Los discursos recogidos en las entrevistas, se refieren someramente al cambio del sujeto de atención de los proyectos SIDTEL, más bien refleja o constata la focalización que ya se venía trabajando desde la Corporación hacia la línea de jóvenes infractores/as.
Así, lo administrativo aparece como el espacio en donde se resienten de mayor forma las modificaciones de SENAME. Tal vez la más importante modificación, se relaciona con el pago de la subvención sujeto a un número determinado de intervenciones que deben ser registradas periódicamente. La presión que se trasmite en relación a un estilo de supervisión-fiscalización en que lo técnico aparece sometido a lo financiero, que se expresa a través de nuevos procedimientos administrativos, deja atrás un período en que el pago de la subvención no estaba sujeta a tal relación técnico-financiera, lo que significa superar la lógica de
día-joven atendido, para imponerse las ocho intervenciones
como el estándar mínimo a cumplir para el pago de la subvención.
La imposición de metas cuantitativas mensuales para el sostenimiento del proyecto, es la experiencia de cambio más relevante de este período. No sólo porque se cuestiona la modalidad en que se codifican estas intervenciones e introduce un trabajo de carácter administrativo en el cual no se tenía mayor experiencia desde los proyectos, sino que porque se subentiende que se ha visto cuestionada la idoneidad del trabajo realizado anteriormente.
El foco del trabajo aparece centrado en lo administrativo, ya que éste condiciona los ingresos económicos del proyecto y su sostenibilidad, siendo reflejado como un perjuicio en pos de orientar la mayor parte de las energías en el trabajo hacia la intervención con los/as jóvenes. En este sentido, se entiende afirmar que los cambios introducidos por SENAME han perjudicado los procesos con los/as jóvenes.
En esta afirmación aparece una distinción relevante, ya que lo que se perjudica no es el trabajo, sino que la posibilidad de realizar procesos. De ahí, que el perjuicio se denote a través de aspectos tales como falta de tiempo para pensar en los casos, que resta posibilidades de profundizar y establecer estrategias mayormente personalizadas, o bien en menores tiempos para
reflexionar acerca de la práctica y dar cuenta de los procesos, ya que no se da continuidad sistemática a las diversas experiencias de sistematización realizadas por el programa.El trabajo puede seguir haciéndose, pero los procesos se pierden.
La comparación con el período anterior, hace ver el deterioro en la calidad y profundidad de las intervenciones, ya que se permitía una indagación mayor en la historia, y por tanto en aspectos cualitativos asociados a la infracción de ley que presentaban los/as jóvenes. Asimismo, ocurre respecto de las posibilidades de trabajo con las familias.
En este nuevo escenario, además aparecen orientaciones explícitas acerca de contenidos de la intervención, no sólo de sus fines (inserción social), en donde la responsabilización, como elemento nuevo del discurso, se lee como preponderante, en perjuicio una vez más respecto del período anterior, en que se privilegiaba lo vincular y socioeducativo.
Cómo entender la relación entre la responsabilización, el vínculo y lo socioeducativo, es una tarea pendiente, en donde el momento de integrar las posturas divergentes entre los proyectos a finales del año 2001, a partir de las definiciones institucionales, fue interrumpido por las normativas técnicas, sin que la reflexión se haya cerrado de manera adecuada.
La discusión respecto de ejecutar un proyecto como medida judicial y promover objetivos educativos y/o de reinserción social, nos llevan a la discusión más académica y jurídica del carácter educativo de la sanción, entendiéndose como un polaridad el eje coactivo versus el eje voluntario, en donde no se ha planteado una revisión de la práctica para aportar a la superación de dicha tensión.
El desamparo en que se ejecuta el proyecto, con la oficina central como parte del contexto adverso, lleva a que se generen procesos de encapsulamiento en el trabajo, en donde “aparece el
delegado más sólo en el trabajo”, lo que evidentemente se
traduce en un daño importante para los equipos y para la atención que los proyectos entregan. Las percepciones del equipo están teñidas por sentimientos de daño, pérdida y sufrimiento, que deterioran la energía que se impone en la tarea y atomizan al equipo. La responsabilidad de equilibrar lo cualitativo y lo cuantitativo, resulta difícil de resolver y ha significado repensar en base a la propia práctica y sus contenidos, como forma de resguardo de la intervención.
