Habermas no comparte, en absoluto, la poca estima que los pri- meros maestros francfortianos mostraban por la democracia libe- ral. Se ha esforzado, por el contrario, en demostrar que los princi- pios emancipadores de una sociedad basada en un libre acuerdo entre sus miembros ya están incorporados en las instituciones de- mocráticas existentes, aunque, eso sí, de un modo incompleto y distorsionado, por lo que sólo cabe hacer una crítica inmanente de ellas (cfr. Wellmer, 1988, 89-90). De ahí que no resulte extra- ño que en el discurso habermasiano abunden las referencias a las virtudes de la democracia —entendida como ámbito y terreno del uso práctico de la razón— y a la necesidad de activar permanen- temente los espacios públicos de discusión. De hecho, tal como ha observado McCarthy (1992, 193), «desde los primeros escritos de Habermas sobre la esfera pública a sus más recientes trabajos sobre el derecho, la política y la moralidad, siempre ha estado preocupado por repensar los fundamentos de la teoría democráti- ca. Aunque se han producido cambios en su concepción acerca de las instituciones y procesos políticos que considera apropia- dos, sus ideas normativas básicas se han mantenido en gran me- dida constantes».
El término democracia es enormemente multívoco y ha goza- do de acepciones sumamente diferentes a lo largo de la historia.
1 Por otro lado, Habermas se alejaría también de la postura meramente prag- matista y contextualista sostenida con cierto ardor por Richard Rorty: «Una filo- sofía que sólo aclarase hermenéuticamente lo que existe sin más habría perdido su fuerza crítica. La filosofía no sólo puede vincularse a convicciones fáctica- mente rodadas, también tiene que poderlas juzgar según el baremo de una con- cepción de la justicia razonable [...]. Tiene que evitar tanto el desdoblamiento acrítico de la realidad como la desviación hacia un papel paternalista. Ni puede asumir plenamente las tradiciones existentes, ni trazar un diseño de contenido para la sociedad bien ordenada» (DLP, 175-176).
Entre ese rico abanico de posibilidades disponibles, la noción de democracia adoptada por Habermas —que él mismo califica como «democracia radical»— habría que catalogarla más bien como una versión fuerte de la misma. Tal como se verá con más detalle en el próximo apartado, el énfasis lo coloca en el refinamiento y ex- tensión del ideal participativo. Supone al mismo tiempo una de- nuncia de la reducción de la noble tarea de la política a la mera labor de suscitar o generar un apoyo no específico de las masas. Va, pues, mucho más allá de una mera formulación legalista de carácter formal de la vida política (eso que en un lenguaje algo trasnochado se despreciaba como «democracia burguesa»). Im- plica, más bien, una recuperación de la concepción clásica aso- ciada a las ideas de autodeterminación, igualdad política y parti- cipación en los procesos públicos de toma de resoluciones. Una forma de vida caracterizada por la preeminencia del espacio pú- blico. Algo que, al menos en el plano de las ideas, se acerca bas- tante a aquello que auspiciaba Rousseau: el «gobierno de la co- munidad por la comunidad misma».
Aunque Habermas no emprende un estudio pormenorizado de la teoría democrática hasta la década de los años ochenta (justo cuando comenzó los trabajos preparatorios que darían luego lugar a Facticidad y validez), puede percibirse al respecto una línea de continuidad a lo largo de toda su obra. Ya en su escrito de habili- tación como profesor universitario, el filósofo francfortiano trató de reconstruir las mediaciones normativas presupuestas en el Es- tado de derecho, primeramente en su versión liberal y luego en su modalidad de Estado social, para a continuación poder analizar la efectividad de las mismas. Como resultado de esa investigación, publicada en 1962 con el título en la versión original de Cambio estructural del espacio público (un libro que, sin embargo, ha sido traducido al castellano con el equívoco título de Historia y crítica de la opinión pública), el autor llegó entonces a la conclusión de que las mediaciones institucionales que deberían caracterizar al Estado de derecho liberal estaban ya en vías de descomposición, mientras que aquellas que podrían dar lugar al Estado social de derecho se encontraban aún en proceso de gestación. De los análi- sis de dicha obra se deduciría una consecuencia más bien pesimis- ta: las estructuras de comunicación de los espacios públicos están dominadas por los medios de comunicación de masas. Esa trans-
formación de la esfera pública, a la que alude el título alemán ori- ginal, estriba básicamente en el abandono de las funciones críticas de la notoriedad pública en favor de las labores ostensiblemente manipulativas de los mass media: el espacio de discusión se ha trastocado en un espacio de circulación anónima de ideas domina- do por la obscenidad mediática. Se evolucionó, en definitiva, des- de un público discutidor de la cultura hacia un público meramente consumidor de ésta, desde un público políticamente activo hacia un público replegado en la privacidad. Insiste, no obstante, en el enorme potencial emancipatorio que encierra el principio de la publicidad burguesa y en la necesidad de recuperarlo. Detrás de ese principio ilustrado anida la convicción de que las instituciones y la actividad política, al afectar a los derechos de los ciudadanos, tienen que poder estar de acuerdo con una concepción racional del derecho y la moral y que, por tanto, deben estar sometidas a las reglas de la publicidad.
