unidad sanitaria consistente en cocina y baño, y si los recursos económicos eran los adecuados al momento, un recinto adicional. La segunda etapa era opcional, a la que se podía acceder al cabo de dos años de haber sido asignatario de la primera, y era una ayuda para aquellas familias que no habían sido capaces por sus propios medios de complementar su solución habitacional, con lo que esta nueva oportunidad de apoyo lo permitía hacer.

Los beneficiarios del Programa, en el caso de la primera etapa, han sido grupos o individuos, seleccionados por prelación socio-económica a través del instrumento denominado Ficha CAS-2 diseñada por el Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile, en que básicamente se puntuaban las condiciones de allegamiento, mala calidad habitacional, composición del grupo familiar, etc.; a dicha prelación se le sumaba la antigüedad en la inscripción. Para el caso de los beneficiarios de la segunda etapa, se podían acoger a ella los pobladores que habían obtenido la primera etapa al cabo de dos años, así como los beneficiarios del Programa de Mejoramiento de Barrios que aplicaba el Ministerio del Interior por intermedio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Hidalgo Dattwyler, 1999).

El programa se fue adecuando en el tiempo según lo iba requiriendo la experiencia en su aplicación, en el sentido que en un primer instante se le requirió al postulante junto con su inscripción, que aportara un ahorro al que se le añadía un crédito a pagar por la familia y un subsidio por parte del Estado.

12.1.4. El programa “Mi Tierra, Mi Casa” de autoconstrucción de viviendas en Santa

Fe.

Este programa de carácter estratégico promueve el acceso a suelo urbanizado y vivienda por parte de sectores que hoy encuentran dificultades para acceder a una solución habitacional, con valores muy por debajo de lo que ofrece el mercado. En tal sentido, y a través de sus áreas con competencia específica, la Secretaría de Estado

del Hábitat realizó un proceso de identificación de suelo vacante en las cinco regiones del territorio provincial y de las obras de infraestructura y servicios necesarias para su urbanización, con miras a disponer de lotes con servicios básicos, de precios accesibles y con esquemas de financiamiento adecuados a la realidad de diferentes sectores de la población que no cuentan con vivienda propia. En este marco se inscriben los convenios de gestión asociada de urbanizaciones formalizados con diferentes localidades de la provincia y que procuran disponer de una amplia oferta de lotes con servicios básicos que puedan ser asignados a la población mediante sorteo público, para luego incorporarlos a diferentes modalidades de acceso a financiamiento y construcción de vivienda individual o colectiva.

"Mi Tierra, Mi Casa", es un programa de autoconstrucción de viviendas provincial que se implementará en Rosario, Santa Fe. Del plan participaran la provincia, la Intendencia y el Banco Municipal, que dispondrá de 100 millones de pesos para esa línea especial de créditos. La financiación para la compra de materiales (por 50 mil ó 75 mil pesos) correrá a cuenta del Banco Municipal, con un plazo de devolución de 120 meses, los primeros seis "de gracia" para que cada familia pueda empezar a devolverlos ya estando bajo su propio techo. Los préstamos para adquirir los terrenos (de 30 mil a 60 mil pesos) deberán cancelarse en 36 meses.

La primer parte del plan permitió levantar 2 mil unidades en Rosario: 1.420 en el Parque Habitacional Ibarlucea (la llamada Zona Cero, sobre el ingreso a la ruta 34) y 580 en Avellaneda Oeste, un loteo ubicado sobre esa avenida al 4200. Ya fueron entregadas 1.025 viviendas y otras 4.500 se encuentran en ejecución en la segunda etapa del plan, a través de diferentes modalidades constructivas y de financiamiento. A esas 5.525 unidades ahora se sumarán las 2 mil del nuevo programa para Rosario, distribuidas en parcelas de 150 a 300 metros cuadrados en los distritos noroeste y sudoeste.

Las casas se construyen según "prototipos flexibles", adecuados a las necesidades de cada familia y según un modelo "tipo meccano" (pueden tener 1,2 ó 3 dormitorios e incluso contemplar un local comercial o un taller), a partir de un módulo básico que permitirá rápidamente "estar adentro". La infraestructura -todos los servicios y pavimento- estará garantizada por el Estado.

En el sector de Avellaneda Oeste (18,5 hectáreas) los 580 lotes irán de 150 a 180 metros cuadrados y costarán entre 30 y 40 mil pesos como "valores de referencia”, mientras que en el Parque Habitacional Ibarlucea (66,2 hectáreas) tendrán 300 metros cuadrados y valdrán de 50 a 60 mil pesos. Los lotes se pagarán en 36 meses.

Para construir, el Banco Municipal prestará 50 ó 75 mil pesos, a devolver en 120 meses con cuotas de 750 ó 1.050 pesos. Durante 30 meses (tiempo en que se superpondrán el préstamo por el terreno y el de los materiales) cada familia deberá pagar un total de 1.050 pesos (lote más núcleo básico) y a partir del mes 31 continuará abonando sólo 750. Quienes pidan más dinero al banco desembolsarán unos 1.400 pesos durante 30 meses y después se quedarán sólo con la cuota de 1.050.

Los requisitos. Para aspirar al crédito será indispensable no poseer vivienda ni lote, conformar un grupo familiar permanente, poder demostrar ingresos (al menos con 4 mil pesos por mes), iniciar tareas de cercado y arbolado en el terreno en tres meses y comenzar a construir en un plazo de 6 a 12 meses.

12.1.5. Programa de autoconstrucción de viviendas utilizando las cualidades del suelo