Una primera reflexión que surge, es cómo el discurso del contexto adverso inunda también la intervención con los/as jóvenes y la concepción de mundo al cual enfrentar.
“Prepararlos para nuevas frustraciones” es encontrarse ante el
sometimiento total y absoluto, en donde la capacidad de empoderarse de la propia existencia es tan mínima, que la condición de sujeto de derechos es vista como una formalidad y no como un instrumento de cambio y modificación de dicha situación. A su vez, la desesperanza con que se enfrentó este proceso de cambios, no dejó luz para ver en él, los aportes institucionales surgidos de los proyectos, posibles de reconocer en las orientaciones técnicas, aunque la integración presentada genere ciertos cuestionamientos.
La posibilidad de haberse anticipado y encontrado cierta propuesta integrada a partir de los aportes del equipo no es vista como capitalización de un esfuerzo del equipo y de la institución, sino como un logro que se capitaliza desde lo individual. Se trata de un proceso abortado, caracterizado por la búsqueda de culpables y victimarios, y con dos víctimas: el equipos y los/as jóvenes.
La necesaria devolución al equipo en relación a sus aportes y explicitación de reconocimientos internos, desde el nivel central, debe ser una práctica que oriente el sentido de las reflexiones, y se plantee la necesidad de hacer parte a los/as trabajadores de los desafíos institucionales, que impone el contexto actual de relación con el Estado en la ejecución de proyectos del área social.
El duelo parece no haber concluido, a tres años de la implementación de las nuevas orientaciones técnicas. ¿Qué ha sucedido? Más bien la pregunta es por lo que no ha sucedido, por aquel espacio de apropiación y de sentido colectivo del trabajo que no se ha intencionado, a veces ni siquiera al interior de los propios equipos. ¿Qué no hemos sido capaces de asumir? ¿Qué reflexiones no hemos hecho? ¿Cómo se ha conducido este proceso?
La reflexión sobre el proceso de modernización del Estado chileno y su impacto en las políticas sociales no muestra señales de retroceso, nos impone condiciones objetivas que inundan casi todas las temáticas sociales. La desaparición de muchas ONGs, la administración de lo social-comunitario a través de proyectos concursables, son ejemplos de la necesidad de repensar prácticas que respondan a los requerimientos externos, pero que nos permitan rescatar la reflexión permanente que realizan los equipos.
El primer elemento que constatan los delegados es el ámbito de redes y políticas públicas, es la carencia que existe a nivel comunal en términos de cobertura y calidad de los servicios institucionales. Muchos de ellos ligados al ámbito municipal, producto de la falta de recursos propios con los cuales compensar los traspasos del nivel central del Estado, las comunas en que se desarrollan los proyectos, presentan principalmente importantes falencias en los servicios que prestan a los habitantes de sus comunas. De esta forma, se ven forzados a “administrar pobreza”, estableciendo parámetros de acceso a ciertos beneficios, que tienen que ver más con la cobertura posible que con la necesidad o problema que se pretende abordar.
La asociación-explicación que se puede leer tras la idea de
“inserción social”, del rol del coordinador de redes, parece
relacionarse con la idea que los/as jóvenes que infringen la ley penal están excluidos, marginados de las políticas públicas y que vinculándolos con ellas dejarían de involucrarse en delitos. Cuando vemos la práctica, si bien muchas familias se encuentran en situación de pobreza, ella misma no es suficiente explicación para la infracción de ley, ni las políticas sociales son un factor consistente de prevención de reincidencia.
Aquí palpamos y vemos una lucha de sentidos, ya que las visiones son diferentes y esto se expresa en los roles directos de tarea, cómo se da la búsqueda de marco de sentido común en común?
