Constructing the transformation model (Phase 4)

Ahora bien, a nivel internacional y regional, Ecuador ha sido reconocido por tener una Constitución garantista y de primer orden. Así como de ser uno de los países que cuenta con normativa e información estratégica que visibiliza las desigual- dades de las mujeres. Sin embargo, ¿cuánto de lo dispuesto en la Constitución se aplica en la política pública? Es decir, ¿se incorpora la noción de armonía entre el régimen laboral con las necesidades del cuidado humano y que promueva la corresponsabilidad y reciprocidad de varones y mujeres en el trabajo doméstico? ¿Cuánto de la información que se genera es usada para hacer cambios en los regímenes de bienestar y en la vida de las mujeres y los varones?

De acuerdo con Karina Batthyány Dighiero (2015), desde la década de 1990 en Ecuador, en términos de servicios de cuidado infantil, se establecen programas para la población de menores ingresos. Esto ha implicado que casi el 80 % de la oferta de servicios de cuidado infantil sea pública. Asimismo, la autora menciona que desde 2011, la gestión y coordinación de los Centros para el Buen Vivir la asu- mió directamente el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), con “hora- rios ajustados para servir mejor las necesidades de “madres trabajadoras, padres solos y madres estudiantes” (…). Apuntando a un lenguaje menos maternalista, las cuidadoras fueron llamadas “promotoras” (Batthyány Dighiero, 2015, pág. 35). En referencia a la población de adultos mayores, la Constitución de 2008 deter- mina que es de atención prioritaria. Sin embargo, más allá de la jubilación uni- versal y de su autonomía económica —que resulta ser un factor “innovador y destacable” (Batthyány Dighiero, 2015)—, en estos 11 años no se han dado mayores avances. Con la entrada en vigor del programa “Mis Mejores Años” en el gobier- no de Lenín Moreno, constatamos que el Estado solo nombra a la población de adultos mayores como sujetos y sujetas de derechos de la política pública, pero no establece nada más.

En relación con las personas con discapacidades, es evidente que, sien- do Lenín Moreno una figura pública por más de una década (vicepresidente

en el gobierno de Rafael Correa y, actualmente, presidente de la República), las políticas públicas para esta población dieron un salto importante. Según Batthyány Dighiero (2015, pág. 36):

Dentro de las actividades principales están las de brindar ayuda económica para gastos de estudios o rehabilitación a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos económicos, provenientes de los sectores urbanos marginales y rurales del país, subsidios para la compra de medicinas, para atención integral e instrumentos médicos necesarios (prótesis, silla de ruedas, etc.), cirugías, rehabilitación, insumos médicos, exámenes de laboratorio, entre otros.

Sin embargo, a lo largo de los últimos años, las políticas generadas responden a una focalización en los estratos más pobres; así, se asume que el trabajo de cui- dado de las mujeres es fundamental. Es así que en 2010 se implementó la Misión “Joaquín Gallegos Lara”, que determinaba un bono mensual de USD 240 que el Estado entregaba a la persona responsable o familiar que realizaba las labores de cuidado de la persona con discapacidad.

Posteriormente, para 2014 y 2015, hubo el intento de plantear políticas de cuidados desde una perspectiva de género y se logró conformar una Mesa Interinstitucional de Cuidados, constituida por siete instituciones nacionales del Ejecutivo y el Legislativo. Tuvieron como propósito proponer un Sistema Nacional de Cuidados. En el marco de este espacio, se definió un Plan de Trabajo Interinstitucional, así como una propuesta de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Cuidados. Esta últi- ma contemplaba disposiciones para que el Estado asumiera su rol de garantista de derechos y liberara a las mujeres de la carga de trabajo que representan los cuidados. Sin embargo, este espacio no se sostuvo.

Actualmente, se han planteado tres programas emblemáticos: Misión Mujer, Misión Mis Mejores Años y Misión las Manuelas.

Misión Mujer es una intervención estatal para enfrentar las principales proble- máticas que atentan contra la autonomía integral de las mujeres: violencia por razones de género, embarazo en niñas y adolescentes y falta de acceso a recursos económicos. Se fundamenta en el reconocimiento de las mujeres como sujetos plenos de derechos. Este programa surge desde la Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida, institución que no ejecuta la política, pero que “coordina” con las instituciones implementadoras, es decir, Ministerio de Salud, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Esta misma Secretaría crea el programa de la Misión Mis Mejores Años, basada en el enfoque del envejecimiento activo y saludable. Busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 65 años; está dirigida a personas con mayores condiciones de vulnerabilidad.

