Consequences

En la última década, se han dado cambios significativos en torno al conflicto armado en Colombia, dados en los Gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Aunque hoy en día podría decirse que cada uno de estos mandatarios constituye la oposición y el más acérrimo crítico del otro, sus políticas de Gobierno, especialmente en torno al conflicto armado, partieron del mismo punto para luego concretarse como propuestas completamente divergentes.

En primer lugar y de manera general, podría decirse que, para muchos, el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez representa un punto de quiebre en el conflicto colombiano. Después de muchos intentos fallidos de negociaciones de paz con la insurgencia, siendo la última un fracaso rotundo durante el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), los colombianos optaron por un candidato que proponía una finalización del conflicto por la vía militar.

Esta política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez planteaba que sin seguridad no podía desarrollarse la democracia y que los grupos armados ilegales no tenían legitimidad alguna, pues su combinación de todas las formas de lucha, sumada al narcotráfico y el secuestro, no correspondían a fines ideológicos. Por este motivo, no debía hablarse de un conflicto social o político, sino de una guerra contra la criminalidad (López, 2011). A través de esta política, Uribe se propuso recuperar la gobernabilidad y la unidad de Colombia mediante la ofensiva militar, por lo que fortaleció a las Fuerzas Armadas y le dio contundentes golpes a los grupos guerrilleros logrando así su disminución en número y su repliegue (PNUD, 2005).

Aún antes de convertirse en presidente, Uribe ya había apoyado iniciativas para la combatir militarmente a las guerrillas. En su periodo como gobernador de Antioquia, de 1995 a 1997, Uribe apoyó la iniciativa de

crear grupos de seguridad privada (las Convivir), que servirían como grupos de autodefensa para garantizar la seguridad de los grandes hacendados que estaban siendo extorsionados de la guerrilla. Las Convivir se convirtieron, finalmente, en grupos paramilitares que luego se integraron a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (López, 2011).

Años más tarde, cuando Uribe ya se encontraba en el Gobierno y estas audodefensas ya se habían constituido como grupos paramilitares, el mandatario inició, en el año 2003, una negociación para la desmovilización de estos grupos, negociación que, en su momento, fue criticada duramente por organizaciones de Derechos Humanos, pues se temía que este proceso desembocara en el aumento de bandas y pandillas, el crecimiento del tráfico de armas y la posibilidad de que los ex paramilitares fueran nuevamente reclutados por grupos ilegales o la delincuencia organizada, debido a la falta de otras oportunidades de progresar (PNUD, 2005).

Debido a estos progresos en materia de seguridad, la figura de Uribe fue idealizada y glorificada por muchos sectores de la sociedad, lo que le permitió al mandatario ser reelegido en el año 2006 para un segundo periodo de Gobierno. Sin embargo, la gestión de Uribe también estuvo salpicada de controversias, especialmente en el tema de los Derechos Humanos, con escándalos como el del asesinato de civiles para hacerlos pasar como guerrilleros, hecho conocido como los “Falsos positivos”, la infiltración de los paramilitares en las altas esferas del Gobierno, también conocida como “parapolítica” y las interceptaciones ilegales a periodistas y detractores del Gobierno que se denominó popularmente como las “Chuzadas del DAS”.

En reacción a las críticas, Uribe utilizó la deslegitimación sistemática de todo actor que profesara una opinión contraria a la suya. El mandatario legitimaba una visión maniquea del conflicto en la que los que no estaban con él estaban contra él y, por tanto, eran cómplices de la insurgencia. Políticos, periodistas y ONG recibieron este tratamiento de manera reiterativa por parte de Uribe y otros funcionarios de su Gobierno.

El mandatario finalizó su Gobierno con una alta popularidad en las encuestas, a pesar de todos los escándalos y denuncias que existían en contra suya y de su gestión. Debido a esta idealización del Gobierno de Uribe, muchos sectores temían por la continuidad de la política de Seguridad Democrática que había dado amplios resultados en el campo militar. Por este motivo, cuando el ex ministro de defensa Juan Manuel Santos se lanzó como candidato a la presidencia, con el apoyo de Uribe, la continuidad de esta política parecía asegurada.

Durante su campaña electoral y al inicio de su Gobierno, Juan Manuel Santos había planteado su mandato como la continuación de las políticas de Álvaro Uribe. A pesar de ello, no pasó mucho tiempo antes de que el mandatario empezara a tomar un camino diferente al de su predecesor en muchos temas, incluido el conflicto armado. Durante el Gobierno de Santos, se continúo con la política guerrerista de combatir a la insurgencia a través de las armas, lo que dio como resultado contundentes golpes a los grupos insurgentes al dar de baja a cabecillas de las FARC, como el “Mono Jojoy” y “Alfonso Cano”. Sin embargo, Santos había iniciado conversaciones exploratorias de paz con los grupos insurgentes, que más adelante se materializaron en los diálogos de paz, sin cese de fuego, que se encuentran vigentes en este momento. Frente al tema del paramilitarismo, Santos estableció que había que realizar ajustes a la Ley de Justicia y Paz, con la cual se empezaron a manejar los casos de paramilitares desmovilizados durante el Gobierno de Uribe. En la actualidad, sigue en marcha la desmovilización de paramilitares, pero se le ha dado un mayor énfasis a la importancia de reparar a las víctimas del conflicto armado a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La protección de las víctimas y la reparación de las mismas, tras los actos cometidos por los grupos al margen de la ley son, según Santos, la forma de “comenzar a sanar las heridas” que se abrieron durante los años del conflicto armado (El Espectador, 2011).

A pesar de enfocarse desde una perspectiva muy distinta a la del Gobierno de Uribe, la gestión de Santos no ha estado exenta de críticas y controversias. Frente al tema de la seguridad, muchos aseguran que se ha dado un retroceso en comparación con los años de política de Seguridad Democrática, ya que en los años recientes se han presentado numerosos ataques por parte de los grupos armados al margen de la ley. Así mismo, en materia de Derechos Humanos, diferentes organizaciones han expresado que se siguen violando sistemáticamente los Derechos Humanos de diferentes grupos sociales, especialmente a través de delitos de guerra. Además, señalan que se favorece un clima de impunidad frente a estos crímenes, a través de iniciativas como la reforma al Fuero Militar y la insuficiente investigación de las ejecuciones extra judiciales (El Espectador, 2013).

Frente a estas críticas, Santos se ha distanciado del modus operandi de Uribe, es decir, la respuesta con descalificaciones y la estigmatización de sus detractores. Según Fernando Giraldo, el mandatario se ha caracterizado por tener un mayor control político que se expresa en una mayor serenidad en sus declaraciones, que ya no denotan autoritarismo y concentración del poder, aunque aún lo hay (Agencia de Noticias UNAL, 2012).

Las diferencias entre uno y otro mandatario, especialmente frente al acercamiento al conflicto y a su respuesta ante las críticas, son fundamentales a la hora de analizar cómo se transmite su discurso político en los medios. Teniendo en cuenta que la mayoría de los medios de comunicación en Colombia tienen

cercanía con las altas esferas políticas del país, surge la pregunta de si las políticas y posiciones de cada Gobierno se ven reflejadas en los medios de forma diferente. El tema de las ONG, que fue altamente controversial durante el Gobierno de Uribe y que ahora se maneja con mayor discreción en el Gobierno de Santos, puede servir como punto de referencia para analizar las posiciones de uno y otro Gobierno frente a las críticas y recomendaciones, además de demostrar si el tratamiento de estos temas en los medios puede estar influido por quien se encuentra en el poder.

3. Organizaciones no gubernamentales: otro actor del conflicto