La satisfacción de necesidades, entendida en el marco de los derechos de las personas, requiere entender el trabajo con lo comunitario, local o de redes, como una tarea política, en tanto, no es algo que esté dado, sino que se trata de un fin a alcanzar, una situación a modificar, en donde cada uno asume una cuota de responsabilidad, en función de que los/as jóvenes y familias con quienes trabajamos se empoderen en el ejercicio de su condición de sujetos de derechos.
Podríamos inferir que, hasta que esto no se asuma como una necesidad, cualquier intento va a tropezar con malos resultados:
“(…) Definitivamente “los funcionarios” observan que la reforma no está protegiendo los derechos de los niños, independiente de esfuerzos personales, éticos y profesionales que pueda aportar, el tema se estaría planteando en un sistema social injusto. Parte de la pobreza, de las expulsiones escolares, de la falta de cobertura de salud, etc.”.
El comenzar la investigación desde los profesionales, nos impulsa a abrir el concepto de identidad, transversalmente se visibiliza un inconsciente determinado por lo social, lo económico, lo político. El uno está cruzado por las prácticas sociales porque en las prácticas, en el encuentro con el otro, con el dos, en la dualidad, va a existir algo que nos atraviesa a todos, que nos unifica en sentido transversal y eso es la situación existencial, de ser parte de la especie, de un lugar, el momento histórico, hace la unidad, más allá de las diferencias. La Identidad institucional cruza a todos más allá de las escuelas académicas, este hecho existencial es la presencia corporal, es el sustrato material, el concepto de institución se entiende como instancia, noción que tiene distintos momentos, de cierre, de definición y luego de quiebre, de interferencia, como el trabajo grupal, donde su técnica incorpora algo que los unifica y a la vez los diferencia, son todas las pertenencias y referencias que existen por fuera del grupo dentro de una unidad, Lourau (2001). Siempre está presente en los delegados la realidad social en la que se sumergen, y siempre están presentes las aspiraciones hacia un mundo mejor, y las intenciones de integrarse, de ayudar, y de hacerlo respetando los espacios de libertad de aquéllos con quienes trabajan, los jóvenes.
Lo que podríamos denominar como el Estado Excluyente, en el cual se produce esta especie de apertura de los espacios formales, de los espacios estrictamente formales de participación democrática, en el cual la clase política, convertida en actor exclusivo de los procesos instala una forma de resolución de los conflictos que es lo que se viene a denominar la “Democracia de los acuerdos”, con la estrategia de los consensos que han marcado de manera determinante lo que es la lógica de la política social. Los consensos para el gasto social actual, por ejemplo, nacen de un discurso que obedece a la generación de una serie de consensos que no tiene que ver exclusivamente con la política pública o con las disposiciones de gobierno, sino que, también, se relaciona con los acuerdos a los que se ha llegado con la derecha política y con los empresarios. La determinación del presupuesto de la Nación se construye por consenso con los otros actores o protagonistas de los procesos políticos y sociales de la sociedad chilena, la oposición de derecha y los empresarios, no se construye con los sectores populares, se construye exclusivamente con aquellos sectores o sujetos que están protagonizando estos procesos, que corresponden a instancias de poder a tiempo reciente.
Conocer la Identidad Institucional a través del sentido que los trabajadores de SIDTEL le atribuyen a sus prácticas profesionales ha sido también una temática que se ha ido configurando en esta investigación. Es en este contexto que nos preguntamos ¿Qué tipo de Identidad Institucional es construida desde el sentido de las prácticas de los trabajadores de SIDTEL?. Una manera distinta de trabajar con el estado, es que podamos entender el concepto de institución no sólo como lo instituído, sino lo insituyente, el no saber y el aspecto positivo, la creación, como señala Kaës (2005)eso que unifica es lo que queremos llamar identidad institucional. El comenzar la investigación desde los profesionales, nos impulsa a abrir el concepto de identidad, transversalmente se visibiliza un inconsciente determinado por lo social, lo económico, lo político. El uno está cruzado por las prácticas sociales porque en las prácticas, en el encuentro con el otro, con el dos, en la dualidad, va a existir algo que nos atraviesa a todos, que nos unifica en sentido transversal y eso es la situación existencial, de ser parte de la especie, de un lugar, el momento histórico, hace la unidad, más allá de las diferencias.