En Historia y crítica de la opinión pública se pone de mani- fiesto la fascinación que siente el autor por los componentes co- municativos que entraña el ejercicio de la democracia liberal (a cuyo análisis volverá de manera más pormenorizada en varios es- critos de la década de los noventa). De hecho, la categoría de «es- fera pública», clave de este libro seminal, desempeñará un papel fundamental en la posterior obra política y jurídica de Habermas. Nuestro autor dota a esta categoría de un considerable valor nor- mativo, hasta el punto de que el poder político sólo puede ser le- gitimado mediante discusiones públicas en el marco de prácticas deliberativas libres y públicas. Es más, puntualiza que, con el ob- jeto de que el espacio público pueda desempeñar esta función re- gulativa, las discusiones y deliberaciones deben realizarse en un marco social caracterizado por la no dominación y exento de vio- lencia2. En tales condiciones, el uso público de la razón en el
2 Habermas no concibe la «publicidad» o «esfera pública» como una institu- ción ni tampoco como una organización; en principio, dicho concepto no es más que una mera abstracción con la que referirse al conjunto de los diferentes foros en los que los ciudadanos aparecen como público. Sería una suerte de amplio entramado apto para la comunicación de contenidos y tomas de posición, en el que se filtran y se sintetizan los flujos de comunicación de tal modo que se con- densan como opiniones públicas engranadas por temas específicos (cfr. FV, 435- 438). En una voz de un diccionario, publicado originariamente en 1964, nuestro
ámbito del Estado de derecho, esto es, el escrutinio público de los motivos y argumentos que sustentan tanto a las normas jurídi- cas como a las medidas ejecutivas emanadas por los gobiernos, obtiene tal fuerza crítica que invierte el famoso postulado absolu- tista que formulara Hobbes (Leviatán, cap. XXVI): auctoritas non veritas facit legem. De modo mucho más acorde con el nue- vo espacio de discusión, dicho postulado habrá de reformularse en los términos ilustrados siguientes: veritas non auctoritas facit legem (cfr. HCOP, 90). Se abrirá entonces una considerable bre- cha en los ámbitos supuestamente incuestionados, en los mono- polios interpretativos de las autoridades civiles y eclesiásticas, que quedarían profundamente problematizados.
Sin embargo, cuando la esfera pública pierde su pujanza críti- ca y se adocena, terminan por deshacerse los últimos vínculos, cada vez más frágiles, que nos unen con la Ilustración3. Eso fue,
por ejemplo, lo que sucedió palmariamente en los llamados paí-
5. Estado de derecho y democracia. La política deliberativa
autor apunta la siguiente caracterización: «Bajo el concepto de publicidad se en- tiende un ámbito de nuestra vida social en el que se puede formar algo así como opinión pública. El acceso está por principio abierto a todos los ciudadanos. Una parte de la publicidad se conforma en cada conversación en la que las personas privadas se reúnen en un público [...]. Los ciudadanos se comportan como un pú- blico si, sin coacción, esto es, con la plena garantía de poder reunirse libremente, pueden expresar y publicar libremente sus opiniones sobre asuntos que concier- nen al interés general» (KK, 61).
3 Tal como Habermas analiza detenidament en HCOP, la idea de «esfera pú- blica» no se hizo corriente hasta el siglo XVIII, y ello tan sólo en Europa, princi- palmente en el Reino Unido y Francia, y, con cierto retraso, también en Alema- nia. Desde el punto de vista político, define un espacio de discusión y de crítica sustraído a la influencia del Estado (es decir, a la «esfera del poder público» y crítico con respecto a los actos o fundamentos de éste). Desde el punto de vista sociológico, se diferencia tanto de la corte como del pueblo, que no tiene acceso alguno al debate crítico: por eso se la puede calificar de burguesa. De hecho, sur- gió al hilo de ciertas necesidades y aspiraciones de esta clase social emergente, por ejemplo, en lo referente a la información económica relevante. De este modo se extendió el juicio crítico propio de un «uso público de la razón» (como a fina- les del XVIIIteorizaría Kant), que busca cambiar, incluso controlar, el poder polí- tico ejercido por las autoridades estatales. La edad dorada del siglo XVIIIno dura- ría mucho, pues las reglas de acción racional de la esfera pública se revelaron ineficaces a la hora de acomodarse a las demandas de la clase trabajadora que emergió con la Revolución Industrial. Bajo la presión de la calle, los conflictos fueron abordados —y, en su caso, también resueltos— recurriendo más a la amenaza de la fuerza que a la discusión.