Finalmente, la Misión Las Manuelas, también vinculada al quehacer de la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, busca garantizar la atención integral de las per- sonas con discapacidad y la de sus núcleos familiares. Para esto, se considera importante promover acciones que permitan a las personas con discapacidad alcanzar su autonomía para que puedan tomar decisiones sobre aquellos temas específicos que afectan su desarrollo (Diario El Norte, 2019).

A esto hay que agregar que el Estado ecuatoriano, en los últimos años, ha considerado como “prioritaria” la erradicación de la violencia de género. Para ello, estableció como política de Estado el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, aprobó una ley y, actualmente, cuenta con una institucionalidad que tiene como propósito resolver el problema histórico de las mujeres y dotar de un sistema especializado para la protección integral de derechos, conforme lo dicta la Constitución. Sin embargo, luego de analizar dichos elementos en la política pública, esto ha quedado en letra muerta. Y es que las violencias de género y la sobrecarga de trabajo en manos de las mujeres sigue siendo una deuda pendien- te. En el contexto actual, lo único que se evidencia es la falta de voluntad política que se refleja en la reducción abismal de presupuesto destinado a la erradicación y prevención de violencias de género: “en 2018, la cifra para la atención de víc- timas era de USD 8 676 624. En 2019, se redujo en cerca de USD 2 millones. Y para 2020, el monto a nivel nacional es de USD 876 862” (Toranzos, 2020).

Si bien la violencia de género es fundamental, es necesario que el Estado vea más allá; es hora de elaborar política económica que coloque el cuidado y la carga de trabajo no pagado como factores centrales. Por ejemplo, debe considerar la generación de oportunidades de empleo o emprendimientos dirigidos a mujeres que se encuentran en situación de pobreza y, relacionado con ello, la creación de programas de formación técnica y tecnológica con enfoque de género. Esto debe venir acompañado de la visibilización y valoración de la economía del cuidado. Considerando que Ecuador es un Estado Plurinacional, es necesario pensar que cualquier política pública debe incorporar los enfoques transversales e intersec- cionales que plantea la Constitución de la República. Esto, de por sí, constituye

un desafío importante porque sabemos que ninguna política es neutra al género y el Estado suele ampararse en el discurso de la universalización de los derechos sin reparar en la realidad, en este caso, de las mujeres.

Es innegable que la gran inversión social realizada por el Estado en los últimos años, así como

la implementación de políticas y programas que han permitido cerrar brechas socia- les manifiestas en las décadas de 1980 y 1990; sin embargo, existen problemáticas que persisten, como el embarazo adolescente, la violencia contra mujeres y niñas, el abuso sexual, el femicidio y el infanticidio, el acoso escolar, el hostigamiento académico, el ciberacoso, la xenofobia, la prevención de la malnutrición, la inclu- sión educativa, el sistema de cuidados, la preparación para responder a fenómenos naturales y otras emergencias, la participación informada de adolescentes, pueblos y nacionalidades y la inclusión plena de las personas en situación de movilidad humana (Consejo Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 56).

Conclusiones

La actual organización social del cuidado presenta un gran desequilibrio entre los ámbitos de acceso al bienestar: las familias, el Estado, el mercado y la sociedad civil. Esta organización social del cuidado se basa principalmente en el trabajo no remunerado, que las mujeres realizan de forma desproporcionada al interior de los hogares. Para 2017, las mujeres mayores a 12 años dedicaron semanalmente, en promedio, 31 horas de actividades de trabajo no remunerado, mientras que los hombres, únicamente 11,3 horas (INEC, 2019). Es decir, las mujeres realizan tres veces más horas de trabajo no remunerado y de cuidado en el hogar. Por ello, urgen políticas públicas para reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados y promover un cambio en la actual división sexual del trabajo. Es imperativo men- cionar que esas políticas deben ser no solo sociales, sino económicas; las polí- ticas no solo deben buscar la sustentabilidad, sino la sostenibilidad de la vida. Finalmente, si analizamos los nudos críticos actuales para la implementación de sistemas o políticas integrales de cuidado, encontramos que el primero de ellos es la universalidad. En la universalidad se presenta una de las mayores tensiones en el diseño e implementación actual de políticas, entre focalización y universa- lidad. En este sentido, a nivel discursivo, se plantea la universalidad de derechos como propósito de las políticas de cuidado; sin embargo, en su implementación se las aborda como políticas focalizadas o de inclusión social exclusivamente.

Bibliografía

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Diario El Norte (2019). “Identificadas cerca de 100 000 personas con discapacidad

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