ses del socialismo real, en donde la implantación de regímenes comunistas supuso la estatalización de la vida pública y gran par- te de la privada. Por su parte, el capitalismo duro elimina de igual modo la dimensión pública de la vida social, al privatizarla. En este sentido, lo más característico de nuestras sociedades es la casi práctica desaparición de la esfera pública: ha quedado absor- bida, por un lado, por el Estado, hasta el punto de que lo público termina por confundirse con lo estatal, y, por otro, por lo privado, de tal modo que bajo este rótulo se incluye sin más todo aquello que no encaja en la órbita público-estatal. El poder estatal —in- cluso en las sociedades democráticas— se muestra a menudo más interesado en escrutar el estado de la opinión pública por medio de técnicas demoscópicas que en fomentar (o, al menos, permitir) su libre formación. En ese contexto, las elecciones pe- riódicas no significan más que un acto de aclamación en el mar- co de una esfera pública temporalmente organizada para el espec- táculo o la manipulación (cfr. HCOP, 237-247). El uso que se ha dado a los modernos medios de comunicación de masas no ha su- puesto tampoco la construcción de un espacio adecuado para el ejercicio del diálogo ciudadano4.
Años después, en 1973, con Problemas de legitimación del capitalismo tardío, Habermas se plantea explícitamente la vigen- cia efectiva de la democracia en las sociedades contemporáneas. Este libro es un excelente análisis de las estrategias defensivas empleadas por el moderno Estado capitalista, de la eficacia de sus medios de integración y de las quiebras funcionales de ese ré- gimen capitalista de intervención estatal destinado a asegurar la continuidad del ciclo económico y a garantizar una cierta redis- tribución social de los recursos disponibles. Es en el desempeño de esta última función en donde el Estado se ve sobrecargado de
4 El empeño habermasiano por el espacio público entronca casi directamente con una de las constantes de la Escuela de Fráncfort. Como es sabido, el acento en la dimensión crítica de la teoría que preconizaba el Instituto de Investigación Social condujo a sus miembros a mostrar una atención creciente a uno de los as- pectos más llamativos del mecanismo reproductivo de la vida social capitalista: su control de la conciencia de sus miembros a través de la llamada «industria cul- tural», que cada vez cuenta con más perfeccionadas técnicas. En particular, du- rante el periodo norteamericano, el Instituto prestó una notable dedicación a la crítica de la «cultura de masas».
demandas sociales que no puede atender adecuadamente. A dife- rencia de lo que cabría esperar, la mera extensión de los procedi- mientos democráticos en la gestión del Estado no logra resolver los problemas de legitimación que se plantean con esas demandas insatisfechas, sino que más bien los agrava.
Los propios mecanismos de intervención estatal empleados en las democracias representativas para paliar las crisis de legitimi- dad propenden a desactivar el ámbito de lo público y a fomentar la despolitización de la población. El individuo no adquiere en plenitud la condición de ciudadano participativo y toda su activi- dad política se reduce, en un remedo de democracia plebiscitaria, a la de simple elector pasivo, al que sólo le cabe aprobar o recha- zar en bloque los hechos consumados5. No sólo se tiende a aho-
gar o a desestimar toda voluntad política disidente (cfr. PLCT, 54), sino a eliminar de la discusión pública las cuestiones prácti- cas decisivas. Toda la actividad estatal se restringe a meras tareas técnicas resolubles en términos administrativos (cfr. CTI, 80-86). Este ejercicio burocrático del poder desdeña la pujanza de la es- fera de la opinión pública política y busca tan sólo un espacio pú- blico demostrativo que proporcione el asentimiento de una pobla- ción mediatizada. Incluso las políticas de bienestar social tienen como efecto —buscado o no— que los ciudadanos se conviertan en meros «clientes», de tal modo que la ausencia de una genuina participación política se torna en algo aceptable.
Estos análisis sociopolíticos de Habermas no son sólo una descripción de las instituciones y los procedimientos democráti- cos contemporáneos, sino que representan también una crítica- denuncia de su progresivo deterioro. No son, desde luego, obser- vaciones completamente novedosas, pues de alguna manera enlazan con las críticas al parlamentarismo esgrimidas durante la primera mitad del siglo XX. La constatación de la crisis de los
5. Estado de derecho y democracia. La política deliberativa
5 O, como había apuntado ya Habermas en un texto anterior: «La elección y confirmación de los gobernantes o de quienes pueden gobernar son por lo gene- ral actos plebiscitarios, y como a lo único que la votación se refiere es a qué personas han de ocupar las posiciones en las que es ineludible decidir y no a las líneas maestras a las que han de atenerse las decisiones mismas que han de tomarse, la elección democrática se realiza aquí más bien en forma de aclamacio- nes que de discusiones públicas» (CTI, 139).
parlamentos como lugar de auténtico debate político y de la pre- ponderancia de las formas de legitimación plebiscitaria en las so- ciedades de masas es un lugar común en la sociología política, sobre todo gracias a la obra de Schumpeter. Autores políticamen- te tan heterogéneos como Max Weber, Carl Schmitt o Hannah Arendt participan también de estos análisis y constituyen, a su vez, fuentes de inspiración para Habermas.